{"id":102869,"date":"2026-07-02T17:27:55","date_gmt":"2026-07-02T17:27:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102869"},"modified":"2026-07-02T17:27:55","modified_gmt":"2026-07-02T17:27:55","slug":"stc16319-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16319-2019\/","title":{"rendered":"STC16319-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16319-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03942-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la salvaguarda promovida por Humberto Jos\u00e9 Luis Antonio Dorado Miranda, Mar\u00eda Eugenia Dorado Castro, Jaime Abelardo y Mario Fernando Dorado Delgado, Jaime Enrique Dorado Erira y Javier Mauricio Dorado L\u00f3pez frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, integrada por los magistrados Marcela Adriana Castillo Silva, Gabriel Guillermo Ortiz Narv\u00e1ez y A\u00edda Victoria Lozano Rico, con ocasi\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n de las causantes Mar\u00eda Fel\u00edcitas Otilia Palacios Palacios y Mar\u00eda Concepci\u00f3n Dorado Palacios, radicado bajo el n\u00ba 2019-00231. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los gestores exigen la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente conculcada por la autoridad convocada. <\/p>\n

2. En sustento de sus pedimentos, los querellantes arguyen que ante el Juzgado Segundo de Familia de Pasto, promovieron el juicio de sucesi\u00f3n de su hermana por l\u00ednea paterna, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Dorado Palacios, y la madre de \u00e9sta, Mar\u00eda Fel\u00edcitas Otilia Palacios Palacios, fallecida con anterioridad a aqu\u00e9lla. <\/p>\n

Atestan, en el subex\u00e1mine, se practic\u00f3 el secuestro de los inmuebles identificados con folios de matr\u00edcula n\u00b0 240-157370 y 240-1576, sin \u201coposici\u00f3n\u201d alguna, los d\u00edas 30 de octubre y 22 de noviembre de 2017, respectivamente. <\/p>\n

Comentan, el 1 de marzo de 2018, Francisco Silvio Palacios Palacios, hermano de la difunta Mar\u00eda Fel\u00edcitas Otilia Palacios Palacios, present\u00f3 \u201coposici\u00f3n a la diligencia de secuestro\u201d, petici\u00f3n rechaza por el juez cognoscente el 5 de abril siguiente, al estimarla extempor\u00e1nea. <\/p>\n

Seg\u00fan los actores, en prove\u00eddo de 8 de junio de 2018, al desatar la apelaci\u00f3n, el tribunal confutado revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n, disponiendo dar curso al \u201cincidente de levantamiento de embargo y secuestro\u201d enarbolado por Francisco Silvio Palacios Palacios, acorde con lo estatuido en el numeral 8 del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

A voces de los gestores, en esa misma data, esto es, 8 de junio de 2018, el a quo dict\u00f3 sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n, en el analizado sublite. <\/p>\n

Narran, el funcionario de primer grado, mediante providencia de 8 de agosto siguiente, en aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el inciso 11 del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso1, \u201cdej\u00f3 sin efectos\u201d el memorado auto de la corporaci\u00f3n ahora fustigada; postura reiterada el 19 de septiembre de esa anualidad, en sede de reposici\u00f3n. <\/p>\n

Refieren los tutelantes, el Juzgado Segundo de Familia de Pasto orden\u00f3 la entrega de las anteladas heredades y, para ello, deleg\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de esa urbe. <\/p>\n

No obstante, alegan los hoy demandantes, la colegiatura atacada infirm\u00f3 esa tesis, mandando impartir tr\u00e1mite a la preanotada \u201coposici\u00f3n\u201d, pues, en su sentir, el prove\u00eddo definitorio no cobijaba al tercero, por cuanto, \u00e9ste no fue parte en el litigio auscultado y, en todo caso, no mediaba pronunciamiento de fondo en torno a los \u201cderechos posesorios\u201d invocados por Francisco Silvio Palacios Palacios. <\/p>\n

Los censores critican al sentenciador encartado, toda vez <\/p>\n

\u201c(\u2026) [que el] interlocutorio de 8 de agosto de 2018, mediante el cual la (\u2026) la Juez Segunda de Familia (\u2026) declar\u00f3 sin efectos la decisi\u00f3n proferida el 8 de junio de 2018, por la Sala Civil [Familia] del Tribunal Superior [del Distrito Judicial] de Pasto, tiene plenos efectos sobre el opositor y le da firmeza a las diligencias de secuestro de los dos inmuebles, cerrando de esa manera cualquier otra oportunidad para formular oposiciones sobre [ellos] (\u2026)\u201d. <\/p>\n

A ello agregaron: i) que en dos ocasiones, Francisco Silvio Palacios Palacios, intent\u00f3, infructuosamente, proclamarse heredero \u00fanico de Mar\u00eda Fel\u00edcitas Otilia Palacios Palacios, primero aseverando que \u00e9sta no dej\u00f3 descendencia y, luego, afirmando que si bien su hermana fallecida tuvo una hija que le sobrevivi\u00f3, esto es, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Dorado Palacios, \u00e9sta repudi\u00f3 la herencia; y ii) existen dos procesos de pertenencia en curso, iniciados por el actual \u201copositor\u201d respecto de los antedichos predios2. <\/p>\n

3. \tLos querellantes piden, en concreto, se invalide la providencia atacada y, en su lugar, se inviabilice la comentada \u201coposici\u00f3n a la entrega\u201d incoada por Palacios Palacios. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

El despacho acusado se ratific\u00f3 en las motivaciones b\u00e1culo del pronunciamiento rebatido. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Para infirmar el prove\u00eddo del a quo que rechaz\u00f3 de plano la \u201coposici\u00f3n a la entrega\u201d presentada por Francisco Silvio Palacios Palacios, en el juicio sucesorio auscultado, la sala tutelada inici\u00f3 por se\u00f1alar, que conforme el canon 309 del estatuto ritual civil, \u201cel juez rechazar\u00e1 de plano la oposici\u00f3n a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia\u201d; en consecuencia, dado que Palacios Palacios no era parte de la anotada tramitaci\u00f3n, el fallo aprobatorio de la partici\u00f3n no le era \u201coponible\u201d. <\/p>\n

Sobre el punto acot\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]onsidera esta corporaci\u00f3n que mal podr\u00eda concluirse que la sentencia dictada en el marco del asunto mortuorio extendi\u00f3 sus efectos al opositor, pues si bien ciertamente acudi\u00f3 al proceso con el fin de hacer valer sus derechos como presunto poseedor de los bienes objeto de la cautela, lo cierto es que tal asunto nunca se abord\u00f3 de fondo a nivel jurisdiccional, pues su pedimento fue finalmente rechazado por extempor\u00e1neo, sin que dentro de los derroteros procesales aplicables pueda afirmarse que el opositor adquiri\u00f3 calidad de parte o que derive sus intereses de alguno de quienes hayan sido reconocidos como herederos o acreedores (\u2026) [m\u00e1xime] cuando en el tema de la posesi\u00f3n que alega sobre los bienes cuya entrega se orden\u00f3, no se encuentra definida a\u00fan (\u2026)\u201d. <\/p>\n

A ello, agreg\u00f3, que el a quo omiti\u00f3 referirse a las normas propias de las medidas cautelares, en especial, al contenido del precepto 512 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual precept\u00faa, en lo pertinente, lo siguiente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La entrega de bienes a los adjudicatarios se sujetar\u00e1 a las reglas del art\u00edculo 308 de este c\u00f3digo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Si los bienes se encuentran en poder de persona que alegue posesi\u00f3n material, o de un tenedor que derive sus derechos de un tercero poseedor, se proceder\u00e1 como dispone el art\u00edculo 309 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) No se admitir\u00e1n oposiciones de los herederos, ni del secuestre o del albacea (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Con base en las expresiones trasuntadas, el colegiado encartado argument\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Bajo ese orden de ideas, se torna di\u00e1fano que la norma espec\u00edfica admite la oposici\u00f3n del tercero que alegue la calidad de poseedor cuando ha ordenado la entrega a los adjudicatarios, limitando tal posibilidad \u00fanicamente al albacea, secuestre y herederos; sin embargo, en el caso estudiado, frente al se\u00f1or Palacios Palacios se verifica que efectivamente no re\u00fane ning\u00fan de \u00e9stas tres calidades, por lo que no puede estimarse excluido de presenta este tipo de peticiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Finalmente, el ad quem concluy\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Conforme] los lineamientos y condiciones que se han se\u00f1alado en el presente prove\u00eddo, mal podr\u00eda cercenarse una oportunidad adjetiva que dispone el tercero opositor en que se tramite su pedimento, para que de fondo se decida en definitiva de los bienes, o por el contrario, se debe perfeccionar la entrega ordenada en sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2. Oteado en su contexto el pronunciamiento rebatido, se advierte la prosperidad del ruego tuitivo, pues la sala censurada, en la instrucci\u00f3n del subex\u00e1mine en estudio, incurri\u00f3 en notorias deficiencias que hacen meritoria la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n

No obstante, el tribunal censurado pretermiti\u00f3 analizar la incidencia del numeral 4\u00b0 de la cl\u00e1usula 308 \u00eddem, en el conflicto sometido a su consideraci\u00f3n, el cual dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Cuando el bien est\u00e9 secuestrado la orden de entrega se comunicar\u00e1 al secuestre por el medio m\u00e1s expedito. Si vencido el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la providencia respectiva el secuestre no ha entregado el bien, a petici\u00f3n del interesado se ordenar\u00e1 la diligencia de entrega, en la que no se admitir\u00e1 la oposici\u00f3n (\u2026)\u201d (subrayas propias). <\/p>\n

Obs\u00e9rvese, el citado articulado regla, espec\u00edficamente, aquellos eventos en los cuales, al acto de \u201centrega\u201d le precedi\u00f3 el secuestro del bien disputado, frustrando, expresamente, la posibilidad de elevar cualquier \u201coposici\u00f3n\u201d, con independencia de si quien se reputa \u201cposeedor\u201d es parte o no en el respectivo litigio, como aconteci\u00f3 en el conflicto sometido a consideraci\u00f3n.
\nAs\u00ed las cosas, emerge diamantino que el fallador accionado soslay\u00f3, injustificadamente, cualquier menci\u00f3n al antelado precepto, pese a su pertinencia en el subex\u00e1mine; en consecuencia, se tornan incompletas las razones de su tesis porque, se insiste, guard\u00f3 silencio frente a la citada reglamentaci\u00f3n, debiendo, al menos, explicar si, en su criterio, las restantes disposiciones tra\u00eddas a colaci\u00f3n, tornaban inaplicable el tantas veces anunciado numeral 4\u00b0 del canon 308 del C.G.P. <\/p>\n

En punto a lo regulado por la preanotada cl\u00e1usula, esta Corte, en pret\u00e9rita oportunidad, conceptu\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l tema debatido deviene intrascendente, comoquiera que el legislador proh\u00edbe formular \u201coposiciones\u201d durante la \u201centrega de bienes previamente secuestrados\u201d, pues as\u00ed lo prev\u00e9 el numeral 4 del precepto 308 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u201ccuando el bien est\u00e9 secuestrado la orden de entrega se le comunicar\u00e1 al secuestre por el medio m\u00e1s expedito. Si vencido el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la providencia respectiva el secuestre no ha entregado el bien, a petici\u00f3n del interesado se ordenar\u00e1 la diligencia de entrega, en la que no se admitir\u00e1 ninguna oposici\u00f3n\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En un caso de contornos similares, se expres\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De modo que al no ser viable la \u201coposici\u00f3n\u201d en los t\u00e9rminos en que la propuso la libelista, pues el ordenamiento por anticipado la repugna cuando est\u00e9 dirigida a frustrar la \u201centrega\u201d de un feudo previamente \u201csecuestrado\u201d, esa sola prohibici\u00f3n respalda jur\u00eddicamente la postura criticada teniendo en cuenta que fue precisamente en culto a dicho mandato, as\u00ed como a la restricci\u00f3n del numeral 4 del precepto 308 del CGP que se \u201crechaz\u00f3\u201d tal postulaci\u00f3n (STC11285-2018) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

S\u00famese, el fallador censurado tampoco efectu\u00f3 ning\u00fan comentario, sobre la no tramitaci\u00f3n de la \u201coposici\u00f3n al secuestro\u201d, conforme se decret\u00f3 por esa autoridad en prove\u00eddo de 8 de junio de 2018 y, si ello, ten\u00eda alguna implicaci\u00f3n o no, en la viabilidad dada a la \u201coposici\u00f3n a la entrega\u201d fustigada en la providencia ahora objetada. <\/p>\n

En ese contexto, la motivaci\u00f3n de la providencia de 1 de octubre de 2019, es insuficiente, pues omiti\u00f3 discernir frente a los aspectos rese\u00f1ados con antelaci\u00f3n, los cuales resultaban esenciales para la resoluci\u00f3n del conflicto sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha indicado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]ufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de [providencias] en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. As\u00ed, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increp\u00f3 al Tribunal por no \u2018fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jur\u00eddicas que con rotundidad y precisi\u00f3n (\u2026)\u2019\u201d [resolvieran el caso bajo su conocimiento], \u201c(\u2026) lo propio ocurri\u00f3 en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recrimin\u00f3 al ad quem por no expresar las \u2018razones puntuales\u2019 equivalentes a una falta de motivaci\u00f3n; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatenci\u00f3n de \u2018la exigencia de motivar con precisi\u00f3n la providencia\u2019 (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n

El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n

Frente a la tem\u00e1tica planteada, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Es] menester dejar sentado que la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

3. Lo discurrido impone conceder el auxilio deprecado, por la patente vulneraci\u00f3n del debido proceso de los tutelantes; por tanto, se ordenar\u00e1 a la colegiatura encartada que invalide el anunciado prove\u00eddo de 1 de octubre de 2019, para que, en su lugar, resuelva, nuevamente, la alzada refiri\u00e9ndose a cada uno de los t\u00f3picos se\u00f1alados en el numeral anterior, en especial, sobre lo estatuido por el se\u00f1alado numeral 4\u00b0 de la cl\u00e1usula 309 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

4. Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos donde la autoridad profiere una decisi\u00f3n ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo, de la jurisprudencia o de los hechos debidamente comprobados, como acontece en el presente asunto, es necesaria la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

5. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de resguardo, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6, que exige a los pa\u00edses suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. <\/p>\n

As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo:
\n\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n

En el presente caso, como se dijo, la accionada omiti\u00f3 pronunciarse frente los argumentos centrales del recurso sometido a su conocimiento. En esa forma, contravino el canon 25 de ese tratado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9.
\nNo sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por las razones mencionadas, se impone acceder al auxilio invocado. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONCEDER el amparo promovido por Humberto Jos\u00e9 Luis Antonio Dorado Miranda, Mar\u00eda Eugenia Dorado Castro, Jaime Abelardo y Mario Fernando Dorado Delgado, Jaime Enrique Dorado Erira y Javier Mauricio Dorado L\u00f3pez frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, integrada por los magistrados Marcela Adriana Castillo Silva, Gabriel Guillermo Ortiz Narv\u00e1ez y A\u00edda Victoria Lozano Rico, con ocasi\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n de las causantes Mar\u00eda Fel\u00edcitas Otilia Palacios Palacios y Mar\u00eda Concepci\u00f3n Dorado Palacios, radicado bajo el n\u00ba 2019-00231. <\/p>\n

SEGUNDO: Por consiguiente, se ordena a la autoridad querellada, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del momento en que sea enterada de la presente decisi\u00f3n, deje sin efecto el prove\u00eddo de 1 de octubre de 2019, para que, en su lugar, resuelva, nuevamente, la alzada refiri\u00e9ndose a cada uno de los temas se\u00f1alados en la parte motiva de este fallo, espec\u00edficamente sobre la aplicabilidad o no, en el subex\u00e1mine, del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica todos los interesados. Por secretar\u00eda rem\u00edtase copia de esta sentencia al despacho tutelado. <\/p>\n

CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

(En comisi\u00f3n de servicios)
\nAROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026) \tQuedar\u00e1n \tsin efecto las decisiones del superior que hayan resuelto \tapelaciones contra autos, cuando el juez de primera instancia \thubiere proferido la sentencia antes de recibir la comunicaci\u00f3n \tde que trata el art\u00edculo 326 y aquella no hubiere sido \tapelada. Si la comunicaci\u00f3n fuere recibida durante el \tdesarrollo de una audiencia, el juez la pondr\u00e1 en \tconocimiento de las partes y adoptar\u00e1 las medidas \tpertinentes; si a pesar de ello la profiere y este hubiere revocado \talguno de dichos autos, deber\u00e1 declararse sin valor la \tsentencia por auto que no tendr\u00e1 recursos (\u2026)\u201d.
\n2 \tExp. 2017-00147 y 2017-00086, en los Juzgados Segundo y Tercero \tCivil del Circuito de Pasto, en su orden.
\n3 \tCSJ STC sentencia de 10 de julio de 2019, exp. 2019-2058.
\n4 \tCSJ. STC 28 \tde marzo de 2008, exp. 2008-00384-00; v\u00e9anse igualmente el \tfallo de de \t16 \tde febrero de 2011, exp. 2010-00445-01, entre otros.
\n5 \tCSJ. Civil. 22 de mayo de 2003, Rad. 00526-01, invocada el 10 de \tagosto de 2011, Rad. 00168-02.
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n7 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n10 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n13 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n

21<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16319-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03942-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la salvaguarda promovida por Humberto Jos\u00e9 Luis Antonio Dorado Miranda, Mar\u00eda Eugenia Dorado Castro, Jaime Abelardo y Mario Fernando […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102869","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102869","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102869"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102869\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102869"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102869"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102869"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}