{"id":102883,"date":"2026-07-02T17:31:02","date_gmt":"2026-07-02T17:31:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102883"},"modified":"2026-07-02T17:31:02","modified_gmt":"2026-07-02T17:31:02","slug":"stc16347-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16347-2019\/","title":{"rendered":"STC16347-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16347-2019 <\/p>\n

(Aprobado en Sala de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 23 de octubre de 2019, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Antonio y Rosendo Reina Puerto, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 2015-00189-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tObrando en nombre propio, los querellantes reclaman la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, vida digna, e igualdad, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada, dentro del precitado litigio. <\/p>\n

2.\tComo sustento de la queja constitucional manifiestan, en resumen, que Heliodoro Quintero, Mery Rojas Mosquera y Eder Sneyder Quintero, adelantaron en su contra el juicio divisorio del predio denominado \u00abel placer\u00bb, asunto que se tramita ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, con radicado n\u00b0 2015-00189-00. <\/p>\n

Relatan, que el prenombrado despacho dispuso que el 25 de octubre de 2019 se llevar\u00eda a cabo el remate del bien objeto del litigio, pero aseguran, que de concretarse la venta en p\u00fablica subasta se les causar\u00eda un \u00abperjuicio irremediable porque ser\u00eda tanto como proceder contra [su] voluntad\u00bb, y destacan que tal determinaci\u00f3n \u00absurge m\u00e1s del capricho de su ordenador que de los preceptos legales\u00bb. <\/p>\n

Aducen, que la autoridad convocada debi\u00f3 decretar la divisi\u00f3n material del predio, pues ello era lo m\u00e1s \u00abconveniente\u00bb para cada uno de los comuneros. <\/p>\n

Afirman, que el juez accionado \u00abha incurrido (\u2026) en defecto procedimental absoluto, con origen en el marginamiento total del funcionario del procedimiento establecido para esta clase de juicios y muy en particular la permanente e insistente violaci\u00f3n al principio de igualdad de una evidencia incuestionable en el tr\u00e1mite del proceso\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretenden que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene al estrado acusado suspender la pr\u00e1ctica de la diligencia de remate programada para el 25 de octubre hoga\u00f1o en raz\u00f3n del citado proceso divisorio (ff. 1 a 5, cd 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El \tJuez Primero Civil del Circuito de Villavicencio hizo un recuento de \tlas actuaciones adelantadas en virtud del litigio que origina el \treclamo constitucional, destac\u00f3 que los gestores han obrado \tcon incuria, por cuanto no formularon ning\u00fan reparo contra el \tprove\u00eddo de 24 de julio de 2018, por medio del cual dispuso \tla divisi\u00f3n ad \tvalorem \tdel inmueble, y frente al auto de 18 de septiembre hoga\u00f1o, \tque resolvi\u00f3 desfavorablemente la solicitud de los aqu\u00ed \taccionantes encaminada a que se efectuara la divisi\u00f3n \tmaterial del predio (ff. 46 y 47, \u00eddem). <\/p>\n

2. Heliodoro \tQuintero, se opuso a la prosperidad \tdel auxilio advirtiendo que los promotores en anterior oportunidad \tformularon solicitud de amparo \u00abdonde \tse debatieron los mismos hechos de la presente acci\u00f3n\u00bb, \tasegur\u00f3 que \u00abestamos \ten presencia de un acto reiterativo de temeridad, mala fe y \tdeshonestidad con la administraci\u00f3n de justicia\u00bb \t(ff. 56 a 59, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo porque el promotor obr\u00f3 con incuria al no interponer los recursos ordinarios de defensa con los que contaba al interior del proceso para cuestionar los prove\u00eddos de 24 de julio de 2018 y 18 de septiembre de 2019 (ff. 74 a 79, \u00edb). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la parte actora reiterado los argumentos aducidos en el escrito inicial (ff. 85 a 89, cd. 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio lesion\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por los promotores en virtud del juicio divisorio n\u00b0 2015-00189-00, por cuanto dispuso la divisi\u00f3n ad valorem del bien objeto del litigio. <\/p>\n

2.\tHechos probados. <\/p>\n

2.1.\tHeliodoro Quintero, Mery Rojas Mosquera, y Eder Sneyder Quintero, promovieron en contra de Jos\u00e9 Antonio y Rosendo Reina Puerto el proceso divisorio n\u00b0 2019-00189-00, el cual fue asignado por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio. <\/p>\n

2.2.\tPor auto de 24 de julio de 2018, la prenombrada autoridad judicial dispuso la divisi\u00f3n ad valorem del inmueble objeto del litigio, determinaci\u00f3n frente a la cual los interesados no formularon ning\u00fan recurso. <\/p>\n

2.3.\tMediante prove\u00eddo de 15 de julio de 2019, se fij\u00f3 fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de remate. <\/p>\n

3.\tProcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n

Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n

4.\tEl requisito de inmediatez. <\/p>\n

Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n

De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n

5.\tEl caso concreto. <\/p>\n

Los gestores cuestionan la manera en la que el despacho acusado procedi\u00f3 a decretar la divisi\u00f3n del bien objeto del litigio, pues a su juicio, debi\u00f3 disponerla materialmente y no ad valorem, como efectivamente ocurri\u00f3, y adicionalmente pretenden que se suspenda la diligencia de remate fijada para el 25 de octubre hoga\u00f1o. <\/p>\n

Analizados los reparos que fundan la solicitud de amparo, encuentra esta Sala que el auxilio se torna improcedente, por las razones que pasan a exponerse: <\/p>\n

5.1\tIncumplimiento del presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n

Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado de la inmediatez, ya que, la determinaci\u00f3n que acusan los actores como transgresoras de sus derechos fue proferida el 24 de julio de 2018, que corresponde al auto por medio del cual se decret\u00f3 la divisi\u00f3n ad valorem, del inmueble, mientras que el presente resguardo fue radicado el 10 de octubre de 2019. <\/p>\n

Lo anterior permite establecer que desde la fecha de la providencia indicada hasta el momento en que se ejerci\u00f3 el auxilio se super\u00f3 con notable amplitud el plazo considerado como razonable por la jurisprudencia. <\/p>\n

Entonces, es cierto que los presuntos afectados debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las providencias recriminadas. <\/p>\n

De otra parte, tampoco se adujo en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n

\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Entonces, bajo ese contexto, no evidencia la Sala la concurrencia de alguno de los eximentes del presupuesto de inmediatez, por lo que este ser\u00e1 el criterio que se impondr\u00e1 para la confirmaci\u00f3n de la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo cual releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas, lo que sin duda est\u00e1 condicionado a la superaci\u00f3n del referido requisito temporal. <\/p>\n

5.2.\tInobservancia del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n

El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n

En efecto, los interesados omitieron formular recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que decret\u00f3 la divisi\u00f3n ad valorem del inmueble, pese a que conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 409 del C\u00f3digo General del Proceso era procedente. <\/p>\n

En id\u00e9ntico sentido procedieron respecto del auto de 18 de septiembre anterior, a trav\u00e9s del cual les fueron despachadas desfavorablemente solicitudes que guardan similitud con las censuras aducidas en la presente solicitud de amparo. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n

\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01 <\/p>\n

Con dicha omisi\u00f3n, los inconformes desaprovecharon la oportunidad de exponer, por medio del mecanismo de defensa ordinario id\u00f3neo, todas las inconformidades que ahora manifiestan, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n

Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial pertinentes, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991.
\n5.3.\tDe la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n

Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado, en tanto que los promotores obraron con incuria al interior del proceso que origina el reclamo constitucional, desatendieron el presupuesto de la inmediatez, y porque no acreditaron la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta instancia. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16347-2019 (Aprobado en Sala de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102883","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102883","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102883"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102883\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102883"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102883"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102883"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}