{"id":102877,"date":"2026-07-02T17:29:31","date_gmt":"2026-07-02T17:29:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102877"},"modified":"2026-07-02T17:29:31","modified_gmt":"2026-07-02T17:29:31","slug":"stc16328-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16328-2019\/","title":{"rendered":"STC16328-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16328-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01877-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 15 de octubre de 2019, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Omar David Garc\u00eda Sarmiento contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito y la Fiscal\u00eda 30 Seccional, ambos de esa misma capital, as\u00ed como las partes y los intervinientes de la causa penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, al confirmar en sede de apelaci\u00f3n, la providencia del 13 de marzo de los corrientes, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia que le neg\u00f3 la solicitud de nulidad presentada en el marco de la investigaci\u00f3n seguida en contra de Efra\u00edn Enrique Forero Fonseca y Olga Luc\u00eda Cordero Portilla, por los delitos de fraude procesal, falso testimonio y fraude a resoluci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Solicita, entonces, que se deje sin valor ni efecto la citada determinaci\u00f3n de segunda instancia, y que como consecuencia de ello, se ordene al Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal, emitir un nuevo pronunciamiento en el que se tenga en cuenta que \u00absi no asisti\u00f3 [en calidad de denunciante] a la audiencia de preclusi\u00f3n fue por temor y zozobra de que se atentara contra [su] integridad\u00bb (fl. 58, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tComo fundamento de tal pretensi\u00f3n refiri\u00f3 en cuanto resulta relevante para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda 30 Seccional de Bucaramanga adelantar la investigaci\u00f3n surgida con ocasi\u00f3n de la denuncia que efectu\u00f3 frente a los se\u00f1ores Efra\u00edn Enrique Forero Fonseca y Olga Luc\u00eda Cordero Portilla, por los punibles de fraude procesal, falso testimonio y fraude a resoluci\u00f3n judicial, autoridad que solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n del tr\u00e1mite, a lo que accedi\u00f3 el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa misma ciudad en auto del 29 de noviembre de 2017. <\/p>\n

Comenta que el 8 de agosto de 2018, solicit\u00f3 la nulidad de todo lo actuado al interior de la investigaci\u00f3n en comento, lo que fue denegado en prove\u00eddo del 3 de septiembre siguiente, argumentando que ning\u00fan pronunciamiento le mereci\u00f3 la petici\u00f3n de preclusi\u00f3n efectuada por el fiscal encargado, y, que pese a que se libraron las respectivas comunicaciones para que \u00e9l concurriera a la audiencia en la que se resolvi\u00f3 sobre tal respecto, no lo hizo, como tampoco justific\u00f3 su inasistencia. <\/p>\n

Anota que en vista de las anteriores circunstancias, interpuso sin \u00e9xito recurso de alzada contra lo determinado, pues el Tribunal Superior de esa localidad mantuvo inc\u00f3lume lo resuelto mediante prove\u00eddo del 13 de marzo de la presente anualidad, hecho por el cual acude a la presente v\u00eda excepcional, pues, asegura, dicha Colegiatura desconoci\u00f3 los argumentos en los que fund\u00f3 su inconformidad (fls. 1 a 59, ejusdem). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

b.\tLos dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primer grado neg\u00f3 el resguardo implorado, luego de citar in extenso el contenido de la determinaci\u00f3n cuestionada y precisar, que lo resuelto \u00abresponde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer del accionante que pretende convertir la v\u00eda constitucional en una tercera instancia, trayendo a esta sede una circunstancia que no fue puesta oportunamente en conocimiento de la autoridad demanda, por tanto, no puede alegar una situaci\u00f3n que \u00e9l mismo cohonest\u00f3\u00bb, m\u00e1xime cuando, se\u00f1al\u00f3, \u00abel presente tr\u00e1mite constitucional no se orienta a reabrir el debate de las pretensiones en litigio a partir de nuevas argumentaciones, su objeto est\u00e1 \u00fanicamente en determinar si la providencia judicial atacada ha desbordado el marco constitucional dentro del cual debe producirse y vulnera derechos fundamentales en cabeza del afectado, situaci\u00f3n que aqu\u00ed no sucedi\u00f3\u00bb (fls. 94 a 105, \u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el gestor de la salvaguarda, insistiendo en las inconformidades planteadas en la demanda inicial (fls. 114 y 115, ejusdem).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tComo es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto de la mera liberalidad o capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto, la inconformidad del accionante se soporta, en lo fundamental, en que dentro de la investigaci\u00f3n seguida en contra de los ciudadanos Efra\u00edn Enrique Forero Fonseca y Olga Luc\u00eda Cordero Portilla, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga mantuvo en todas sus partes en sede de apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n pronunciada el 3 de septiembre de 2018, por medio de la cual el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de la misma localidad neg\u00f3 la nulidad de todo lo all\u00ed actuado, pues en su opini\u00f3n, se desconocieron los argumentos esbozados frente a la imposibilidad de asistir a la audiencia de preclusi\u00f3n. <\/p>\n

3.\tNo obstante lo anterior, de entrada esta Corte advierte el fracaso de la salvaguarda invocada, habida cuenta que la solicitud de amparo desatiende el presupuesto b\u00e1sico de inmediatez, pues entre la fecha en que el prove\u00eddo atacado fue dictado -13 de marzo de 2019, y el momento en que se interpuso la presente demanda de tutela -21 de septiembre de 2019, transcurrieron casi 7 meses, superando as\u00ed con holgura el t\u00e9rmino considerado por la jurisprudencia como razonable para la formulaci\u00f3n del reclamo (6 meses), pues aunque las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un lapso de tiempo espec\u00edfico para su presentaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991- se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, donde transcurri\u00f3, sin justificaci\u00f3n aparente, un largo periodo de tiempo sin que el interesado solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con dichas decisiones. <\/p>\n

La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que \u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. <\/p>\n

En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n

4.\tDe otro lado, y con el fin de ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, no cabe duda para la Sala que la decisi\u00f3n criticada lejos est\u00e1 de poder ser considerada caprichosa, arbitraria o manifiestamente contraria a la ley, pues en ella claramente se expusieron los motivos por los cuales no era procedente la declaratoria de la nulidad invocada, esto es, porque \u00abes claro que no se configur\u00f3 ninguna irregularidad ni en la convocatoria ni en la celebraci\u00f3n de la audiencia de preclusi\u00f3n del 29 de noviembre de 2017, toda vez que -se itera- la v\u00edctima fue citada en forma debida y oportuna de la fecha y hora de la diligencia \u2013como lo reconoci\u00f3 el impugnante en el escrito de sustentaci\u00f3n al aseverar que \u2018en ning\u00fan p\u00e1rrafo pongo en tela de juicio la citaci\u00f3n a la misma-\u2019 desconoci\u00e9ndose las razones de su ausencia, por lo que en ese sentido -como antes se concluy\u00f3- ninguna anomal\u00eda emerge de la actuaci\u00f3n agotada al respecto en la primera instancia en dicho tr\u00e1mite, que obligue a recurrir al medio extremo de la nulidad, por lo que la Sala confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n apelada. Con mayor raz\u00f3n si se tiene en cuenta que, en virtud del principio de protecci\u00f3n que orienta el instituto de nulidades, no puede invocar la invalidez el sujeto que con su conducta procesal haya dado lugar a la configuraci\u00f3n del motivo enervante, lo que en efecto ocurri\u00f3 en este caso pues la no presencia de la v\u00edctima en la audiencia de preclusi\u00f3n deriv\u00f3 de su propia y exclusiva de no comparecer\u00bb (fls. 60 a 65, Cit.). <\/p>\n

De este modo, entonces, es posible afirmar que las conclusiones a las que arrib\u00f3 la Colegiatura endilgada no lucen desatinadas, caprichosas o antojadizas, de donde se descarta la configuraci\u00f3n de causal de procedencia del amparo que permita la intervenci\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, pues como qued\u00f3 visto, a diferencia de lo considerado por el promotor del amparo, en la decisi\u00f3n atacada se efectu\u00f3 una atendible valoraci\u00f3n de los reparos por \u00e9l interpuestos, y se expusieron las razones por las cuales no era posible revocar la determinaci\u00f3n de legalidad las actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n de la denuncia penal que interpuso, sin que la simple discrepancia con lo decidido pueda tenerse como raz\u00f3n suficiente para admitir la intromisi\u00f3n del juez de tutela frente a la referida determinaci\u00f3n, ya que como de vieja data se tiene dicho, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (citada recientemente, entre otras, en CSJ STC3069-2019). <\/p>\n

5.\tPor los anteriores argumentos, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n10<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16328-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01877-01 (Aprobado en sesi\u00f3n tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 15 de octubre de 2019, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102877","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102877","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102877"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102877\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102877"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102877"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102877"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}