{"id":102875,"date":"2026-07-02T17:29:16","date_gmt":"2026-07-02T17:29:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102875"},"modified":"2026-07-02T17:29:16","modified_gmt":"2026-07-02T17:29:16","slug":"stc16326-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16326-2019\/","title":{"rendered":"STC16326-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16326-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2019-00804-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Edwin Alejandro \u00c1lape Cale\u00f1o, en su calidad de Gobernador Ind\u00edgena del Cabildo de Yaguara-Pueblo Pijao -en representaci\u00f3n de Jojan Deivis Mart\u00ednez Reyes- frente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral y la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de ese municipio, con ocasi\u00f3n del proceso penal adelantado contra Mart\u00ednez Reyes por el punible de actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. En la calidad descrita, el querellante reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso e \u201cidentidad \u00e9tnica y cultural\u201d, presuntamente conculcadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos soporte de la presente salvaguarda, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

Jojan Deivis Mart\u00ednez Reyes es investigado penalmente por el delito de \u201cactos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os\u201d, encontr\u00e1ndose privado de la libertad, actualmente, en el sitio de armonizaci\u00f3n dispuesto por la comunidad ind\u00edgena a la cual pertenece, en raz\u00f3n a la orden proferida por el juez de control de garant\u00edas. <\/p>\n

El 22 de marzo de 2018, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura asign\u00f3 la competencia del asunto a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, correspondi\u00e9ndole su conocimiento al Juzgado Penal del Circuito de Chaparral; sin embargo, seg\u00fan afirma el tutelante, se pas\u00f3 por alto la no proposici\u00f3n de un \u201cconflicto de competencia\u201d, pues el aqu\u00ed agente, en su calidad de gobernador ind\u00edgena, no particip\u00f3 en las diligencias ante el juzgado penal ni propuso la colisi\u00f3n de jurisdicciones. <\/p>\n

3. Solicita, en concreto, (i) revocar el prove\u00eddo donde se fij\u00f3 la competencia a la jurisdicci\u00f3n ordinaria; (ii) ordenar al juzgado querellado archivar el proceso penal y remitirlo al cabildo ind\u00edgena; (iii) levantar la orden de reclusi\u00f3n impuesta a su representado; (iv) disponer que la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n realicen un seguimiento y acompa\u00f1amiento al juicio cuestionado; y (v) \u201ccompulsar copias\u201d para investigar a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por la emisi\u00f3n del pronunciamiento censurado. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura solicit\u00f3 denegar la salvaguarda, pues en la decisi\u00f3n reprochada no se vulneraron las prerrogativas del actor (folios 97-106). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. En el presente asunto se pretende dejar sin efectos la decisi\u00f3n de 22 de marzo de 2018, a trav\u00e9s de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura asign\u00f3 la competencia para el conocimiento del proceso penal adelantado contra Jojan Deivis Mart\u00ednez Reyes a la \u201cjurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d y, en consecuencia, se remitan las diligencias a la \u201cjurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena\u201d.
\n2. Ha de recordarse que la jurisprudencia constitucional de esta Sala ha demandado la necesidad de verificar la existencia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad como requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, previo a efectuar otro estudio sobre el fondo del asunto debatido, de manera que, a falta de alguna de las antedichas exigencias, deber\u00e1 negarse el ruego reclamado. <\/p>\n

3. Se advierte el fracaso de este auxilio, por la desatenci\u00f3n del querellante en relaci\u00f3n con el presupuesto de inmediatez, pues desde la data de la actuaci\u00f3n cuestionada, esto es, 22 de marzo de 2018, a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo, 15 de noviembre de 2019, transcurrieron m\u00e1s de veinte (20) meses, lapso superior al de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para interponer esta s\u00faplica. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si el gestor se demor\u00f3 en presentar la petici\u00f3n constitucional, su descuido per se es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad querellada, m\u00e1xime si el \u201cdesconocimiento e ignorancia\u201d aducidos no justifican su inactividad, pues nada le imped\u00eda concurrir a esta jurisdicci\u00f3n, tan pronto como evidenci\u00f3 el presunto hecho vulnerador. <\/p>\n

Sobre este aspecto la Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

4. Al margen de lo discurrido, el car\u00e1cter eminentemente subsidiario del auxilio deprecado refuerza su improcedencia, pues su prosperidad est\u00e1 limitada s\u00f3lo a aquellos eventos en los cuales se est\u00e9 frente a una anomal\u00eda superlativa y los gestores no posean mecanismos para controvertirla, o los actuales no sean eficaces. <\/p>\n

El representado a\u00fan posee al interior de la causa subex\u00e1mine, instrumentos legales para salvaguardar sus garant\u00edas, si es que han resultado quebrantadas, por cuanto ese asunto se halla en pleno curso, actualmente en la etapa de juicio; pudiendo, por tanto, en esa sede, impugnar las decisiones adversas, apelar la sentencia de primer grado de serle desfavorable e, incluso, censurar el eventual fallo dictado por el ad quem, mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Ahora bien, si estima la consumaci\u00f3n de alguna irregularidad susceptible de anular ese procedimiento, est\u00e1 facultado para requerir la adopci\u00f3n de los correctivos pertinentes ante el juzgador cognoscente, con sustento en lo establecido en el T\u00edtulo VI del Libro III de la Ley 906 de 2004, regulador de lo concerniente a la \u201c[i]neficacia de los actos procesales\u201d. <\/p>\n

La existencia de herramientas judiciales propicias para obtener el ruego de los derechos fundamentales, est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

En una acci\u00f3n similar esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

\u201cDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

5. Los reparos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, no se abren paso, dado que no existe evidencia de la cual se extraiga que el querellante concurri\u00f3 ante esos organismos a solicitar su intervenci\u00f3n y que aquellos hayan desestimado tal pedimento. <\/p>\n

6. En cuanto a las postulaciones concernientes a la remisi\u00f3n de copias a los \u00f3rganos competentes para la investigaci\u00f3n de las presuntas faltas cometidas por los sujetos convocados a este sublite, resta decir que escapan del \u00e1mbito de protecci\u00f3n de la presente queja. Este tipo de reclamaciones incumbe realizarlas directamente al interesado ante las entidades correspondientes. <\/p>\n

7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d.
\n\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

7.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

8.\tLa salvaguarda impetrada ser\u00e1 desestimada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tNEGAR la tutela solicitada por Edwin Alejandro \u00c1lape Cale\u00f1o, en su calidad de Gobernador Ind\u00edgena del Cabildo de Yaguara-Pueblo Pijao -en representaci\u00f3n de Jojan Deivis Mart\u00ednez Reyes- frente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral y la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de ese municipio, con ocasi\u00f3n del proceso penal adelantado contra Mart\u00ednez Reyes por el punible de actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

(En comisi\u00f3n de servicios)
\nAROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. \tSTC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. \t2011, Rad. 2011-02245-00
\n2 \tCSJ, sentencia de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01, reiterada \ten fallo de 28 de agosto de 2014, exp. 2014-01492-01.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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