{"id":102880,"date":"2026-07-02T17:30:04","date_gmt":"2026-07-02T17:30:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102880"},"modified":"2026-07-02T17:30:04","modified_gmt":"2026-07-02T17:30:04","slug":"stc16331-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16331-2019\/","title":{"rendered":"STC16331-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16331-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03946-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Se procede a decidir la tutela impetrada por Eladio Enrique Mart\u00ednez de la Hoz frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del asunto de esa especialidad, seguido al aqu\u00ed actor y a Sherman Javier Perea Medrano por peculado por apropiaci\u00f3n agravado. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPor conducto de apoderada judicial, el accionante exige la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales atacadas. <\/p>\n

2.\tDel examen de la queja y los soportes adosados, se observa que por hechos ocurridos en abril de 1996, relativos al cobro \u201cinexistente\u201d de prestaciones de origen laboral, suscitados en raz\u00f3n de una conciliaci\u00f3n celebrada entre extrabajadores de Puertos de Colombia, Terminal Mar\u00edtimo de Barranquilla, y Foncolpuertos y un fallo espurio, el actor fue condenado en primer y segundo grado por el citado punible. <\/p>\n

Luego, incoado el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a ese \u00faltimo pronunciamiento, la Sala accionada declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado el 29 de julio de 2009. <\/p>\n

El tutelante concurri\u00f3 en casaci\u00f3n aduciendo (i) la nulidad del decurso por violaci\u00f3n al debido proceso, dada la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n al \u201c(\u2026) haber transcurrido m\u00e1s de 8 a\u00f1os y 5 meses, 7 d\u00edas dese la primera resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n (\u2026)\u201d; (ii) no estar el fallo en consonancia con los cargos formulados por la fiscal\u00eda; y (iii) haberse incurrido \u201c(\u2026) en violaci\u00f3n indirecta de le ley sustancial, derivada de un falso juicio de existencia por suposici\u00f3n de una prueba (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La autoridad atacada, en sentencia de 11 de abril de 2018, resolvi\u00f3 no casar el fallo del tribunal. <\/p>\n

Asevera que el anterior pronunciamiento quebranta sus prerrogativas, por cuanto se aplic\u00f3 la Ley 599 de 2000, cuando los hechos se cometieron en vigencia del Decreto Ley 100 de 1980; se desconoci\u00f3 el precedente de la Sala especializada sobre la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y se vari\u00f3, ilegalmente, \u201c(\u2026) la calificaci\u00f3n del m\u00e9rito sumarial (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tPide, en concreto, revocar la providencia donde se defini\u00f3 el anotado remedio extraordinario. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde la accionada <\/p>\n

Guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDelanteramente, se resalta que si bien el escrito de tutela fue presentado el 29 de mayo de 2018 ante la Corte Constitucional, esa autoridad solo percibi\u00f3 su ausencia de competencia para tramitarla hasta el 13 de noviembre de 2019, disponiendo, en consecuencia, remitirla a esta Sala para lo pertinente. <\/p>\n

2.\tPrecisado lo anterior, se revela el fracaso del auxilio, por cuanto no se halla irregularidad en la gesti\u00f3n refutada, pues, como lo explic\u00f3 la autoridad denunciada en la sentencia aqu\u00ed cuestionada, los hechos imputados a Mart\u00ednez de la Hoz se relacionaron con la Resoluci\u00f3n 1495 de 8 de mayo de 1998 a trav\u00e9s de la cual se dispuso el pago de un acta de conciliaci\u00f3n del mismo a\u00f1o, por $538\u2019900.000. <\/p>\n

Ese acto administrativo, as\u00ed como otros, materia de investigaci\u00f3n, fueron proyectados en la misma anualidad por Perea Medrano, liquidador del \u00e1rea jur\u00eddica del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia y compa\u00f1ero de causa del tutelante. <\/p>\n

Aunque el 5 de abril de 2002 se profiri\u00f3 resoluci\u00f3n acusatoria, confirmada el 11 de agosto de 2003, en sede de apelaci\u00f3n y, luego, se emitieron los fallos condenatorios contra el querellante, la Corte, en auto de 29 de julio de 2009, invalid\u00f3 lo actuado a partir de la primigenia decisi\u00f3n acusatoria, \u201c(\u2026) con la finalidad de que fuera objeto de correcci\u00f3n la calificaci\u00f3n jur\u00eddica del sumario, bajo el entendido que las concretas imputaciones que les fueran hechas supon\u00edan inequ\u00edvocos actos de apropiaci\u00f3n de los recursos de Foncolpuertos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Para acatar lo anterior, el 3 de mayo de 2010 se calific\u00f3, nuevamente, el m\u00e9rito de la investigaci\u00f3n, emiti\u00e9ndose, otra vez, resoluci\u00f3n acusatoria frente a los procesados Eladio Enrique Mart\u00ednez de la Hoz y Sherman Perea Medrano, como determinador y coautor, respectivamente, del delito de \u201cpeculado por apropiaci\u00f3n agravado por la cuant\u00eda a favor de terceros\u201d, decisi\u00f3n confirmada el 15 de marzo de 2011. <\/p>\n

Finalmente, los sindicados fueron condenados en la calidad se\u00f1alada y por la conducta descrita, el 18 de diciembre de 2015, por el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1, pronunciamiento refrendado por el tribunal el 7 de marzo de 2017. <\/p>\n

Enseguida, a la luz de lo aducido, la Corte, en la providencia ahora controvertida, sobre la vigencia de la acci\u00f3n penal durante la fase de instrucci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que para establecer la ocurrencia de esa figura, deb\u00eda considerarse lo siguiente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]ara el delito de peculado por apropiaci\u00f3n agravado, previsto por el art. 133 del C.P. (Modificado por el art. 19 de la Ley 190 de 1995) aplicable en este caso, la sanci\u00f3n m\u00e1xima [es] de 15 a\u00f1os, incrementada en raz\u00f3n de la cuant\u00eda en la mitad, para una pena de 22 a\u00f1os y 6 meses, guarismo que en el caso del interviniente (grado atenuado de participaci\u00f3n finalmente deducido en la sentencia) acorde con el art. 30 del C.P. disminuido en \u00bc parte corresponder\u00eda a 16 a\u00f1os, 10 meses y 15 d\u00edas, como t\u00e9rmino prescriptivo durante la investigaci\u00f3n y a la mitad de esta cifra durante el juzgamiento. <\/p>\n

\u201cTomando por tanto como referente la fecha de realizaci\u00f3n de la conducta punible el 8 de mayo de 1998 y aquella en que cobr\u00f3 firmeza la resoluci\u00f3n acusatoria (15 de marzo de 2011), el lapso transcurrido ser\u00eda de 12 a\u00f1os, 10 meses y 7 d\u00edas, notablemente inferior al t\u00e9rmino de 16 a\u00f1os, 10 meses y 15 d\u00edas fijados como m\u00e1ximo prescriptivo de la acci\u00f3n penal en tal fase de instrucci\u00f3n. <\/p>\n

\u201cDe otra parte s\u00ed, como qued\u00f3 establecido, el tiempo prescriptivo de la acci\u00f3n penal durante el juicio ser\u00eda de la mitad del se\u00f1alado, esto es de 8 a\u00f1os, 5 meses y 7 d\u00edas, en este estadio de la actuaci\u00f3n el t\u00e9rmino prescriptivo s\u00f3lo se concretar\u00eda hasta el mes de agosto de 2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De acuerdo con lo discurrido, estim\u00f3 la autoridad denunciada que la acci\u00f3n penal no estaba prescrita y, frente a la \u201cconfusi\u00f3n\u201d del gestor, quien pretend\u00eda el c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos desde la fecha del punible, pero \u201c(\u2026) sin soluci\u00f3n de continuidad hasta el presente (\u2026)\u201d, destac\u00f3 ser la resoluci\u00f3n acusatoria el acto desde el cual se determina el imperativo de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n; en consecuencia, deneg\u00f3 el cargo propuesto, relativo a la expiraci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [La] identidad que supone la concordancia entre la sentencia y los cargos formulados, no tiene car\u00e1cter absoluto, pues si bien se concreta respecto del eje f\u00e1ctico-jur\u00eddico de la acusaci\u00f3n, para afirmar v\u00e1lidamente su vulneraci\u00f3n tal disonancia debe implicar el resquebrajamiento de las bases estructurales del proceso y comportar una consecuencia en detrimento del procesado, esto es, que por raz\u00f3n de la misma se haga m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n. Si no se deriva un agravio para el acusado dentro de los l\u00edmites de dicha esencial correspondencia a pesar de variantes que se puedan introducir, no es dable afirmar la existencia de ruptura en la consonancia, como sucede a t\u00edtulo de ejemplo cuando respetando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, as\u00ed como el n\u00facleo b\u00e1sico de la imputaci\u00f3n inferido de las normas que enmarcan los hechos, se condena como c\u00f3mplice a quien se ha acusado como autor, o se condena como autor a quien se ha acusado como determinador, o se condena como interviniente a quien se ha acusado como autor o determinador (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEstas diferencias en el criterio conceptual dogm\u00e1tico relacionadas con el grado de participaci\u00f3n que no introducen una modificaci\u00f3n esencial o relevante a la imputaci\u00f3n, tampoco obran en detrimento de la situaci\u00f3n del procesado y por ende no pueden entenderse constitutivas de incongruencia en forma tal que legitimen su alegato en casaci\u00f3n bajo los supuestos de la causal segunda del art. 207 de la Ley 600 de 2000, en los t\u00e9rminos en que lo ha aducido en este caso la demandante (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En el caso, conforme lo sostuvo la accionada, una vez adelantada la actuaci\u00f3n hasta el proferimiento de las sentencias de primera y segunda instancia, el 29 de julio de 2009, se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir, inclusive, de la resoluci\u00f3n acusatoria de primera instancia, de 5 de abril de 2002. <\/p>\n

Luego, calificadas, nuevamente, las pruebas, el 3 de mayo de 2010 se acus\u00f3 a los procesados Mart\u00ednez de la Hoz y Perea Medrano, como determinador y coautor del delito rese\u00f1ado, pronunciamiento ratificado el 15 de marzo de 2011. <\/p>\n

Para la Sala querellada aunque el promotor fue condenado como interviniente, la incongruencia denunciada result\u00f3 inexistente, pues no se modificaron los hechos imputados y tampoco se agrav\u00f3 su situaci\u00f3n; ello gener\u00f3, en consecuencia, la denegaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n

Lo aducido porque <\/p>\n

\u201c(\u2026) no se modific\u00f3 la identidad de los hechos atribuidos siendo \u00e9stos claramente individualizados en la acusaci\u00f3n y as\u00ed considerados en la sentencia, con se\u00f1alamiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los caracteriza, correspondiendo adem\u00e1s a la misma adecuaci\u00f3n t\u00edpica que originalmente se estableci\u00f3 como \u00e1mbito de la imputaci\u00f3n jur\u00eddica, de donde el hecho de ser finalmente condenado Mart\u00ednez de la Hoz como interviniente y no como determinador del delito de peculado, as\u00ed como no rompi\u00f3 la congruencia f\u00e1ctica y jur\u00eddica, estructura condicionante de juzgamiento, tampoco implic\u00f3 una variaci\u00f3n peyorativa que desde otra perspectiva legitimara su alegaci\u00f3n ante esta sede (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Frente al \u00faltimo cargo, denominado \u201c(\u2026) falso juicio de existencia por suposici\u00f3n probatoria (\u2026)\u201d, cimentado en la imposibilidad de sustentar la condena en un dictamen \u201canulado\u201d por la Corte y fechado el 26 de diciembre de 2001, la Sala especializada sostuvo su falta de fundamento. <\/p>\n

Tal probanza, conforme se indic\u00f3, permiti\u00f3 constatar que Mart\u00ednez de la Hoz fue quien otorg\u00f3 poder a Esperanza Escorcia para el adelantamiento de reclamaciones espurias dirigidas al pago fraudulento de millonarias sumas de dinero por parte de Foncolpuertos. <\/p>\n

Sobre el ataque, la accionada adujo que en la decisi\u00f3n de 29 de julio de 2009, ninguna invalidez se decret\u00f3 respecto de los elementos suasorios, pues esa providencia se concentr\u00f3 en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n proferida el 5 de abril de 2002 y en los fallos emitidos con posterioridad; por tanto, las pruebas ordenadas en la etapa instructiva, entre ellas la indicada pericia, se mantuvieron vigentes.
\nEn punto a lo rese\u00f1ado, la Corte indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l reproche (\u2026) por falso juicio de existencia por suposici\u00f3n, bajo el entendido que \u201cLa prueba realizada en la etapa instructiva que se anul\u00f3, consist\u00ed (sic) en el dictamen rendido el d\u00eda 26 de diciembre de 2001, con el No.115 radicado 40918 del estudio grafol\u00f3gico, rendido por los peritos Luis Antonio Castro Murcia y el t\u00e9cnico Pedro Moreno S\u201d y sin embargo fue valorada por el sentenciador, es infundada, toda vez que ning\u00fan elemento de convicci\u00f3n fue \u201canulado\u201d por la Corte, por ende la totalidad de ellos permanecieron vigentes dentro del expediente, pues se insiste, la nulidad con exclusividad se ocup\u00f3 de la resoluci\u00f3n acusatoria, es decir, de una decisi\u00f3n judicial y no de actividades probatorias. <\/p>\n

3.\tDe acuerdo con lo expuesto, ninguna irregularidad se vislumbra en la actividad de la autoridad denunciada, pues se definieron con suficiencia los cargos propuestos por el memorialista. <\/p>\n

En efecto, se tuvieron en cuenta sus alegaciones y se precis\u00f3 el alcance de la invalidez previamente decretada por la Corte, todo lo cual no le abri\u00f3 paso a la prescripci\u00f3n pretendida, a la incongruencia del fallo atacado o a la invalidaci\u00f3n de las pruebas recepcionadas en la etapa instructiva, siendo improcedente, entonces, casar la sentencia de segunda instancia, donde se confirm\u00f3 la condena emitida en primer grado. <\/p>\n

Ahora, aunque no se acogiera \u00edntegramente el discernimiento de los enjuiciados, esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, por cuanto \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5.\tLa salvaguarda impetrada ser\u00e1 desestimada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tNEGAR la tutela solicitada por Eladio Enrique Mart\u00ednez de la Hoz frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del asunto de esa especialidad, seguido al aqu\u00ed actor y a Sherman Javier Perea Medrano por peculado por apropiaci\u00f3n agravado. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

(En comisi\u00f3n de servicios)
\nAROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n6 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n9 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n10 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16331-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03946-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Se procede a decidir la tutela impetrada por Eladio Enrique Mart\u00ednez de la Hoz frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102880","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102880","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102880"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102880\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102880"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102880"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102880"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}