{"id":102862,"date":"2026-07-02T17:26:30","date_gmt":"2026-07-02T17:26:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102862"},"modified":"2026-07-02T17:26:30","modified_gmt":"2026-07-02T17:26:30","slug":"stc16311-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16311-2019\/","title":{"rendered":"STC16311-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16311-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2019-00639-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

En reemplazo de la derrotada ponencia del Magistrado que antecede, se desata la impugnaci\u00f3n de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que neg\u00f3 la tutela que instaur\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad y a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, a la que fueron llamadas la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, las Regionales en Bol\u00edvar y Valle del Cauca de la Defensor\u00eda del Pueblo, las Alcald\u00edas y las Personer\u00edas de Cartagena y Palmira, y Audifarma S.A. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor, invocando sus derechos al debido proceso e igualdad, acudi\u00f3 a este mecanismo para que \u201cse ordene al [Juzgado] tutelado aplicar [inmediatamente] art. 121 C.G.P.\u201d en las demandas colectivas n\u00fameros 2016-501 y 2016-512, y al Consejo Superior de la Judicatura de Risaralda aportar copias de su solicitud de vigilancia judicial y administrativa contra dicho estrado; adem\u00e1s, suministrarle trasunto f\u00edsico gratuito de todo lo rituado y reproducci\u00f3n escaneada de su libelo y el fallo. <\/p>\n

Como sustento de sus pedimentos se\u00f1al\u00f3 que \u201cla juez se niega sistem\u00e1ticamente a cumplir el imperio de la ley, neg\u00e1ndose a aplicar art. 121 C\u00f3digo Gral. del Proceso\u201d, por lo que sin \u00e9xito ha presentado \u201cquejas y vigilancias\u201d. <\/p>\n

2.- Audifarma S.A. y la Alcald\u00eda de Cartagena coincidieron en que carecen \u201c\u2026de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d (ff. 11 y 12, 36 y 37, c.1). <\/p>\n

El Juzgado reconvenido envi\u00f3 copia de los expedientes que originan la queja (ff. 30 y 31). <\/p>\n

La Presidencia del Consejo Seccional citado dijo que Javier El\u00edas \u201cno ha solicitado vigilancia judicial administrativa por el tr\u00e1mite adelantado a las acciones populares\u201d indicadas, y que oportunamente le ha respondido \u201cpaquetes\u201d de reclamaciones, el \u00faltimo recibido el 23 de agosto de 2019 al que le expres\u00f3 que no cumple con los requisitos del Acuerdo PASA11-8776 de 2011 y que subsanados los defectos pod\u00eda acudir de nuevo, lo que no ha hecho. Agreg\u00f3 que el precursor abusa del \u201cderecho\u201d (ff. 23 y 33). <\/p>\n

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La Magistratura de primer grado neg\u00f3 la guarda porque aunque no era preciso haber agotado los recursos contra los autos que negaron el decreto implorado, el plazo de un a\u00f1o \u201cno puede contabilizarse de forma objetiva\u201d, y en los sub examine, si bien los pliegos introductorios fueron admitidos el 23 de noviembre de 2016 y la notificaci\u00f3n a la convocada se produjo el 14 de junio y el 8 de julio de 2019, esto obedeci\u00f3 a la \u201cinoperancia del promotor de la acci\u00f3n\u201d, teniendo en cuenta que el acto no deb\u00eda cumplirse oficiosamente conforme varios pronunciamientos suyos confirmados por la Corte. Adem\u00e1s, porque \u201ces falso que [el censor] le haya presentado [a la Sala Administrativa del Consejo Seccional] solicitudes de vigilancia judicial contra el juzgado con ocasi\u00f3n de las acciones populares\u2026\u201d (ff. 43 al 47). <\/p>\n

El promotor \u201cexi[gi\u00f3] seguridad jur\u00eddica, pues el mismo Magistrado de oficio le encanta aplicar art. 121 CGP, que hoy me niega\u201d e insisti\u00f3 en que se le brinden copias que no le cuesten (f. 57). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Revisadas las piezas de las \u201cacciones populares 20182016-00510 y 2016-00521\u201d, se advierte que el resguardo impetrado no puede abrirse paso y, por tanto, debe prohijarse el veredicto confutado, aunque por razones distintas. <\/p>\n

Lo expresado, por cuanto se verifica que en relaci\u00f3n con los autos de 3 y 5 de septiembre de 2019, mediante los cuales la oficina acusada desestim\u00f3 la aspiraci\u00f3n de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga para que en cada uno de tales pleitos se aplicara el art. 121 procedimental, \u00e9ste no formul\u00f3 el remedio horizontal que era de recibo seg\u00fan el art. 36 de la Ley 472 de 1998, desatenci\u00f3n sobre la que en un evento an\u00e1logo (STC12788-2019) esta Sala dijo que \u201c\u2026si bien el 25 de junio \u00faltimo, el precursor reiter\u00f3 dicho pedimento, lo cierto es que en prove\u00eddo de 3 de julio siguiente, el juzgado atacado nuevamente lo neg\u00f3, sin que fuera refutado, pese a que aqu\u00e9l tuvo a su alcance el recurso de reposici\u00f3n, que resultaba procedente de conformidad con lo estatuido en la regla 36 de la Ley 472 de 1998\u2026\u201d. <\/p>\n

En el mismo sentido, en STC12783-2019, expres\u00f3 <\/p>\n

(\u2026) aunque contaba con el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb para cuestionar la determinaci\u00f3n adoptada el 27 de junio de 2019, por medio de la cual la juzgadora \u00abrechaz\u00f3 de plano\u00bb\u2026su pedimento de \u00abnulidad de derecho\u00bb, as\u00ed como las providencias de 13 de mayo y 5 de junio de 2019 que desestimaron id\u00e9nticos y sucesivos requerimientos de invalidez, n\u00f3tese que el actor siempre desde\u00f1\u00f3 ese camino id\u00f3neo de defensa judicial…, sin que pueda acudir v\u00e1lidamente a esta v\u00eda subsidiaria y excepcional para remediar su incuria, apat\u00eda, desatenci\u00f3n o desconocimiento de la ley. <\/p>\n

2.- Atinente al ruego enfilado al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, baste corroborar que el querellante no demostr\u00f3 haber elevado ninguna requisitoria de vigilancia administrativa en relaci\u00f3n con los radicados 2016-00510 y 2016-00512 y dicha autoridad niega haberla recibido, por lo que se impone ratificar la conclusi\u00f3n del a quo que descart\u00f3 cualquier trasgresi\u00f3n por este t\u00f3pico. <\/p>\n

En un litigio se contornos parecidos, se sostuvo que <\/p>\n

(\u2026) atinente a las intervenciones supuestamente imploradas por el censor a las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, primariamente se advierte que aqu\u00e9l no demuestra ni estas aceptan que se les haya presentado alg\u00fan pedimento puntual concerniente a la \u201cacci\u00f3n popular\u201d ya referenciada. Tampoco acredita el censor haber elevado ninguna otra \u201cpetici\u00f3n\u201d, quedando circunscrito el debate a lo manifestado por esas autoridades, que refieren haber recibido tres \u201cpaquetes\u201d de \u201cquejas\u201d en mayo 27 y junio 1\u00ba de 2015 y marzo 14 de 2016, pero replican que las contestaron con los oficios CSJRSA15-542, CSJRSA15-544 y CSJRSA16-237, respectivamente, indic\u00e1ndole que carec\u00edan de algunos requisitos e instando a solventarlos, en especial, a singularizar los casos a que aluden, sin que se sepa que aquel interpusiera alg\u00fan recurso o hubiese obrado como se le apremi\u00f3 (CSJ STC13218). <\/p>\n

3.- Por \u00faltimo, este no es el sendero para obtener las reproducciones rogadas, ya que para tales efectos, a su costa, el interesado deber\u00e1 exhortar a la Secretar\u00eda de esta Sala en la forma prevista en el art\u00edculo 114 del C\u00f3digo General del Proceso, sin perjuicio de que se le faciliten escaneadas las de la presente providencia al correo electr\u00f3nico que indic\u00f3 en los escritos inaugurales. <\/p>\n

4.- Por consiguiente, se impartir\u00e1 aprobaci\u00f3n al veredicto objetado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n

TERCERO: REM\u00cdTASE el expediente a la Corte Constitucional para la revisi\u00f3n eventual. <\/p>\n

CUARTO: Al correo electr\u00f3nico del libelista, env\u00edese copia escaneda de esta providencia. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2019-00639-01. <\/p>\n

Aunque comparto el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala que confirm\u00f3 el fallo que neg\u00f3 la tutela formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, respetuosamente me permito ACLARAR mi voto en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 inviable el resguardo por la omisi\u00f3n de declarar la p\u00e9rdida de competencia por no dictarse sentencia dentro de la acci\u00f3n popular en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido que el promotor actu\u00f3 con incuria. <\/p>\n

Sin embargo, estimo que la norma mencionada no es aplicable en acciones populares por cuanto no se armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la disposici\u00f3n que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n

\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n

Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el fallo de tutela de la referencia, en el sentido de confirmar la negaci\u00f3n del amparo invocado, no estoy de acuerdo con las consideraciones en las cuales se sustent\u00f3 la providencia; esto es, porque la tutela carec\u00eda del requisito de subsidiariedad, porque el quejoso no censur\u00f3 la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia del art\u00edculo 121 de la norma procesal Civil, sino porque las disposiciones contenidas en citada norma no le son aplicables al tr\u00e1mite popular, por las razones que paso a exponer.
\n1. La acci\u00f3n popular, tambi\u00e9n de raigambre constitucional, consagrada en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y cuya regulaci\u00f3n se deleg\u00f3 al
\nlegislador, tiene por objeto la \u00abprotecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza que se definen en ella\u00bb, esto es, de las prerrogativas de las colectividades o garant\u00edas difusas que el Constituyente consagr\u00f3 de manera espec\u00edfica y diferenciada, as\u00ed como su mecanismo de protecci\u00f3n.
\nSu finalidad es la de \u00abevitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible\u00bb; por tanto, se trata de -Un instrumento efectivo,
\nc\u00e9lere, de impulso oficioso por el juez del conocimiento y <\/p>\n

La indicada herramienta est\u00e1 regulada por una normatividad especial contenida en la Ley 472 de 1998 \u00abpor la cual se desarrolla el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en relaci\u00f3n
\ncon el ejercicio de las acciones populares…\u00bb, la cual es
\nOmnicomprensiva de todos los aspectos relevantes de su tr\u00e1mite y decisi\u00f3n.
\nReglamentaci\u00f3n que contempla el objeto, finalidad, procedencia, caducidad, legitimaci\u00f3n por activa y por pasiva y facilidades para promover la acci\u00f3n, adem\u00e1s de la jurisdicci\u00f3n y competencia para su conocimiento, requisitos de la demanda, derechos protegidos, amparo de pobreza, medidas cautelares y coercitivas, pacto de cumplimiento, etapas en que se desarrolla, recursos procedentes contra las decisiones proferidas por el juez, contenido de la sentencia, costas y desacato a las \u00f3rdenes impartidas, entre otros temas.
\nEl art\u00edculo 5\u00b0 de esa reglamentaci\u00f3n precept\u00faa en cuanto al tr\u00e1mite de las acciones reguladas por ella que adem\u00e1s de los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia, se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n \u00ablos principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la
\nnaturaleza de dichas acciones\u00bb.
\nLuego, la remisi\u00f3n que efect\u00faa la anterior disposici\u00f3n no es a las normas de la codificaci\u00f3n procesal que hoy debe entenderse corresponde al C\u00f3digo General del Proceso, sino a los principios generales de dicho estatuto, precepto que
\ndebe interpretarse en conjunto con el art\u00edculo 45 ib\u00eddem, conforme al cual el tr\u00e1mite y procedimiento de las otras acciones populares consagradas en la legislaci\u00f3n nacional se sujetar\u00e1 a lo previsto en la normatividad especial (Ley 472 de 1998), previsi\u00f3n extensiva a aquellas iniciadas en vigencia de dicha reglamentaci\u00f3n.
\nAunque el art\u00edculo 44 de la citada ley ordena la aplicaci\u00f3n de las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -l\u00e9ase hoy CGP- y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo -reemplazado por el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, restringe \u00e9sta a \u00ablos aspectos no regulados\u00bb y siempre que \u00abno se oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones\u00bb, frente a lo
\ncual debo destacar que la normatividad especial consagr\u00f3 de manera expresa la duraci\u00f3n de cada etapa procesal a partir de plazos perentorios e improrrogables (art. 84), de ah\u00ed que la norma general contenida en la actual codificaci\u00f3n procedimental no es aplicable a las acciones populares en lo que refiere al t\u00e9rmino para resolver las instancias y las consecuencias que de su incumplimiento derivan.
\nAti\u00e9ndase adem\u00e1s que de acuerdo con el art\u00edculo 1\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, dicho estatuto \u00abregula la
\nactividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, adem\u00e1s, a todos los asuntos de cualquier jurisdicci\u00f3n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est\u00e9n regulados expresamente en otras leyes\u00bb (se
\nsubraya), de ah\u00ed que si el tema debatido por el tutelante
\nest\u00e1, como se indic\u00f3, reglado en la Ley 472 de 1998, la
\naplicaci\u00f3n del aludido art\u00edculo 121 se excluye.
\n2. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino para fallar la primera instancia de las acciones populares, el art\u00edculo 34 de la citada Ley indica:
\n\u00abVencido el t\u00e9rmino para alegar, el juez dispondr\u00e1 de veinte (20) d\u00edas para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acci\u00f3n popular podr\u00e1 contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado da\u00f1o a un derecho o inter\u00e9s colectivo en favor de la entidad p\u00fablica no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realizaci\u00f3n de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneraci\u00f3n del derecho o del inter\u00e9s colectivo, cuando fuere f\u00edsicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definir\u00e1 de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron m\u00e9rito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijar\u00e1 el monto del incentivo para el actor popular\u00bb.
\nDe manera que la misma norma especial estableci\u00f3 un plazo determinado para que se emita la decisi\u00f3n de m\u00e9rito que ponga fin a la primera instancia, que se limita a veinte (20) d\u00edas contados a partir del vencimiento del t\u00e9rmino para alegar.
\nDe igual forma, esa legislaci\u00f3n estableci\u00f3 en su art\u00edculo 84 ib\u00eddem, \u00abplazos perentorios e improrrogables\u00bb, e indic\u00f3 que si el funcionario judicial desatiende dicho t\u00e9rmino, al igual que cualquier otro contenido en la norma, incurrir\u00e1, \u00aben causal de mala conducta sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u00bb.
\nAs\u00ed que no es posible, bajo ning\u00fan razonamiento, prorrogar el plazo para dictar sentencia en una acci\u00f3n popular o ampliarlo, en aplicaci\u00f3n de la regla que consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00e9sta regula de manera gen\u00e9rica los procesos civiles y de familia, sin que tenga la virtualidad de derogar o sustituir lo que la norma especial ya precis\u00f3.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que con ello no se da m\u00e1s celeridad a las citadas quejas constitucionales, sino que se establece un t\u00e9rmino muy superior al ya se\u00f1alado por el legislador; a\u00fan m\u00e1s grave, se permite eludir la prohibici\u00f3n de \u00e9ste de prorrogar el mencionado lapso de tiempo.
\nDe los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16311-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2019-00639-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). En reemplazo de la derrotada ponencia del Magistrado que antecede, se desata la impugnaci\u00f3n de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la sentencia emitida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102862","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102862","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102862"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102862\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}