{"id":102870,"date":"2026-07-02T17:28:18","date_gmt":"2026-07-02T17:28:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102870"},"modified":"2026-07-02T17:28:18","modified_gmt":"2026-07-02T17:28:18","slug":"stc16320-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16320-2019\/","title":{"rendered":"STC16320-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16320-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03944-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Colombiana de Minerales S.A.S. contra la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha -Boyac\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

Por tal motivo, solicita i) \u00abdeclar[ar]\u00bb que el Juez Promiscuo del Circuito de Socha \u00abno tuvo en cuenta las pruebas decretadas y practicadas\u00bb; ii) \u00abten[er] en cuenta la existencia del contrato de comodato\u00bb suscrito con la Cooperativa de Trabajado Asociado Cta; y, iii) \u00abhacer control de legalidad al proceso y (\u2026) conced[er] la nulidad\u00bb. <\/p>\n

2.\tEn apoyo de sus reparos aduce en lo esencial y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que acredit\u00f3 que exist\u00eda un contrato de comodato con la Cooperativa de Trabajo Asociado Carbones Esperanza CTA, respecto de la explotaci\u00f3n de la mina en donde falleci\u00f3 el se\u00f1or Jairo Nel D\u00edaz Mendoza, as\u00ed como el proceso laboral que tambi\u00e9n se formul\u00f3 por los mismos motivos y que le result\u00f3 favorable, dentro del litigio civil referido en l\u00edneas anteriores, el Juzgado Civil del Circuito de Socha acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda, imponi\u00e9ndole una serie de condenas. <\/p>\n

Se\u00f1ala que aunque apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n y sustent\u00f3 oralmente ante el Juez dicho mecanismo con los anteriores argumentos, adicionando que el deceso del citado ciudadano obedeci\u00f3 a un \u00abaccidente laboral\u00bb, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, no solo no le notific\u00f3 en debida forma al representante legal de la compa\u00f1\u00eda la fecha y hora se\u00f1alada para la pr\u00e1ctica de la audiencia de que trata el art\u00edculo 327 del C.G. del P., sino que declar\u00f3 desierta la alzada por la inasistencia de \u00e9ste a diligencia, rechazando de plano, adem\u00e1s, la nulidad invocada por el citado fallido enteramiento, razones \u00e9stas por las cuales deben ser protegidas sus garant\u00edas primarias a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el 27 de noviembre de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

a.)\tRamiro Gonzalo Gonz\u00e1les Becerra, quien adujo representar los intereses de la parte demandante en el juicio verbal criticado, puntualiz\u00f3 que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, comoquiera que la sociedad accionante ya acudi\u00f3 en otra oportunidad, infructuosamente, al mismo mecanismo de protecci\u00f3n, por lo que lo que ahora pretende realmente es corregir los errores y descuidos procesales en que incurri\u00f3 al interior del asunto criticado (fls. 61 a 65). <\/p>\n

b.)\tAl momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Trat\u00e1ndose \tde providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la \tacci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar \tcuando el funcionario judicial adopte \tuna decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal \tpreviamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \t\u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que \tconfigure un actuar que \tse pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el \tcual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional \tpara evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los \tderechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, \tsiempre que el \tafectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, \ty no \tdisponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n

2.\tDescendiendo al caso concreto, y tras realizar el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional instaurada por Colombiana de Minerales SAS, la Corte evidencia que lo solicitado debe desestimarse, habida cuenta que la queja est\u00e1 puntualmente dirigida contra el tr\u00e1mite y lo decidido en segunda instancia el 18 de octubre de 2018 y el pasado 3 de julio, respectivamente, por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en el marco del proceso de responsabilidad civil extracontractual que Jos\u00e9 Mar\u00eda D\u00edaz Tibaduiza y otros promovieron en su contra, donde prosperaron las pretensiones, en raz\u00f3n a que las mismas inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas por la citada sociedad en relaci\u00f3n con las determinaciones memoradas, a trav\u00e9s de las cuales, por una parte, se declar\u00f3 desierto el recurso vertical interpuesto contra la sentencia de primer grado, y la otra, se neg\u00f3 no solo el control de legalidad exigido, sino la nulidad deprecada por la presunta indebida notificaci\u00f3n de la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, ya fueron objeto de debate constitucional ante esta misma Sala, siendo emitida la respectiva sentencia de tutela el 2 de agosto pasado (STC11384-2019), con que se neg\u00f3 el amparo solicitado, luego de advertirse que no se evidenciaba arbitrariedad en las decisiones cuestionadas al Tribunal convocado, comoquiera que las mismas fueron cimentadas en criterios de razonabilidad, en punto de la interpretaci\u00f3n normativa y jurisprudencial de los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como en las causales taxativas de que trata el canon 133 ib\u00eddem. <\/p>\n

As\u00ed mismo, impugnado lo resuelto, la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corte ratific\u00f3 el fallo mediante prove\u00eddo del 2 de octubre pasado (STL13564-2019), tras considerar, en suma, que \u00abla providencia que se pretende atacar por esta v\u00eda, no es arbitraria o caprichosa, ni est\u00e1 desprovista de sustento jur\u00eddico. Por el contrario, se apoya en un adecuado an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sometida al escrutinio del fallador accionado, lo que le impide al juez de tutela interferirla, pues de hacerlo, rebasar\u00eda la \u00f3rbita de su competencia\u00bb.
\nAhora, habiendo sido el expediente remitido al Alto Tribunal Constitucional el pasado 20 de noviembre, la parte aqu\u00ed interesada est\u00e1 en la posibilidad de acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 19911, para pedir a la referida Colegiatura su escogencia para la eventual revisi\u00f3n, \u00fanico mecanismo procesal que puede interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n, que \u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (ver, entre otras, en CSJ STC4208-2019). <\/p>\n

3.\tDe otra parte, se advierte que si bien la sociedad actora tambi\u00e9n cuestiona la sentencia proferida el 10 de abril de 2018 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha, que agot\u00f3 la instancia en detrimento de sus intereses, para la Corte la demanda de amparo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues t\u00e9ngase en cuenta que si bien contra la misma se formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, fue por no haber acudido el representante legal de la misma a la audiencia de alegatos y fallo de que trata el art\u00edculo 327 del C.G. del P., que se declar\u00f3 desierto dicho mecanismo, por lo que dicha circunstancia analizada a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide cualquier pronunciamiento del juez constitucional, quien mal podr\u00eda por esta senda revivir t\u00e9rminos u oportunidades que se han desperdiciado por el descuido o la negligencia del interesado, quien \u00abno puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC13801-2019). <\/p>\n

4.\tCorolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tReglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte \tConstitucional<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC16320-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03944-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve). Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Colombiana de Minerales S.A.S. contra la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102870","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102870","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102870"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102870\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102870"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102870"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102870"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}