{"id":102882,"date":"2026-07-02T17:30:54","date_gmt":"2026-07-02T17:30:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102882"},"modified":"2026-07-02T17:30:54","modified_gmt":"2026-07-02T17:30:54","slug":"stc16333-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16333-2019\/","title":{"rendered":"STC16333-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16333-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01900-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 22 de octubre de 2019, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Eugenio Polo Guerra contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Consejo Seccional de la Judicatura de esta capital y los Juzgados Cuarto Laboral de Peque\u00f1as Causas, Once Laboral del Circuito y Tercero Laboral de Peque\u00f1as Causas, todos de Barranquilla, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, al no contestar las sendas solicitudes que formul\u00f3 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra los Juzgados Cuarto Laboral de Peque\u00f1as Causas y Once Laboral del Circuito, ambos de Barranquilla. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando: (i) a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abd[ar] respuesta al escrito presentado (\u2026) en fecha 05\/04\/2019 (\u2026) en el cual solici[t\u00f3] [le] informaran d\u00f3nde se encuentra en la actualidad el expediente de tutela radicado bajo el n\u00famero 08001220500020180000200\u00bb; (ii) a la Defensor\u00eda del Pueblo, \u00abenv[iar] copia del oficio remisorio mediante el cual envi\u00f3 el expediente de tutela ante la Corte Constitucional (\u2026) a grado de consulta (sic)\u00bb; y, (iii) al Consejo Seccional de la Judicatura de Barranquilla, \u00abenv[iar] las resoluciones mediante las cuales cerr\u00f3 los Juzgados Segundo Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples (\u2026) y Tercero Municipal de Peque\u00f1as Causas Laborales\u00bb (fls. 4 y 5, cdno. 1). <\/p>\n

2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que mediante sentencia del 23 de mayo de 2017, el Juzgado Cuarto Municipal de Peque\u00f1as Causas Laborales de Barranquilla desestim\u00f3 las pretensiones del juicio laboral que promovi\u00f3 contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP, para obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente correspondiente al 25% del salario devengado por su difunto padre se\u00f1or Eduardo Polo Vallejo, decisi\u00f3n que en sede de consulta, fue confirmada por el Juzgado Once Laboral del Circuito de dicha localidad. <\/p>\n

Manifiesta que pese a que a su apoderado judicial instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela frente a las anteriores determinaciones, en fallo del 25 de enero de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la urbe memorada deneg\u00f3 el amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pronunciamiento que fue ratificado en sede de impugnaci\u00f3n por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema el 7 de marzo siguiente. <\/p>\n

Asegura que el 30 de abril subsiguiente radic\u00f3 petici\u00f3n ante la Defensor\u00eda del Pueblo solicitando la formulaci\u00f3n del mecanismo de \u00abinsistencia\u00bb ante la Corte Constitucional, a fin de que se revisaran los fallos de tutela se\u00f1alados, quien en comunicaci\u00f3n del 14 de junio de esa anualidad lo requiri\u00f3 para que presentara una serie de documentos, los cuales alleg\u00f3 el d\u00eda 25 del mes y a\u00f1o anotados, sin que a la fecha haya obtenido respuesta alguna a su pedimento, por lo que desconoce de la suerte de dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n

De otro lado, afirma, en escritos del 3 de mayo de 2018 y 5 de abril del a\u00f1o en curso, pidi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que \u00abejerciera vigilancia especial\u00bb sobre el expediente de tutela memorado, pues \u00aba la fecha se encuentra extraviado 131 folios\u00bb, sin que esa aspiraci\u00f3n haya sido contestada, razones por las cuales, sostiene, las autoridades convocadas han quebrantado su derecho de petici\u00f3n, al guardar silencio frente algunas solicitudes, y, no haber respondido de manera clara y de fondo otras (fls. 1 al 5, ib\u00eddem). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

2. Por \tsu parte, la Defensor\u00eda del Pueblo pidi\u00f3 desestimar el \tresguardo reclamado por \u00abhecho \tsuperado\u00bb, \tcomoquiera que en comunicaci\u00f3n del 15 de octubre pasado dio \trespuesta \u00abclara, \tcongruente y de fondo\u00bb \ta la petici\u00f3n que le fue elevada por el gestor (fls. 121 y \t122, \u00eddem). <\/p>\n

3. A \tsu turno, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n \tPensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n \tSocial \u2013UGPP, aleg\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n \ten la causa por pasiva, puesto que la demanda de amparo se dirigi\u00f3, \tprincipalmente, frente a la Sala Penal del Tribunal Superior de \tBogot\u00e1 y a la Defensor\u00eda del Pueblo (fls. 124 al 128, \tib\u00eddem). <\/p>\n

4. La \tSala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla expres\u00f3, \tque en el pasado el promotor present\u00f3 una acci\u00f3n de \ttutela contra la actuaci\u00f3n adelantada al interior del juicio \tlaboral que promovi\u00f3 frente a la UGPP, asunto que se decidi\u00f3 \tde manera desfavorable a \u00e9ste en fallo del 25 de enero de \t2018, determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala de \tCasaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia \tdel 7 de marzo siguiente (fls. 134 y 135, \u00eddem). <\/p>\n

5. El \tJuzgado Once Laboral del Circuito de la citada localidad se limit\u00f3 \ta manifestar, que en el tr\u00e1mite del pleito laboral tantas \tveces mencionado, \u00abse \tgarantiz\u00f3 el debido proceso de todas las actuaciones que \tconforman el procedimiento\u00bb \t(fl. 136, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo invocado, tras advertir que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en prove\u00eddo del 23 de mayo de 201, remiti\u00f3 por competencia el escrito petitorio presentado por el gestor \u00abal Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, en virtud de lo dispuesto en el art. 101 \u2013 6 de la Ley 270 de 1996\u00bb, por lo que \u00abninguna irregularidad se avizora en esa respuesta\u00bb; adem\u00e1s, \u00abla contestaci\u00f3n que emiti\u00f3 el Tribunal fue puesta en conocimiento del actor quien, sobra advertir, la aport\u00f3 como uno de los anexos a la demanda de tutela\u00bb. <\/p>\n

De otro lado, precis\u00f3 que si bien la Defensor\u00eda del Pueblo vulner\u00f3 la garant\u00eda de petici\u00f3n del actor al omitir referirse \u00absobre el memorial complementario que remiti\u00f3 oportunamente [\u00e9ste], en el que constaba la informaci\u00f3n que la entidad dijo haber echado de menos\u00bb, lo cierto es que \u00aben el caso se configura el fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto por \u2018da\u00f1o consumado\u2019\u00bb, porque \u00abmediante auto del 14 de junio de 2018, la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n el expediente de tutela formulado por el apoderado judicial de JOS\u00c9 EUGENIO POLO GUERRA y el 3 de agosto siguiente, devolvi\u00f3 la actuaci\u00f3n al despacho de origen\u00bb, es decir, \u00abse super\u00f3 ampliamente el t\u00e9rmino previsto en el Reglamento General de la Corte Constitucional para formular la petici\u00f3n de insistencia, habida cuenta que el auto que excluy\u00f3 aquel asunto de eventual revisi\u00f3n, se notific\u00f3 mediante estado del 28 de junio de 2018\u00bb (fls. 150 al 161, ib). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante replic\u00f3 el fallo anterior, sin manifestar las razones de su inconformidad (fl. 170, \u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. En \tlo que toca con el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Sala, \timporta recordar que el \tart\u00edculo \t23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica garantiza el derecho \tfundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades \ty, eventualmente, a los particulares, para obtener una respuesta de \tfondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o \tparticular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene \tuna doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el \tdestinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, adecuada y \tcongruente con la cuesti\u00f3n planteada. <\/p>\n

En esa l\u00ednea de principio, se tiene dicho que el contenido de la respuesta deber\u00e1 guardar relaci\u00f3n con lo requerido, satisfacer de manera completa la totalidad de los interrogantes que se planteen, sin que ello implique, claro est\u00e1, que el pronunciamiento conlleve necesariamente, una respuesta favorable, y, ser puesta en conocimiento del interesado, para as\u00ed garantizar el goce efectivo de dicha prerrogativa. <\/p>\n

2. En \tel caso bajo estudio se observa, que el accionante se duele, \tconcretamente, de la falta de resoluci\u00f3n por parte de la \tDefensor\u00eda del Pueblo y la Sala Penal del Tribunal Superior \tde Bogot\u00e1, a las peticiones que radic\u00f3 por intermedio \tde apoderado judicial ante sus dependencias, en el marco de la \tacci\u00f3n \tde tutela que \u00e9ste promovi\u00f3 contra los Juzgados Cuarto \tLaboral de Peque\u00f1as Causas y Once Laboral del Circuito, ambos \tde Barranquilla. <\/p>\n

3.\tTienen trascendencia para la decisi\u00f3n que se est\u00e1 adoptando los siguientes elementos de juicio, a saber: <\/p>\n

3.1.\t Jos\u00e9 Eugenio Polo Guerra, aqu\u00ed accionante, a trav\u00e9s de abogado formul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela en comento, pues en su sentir, las autoridades judiciales antes citadas incurrieron en causal de procedencia del amparo con lo resuelto en los fallos del 23 de mayo y 7 de diciembre de 2017, al desestimar las pretensiones del juicio laboral adelantado para obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente correspondiente al 25% del salario devengado por su difunto padre, Eduardo Polo Vallejo. <\/p>\n

3.2.\t En sentencia del 25 de enero de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla deneg\u00f3 la salvaguarda \u00abpor falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, decisi\u00f3n que fue ratificada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura en providencia del 7 de marzo siguiente. <\/p>\n

3. Con \t\tmotivo de lo anterior, el \t\t30 de abril subsiguiente el \t\tac\u00e1 interesado \t\tradic\u00f3 petici\u00f3n ante la Defensor\u00eda del Pueblo \t\tsolicitando la formulaci\u00f3n del mecanismo de \u00abinsistencia\u00bb \t\tante \t\tla Corte Constitucional, quien el 14 de junio siguiente lo requiri\u00f3 \t\tpara que aportara una serie de documentos, los cuales alleg\u00f3 \t\tel d\u00eda 25 del mismo mes y a\u00f1o (fls. \t\t22 al 30, cdno. 1). <\/p>\n

3.4. En comunicaci\u00f3n del 16 de octubre del a\u00f1o en curso, esto es, en el curso del tr\u00e1mite de la primera instancia del presente resguardo, la Defensor\u00eda del Pueblo dio contestaci\u00f3n al actor, inform\u00e1ndole que \u00abDe conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 13 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo y en el art\u00edculo 48 de la Resoluci\u00f3n 638 de 2008, una petici\u00f3n se considerar\u00e1 desistida y se proceder\u00e1 a su archivo, cuando faltando alguno de los requisitos para su tr\u00e1mite el peticionario no responde al requerimiento en el t\u00e9rmino de dos (2) meses. <\/p>\n

Teniendo en cuenta que a la petici\u00f3n de insistencia no fue aportada la documentaci\u00f3n de la informaci\u00f3n requerida, esto es, demanda de tutela, n\u00famero de radicaci\u00f3n de tutela de la Corte Constitucional, fallos de tutela de primera y segunda, la decisi\u00f3n judicial o acto administrativo seg\u00fan el caso, y que han transcurrido m\u00e1s de dos (2) meses desde aquel requerimiento, se entiende desistida la petici\u00f3n. En consecuencia, no fue viable atender favorablemente y se procedi\u00f3 a su archivo\u00bb (fl. 122 vto.) <\/p>\n

3.5. La comunicaci\u00f3n antes memorada fue remitida a la residencia del aqu\u00ed accionante (\u00eddem). <\/p>\n

3.6. De otro lado, en escrito del 3 de mayo de 2018, el gestor pidi\u00f3 ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abse sirva ejercer una vigilancia especial\u00bb respecto del tr\u00e1mite del amparo memorado; empero, mediante prove\u00eddo del 23 siguiente, dicha Corporaci\u00f3n envi\u00f3 la solicitud al Consejo Seccional de la Judicatura de esta capital \u00abpara lo de su competencia, con fundamento en el numeral 6 del art\u00edculo 101 de la Ley 270 de 1996\u00bb (fl. 15 ib\u00eddem). <\/p>\n

4.1.\tEn primer lugar, se aprecia que la Defensor\u00eda del Pueblo en comunicaci\u00f3n del 16 de octubre pasado, s\u00ed respondi\u00f3 de fondo la petici\u00f3n que le fue formulada por el ac\u00e1 interesado, al tener por desistido el mecanismo de \u00abinsistencia\u00bb ante la Corte Constitucional, m\u00e1xime cuando dicho pronunciamiento fue puesto en conocimiento del peticionario en la direcci\u00f3n que fue informada en la solicitud, por lo que ning\u00fan sentido tiene que aqu\u00ed se imparta cualquier tipo de orden en relaci\u00f3n con una circunstancia que en el pasado pudo haberse configurado, pero que, en este momento procesal no existe, o cuando menos, presenta caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. <\/p>\n

4.2.\t No obstante, en lo que tiene que ver con la solicitud presentada por el se\u00f1or Polo Guerra ante la Sala Penal del Tribunal Superior de esta capital, si bien est\u00e1 demostrado que dicha Colegiatura remiti\u00f3 la petici\u00f3n a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de esta capital, no lo est\u00e1 as\u00ed, que haya existido alg\u00fan tipo de pronunciamiento de dicho organismo al respecto, por lo que en aplicaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de veracidad prevista en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n reclamada. <\/p>\n

4.3.\tPor \u00faltimo, y en cuanto a la pretensi\u00f3n encaminada a que se le ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Barranquilla, \u00abenvi[ar] las resoluciones mediante las cuales cerr\u00f3 los Juzgados Segundo Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples (\u2026) y Tercero Municipal de Peque\u00f1as Causas Laborales\u00bb, basta con se\u00f1alar que no est\u00e1 acreditado que el actor haya acudido ante dicha entidad a solicitar la copia de aquellos actos administrativos, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, pues \u00e9sta solo es viable cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, sin que en ning\u00fan momento pueda entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver dichas controversias. <\/p>\n

5.\tEn este orden de ideas, habr\u00e1 de revocarse parcialmente el fallo impugnado, a fin de obtener que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de esta capital resuelva la solicitud elevada por el gestor. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia replicada. En su lugar, CONCEDE PARCIALMENTE el derecho de petici\u00f3n al se\u00f1or Jos\u00e9 Eugenio Polo Guerra. En consecuencia: <\/p>\n

PRIMERO: Se ORDENA a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, emita respuesta concreta y de fondo a la petici\u00f3n elevada por el aqu\u00ed interesado el 3 de mayo de 2018. <\/p>\n

SEGUNDO: Por secretar\u00eda rem\u00edtase copia con destino a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, de la petici\u00f3n obrante a folio 11 del cdno. 1 de las presentes diligencias. <\/p>\n

TERCERO: En todo lo dem\u00e1s, se mantiene el fallo impugnado. <\/p>\n

CUARTO. Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16333-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01900-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 22 de octubre de 2019, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102882","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102882","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102882"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102882\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102882"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102882"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102882"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}