{"id":102881,"date":"2026-07-02T17:30:31","date_gmt":"2026-07-02T17:30:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102881"},"modified":"2026-07-02T17:30:31","modified_gmt":"2026-07-02T17:30:31","slug":"stc16332-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16332-2019\/","title":{"rendered":"STC16332-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16332-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2019-00700-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 24 de octubre de 2019, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Flavio Antonio C\u00f3rdoba Ramos contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Choc\u00f3, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso disciplinario a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando \u00abdejar sin valor y sin efectos jur\u00eddicos la sentencia del 22 de mayo de 2019 (\u2026) dictada por la H. Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; por haber operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n quinquenal, conforme establece el art\u00edculo 24 de la Ley 1123 de 2007\u00bb; as\u00ed como \u00abla sentencia del 5 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Choc\u00f3\u00bb (fl. 3, cdno. 1). <\/p>\n

2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que mediante los precitados fallos fue sancionado en ambas instancias procesales con 24 meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado, pese a que la \u00faltima determinaci\u00f3n qued\u00f3 ejecutoriada el 17 de junio de 2019, es decir, asegura, cuando hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino de cinco (5) a\u00f1os para la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, situaci\u00f3n que le impon\u00eda al Consejo Superior de la Judicatura haber declarado el fen\u00f3meno extintivo, m\u00e1xime cuando el motivo de la investigaci\u00f3n ya hab\u00eda desaparecido, pues reintegr\u00f3 completamente a la quejosa las sumas de dinero que recibi\u00f3 en el proceso judicial en que la represent\u00f3, antes de ser proferida la precitada determinaci\u00f3n. <\/p>\n

Explica que el conteo del decaimiento de la acci\u00f3n sancionatoria inici\u00f3 el 27 de marzo de 2014 para la falta al literal D del art\u00edculo 34 de la Ley 1123 de 2007, cuando se realiz\u00f3 la audiencia de conciliaci\u00f3n en que se acord\u00f3 el pago de un dinero a favor de su poderdante, y, el 16 de abril de 2014 para la infracci\u00f3n al numeral 4\u00ba del art\u00edculo 35 del precitado compendio, cuando le consignaron en su cuenta personal los recursos acordados a favor de su mandante, por lo que para el 22 de mayo de 2019, cuando se fall\u00f3 la segunda instancia, o si se quiere para el 17 de junio siguiente, cuando qued\u00f3 ejecutoriada la decisi\u00f3n, ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los cinco (5) a\u00f1os requeridos para la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n

Finalmente asegura, que las precitadas fechas se\u00f1alan los hitos para iniciar el conteo extintivo, porque los hechos por los cuales fue investigado y sancionado son de ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea, por lo que se agotaron o perfeccionaron en un solo momento; adem\u00e1s, que la sentencia de segunda instancia no qued\u00f3 ejecutoriada en la fecha de su suscripci\u00f3n el 22 de mayo del a\u00f1o en curso, como dejara constancia la Secretar\u00eda de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sino el 17 de junio siguiente, cuando se incluy\u00f3 en el estado respectivo, lo anterior en raz\u00f3n a que al acto procesal no aplican los art\u00edculos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, sino la norma posterior y especial se\u00f1alada en el art\u00edculo 74 de la Ley 1123 de 2007, motivos todos \u00e9stos por los cuales, en su criterio, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor (fls. 1 al 20, ib\u00eddem).
\nRESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

a. El Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada, porque contrario a lo sostenido por el actor, la acci\u00f3n disciplinaria no se encontraba prescrita, ya que la infracci\u00f3n al numeral 4\u00ba del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, consisti\u00f3 en que aqu\u00e9l no entreg\u00f3 a su poderdante los dineros consignados en su cuenta bancaria a instancias de la audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada en el proceso en que la represent\u00f3, por lo que el t\u00e9rmino prescriptivo inici\u00f3 hasta el 22 de mayo de los corrientes, cuando finalmente \u00e9ste le entreg\u00f3 el dinero a aqu\u00e9lla. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que el lapso extintivo para la falta al literal D del art\u00edculo 34 del precitado compendio normativo, no inici\u00f3 el 24 de marzo de 2014, cuando se realiz\u00f3 la precitada audiencia de conciliaci\u00f3n, sino el 3 de septiembre de ese misma a\u00f1o, cuando el aqu\u00ed interesado falt\u00f3 a la verdad a su mandante, y le inform\u00f3 que hab\u00eda conciliado el litigio por una suma inferior a la realmente obtenida, sin que adem\u00e1s, pudiera entregarle el dinero porque estaba en un CDT, lo cual no fue as\u00ed (fls. 80 al 87, ib\u00edd.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo invocado, tras considerar que el inconformismo expuesto por el accionante \u00abdebi\u00f3 ser planteado en el recurso de apelaci\u00f3n, sin embargo no lo hizo, por tal raz\u00f3n no fue objeto de pronunciamiento en la decisi\u00f3n de segunda instancia\u00bb; y en todo caso, seg\u00fan lo inform\u00f3 la Colegiatura accionada al interior de las presentes diligencias, \u00abpara la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia, la acci\u00f3n disciplinaria no se encontraba prescrita\u00bb, sumado a que \u00abse observa que las providencias proferidas por los demandados son razonables y ajustadas a los par\u00e1metros legales y constitucionales. En efecto, los argumentos son coherentes y est\u00e1n conforme al material probatorio aportado, lo cual les permiti\u00f3 determinar que resultaba procedente suspenderlo con 24 meses del ejercicio de la profesi\u00f3n, tras hallarlo responsable de las faltas previstas en los art\u00edculos 35 numeral 4\u00b0 y 34 literal d) de la Ley 1123 de 2007, a t\u00edtulo de dolo\u00bb (fls. 93 al 104, \u00edb). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, con similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que la contestaci\u00f3n de la autoridad accionada al requerimiento de tutela no fue realizada dentro del t\u00e9rmino conferido, por lo que no debi\u00f3 ser tenida en cuenta; que la falta de declaraci\u00f3n oficiosa de la prescripci\u00f3n en la sentencia objeto de reproche constituye un defecto procedimental, sin que pudiera haber alegado la prescripci\u00f3n en comento al apelar el fallo disciplinario de primer grado, dado que en ese momento el fen\u00f3meno a\u00fan no se hab\u00eda consumado (fls. 115 al 124, \u00eddem.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n

Sobre el \u00faltimo punto, la Corte ha insistido en la necesidad de verificar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar, a tal punto que la falta de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or C\u00f3rdoba Ramos est\u00e1 encaminada, concretamente, frente a la sentencia del 22 de mayo del a\u00f1o en curso, a trav\u00e9s de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirm\u00f3 la sanci\u00f3n que le fue impuesta el 5 de noviembre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Choc\u00f3, por infringir a los art\u00edculos 35 numeral 4\u00ba y 34 literal D de la Ley 1123 de 2007, pues en su sentir, al haber sido emitido el fallo de segundo grado cuando ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os desde la ocurrencia de los hechos investigados, oper\u00f3 el fen\u00f3meno extintivo de la prescripci\u00f3n.
\n3.\tSin embargo, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios probatorios obrantes en las presentes diligencias, observa la Corte que la protecci\u00f3n reclamada por esta v\u00eda excepcional est\u00e1 llamada al fracaso, por las siguientes razones, a saber: <\/p>\n

3.1. El actor, en una conducta despreocupada y negligente, no acudi\u00f3 oportunamente ante la Colegiatura criticada para poner de presente la inconformidad que aqu\u00ed expone, prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, para que, de ser el caso, se procediera con la terminaci\u00f3n anticipada del asunto, ya que de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 103 de la Ley 1123 de 2007, \u00ab[e]n cualquier etapa de la actuaci\u00f3n disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existi\u00f3, que la conducta no est\u00e1 prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometi\u00f3, que existe una causal de exclusi\u00f3n de responsabilidad, o que la actuaci\u00f3n no pod\u00eda iniciarse o proseguirse, el funcionario de conocimiento, mediante decisi\u00f3n motivada, as\u00ed lo declarar\u00e1 y ordenar\u00e1 la terminaci\u00f3n del procedimiento\u00bb, pero como ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, no puede pretender ahora el accionante que a trav\u00e9s de este mecanismo se subsane dicha falencia, dado que \u00abno puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea anticipadamente la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural de la casusa, siendo pertinente recordar que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb ( ver entre otras, CSJ STC15343-2019). <\/p>\n

3.2. Adicionalmente, revisado el contenido de la decisi\u00f3n criticada al Consejo Superior de la Judicatura, observa la Sala que la misma no emergi\u00f3 de la arbitrariedad o el capricho, sino de contrastar los hechos que resultaron probados dentro del proceso disciplinario criticado, y, en punto a la inoperancia del fen\u00f3meno extintivo explic\u00f3 dicha autoridad al intervenir en el presente tr\u00e1mite, que \u00abde acuerdo con el plenario se estableci\u00f3 que el 21 de febrero de 2013 la se\u00f1ora Aura Rosa Moncada contrat\u00f3 los servicios jur\u00eddicos del doctor Flavio Antonio C\u00f3rdoba Ramos (fl. 5) dentro del proceso No. 2012-00120 (reparaci\u00f3n directa), en este se lleg\u00f3 a acuerdo conciliatorio entre el doctor Flavio C\u00f3rdoba, (en representaci\u00f3n de la se\u00f1ora Aura Rosa) y las empresas DISPAC y seguros CHUBB de Colombia. Por lo anterior y de acuerdo con los certificados allegados por parte de Bancolombia se pudo demostrar que a la cuenta del doctor C\u00f3rdoba Ramos se realiz\u00f3 el pago por parte de las empresas demandadas cada una por valor de $25\u00b4000.000 (DISPAC) y $70\u00b4000.000 (seguros CHUBB de Colombia), lo anterior se corrobora con memoriales allegados al juzgado de conocimiento fechados el 10 y 29 de abril de 2014, respectivamente. Por \u00faltimo y no siendo menos importante, se realiz\u00f3 un acuerdo de pago entre el doctor C\u00f3rdoba Ramos y la se\u00f1ora Aura Rosa Moncada, en el que se estableci\u00f3 que de la totalidad del dinero consignado por los demandados, el 25% ser\u00eda para el togado como pago por sus servicios jur\u00eddicos, de lo anterior no existe prueba alguna que permita establecer que el doctor C\u00f3rdoba Ramos haya entregado alguna suma de dinero a su apoderada (sic) de acuerdo al pacto celebrado\u00bb (fls. 37 al 55, cdno. 1). <\/p>\n

De este modo, y respecto a la infracci\u00f3n al numeral 4\u00ba del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 20071, la Corporaci\u00f3n criticada resalt\u00f3, que \u00ab[l]a acci\u00f3n disciplinaria no se encontraba prescrita como lo aduce el accionante al momento de proferirse sentencia de segunda instancia, ya que la retenci\u00f3n de dineros es una falta de car\u00e1cter permanente por cuanto se incurre en la misma de forma continuada al no entregar los dineros en la menor brevedad posible, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 24 de la Ley 1123 de 2007, normatividad que dispone que la acci\u00f3n disciplinaria prescribe en 5 a\u00f1os, contados para las faltas instant\u00e1neas desde el d\u00eda de su consumaci\u00f3n y para las de car\u00e1cter permanente desde la realizaci\u00f3n del \u00faltimo acto ejecutivo de la misma, entonces del material probatorio obrante en el dossier esta superioridad pudo concluir que el profesional del derecho sancionado incurri\u00f3 en la falta de que trata el art\u00edculo 35 numeral 4\u00ba ib\u00eddem, al no entregar los dineros consignados en su cuenta bancaria por parte de la entidad demandada en el proceso que fungi\u00f3 como apoderado del quejoso. <\/p>\n

Sucesos que acontecieron desde el 7 de abril de 2014, d\u00eda en el cual incurri\u00f3 en la falta antes mencionada, m\u00e1xime que para el 4 de septiembre siguiente realiz\u00f3 un acuerdo de pago con su cliente a fin de reintegrar las sumas por \u00e9l retenidas, por consiguiente para la fecha en la que se profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia no hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de 5 a\u00f1os, desde la devoluci\u00f3n de dichos rubros, esto es el 22 de mayo de 2019, adem\u00e1s al momento de proferir aquella decisi\u00f3n en las diligencias no obr\u00f3 prueba que demostrara el pago mencionado por el accionante en este caso\u00bb (fls. 89 al 92, ib\u00eddem). <\/p>\n

Entonces, como la falta cometida por el aqu\u00ed interesado fue catalogada como de car\u00e1cter permanente, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por \u00e9ste, el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n sancionatoria comenz\u00f3 a correr desde el momento en que ces\u00f3 la conducta infractora, esto es, desde que devolvi\u00f3 efectivamente el dinero a la denunciante, y no desde la comisi\u00f3n de la conducta ilegal, conclusi\u00f3n que lejos est\u00e1 de poder ser considerada el producto de la mera liberalidad del juzgador, y respecto de la cual esta Corte, en una caso que guarda similitud con el presente, en pret\u00e9rita oportunidad se\u00f1alo, que \u00abla irregularidad endilgada a Lisbeth del Socorro Escamilla \u00c1vila refiere a la no entrega en favor de su entonces poderdante, esto es, Johana P\u00e9rez Cueto, la integridad de los dineros recaudados en el compulsivo 2011-00305, pese a haber sido cancelados a ella por mandato del juez ejecutor, mediante las \u00f3rdenes de pago de t\u00edtulos judiciales de 9 y 15 de febrero de 2012 y 15 de febrero de 2013. Omisi\u00f3n que en la actualidad persiste, pues si bien se aduce el traslado de los anotados recursos a Martha Ligia Mercado, presunta intermediaria de la gesti\u00f3n profesional encargada a Escamilla \u00c1vila, tal exculpaci\u00f3n se tuvo por no acreditada por ausencia de prueba. As\u00ed las cosas, como la pretermisi\u00f3n b\u00e1culo del tr\u00e1mite sancionatorio permanece, el moj\u00f3n temporal de la prescripci\u00f3n todav\u00eda no inicia, por ende tampoco ha corrido el tiempo necesario para la extinci\u00f3n reclamada por esta senda\u00bb (ver en CSJ STC10203-2019). <\/p>\n

As\u00ed mismo, sobre acci\u00f3n sancionatoria derivada de la infracci\u00f3n comprobada por parte del actor al literal D del art\u00edculo 34 de la Ley 1123 de 20172, el Consejo Superior precis\u00f3, que \u00abtampoco se encontraba prescrita al momento de proferir sentencia de segunda instancia, ya que el d\u00eda 3 de septiembre de 2014 conforme a la versi\u00f3n de la quejosa el abogado sancionado le inform\u00f3 que en la diligencia de conciliaci\u00f3n se hab\u00eda obtenido producto de su gesti\u00f3n la suma de $50\u00b4000.000 los cuales seg\u00fan sus palabras se encontraban en un CDT y por lo cual no pod\u00eda hacerle entrega de dichos emolumentos a su cliente, situaci\u00f3n que fue desvirtuada pues al corroborar la informaci\u00f3n suministrada por la entidad financiera nunca se report\u00f3 dicho CDT, a nombre del accionante. <\/p>\n

En tal sentido, a pesar de que la diligencia de conciliaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo el 27 de marzo de 2014, la informaci\u00f3n errada del asunto en comento se suministr\u00f3 para el mes de septiembre, \u00e9poca en la cual se inicia a contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de 5 a\u00f1os, los cuales no hab\u00edan transcurrido al momento de emitir el fallo esta Sala\u00bb (fls. 89 al 92, cdno. 1). <\/p>\n

Con todo, estaba comprobado en el plenario que la \u00faltima falta a la verdad por parte del aqu\u00ed accionante a su mandante se produjo el 3 de septiembre de 2014, cuando inform\u00f3 a \u00e9sta que hab\u00eda logrado llegar un acuerdo con la contraparte por un monto inferior al realmente obtenido, as\u00ed como que hab\u00eda constituido con esa plata un dep\u00f3sito a t\u00e9rmino fijo, lo que no correspond\u00eda a la realidad, siendo evidente, entonces, que al menos hasta ese momento se mantuvo la situaci\u00f3n de deslealtad con la cliente, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n fue estudiada por esta Sala en otra ocasi\u00f3n, donde se estim\u00f3 que \u00abel t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n del comportamiento agotado por el profesional, s\u00f3lo se verificar\u00e1 a partir del 1\u00b0 de septiembre de 2019, fecha en que habr\u00edan surgido los cinco a\u00f1os, contados a partir del \u00faltimo acto ejecutivo de la desinformaci\u00f3n\u00bb, pues \u00ablas l\u00edneas transcritas dejan ver c\u00f3mo en criterio del iudex las particularidades del comportamiento inadecuado del letrado, por haberse prologando en el tiempo, impidi\u00f3 que se estructura la figura liberatoria por \u00e9l invocada. Y m\u00e1s bien, a partir de los elementos persuasivos recopilados se verific\u00f3 la consumaci\u00f3n de ese obrar contrario al diligente desempe\u00f1o de la \u00abprofesi\u00f3n\u00bb en evidente detrimento de su \u00abpoderdante\u00bb (se subraya) (citada en CSJ STC11850-2019). <\/p>\n

4.\tCorolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tConstituyen \tfaltas a la honradez del abogado: (\u2026) d). No \tentregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, \tbienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n \tprofesional, o demorar la comunicaci\u00f3n de este recibo.
\n2 \tConstituyen faltas de lealtad con el cliente (\u2026) d) \tNo informar con veracidad la constante evoluci\u00f3n del asunto \tencomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de soluci\u00f3n \tde conflictos;<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16332-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2019-00700-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 24 de octubre de 2019, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102881","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102881","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102881"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102881\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}