{"id":102886,"date":"2026-07-02T17:32:05","date_gmt":"2026-07-02T17:32:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102886"},"modified":"2026-07-02T17:32:05","modified_gmt":"2026-07-02T17:32:05","slug":"stc16350-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16350-2019\/","title":{"rendered":"STC16350-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16350-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2019-00675-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 5 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidas por la autoridad acusada con ocasi\u00f3n al tr\u00e1mite impartido a la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2019-01203, en la que es coadyuvante. <\/p>\n

2.\tAsever\u00f3 que la sede judicial que adelanta la acci\u00f3n popular que origin\u00f3 el presente resguardo constitucional, se niega a impulsar oficiosamente el asunto, pese a ser un deber impuesto por el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n

En ese sentido, explic\u00f3 que no se ha realizado el aviso a la comunidad, ni se ha informado sobre la existencia de la acci\u00f3n a trav\u00e9s de \u00abla p\u00e1gina web de la rama judicial\u00bb y, \u00ablo que es peor se niega a notificar a la entidad accionada\u00bb. <\/p>\n

En raz\u00f3n de lo anterior, dijo que \u00abha presentado memoriales solicitando[,] respetuosamente, celeridad (\u2026) empero no se le da impulso alguno, a lo solicitado y mi acci\u00f3n contin\u00faa detenida en el tiempo\u00bb, sin que tampoco se d\u00e9 tr\u00e1mite a los recursos elevados. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, pidi\u00f3 proteger sus garant\u00edas de orden supralegal y, como consecuencia, i) se ordene a la sede convocada: \u00abresolver inmediatamente mis memoriales en el t[\u00e9]rmino (\u2026) que ordena la Ley\u00bb; \u00abinform[ar] a la comunidad de la acci\u00f3n popular, por la p\u00e1gina web de la rama judicial\u00bb; y \u00abnotifi[car] a la entidad accionada\u00bb, asimismo solicit\u00f3 que ii) \u00abse ordene, aportar copia de esta tutela a la acci\u00f3n popular a fin de que obre en ella, como prueba aparente de mora judicial o renuencia\u00bb, iii) que el Procurador General de la Naci\u00f3n \u00ab[c]ertifique y [h]aga [c]onstar cu[\u00e1]l ha sido su funci\u00f3n dentro de esta acci\u00f3n popular\u00bb, iv) que todas las actuaciones adelantadas al interior de su queja le sean notificadas \u00abal correo electr\u00f3nico a fin de no perder plata y tiempo\u00bb, que v) la pr\u00e1ctica de las audiencias se realice a trav\u00e9s de skype y, finalmente, vi) \u00abse ordene aplique art 90 CGP, por remisi\u00f3n expresa art. 44 ley 472 de 1998 (sic) a fin [de] q[ue] se empiece a contar el tiempo de un a\u00f1o, desde la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular\u00bb.
\nRESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n all\u00ed adelantada, y dijo que \u00abesa acci\u00f3n popular fue acumulada a la radica al Nro. 2019-00875 (sic); y que la misma mediante providencia del 21 de octubre de 2019, se declar\u00f3 nulidad de todo lo actuado, y se rechaz\u00f3 la actuaci\u00f3n por agotamiento de la jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.\tEl Procurador Regional de Risaralda asegur\u00f3 que con su actuaci\u00f3n no ha trasgredido ninguna de las garant\u00edas reclamadas por el pretensor. <\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al establecer que resulta \u00abin\u00fatil ordenarle al juzgado que resuelva peticiones orientadas a que se le imprima celeridad al caso, o a que se integre el contradictorio, o que se sigan notificando las actuaciones al correo electr\u00f3nico, y a que las audiencias en el proceso se realicen v\u00eda Skype, cuando en la actualidad (\u2026) se configur\u00f3 el fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto por sustracci\u00f3n de materia\u00bb en la medida en que, la acci\u00f3n fue terminada por agotamiento de la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante sin indicar las razones de su disidencia. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico.
\nCorresponde a la Sala establecer si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el accionante, por no impartir, presuntamente, ning\u00fan tipo de impulso a la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2019-01203, en la que el aqu\u00ed accionante act\u00fao como coadyuvante. <\/p>\n

2.\tDe los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez excepcional, ellos son: <\/p>\n

\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n

As\u00ed, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, y forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n

Sobre el particular la Sala ha precisado que para la prosperidad del auxilio \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ, STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC747-2019, 31 ene. 2019, rad. 00204-01, entre otras). <\/p>\n

En ese mismo sentido, ha dicho que la acci\u00f3n constitucional requiere: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada entre otras en STC1890-2019, 20 feb. 2019, rad. 00076-00). Resalta la Sala. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Efectuado el an\u00e1lisis pertinente, la Corte respaldar\u00e1 la negativa del resguardo implorado, pero precisando que lo ser\u00e1 dada la impertinencia del pedimento elevado por el querellante para obtener, por esta v\u00eda, impulso oficioso dentro de la queja popular que origin\u00f3 la presente tramitaci\u00f3n, evidenci\u00e1ndose de esta manera falta de relevancia constitucional por ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto el reclamante no acredit\u00f3 que la autoridad judicial accionada, hubiera amenazado y menos vulnerado, derecho fundamental alguno, pues contrario a su dicho, la acci\u00f3n cuya celeridad ahora reclama fue terminada por agotamiento de la jurisdicci\u00f3n, el 21 de octubre de los corrientes, de manera que ninguna orden puede impartirse al interior de un asunto ya terminado. <\/p>\n

Puestas as\u00ed las cosas, la controversia que quiso plantear el accionante carece de relevancia constitucional, pues no se avizora que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n el querellado hubiera afectado sus intereses superiores, lo que conlleva que el juez de esta excepcional v\u00eda no pueda intervenir sobre lo que en realidad no existe. <\/p>\n

As\u00ed, al no hallarse ninguna conducta atribuible a la autoridad convocada respecto de la cual se pueda determinar una presunta amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declararse la improcedencia de la demanda, ya que: <\/p>\n

\u00ab[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos (T-013 de 2007)\u00bb (CC T-130\/14). <\/p>\n

4.\tConsideraciones adicionales. <\/p>\n

Del reparo relacionado con el Procurador General de la Naci\u00f3n, porque en criterio del accionante no ha demostrado las gestiones que le competen como agente del Ministerio P\u00fablico, ni pidi\u00f3 \u00abceleridad en la acci\u00f3n constitucional\u00bb, basta con precisar que no existe prueba de que el interesado haya elevado petici\u00f3n alguna en ese sentido ante dicha autoridad de suerte que, esa pretensi\u00f3n debe ser igualmente desestimada, por el car\u00e1cter subsidiario y residual de este instrumento especial\u00edsimo. <\/p>\n

Finalmente, sobre la expedici\u00f3n de copias \u00abde esta tutela\u00bb y de los \u00abautos\u00bb proferidos en desarrollo de la misma, tal pedimento se condiciona al pago de las respectivas expensas por parte del interesado, sin perjuicio del acceso que brindan los medios tecnol\u00f3gicos para obtenerlos a trav\u00e9s del mecanismo electr\u00f3nico que proporciona la p\u00e1gina web de la Rama Judicial. <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n <\/p>\n

Atendiendo lo antes discurrido, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, pero por las puntuales razones expuestas en l\u00edneas precedentes. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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