{"id":102863,"date":"2026-07-02T17:26:41","date_gmt":"2026-07-02T17:26:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102863"},"modified":"2026-07-02T17:26:41","modified_gmt":"2026-07-02T17:26:41","slug":"stc16312-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16312-2019\/","title":{"rendered":"STC16312-2019"},"content":{"rendered":"
Magistrado ponente <\/p>\n

STC16312-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 66001-22-13-000-2019-00640-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a lo zanjado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la tutela entablada por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

El libelista pidi\u00f3 \u00abordenar al Juzgado declarar la nulidad de pleno derecho contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, as\u00ed como \u00abordenar al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa y Sala Disciplinaria de la ciudad de Pereira\u00bb allegar \u00abcopia de [su] solicitud de vigilancia judicial y administrativa contra la tutelada\u00bb. <\/p>\n

Ello, porque en la acci\u00f3n popular con radicado 2016-00497, en la que act\u00faa, \u00abla juez se niega sistem\u00e1ticamente a cumplir el imperio de la ley, neg\u00e1ndose a aplicar [el] art. 121 [del] C\u00f3digo General del Proceso, nulidad en derecho (sic) y comete una v\u00eda de hecho al desconocer el precedente jurisprudencial reciente de la H CSJ SSC en tutelas\u00bb. Ligado a que ha \u00abpresentado quejas y vigilancias judiciales\u00bb que no han sido atendidas. <\/p>\n

El Juzgado remiti\u00f3 el expediente al Tribunal. Audifarma S.A. manifest\u00f3 que la tardanza en el tr\u00e1mite ha tenido como causa la \u00abactuaci\u00f3n dilatoria\u00bb del petente. <\/p>\n

El a quo desaprob\u00f3 la protecci\u00f3n implorada, tras apuntalar que \u00abel demandante omiti\u00f3 recurrir la decisi\u00f3n, mediante la cual se neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la norma que aqu\u00ed trajo a colaci\u00f3n (\u2026)\u00bb, lo que trunca la v\u00eda escogida en tanto se desacat\u00f3 uno de los presupuestos consignados en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. Adem\u00e1s, \u00abfrente a la pretensi\u00f3n dirigida contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda\u00bb, tampoco concedi\u00f3 el amparo, en tanto \u00abno se acredit\u00f3 que antes de acudir a este medio se le hubiese elevado alguna solicitud en ese sentido a esa autoridad\u00bb. <\/p>\n

Ese desenlace fue repelido por el actor, quien exigi\u00f3 \u00abse ampare [su] acci\u00f3n y se ordene aplicar la nulidad en derecho (sic) q ordena el art. 121 CGP, aplicable por remisi\u00f3n expresa del art. 44 Ley 472 de 1998 (sic)\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

El veredicto proporcionado en la sede delantera debe ser ratificado, habida cuenta que la impugnaci\u00f3n, de un lado, no atac\u00f3 el fundamento basilar del Tribunal y ello hace que no existan motivos para modificar lo ultimado y, del otro, el panorama conocido no cambia, esto es, la falta de residualidad sigue siendo vista como irrespetada. <\/p>\n

Ciertamente, en el proceso aludido, el censor requiri\u00f3 la p\u00e9rdida de la competencia del juzgador y la nulidad de lo actuado desde que ella oper\u00f3; sin embargo, el Estrado deneg\u00f3 la solicitud en la medida en que el t\u00e9rmino para fallar no se hab\u00eda cumplido toda vez que la all\u00e1 convocada fue notificada hasta el 18 de marzo de 2019. Determinaci\u00f3n que qued\u00f3 inc\u00f3lume por el silencio del promotor. <\/p>\n

De manera tal que es palpable c\u00f3mo Javier El\u00edas cont\u00f3 con otros mecanismos judiciales de defensa id\u00f3neos para plantear la queja que trajo, como lo era la utilizaci\u00f3n de los \u00abmedios de impugnaci\u00f3n ordinarios\u00bb, los que al ser desaprovechados cercenan cualquier posibilidad de \u00e9xito, en tanto <\/p>\n

(\u2026) conforme la decantada jurisprudencia de la Sala, el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, cuando el quejoso ha tenido a su alcance otros senderos de defensa, con los cuales hubiera podido controvertir lo aqu\u00ed pedido en la correspondiente litis y ante el mismo funcionario, toda vez que por ser un instrumento eminentemente excepcional, secundario y residual, no tiene la virtualidad de reemplazar los recursos ordinarios, extraordinarios o dem\u00e1s procedimientos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para que quien se sienta agraviado por los efectos de un pronunciamiento pueda exponer las razones de su inconformidad (CSJ STC1001-2018). <\/p>\n

Por lo dicho, se respaldar\u00e1 la soluci\u00f3n emitida por la judicatura de Pereira. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de primer grado, por lo explicado. <\/p>\n

Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2019-00640-01. <\/p>\n

Aunque comparto el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala que confirm\u00f3 el fallo que neg\u00f3 la tutela formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, respetuosamente me permito ACLARAR mi voto en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 inviable el resguardo por la omisi\u00f3n de declarar la p\u00e9rdida de competencia por no dictarse sentencia dentro de la acci\u00f3n popular en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido que el promotor actu\u00f3 con incuria. <\/p>\n

Sin embargo, estimo que la norma mencionada no es aplicable en acciones populares por cuanto no se armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la disposici\u00f3n que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n

\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n

Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el fallo de tutela de la referencia, en el sentido de confirmar la negaci\u00f3n del amparo invocado, no estoy de acuerdo con las consideraciones en las cuales se sustent\u00f3 la providencia; esto es, porque la tutela carec\u00eda del requisito de subsidiariedad, porque el quejoso no ha solicitado la p\u00e9rdida de competencia del art\u00edculo 121 de la norma procesal Civil, sino porque las disposiciones contenidas en citada norma no le son aplicables al tr\u00e1mite popular, por las razones que paso a exponer.
\n1. La acci\u00f3n popular, tambi\u00e9n de raigambre constitucional, consagrada en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y cuya regulaci\u00f3n se deleg\u00f3 al legislador, tiene por objeto la \u00abprotecci\u00f3n de los derechos e
\nintereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
\nseguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el<\/p>\n

que se definen en ella\u00bb, esto es, de las prerrogativas de las colectividades o garant\u00edas difusas que el Constituyente consagr\u00f3 de manera espec\u00edfica y diferenciada, as\u00ed como su mecanismo de protecci\u00f3n.
\nSu finalidad es la de \u00abevitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar
\nel peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible\u00bb; por tanto, se trata de un instrumento efectivo,
\nc\u00e9lere, de impulso oficioso por el juez del conocimiento y preferente sobre otros asuntos.
\nLa indicada herramienta est\u00e1 regulada por una normatividad especial contenida en la Ley 472 de 1998 \u00abpor
\nla cual se desarrolla el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en relaci\u00f3n con el ejercicio de las acciones populares…\u00bb, la cual es omnicomprensiva de todos los aspectos relevantes de su tr\u00e1mite y decisi\u00f3n.
\nReglamentaci\u00f3n que contempla el objeto, finalidad, procedencia, caducidad, legitimaci\u00f3n por activa y por pasiva y facilidades para promover la acci\u00f3n, adem\u00e1s de la jurisdicci\u00f3n y competencia para su conocimiento, requisitos de la demanda, derechos protegidos, amparo de pobreza, medidas cautelares y coercitivas, pacto de cumplimiento, etapas en que se desarrolla, recursos procedentes contra las decisiones proferidas por el juez, contenido de la sentencia, costas y desacat\u00f3 a las \u00f3rdenes impartidas, entre otros temas.
\nEl art\u00edculo 5\u00b0 de esa reglamentaci\u00f3n precept\u00faa en cuanto al tr\u00e1mite de las acciones reguladas por ella que adem\u00e1s de los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia, se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n \u00ablos principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la
\nnaturaleza de dichas acciones\u00bb.
\nLuego, la remisi\u00f3n que efect\u00faa la anterior disposici\u00f3n no es a las normas de la codificaci\u00f3n procesal que hoy debe entenderse corresponde al C\u00f3digo General del Proceso, sino a los principios generales de dicho estatuto, precepto que debe interpretarse en conjunto con el art\u00edculo 45 ib\u00eddem,
\nconforme al cual el tr\u00e1mite y procedimiento de las otras acciones populares consagradas en la legislaci\u00f3n nacional se sujetar\u00e1 a lo previsto en la normatividad especial (Ley 472 de 1998), previsi\u00f3n extensiva a aquellas iniciadas en vigencia de dicha reglamentaci\u00f3n.
\nAunque el art\u00edculo 44 de la citada ley ordena la aplicaci\u00f3n de las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -l\u00e9ase hoy CGP- y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo -reemplazado por el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, restringe \u00e9sta a \u00ablos aspectos no regulados\u00bb y siempre que \u00abno se oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones\u00bb, frente a lo cual debo destacar que la normatividad especial consagr\u00f3 de manera expresa la duraci\u00f3n de cada etapa procesal a partir de plazos perentorios e improrrogables (art. 84), de ah\u00ed que la norma general contenida en la actual codificaci\u00f3n procedimental no es aplicable a las acciones populares en lo que refiere al t\u00e9rmino para resolver las instancias y las consecuencias que de su incumplimiento derivan.
\nAti\u00e9ndase adem\u00e1s que de acuerdo con el art\u00edculo 1\u00b0
\ndel C\u00f3digo General del Proceso, dicho estatuto \u00abregula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y zgrarios. Se aplica, adem\u00e1s, a todos los asuntos de cualquier \u00edrisdicci\u00f3n o especialidad y a las actuaciones de particulares y ,utoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales,
\nri cuanto no est\u00e9n regulados expresamente en otras leyes\u00bb (se
\nibraya), de ah\u00ed que si el tema debatido por el tutelante t\u00e1, como se indic\u00f3, reglado en la Ley 472 de 1998, la dicaci\u00f3n del aludido art\u00edculo 121 se excluye.
\n2. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino para fallar la primera instancia de las acciones populares, el art\u00edculo 34 de la citada Ley indica:
\n\u00abVencido el t\u00e9rmino para alegar, el juez dispondr\u00e1 de veinte (20)
\nd\u00edas para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acci\u00f3n popular podr\u00e1- contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado da\u00f1o a un derecho o inter\u00e9s colectivo en favor de la entidad p\u00fablica no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realizaci\u00f3n de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneraci\u00f3n del derecho o del inter\u00e9s colectivo, cuando fuere f\u00edsicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definir\u00e1 de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron m\u00e9rito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijar\u00e1 el monto del incentivo para el actor
\npopular\u00bb.
\nDe manera que la misma norma especial estableci\u00f3 un plazo determinado para que se emita la decisi\u00f3n de m\u00e9rito que ponga fin a la primera instancia, que se limita a veinte (20) d\u00edas contados a partir del vencimiento del t\u00e9rmino para alegar.
\nDe igual forma, esa legislaci\u00f3n estableci\u00f3 en su art\u00edculo 84 ib\u00eddem, \u00abplazos perentorios e improrrogables\u00bb, e indic\u00f3 que si el funcionario judicial desatiende dicho t\u00e9rmino, al igual que cualquier otro contenido en la norma, incurrir\u00e1,
\n\u00aben causal de mala conducta sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u00bb.
\nAs\u00ed que no es posible, bajo ning\u00fan razonamiento, prorrogar el plazo para dictar sentencia en una acci\u00f3n popular o ampliarlo, en aplicaci\u00f3n de la regla que consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00e9sta regula de manera gen\u00e9rica los procesos civiles y de familia, sin que tenga la virtualidad de derogar o sustituir lo que la norma especial ya precis\u00f3.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que con ello no se da m\u00e1s celeridad a las citadas quejas constitucionales, sino que se establece un t\u00e9rmino muy superior al ya se\u00f1alado por el legislador; a\u00fan m\u00e1s grave, se permite eludir la prohibici\u00f3n de \u00e9ste de prorrogar el mencionado lapso de tiempo.
\nDe los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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