{"id":102876,"date":"2026-07-02T17:29:26","date_gmt":"2026-07-02T17:29:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102876"},"modified":"2026-07-02T17:29:26","modified_gmt":"2026-07-02T17:29:26","slug":"stc16327-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16327-2019\/","title":{"rendered":"STC16327-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16327-2019 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., tres (03) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Miranda Gil en calidad de Representante Legal de Cooveracruz Ltda., contra el Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Civil Familia y, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamental al debido proceso, defensa, igualdad, asociaci\u00f3n, entre otros, puesto que en primera y segunda instancia se neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas de oficio, las sentencias que se emitieron contienen decisiones extrapetita, y adem\u00e1s, no se acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n que propuso, pese se encontraba probada. <\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene revocar los fallos proferidos por el Tribunal accionado el 15 de agosto de 2019 y, por el Juzgado querellado el 21 de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 22 de agosto de 2017, Oscar Orlando Barrera Maldonado en calidad de asociado, instaur\u00f3 demanda de impugnaci\u00f3n de actos de Asamblea General, contra la Cooperativa de Transportes Veracruz Ltda. – Cooveracruz Ltda. \u2013aqu\u00ed tutelante-, con el objeto que se decretara la nulidad e ineficacia de la elecci\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n de tal sociedad, que tuvo ocurrencia en la Asamblea General de asociados, que se celebr\u00f3 el 1\u00ba de abril de 2017, cuyas decisiones se consignaron en el acta n\u00ba 080 y, por ende, se dejara sin efectos todas las decisiones que dicho organismo hubiese tomado durante el tiempo en que actu\u00f3; asunto cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot con radicado n\u00ba 2017-00133. <\/p>\n

2. La anterior demanda fue admitida por medio de prove\u00eddo del 17 de mayo de 2018. <\/p>\n

3. Notificado el extremo demandado propuso excepciones de m\u00e9rito a las que denomin\u00f3 \u00abCADUCIDAD DE LA ACCI\u00d3N DE RECONOCIMEINTO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA INEFICACIA\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE CAUSALES DE INEFICACIA Y DE NULIDAD Y COMO CONSECUENCIA FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR\u00bb, entre otras. <\/p>\n

4. El 21 de marzo del mencionado a\u00f1o, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C.G. del P., en la que no se lleg\u00f3 a un acuerdo conciliatorio, se interrogaron a las partes, se deneg\u00f3 la exhibici\u00f3n de documentos del libro de actas, no se accedi\u00f3 al decreto de practica de pruebas de oficio, se decretaron las dem\u00e1s pruebas deprecadas por los extremos procesales, se efectu\u00f3 un control de legalidad, se dio por cerrado el debate probatorio, se rindieron descargos y, adem\u00e1s, se emiti\u00f3 sentencia en la que se resolvi\u00f3: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar no probada la caducidad de la acci\u00f3n.
\nSEGUNDO: Declarar la nulidad de la asamblea general ordinaria celebrada el 1\u00ba de abril de 2017 por [\u2026] COOVERACRUZ LTDA.
\nTERCERO: Invalidar con nulidad todos los actos y determinaciones adoptadas por el Consejo de Administraci\u00f3n elegido en la citada asamblea.
\nCUARTO: Declarar no probadas las excepciones de inexistencia de las causales de ineficacia y nulidad, inexistencia en el presente asunto.
\n[\u2026] <\/p>\n

6. Mediante de prove\u00eddo del 13 de mayo de 2019 y, con fundamento en lo normado en el art\u00edculo 328 del C.G. del P., el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca Sala Civil Familia rechaz\u00f3 la solicitud de nulidad que efectu\u00f3 el apelante con fundamento en no hab\u00e9rsele permitido aportar pruebas documentales. <\/p>\n

7. El 11 de julio siguiente, no se accedi\u00f3 a la solicitud de pruebas que present\u00f3 el extremo demandado, en tanto no se cumpl\u00edan con las causales previstas en el art\u00edculo 327 ib\u00eddem. <\/p>\n

8. El 12 de agosto del presente a\u00f1o, se adelant\u00f3 la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, en la que se decidi\u00f3 confirmar la sentencia apelada. <\/p>\n

9. En criterio del tutelista se vulneraron sus derechos fundamentales, ya que las autoridades judicial querelladas incurrieron en defectos f\u00e1cticos y procedimentales, en la medida en que: <\/p>\n

i) En primera y segunda instancia se neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba de oficio tendiente a aportar unas actas de asamblea, que en su sentir demostraban que se convoc\u00f3 a la asamblea general de asociados de manera oportuna. <\/p>\n

ii) Las sentencias contienen una decisi\u00f3n extrapetita, que no concuerda con lo solicitado por el demandante, pues se decret\u00f3 la nulidad de la Asamblea General de asociados celebrada el 1\u00ba de abril de 2017, junto con todas sus determinaciones, cuando el accionante tan s\u00f3lo hab\u00eda solicitado que se decretara la nulidad de la elecci\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n y, no reclam\u00f3 la nulidad de todas las decisiones adoptadas por los asamble\u00edstas h\u00e1biles de la cooperativa. <\/p>\n

iii) No se acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n, pese a que no se impugn\u00f3 el acta 531 de 28 de marzo de 2017 del Consejo de Administraci\u00f3n, que convoc\u00f3 a la Asamblea General de la Cooperativa, dentro de los 2 meses siguientes a la toma de las decisiones all\u00ed adoptadas, contados a partir del 14 de marzo de 2017, como qued\u00f3 plasmado en la convocatoria real (acta 530 de 13 de marzo de 2017). <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 19 de noviembre de 2019, se dio curso a la acci\u00f3n de tutela y, se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, previ\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. En el caso que es objeto de estudio, la solicitud de protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, defensa, igualdad, asociaci\u00f3n, entre otros, no atiende el referido principio, puesto que es evidente que el accionante no hizo uso de las herramientas jur\u00eddicas con las que contaba para controvertir las decisiones que por esta v\u00eda cuestiona y, por ello no puede utilizar este mecanismo para revivir las oportunidades procesales que dej\u00f3 fenecer. <\/p>\n

En efecto, el reclamante no present\u00f3 recurso alguno (reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n) en contra de las providencias que negaron la pr\u00e1ctica de la prueba de oficio que solicit\u00f3 en primera y segunda instancia, y adem\u00e1s, al formular recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia que emiti\u00f3 el a quo, no emiti\u00f3 reparo alguno en cuanto a que tal decisi\u00f3n fuese extrapetita; oportunidades procesales que resultaban pertinentes para exponer los reparos que ante esta sede constitucional aduce. <\/p>\n

4. Fue entonces, la propia incuria del gestor de la queja la que impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional, sin que pueda reconocerla en su escrito introductor y sin embargo, pretender controvertir los supuestos defectos f\u00e1cticos y procedimentales en que incurrieron los Despachos querellados al no acceder a su solicitud de pruebas y proferir un sentencia extrapetita. <\/p>\n

Se reitera que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar dicha posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

En casos similares al presente, la Sala ha destacado que: <\/p>\n

[\u2026] cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC, 26 ene. 2011, rad. 2011-00027-00) <\/p>\n

5. De otro lado, se advierte que en el asunto sub judice, se duele el actor porque las autoridades judiciales accionadas, de un lado, al decretar la nulidad de la Asamblea General de asociados celebrada el 1\u00ba de abril de 2017, as\u00ed como de todas sus decisiones, emitieron sentencias que conten\u00edan determinaciones extrapetita, no obstante que, las pretensiones de la demanda se circunscribieron a que se decretara la nulidad de la elecci\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n y, del otro, declararon no probada la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n, a pesar que no se impugn\u00f3 el acta 531 de 28 de marzo de 2017 del Consejo de Administraci\u00f3n, dentro de los 2 meses siguientes a la toma de las decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n

De lo anterior y, si bien, el reclamo constitucional se dirige tambi\u00e9n contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot, la Corte se ocupar\u00e1 \u00fanicamente de la que dict\u00f3 su superior, toda vez que \u00e9sta fue la que resolvi\u00f3 de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate. <\/p>\n

En ese orden, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos por el Tribunal cuestionado, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto las determinaciones que adoptaron no son el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, se observa que el Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Civil Familia, a trav\u00e9s de sentencia del 11 de julio de 2019, decidi\u00f3 no acceder a la solicitud de pruebas que elev\u00f3 el demandado, tras considerar que de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 327 del C.G. del P. no se cumpl\u00eda ninguna de las causales establecidas en dicha norma, para decretar pruebas en sede de segunda instancia. <\/p>\n

As\u00ed mismo, se advierte que el mencionado Tribunal profiri\u00f3 fallo en la que resolvi\u00f3 confirmar la sentencia emitida por el a quo, que entre otras determinaciones, declar\u00f3 no probada la caducidad de la acci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no hab\u00eda operado tal fen\u00f3meno jur\u00eddico, puesto que: <\/p>\n

[\u2026] el acto de asamblea de fecha 1\u00ba de abril de 2017, contenido en el acta n\u00ba 80 de la misma fecha fue registrado en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la cooperativa demandada el 20 de junio de 2017, por lo que es desde esta fecha que se debe contabilizar el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 382 del C.G. del P. [\u2026] t\u00e9rmino que venc\u00eda el 22 de agosto de 2017, ya que se debe descontar el 21 de agosto de 2017, por ser un d\u00eda inh\u00e1bil [\u2026]. <\/p>\n

6. En ese orden de ideas, surge palpable que las pretensiones del tutelista se circunscribieron, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad judicial cuestionada se bas\u00f3 para resolver los asuntos puestos en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que los reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad querellada y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha sostenido: <\/p>\n

[A]l sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c[\u2026] independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial o del precedente, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad judicial acusada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, ya que los motivos que expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la tutelista. <\/p>\n

7. Las anteriores razones se estiman suficientes para denegar el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16327-2019 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., tres (03) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Miranda Gil en calidad de Representante Legal de Cooveracruz Ltda., contra el Tribunal Superior de Cundinamarca […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102876","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102876","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102876"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102876\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102876"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102876"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102876"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}