{"id":102894,"date":"2026-07-02T17:33:44","date_gmt":"2026-07-02T17:33:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102894"},"modified":"2026-07-02T17:33:44","modified_gmt":"2026-07-02T17:33:44","slug":"stc16358-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16358-2019\/","title":{"rendered":"STC16358-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16358-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2019-00424-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga el 25 de octubre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Conjunto Manzana El Laguito P.H. contra los Juzgados Tercero Civil Municipal de Floridablanca (Santander) y Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes de la ejecuci\u00f3n radicada n\u00ba 2017 00336. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el actor acude a esta herramienta supralegal buscando el amparo de su derecho al debido proceso, el cual estim\u00f3 trasgredido con las sentencias \u2014de primera y segunda instancia\u2014 de 1\u00ba de marzo y 13 de septiembre del 2019, que desestimaron sus excepciones y ordenaron proseguir la ejecuci\u00f3n que Ruitoque Condominio Unidad Inmobiliaria Cerrada adelanta en su contra. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, reproch\u00f3 que, al avalar la continuidad del coactivo, los accionados pasaron por alto que el juez competente para conocer ese proceso era el de Piedecuesta (Santander), por encontrarse all\u00ed el domicilio del convocado; que la certificaci\u00f3n que se present\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo no fue firmada por el administrador de la demandante (como lo exige el art\u00edculo 48 de la ley 675 de 2001), sino por un apoderado general; que el opositor (aqu\u00ed accionante) no es una de las propiedades horizontales que integran la unidad inmobiliaria, por lo que no le es oponible el certificado que se aport\u00f3 como base del recaudo; que la posibilidad de promover una ejecuci\u00f3n con base en una certificaci\u00f3n, la reserva el art\u00edculo 29 de la Ley 675 de 2001 a las \u00abcopropiedades\u00bb, calidad de la que carece la all\u00ed convocante y que con ese compulsivo se le est\u00e1n cobrando expensas comunes excesivas, que se fijaron sin tener en cuenta su coeficiente de copropiedad. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide se \u00abrevoquen en su integridad las sentencias de primera y segunda instancia, inclusive el auto que dicta el mandamiento de pago (\u2026), y se rechace de plano la demanda\u00bb (fls. 3 a 13, c.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tRuitoque Condominio Unidad Inmobiliaria Cerrada y Rodolfo Rueda V\u00e1squez (apoderado judicial de la demandante en la ejecuci\u00f3n sobre la que versa este tr\u00e1mite) defendieron la legalidad de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite coercitivo y enfatizaron en que la verdadera intenci\u00f3n del aqu\u00ed accionante es evadir el pago de unas expensas comunes que corresponden al uso de bienes y servicios de los que aquel se ha prevalido desde hace varios a\u00f1os. <\/p>\n

2.\tEl Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Floridablanca (antes Tercero Civil Municipal), pidi\u00f3 denegar el amparo, \u00abpuesto que las decisiones adoptadas encuentran respaldo en la normatividad vigente y fueron sustentadas en las pruebas obrantes en el expediente\u00bb, a lo que agreg\u00f3 que \u00abla falta de competencia aludida por el accionante no fue alegada en su debida oportunidad procesal\u00bb. <\/p>\n

3.\tEl Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del resguardo, se\u00f1alando que \u00abesta agencia judicial estudi\u00f3 y resolvi\u00f3 en debida forma el recurso vertical (\u2026) sin que se observe que con las actuaciones surtidas se hayan vulnerado los derechos fundamentales invocados por la entidad accionante\u00bb. <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda tras sostener que \u00abla v\u00eda de hecho no se observa configurada en el caso sub examine, pues de la vista al escrito de tutela, a la contestaci\u00f3n y las actuaciones surtidas dentro del proceso objeto de amparo, se logra extraer que los operadores judiciales enjuiciados profirieron sus decisiones bajo premisas jur\u00eddicas y f\u00e1cticas v\u00e1lidas, que no en un actuar caprichoso, arbitrario, producto de la desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante aleg\u00f3 que el fallador de primera instancia \u00abno hace un estudio concreto de las censuras que se manifestaron en los hechos del texto de la tutela\u00bb; \u00abno produce ning\u00fan juicio de interpretaci\u00f3n de las normas en las que se fund\u00f3 el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n y las decisiones que en sede de tutela se pide se revisen\u00bb y tampoco \u00abhace un an\u00e1lisis de los defectos f\u00e1cticos que estuvieron presentes en el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n en primera y segunda instancia\u00bb, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que \u00abes cierto que el juez de tutela debe respetar la autonom\u00eda de los juzgadores naturales, sin embargo, ante la existencia de protuberantes irregularidades de interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las reglas procesales, es necesario que el juez de tutela haga su intromisi\u00f3n para garantizar el debido proceso y la garant\u00eda jur\u00eddica a que tienen derecho los asociados\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas, por ratificar -en sede de apelaci\u00f3n- la sentencia mediante la cual se orden\u00f3 proseguir la ejecuci\u00f3n promovida en contra del hoy accionante. <\/p>\n

Esto \u00faltimo, en la medida en que si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Floridablanca, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n

2.\tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

2.1.\tAcorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

2.2.\tTampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio, aspecto sobre el cual ha dicho esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, citada entre otras en STC10220-2019, 1\u00ba ago. 2019, rad. 00336-01). <\/p>\n

2.3\tDecantado lo anterior, conviene precisar ahora que, contrario a lo que sostuvo el impugnante, el fallador constitucional a quo si repar\u00f3 en las alegaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que se esgrimieron en el libelo introductor de este tr\u00e1mite, solo que a la postre coligi\u00f3 que tales argumentaciones corresponden a una discusi\u00f3n que ya fue definida en el juicio ejecutivo, mediante razonamientos serios y fundamentados, que se muestran como el producto de una hermen\u00e9utica respetable de las normas aplicables al caso concreto. <\/p>\n

Para exponer las razones por las cuales la Corte coincide con el juzgador de primera instancia en cuanto a la improcedencia del resguardo, es importante destacar que la postura litigiosa que asumi\u00f3 el Conjunto Manzana El Laguito en el coactivo impulsado en su contra, se circunscribi\u00f3, casi en forma exclusiva, a plantear que \u00e9l no formaba parte de la unidad inmobiliaria cerrada que all\u00ed fungi\u00f3 como ejecutante (por no haber suscrito la escritura p\u00fablica de constituci\u00f3n) y que, en tal medida, no le eran oponibles las certificaciones expedidas por el administrador de ese conglomerado, concernientes a las expensas generadas por sus \u00abzonas y servicios comunes\u00bb (mins. 5:00 a 23:41, CD., fl. 153). <\/p>\n

Esa puntual alegaci\u00f3n fue frontalmente desestimada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga en la sentencia de segunda instancia que ac\u00e1 se pide \u00abrevocar\u00bb, oportunidad en la que se sostuvo que, conforme al criterio de interpretaci\u00f3n del efecto \u00fatil de las normas, \u00abes forzoso concluir que la conformaci\u00f3n de una unidad inmobiliaria cerrada no requiere el voto favorable del 100% de los copropietarios de las propiedades horizontales llamados a integrarla, sino \u00fanicamente el consenso de los administradores que representan esas propiedades horizontales\u00bb; que \u00abcon el voto favorable del 80% de los administradores de las propiedades horizontales, ya hay UIC\u00bb y que \u00aben este caso no hab\u00eda necesidad de desgastarse en cuanto a que El Laguito forma parte del 20% que no acept\u00f3 formar parte de la UIC, pues as\u00ed se reconoci\u00f3 incluso desde la demanda (\u2026), sin embargo, aqu\u00ed el asunto es que desde el a\u00f1o 1995 la demandada formaba parte de esa asociaci\u00f3n, pues mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 3541 del 6 de diciembre de 1995 se constituy\u00f3 la propiedad horizontal de las 2 primeras etapas de la sub \u00e1rea 13-24-25, denominada El Laguito P.H., que forma parte del Conjunto Ruitoque Golf Country Club Condominio (\u2026), solo que despu\u00e9s dej\u00f3 de llamarse as\u00ed y se le coloc\u00f3 un nombre m\u00e1s pr\u00e1ctico, condominio Ruitoque (aqu\u00ed demandante), pero eso no la hace una persona jur\u00eddica diferente (\u2026) lo que impone colegir que la demandada si forma parte de la UIC demandante\u00bb. <\/p>\n

Tambi\u00e9n destac\u00f3 el accionado que en la aludida escritura p\u00fablica, expresamente se indic\u00f3 que \u00ablas normas contenidas en el presente reglamento obligan no solo a los actuales propietarios, sino tambi\u00e9n a los futuros adquirientes, a cualquier t\u00edtulo, de derechos reales en las primeras etapas del sub \u00e1rea 13-24-25 denominadas manzana El Laguito P.H. que forma parte de Ruitoque Golf Country Club y a quienes usen y disfruten de sus bienes de dominio exclusivo privado, bien sea a t\u00edtulo de arrendatarios, comodatarios o a cualquier otro t\u00edtulo consagrado en la Ley. Dichas normas se entender\u00e1n incorporadas en toda enajenaci\u00f3n o trasferencia de dominio sobre los bienes de dominio exclusivo particular, bien sea por actos o contratos entre vivos como por casusa de muerte en los grav\u00e1menes reales que sobre ellos se constituyan, como tambi\u00e9n en los actos o contratos que impliquen usos goce o tenencia\u00bb. <\/p>\n

Y agreg\u00f3 que \u00aben este orden de ideas ya sabemos por qu\u00e9 dicha cl\u00e1usula no est\u00e9 contenida en cada contrato de compraventa de las unidades particulares del Conjunto Manzana El Laguito, pues en todo caso, qued\u00f3 incorporada, en forma general, en el reglamento de la propiedad horizontal que es la carta de navegaci\u00f3n de la copropiedad\u00bb; que \u00abesta estipulaci\u00f3n es relevante tambi\u00e9n porque El Laguito est\u00e1 dentro de la UIC y sus propietarios y usuarios en general est\u00e1n haciendo uso de todos esos valores agregados que son naturales o inherentes a este tipo de copropiedades\u00bb; que \u00abel mismo El Laguito sabe que a\u00fan no est\u00e1 aplicando el sistema de coeficientes porque no se han construido la totalidad de las unidades previstas inicialmente, y tal situaci\u00f3n fue contemplada expresamente en el reglamento del condominio\u00bb; que \u00aben las escrituras modificatorias se acord\u00f3 que mientras se desarrolla la \u00faltima etapa en que se encuentra dividido el conjunto, la participaci\u00f3n de gastos se distribuir\u00e1 entre las etapas entregadas\u00bb y que \u00abesa rebeld\u00eda de El Laguito de honrar su obligaci\u00f3n de las expensas comunes solo comenz\u00f3 hasta el a\u00f1o 2017, pues antes ven\u00eda pagando normalmente e incluso participaba en las asambleas generales (\u2026), seg\u00fan lo demuestra el acta 133 del 30 de octubre de 2013\u00bb. <\/p>\n

2.4\tAnte tales razonamientos \u2014los cuales no fueron rebatidos por el actor en su demanda de tutela\u2014 no es factible tener por acreditado el desafuero jur\u00eddico que all\u00ed se enrostr\u00f3 al fallador ad quem de la ejecuci\u00f3n. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n

Adem\u00e1s, frente a las cr\u00edticas formuladas por v\u00eda de tutela sobre la forma en que los jueces efect\u00faan la valoraci\u00f3n de las pruebas, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. 2016, rad. 00052-01); y, de otro, que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 abr. 2016, rad. 00696-00). <\/p>\n

Y n\u00f3tese, lo pretendido por el peticionario es anteponer su propio criterio al del sentenciador acusado y atacar, por esta senda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, ya que \u00e9sta no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de las causas ordinarias, ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que la autoridad judicial, sin arbitrariedades y en su leg\u00edtimo entendimiento asuma frente a la situaci\u00f3n debatida. <\/p>\n

En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n

Corolario de lo discurrido, se impone ratificar el fallo constitucional impugnado. <\/p>\n

3.\tAnotaci\u00f3n final – de la subsidiariedad. <\/p>\n

Dado que sobre este aspecto se hizo una menci\u00f3n tangencial en el escrito incoativo, la Corte estima conveniente agregar que el mecanismo de protecci\u00f3n en estudio tampoco resulta apto para conjurar aquellas \u00abirregularidades\u00bb a que se refiri\u00f3 el Conjunto Manzana El Laguito, atinentes a una \u00abfalta de competencia\u00bb de los falladores convocados; a un \u00abexceso\u00bb en el monto de las \u00abexpensas comunes\u00bb que se le cobran en el coactivo que incumbe a esta actuaci\u00f3n extraordinaria y a lo \u00abimprocedente\u00bb que resulta que una unidad inmobiliaria cerrada promueva juicio ejecutivo con base en una \u00abcertificaci\u00f3n\u00bb expedida por su administrador (ff. 34 a 37; 51 a 54 y 55 a 64). <\/p>\n

No se olvide que, como ya lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n frente a casos semejantes, la tutela no fue concebida \u00abpara sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada en STC6325-2019, 23 may. 2019, rad. 00044-01). <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de la causa como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16358-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2019-00424-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga el 25 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102894","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102894","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102894"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102894\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102894"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102894"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102894"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}