{"id":102892,"date":"2026-07-02T17:33:11","date_gmt":"2026-07-02T17:33:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102892"},"modified":"2026-07-02T17:33:11","modified_gmt":"2026-07-02T17:33:11","slug":"stc16356-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16356-2019\/","title":{"rendered":"STC16356-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16356-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2019-00464-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga el 6 de noviembre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Myriam Vergel Botello contra los Juzgados Segundo Civil Municipal de Floridablanca (Santander) y Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes e intervinientes de las ejecuciones n\u00ba 2009-00259 y 2014-00325. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en nombre propio, la actora acude a esta herramienta supralegal buscando el amparo de su derecho al debido proceso, el cual estim\u00f3 trasgredido con las sentencias \u2014de primera y segunda instancia\u2014 de 30 de abril y 27 de septiembre del 2019, dictadas en el coactivo n\u00ba 2014-00325, con las cuales se desestimaron las excepciones y se orden\u00f3 proseguir el recaudo en su contra. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, aleg\u00f3 que con las aludidas providencias, se pas\u00f3 por alto que el juez civil municipal competente era el de Bucaramanga, porque all\u00ed se encuentra su domicilio; que el pagar\u00e9 en que se apoya el compulsivo sirvi\u00f3 de base a otra ejecuci\u00f3n (rad. 2009 00259) en la que se aceleraron las cuotas pendientes de la obligaci\u00f3n cambiaria, sin que ella accediera a reestablecer el plazo; que para impulsar el segundo coercitivo, el banco acreedor \u00abalter\u00f3\u00bb el contenido del t\u00edtulo valor, incluyendo \u00abfecha de desembolso y de vencimiento que no exist\u00edan\u00bb; que no hay claridad en cuanto \u00abal valor real de cada una de las cuotas, ni cu\u00e1ntas son, ni las fechas de vencimiento\u00bb; que, como se anticip\u00f3 la exigibilidad de todas las mensualidades pendientes en el a\u00f1o 2009, las mismas ya prescribieron y que, en cuanto a la aceleraci\u00f3n de esas cuotas, se configur\u00f3 el fen\u00f3meno de la \u00abcosa juzgada\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide \u00abdejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia\u00bb y se ordene resolver nuevamente el asunto, \u00abotorg\u00e1ndole a las probanzas las consecuencias jur\u00eddicas que reflejan, tal como la inexistencia de t\u00edtulo en debida forma y la prescripci\u00f3n de las obligaciones\u00bb (fls. 1 a 14, c.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el juicio ejecutivo materia de este tr\u00e1mite y pidi\u00f3 desestimar la solicitud de amparo, por cuanto las providencias materia de censura no contienen una v\u00eda de hecho. <\/p>\n

2.\tEl Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad (cognoscente de la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2009-00259), defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y enfatiz\u00f3 en que la demanda de tutela no se dirigi\u00f3 a cuestionar lo ocurrido en el proceso que se adelant\u00f3 en ese despacho. <\/p>\n

3.\tEl Banco Pichincha S.A. tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del resguardo, alegando que este no es m\u00e1s que un nuevo intento de la deudora para \u00abdilatar de forma injustificada el curso natural de la acci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n

4.\tEl Juzgado Segundo Civil Municipal de Floridablanca dijo \u00abatenerse a los argumentos que fundamentan las decisiones objeto de reproche en la tutela\u00bb. <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda tras sostener que \u00ablas decisiones aqu\u00ed refutadas no son arbitrarias ni contrarias a derecho y en modo alguno vulneran el derecho de la tutelista al acceso al debido proceso, ni a ning\u00fan otro derecho fundamental\u00bb, a lo que agreg\u00f3 que \u00abm\u00e1s all\u00e1 de que el Tribunal comparta o no los argumentos de las decisiones proferidas (\u2026), lo cierto es que est\u00e1n fundadas en postulados de la libre apreciaci\u00f3n de la prueba, la sana cr\u00edtica y la autonom\u00eda e independencia judicial de que gozan los funcionarios judiciales\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante insisti\u00f3 en sus alegaciones primigenias y manifest\u00f3 que \u00ablo que aqu\u00ed se debate por solicitud de amparo es un error judicial en que incurren los accionados, no por la apreciaci\u00f3n libre de la prueba, ni por la autonom\u00eda judicial, ni su independencia, sino porque han tenido por establecidas unas pruebas que no existen\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas, por ratificar -en sede de apelaci\u00f3n- la sentencia mediante la cual se orden\u00f3 proseguir la ejecuci\u00f3n promovida en contra de la hoy accionante. <\/p>\n

Esto \u00faltimo, en la medida en que si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Floridablanca, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n

2.\tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

2.1.\tAcorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

2.2.\tTampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio, aspecto sobre el cual ha dicho esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, citada entre otras en STC10220-2019, 1\u00ba ago. 2019, rad. 00336-01). <\/p>\n

2.3\tAplicadas las rese\u00f1adas pautas al asunto bajo estudio, para la Corte resulta claro que deber\u00e1 confirmarse la negativa que se le imprimi\u00f3 a la solicitud de amparo, por cuanto la sentencia materia de disputa involucra razonamientos serios y fundamentados, que se muestran como el producto de una hermen\u00e9utica respetable de las normas aplicables al caso concreto y, por lo mismo, descartan la v\u00eda de hecho que denunci\u00f3 la se\u00f1ora Vergel Botello. <\/p>\n

En este sentido, para avalar la continuidad del recaudo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga manifest\u00f3 inicialmente que \u00abla nulidad por falta de competencia que es insanable es la que se deriva del factor funcional o del subjetivo (\u2026), ninguno de estos eventos tiene que ver con el domicilio del demandado, por lo que una eventual falta de competencia por este factor tiene que ser alegada oportunamente por la parte interesada, de lo contrario se entender\u00e1 saneada, como aqu\u00ed ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n

En cuanto a la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cambiaria, se\u00f1al\u00f3 que \u00abcomo la obligaci\u00f3n se pact\u00f3 para ser pagada en istalamentos (SIC) con una clausula aceleratoria, se podr\u00edan generar distintas situaciones teniendo en cuenta la circunstancia de que previamente se promovi\u00f3 otro proceso ejecutivo\u00bb; que \u00abla cl\u00e1usula aceleratoria es una estipulaci\u00f3n que, de ejercerse, hace exigible toda la obligaci\u00f3n y extingue los plazos y, en principio ser\u00eda la pauta inicial para empezar a computar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n. Sin embargo, no puede pasarse por alto que en el otro juicio ejecutivo, aunque hubo sentencia orden\u00e1ndose proseguir la ejecuci\u00f3n, tambi\u00e9n se dict\u00f3 una providencia en que expresamente se indic\u00f3 que el proceso terminaba era por el pago de las cuotas en mora y que, por ende, el pagar\u00e9 vigente en las mismas condiciones, decisi\u00f3n frente a la cual el ejecutado no formul\u00f3 ning\u00fan recurso\u00bb; que \u00absi el otro proceso hubiera terminado realmente por pago, como lo sostuvo aqu\u00ed la ejecutada, el pagar\u00e9 no se le hubiera entregado al ejecutante\u00bb; que \u00abno existe ning\u00fan tipo de solemnidad que se exija para reestablecer un plazo acelerado (\u2026), a lo que se a\u00f1ade que la conducta asumida por las partes hace evidente que existi\u00f3 el acuerdo entre las partes de restablecer las condiciones del cr\u00e9dito\u00bb; y que \u00ablo anterior implica la prescripci\u00f3n debe computarse cuota a cuota (\u2026) y en ese escenario la demanda tuvo la virtud de interrumpir esa prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

En lo que concierne a las deficiencias que se le atribuyeron al pagar\u00e9, sostuvo que \u00abal legitimo tenedor de un t\u00edtulo valor, le corresponde simplemente exhibirlo y demostrar que cumpli\u00f3 la ley de circulaci\u00f3n, para que pueda avalarse la acci\u00f3n cambiaria, por lo que es al ejecutado a quien corresponde desvirtuar la presunci\u00f3n de veracidad de la literalidad del t\u00edtulo\u00bb; que \u00abla demandada no ha negado deber el dinero, ni tampoco haber suscrito el pagar\u00e9, sino que se limit\u00f3 a discutir cuestiones accesorias e incidentales del otro proceso ejecutivo y para su demostraci\u00f3n intent\u00f3 aportar pruebas extempor\u00e1neamente que no pueden tenerse en cuenta\u00bb; que \u00aben esas condiciones, qued\u00f3 hu\u00e9rfano de prueba que las fechas de desembolso y exigibilidad del pagar\u00e9 hubieran contrariado las instrucciones impartidas para el diligenciamiento del pagar\u00e9\u00bb; que \u00abno puede decirse que como la demandada no sab\u00eda cu\u00e1les eran las cuotas que adeudaba, entonces por eso no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pues en el pagar\u00e9 estaba toda la informaci\u00f3n necesaria para esos efectos, adem\u00e1s qui\u00e9n m\u00e1s que la misma demandada puede saber exactamente qu\u00e9 fue lo que pag\u00f3\u00bb; que \u00abes el demandado quien tiene que afirmar y probar que no debe lo que se le cobra y esto no es algo que requiera la intervenci\u00f3n de la parte demandante\u00bb; que \u00abel pagar\u00e9 re\u00fane las exigencias del C\u00f3digo de Comercio y adem\u00e1s la ejecutada no pod\u00eda limitarse a hacer alegaciones, sin traer las pruebas pertinentes\u00bb y que \u00abno obstante lo anterior, el ejecutante reconoci\u00f3 que al suma adeudada es inferior a aquella por la que se libr\u00f3 el mandamiento de pago, por lo que tendr\u00e1 que modificarse en este sentido\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, resalt\u00f3 que \u00ablas irregularidades atribuidas al poder que el ejecutante confiri\u00f3 a su abogado, se trata de un aspecto netamente procesal que se resolvieron en el tr\u00e1mite de la primera instancia\u00bb; que \u00abcualquier deficiencia en el poder, implicar\u00eda una indebida representaci\u00f3n que solo habr\u00eda podido invocar el banco\u00bb y que \u00abcuando se trata de irregularidades del proceso, estas no tienen un impacto sustancial, por lo que debieron ser ventiladas en las oportunidades correspondientes\u00bb. <\/p>\n

2.4\tAnte tales razonamientos \u2014los cuales no fueron rebatidos por la actora en su demanda de tutela\u2014 no es factible tener por acreditado el desafuero jur\u00eddico que all\u00ed se enrostr\u00f3 al fallador ad quem de la ejecuci\u00f3n. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n

Adem\u00e1s, frente a las cr\u00edticas formuladas por v\u00eda de tutela sobre la forma en que los jueces efect\u00faan la valoraci\u00f3n de las pruebas, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. 2016, rad. 00052-01); y, de otro, que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 abr. 2016, rad. 00696-00). <\/p>\n

En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n

3.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de la causa como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16356-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2019-00464-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga el 6 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102892","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102892","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102892"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102892\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102892"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102892"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102892"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}