{"id":102867,"date":"2026-07-02T17:27:34","date_gmt":"2026-07-02T17:27:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102867"},"modified":"2026-07-02T17:27:34","modified_gmt":"2026-07-02T17:27:34","slug":"stc16317-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16317-2019\/","title":{"rendered":"STC16317-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16317-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03870-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Alirio Cruz Bernate contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del escrito petitorio de 16 de octubre de 2019, elevado por el quejoso a la citada dependencia. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tpromotor clama la protecci\u00f3n de su prerrogativa de petici\u00f3n, \tpresuntamente vulnerada por el Colegiado acusado. <\/p>\n

2. De \tla lectura del \tlibelo tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al \tplenario, se desprenden como soporte de esta s\u00faplica los \thechos descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

En misiva de 16 de octubre de 2019, el aqu\u00ed querellante requiri\u00f3 a la Secretar\u00eda de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta urbe, certificar <\/p>\n

\u201c(\u2026) cu\u00e1ndo fue remitido por la Superintendencia de Sociedades el expediente (66558) mencionado en el oficio con consecutivo 415-104626 de 30 de septiembre [pasado] y cu\u00e1ndo fue recibid[o] por [ese] tribunal (\u2026)\u201d <\/p>\n

La comentada solicitud obedeci\u00f3, seg\u00fan afirm\u00f3 el gestor, al supuesto extrav\u00edo de la antelada encuadernaci\u00f3n. <\/p>\n

El promotor arguye que la entidad encartada, a la interposici\u00f3n de este ruego tuitivo, no ha brindado una respuesta a su requerimiento. <\/p>\n

3. En concreto, el censor exige conminar a la corporaci\u00f3n enjuiciada a atender su solicitud. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tla accionada <\/p>\n

El colegiado censurado reclam\u00f3 la denegaci\u00f3n del amparo, aduciendo que en misiva SSCTSB \u2013 50 de 7 de noviembre pasado, se contest\u00f3 el referido escrito petitorio, informando a Jos\u00e9 Alirio Cruz Bernate que, para entonces, no se hab\u00eda recibido el memorado dossier. <\/p>\n

As\u00ed mismo, la autoridad tutelada manifest\u00f3 que la citada foliatura fue radicada en sus dependencias hasta el 13 de noviembre siguiente, encontr\u00e1ndose, actualmente, al despacho de la magistrada designada para su sustanciaci\u00f3n. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Jos\u00e9 Alirio Cruz Bernate exige se conmine a las dependencias encartadas a resolver el requerimiento radicado el 16 de octubre de la corriente anualidad. <\/p>\n

2. \tEsta Corte ha enfatizado el car\u00e1cter fundamental del derecho de \u201cpetici\u00f3n\u201d por expreso reconocimiento del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n

Esa garant\u00eda se concreta en la posibilidad de presentar demandas respetuosas a las autoridades, incluyendo los recursos en sede administrativa, para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00c9stas deben corresponder a lo solicitado y notificarse en los precisos plazos establecidos por la ley1; sin que ello implique, el acogimiento indefectible del fondo del asunto, por cuanto el ordenamiento constitucional no demanda necesariamente acceder en forma positiva a lo peticionado, pero s\u00ed, responder tempestiva, clara, concreta y congruentemente lo impetrado. <\/p>\n

Sobre el alcance de la prerrogativa supralegal mencionada, esta Corporaci\u00f3n ha razonado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [I] El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d2 (subraya la Sala). <\/p>\n

3. Revisadas las copias adosadas, se evidencia que el 16 de octubre anterior, Jos\u00e9 Alirio Cruz Bernate le solicit\u00f3 a la Secretar\u00eda de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en concreto, informar cu\u00e1ndo recibi\u00f3 el expediente n\u00b0 66558, remitido por la Superintendencia de Sociedades mediante oficio n\u00b0 415-104626 de 30 de septiembre de 2019. <\/p>\n

El anterior cuestionamiento fue contestado, tempestivamente, el 7 de noviembre siguiente, por la preanotada dependencia, manifestando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [U]na vez verificado el Sistema de Gesti\u00f3n Judicial Siglo XXI, no se encontr\u00f3 radicado desde el 30 de septiembre de 2019 hasta el d\u00eda de hoy ning\u00fan proceso (\u2026) en [el] que act\u00fae como demandante o demandada la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S. y\/o Sociedad Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4.\tSe advierte la improsperidad del resguardo porque, revisadas las pruebas adosadas al plenario constitucional, el supuesto f\u00e1ctico invocado en el escrito introductor carece de veracidad. <\/p>\n

Ello, por cuanto, el ente jurisdiccional convocado puso en evidencia que atendi\u00f3, oportunamente, el escrito petitorio presentado por el ahora tutelante, esto es, antes de la formulaci\u00f3n de este resguardo \u2013 18 de noviembre de 2019-, por tanto, resulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, pues el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada nunca ocurri\u00f3 porque, se insiste, la respuesta echada de menos por Jos\u00e9 Alirio Cruz Bernate le fue enviada a la direcci\u00f3n indicada3 por \u00e9l al radicar el se\u00f1alado documento, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 14 de la Ley 1755 de 20154, reglamentaria del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n

Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que la supuesta infracci\u00f3n del accionado nunca existi\u00f3 en el mundo jur\u00eddico. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, queda en evidencia la conducta del censor, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, por cuanto, invocar hechos infundados e inexistentes como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f36 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

5. Aunado a lo discurrido, seg\u00fan relat\u00f3 el tribunal fustigado, el expediente fue finalmente recibido el 13 de noviembre de 2019 y, actualmente, se halla al despacho de la magistrada sustanciadora para lo de su cargo. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, como lo pretendido por el petente, en \u00faltimas, era establecer el paradero del proceso de su inter\u00e9s, tal aspiraci\u00f3n ya se encuentra satisfecha, tornando inocuo cualquier directriz impartida por esta Colegiatura <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7.\tDe acuerdo a lo discurrido, se denegar\u00e1 el presente ruego tuitivo. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jos\u00e9 Alirio Cruz Bernate contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del escrito petitorio de 16 de octubre de 2019, elevado por el quejoso a la citada dependencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

(En comisi\u00f3n de servicios)
\nAROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1La \tsentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos \t13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n \ty, sobre la materia, recientemente se promulg\u00f3 la Ley 1755 de \t2015.
\n2 \tCSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01
\n3 \t \tAvenida \tCarrera 30 # 60 -25 oficina 102
\n4 \t\u201c(\u2026) \tT\u00e9rminos \tpara resolver las distintas modalidades de \tpeticiones. \tSalvo norma legal especial y so pena de sanci\u00f3n \tdisciplinaria, toda \tpetici\u00f3n \tdeber\u00e1 resolverse dentro de los quince (15) d\u00edas \tsiguientes a su \trecepci\u00f3n \t(\u2026)\u201d.
\n5 \tCSJ \tSTC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de \tseptiembre de 2011, exp. 00081-01.
\n6 \tLa Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 \testablece: \u201c(\u2026) Toda \tpersona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los \tjueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento \tpreferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a \tsu nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos \tconstitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos \tresulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n \tde cualquier autoridad p\u00fablica \t(\u2026)\u201d. <\/p>\n

8 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n14 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n15 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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