{"id":102896,"date":"2026-07-02T17:34:10","date_gmt":"2026-07-02T17:34:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102896"},"modified":"2026-07-02T17:34:10","modified_gmt":"2026-07-02T17:34:10","slug":"stc16360-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16360-2019\/","title":{"rendered":"STC16360-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente
\nSTC16360-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01773-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., tres (03) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de tutela proferido el primero (1\u00ba) de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Alicia Ram\u00edrez Galeano en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala de Descongesti\u00f3n Laboral N\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medell\u00edn; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en la queja constitucional. <\/p>\n

A. La \tpretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales \u00aba la vida en condiciones dignas, seguridad social, igualdad, debido proceso y m\u00ednimo vital\u00bb los cuales estim\u00f3 vulnerados por las autoridades accionadas, frente a las determinaciones proferidas al interior del proceso ordinario que promovi\u00f3, toda vez que, se le neg\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n al fallecimiento de su c\u00f3nyuge a partir del 18 de noviembre de 2008. <\/p>\n

Indic\u00f3 que, con base en el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, le era dable el reconocimiento al derecho pensional, teniendo en cuenta los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, pues el causante cotiz\u00f3 m\u00e1s de 300 semanas antes del 1\u00ba de abril de 1994, cuando entr\u00f3 en vigencia la Ley 100 de 1993. <\/p>\n

Pretende en consecuencia que \u00abse dejen sin efecto las sentencias (\u2026) para que en su lugar, se dicte una nueva conforme a la sentencia de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional, haciendo las declaraciones necesarias para garantizar el derecho a que Colpensiones le reconozca la pensi\u00f3n de sobrevivientes a partir del 18 de noviembre de 2008, fecha en el que falleci\u00f3 el se\u00f1or Jorge Eliecer Castro Rivas, de conformidad con el art\u00edculo 6 y 25 del Decreto 758 de 1990\u00bb. [Folio 14; c.1] <\/p>\n

B. Los \thechos <\/p>\n

1. La accionante present\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el ISS con el fin de que se le condene al pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en condici\u00f3n de c\u00f3nyuge de Jorge Eli\u00e9cer Castro Rivas, a partir del 18 de noviembre de 2008; las mesadas adicionales, los intereses moratorios previstos, la indexaci\u00f3n y las costas del proceso. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que aqu\u00e9l falleci\u00f3 el 18 de noviembre de 2008 y en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 cotiz\u00f3 533.86 semanas \u00abde las cuales 488.72 semanas fueron cotizadas al 01 de abril de 1994, adem\u00e1s tiene tiempo p\u00fablico sin cotizaci\u00f3n al ISS entre el 14 de mayo de 1984 al 16 de marzo de 1988 correspondiente a 197.57 semanas, para un total de semanas de 686.29, en toda su vida laboral el causante reuni\u00f3 un total de 731.43 semanas\u00bb. <\/p>\n

2. Su solicitud fue resuelta mediante Resoluci\u00f3n No. 018232 del 29 de septiembre de 2010 \u00abde forma desfavorable por no cumplir con la densidad de semanas exigidas en el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n

3. Por lo que la promotora del amparo present\u00f3 demanda, la cual correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 20 Laboral del Circuito de Medell\u00edn, en donde a trav\u00e9s de sentencia de 30 de noviembre de 2012, se le negaron sus pretensiones, bajo el argumento de que el se\u00f1or Castro Rivas no dej\u00f3 causado el derecho pues no contaba con 500 semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n

4. Inconforme la quejosa, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en contra de la anterior determinaci\u00f3n. <\/p>\n

5. El Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, confirm\u00f3 la sentencia mediante providencia del 21 de mayo de 2013, en la cual adem\u00e1s de advertir que dentro de los 20 a\u00f1os anteriores a su deceso no cotiz\u00f3 500 semanas, adujo que no le era aplicable el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n

6. La tutelante acudi\u00f3 al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en la que solicit\u00f3 se case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisi\u00f3n de primer grado y, en su lugar, acceda a las s\u00faplicas contenidas en la demanda inaugural. Con tal prop\u00f3sito formul\u00f3 dos cargos. <\/p>\n

7. La Sala Laboral de \u00e9sta Corporaci\u00f3n desat\u00f3 en decisi\u00f3n de 13 de marzo de 2019, en la que resolvi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal pues el causante no contaba con el n\u00famero de semanas requeridas. <\/p>\n

8. La actora acudi\u00f3 al mecanismo constitucional tras considerar que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales, en determinaciones proferidas al interior del proceso ordinario que promovi\u00f3, toda vez que, se le neg\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su c\u00f3nyuge a partir del 18 de noviembre de 2008, desconociendo los art\u00edculos 6 y 25 del Decreto 758 de 1990. <\/p>\n

C. El \ttr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El conocimiento del asunto en primera instancia, correspondi\u00f3 a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y mediante prove\u00eddo de 12 de septiembre de 2019, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n

2. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, luego de hacer un recuento del proceso ordinario laboral por ella conocido en sede de casaci\u00f3n, indic\u00f3 que resolvi\u00f3 el asunto conforme a la jurisprudencia de la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, pues lo pretendido por la accionante es que a trav\u00e9s de una mezcla de reg\u00edmenes para que con el m\u00ednimo de semanas cotizadas pudiera obtener el derecho que pretende. <\/p>\n

Adujo que soport\u00f3 su decisi\u00f3n en las sentencias CSJ SL5514-2018, CSJ SL4271-2017 y CSJ SL032-2018, pues no cumpl\u00eda con los requisitos establecidos para que las decisiones prosperen dado que no es posible aplicar la ley de forma plus ultraactiva. <\/p>\n

Finalmente, refiri\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno y tampoco incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, \u00abpues, lo cierto es que en este asunto la decisi\u00f3n impugnada no desconoci\u00f3 el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cosa diferente es que la actora no acreditara el cumplimiento de los requisitos\u00bb. <\/p>\n

Por su parte, el Patrimonio aut\u00f3nomo de remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n indic\u00f3 que la entidad llamada a atender las pretensiones de la accionante, pues ello corresponde a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones-; por ende solicit\u00f3 ser desvinculada del tr\u00e1mite. <\/p>\n

En su lugar, la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, manifest\u00f3 que el asunto ya se agot\u00f3 en la v\u00eda ordinaria por lo que al no cumplirse con los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, establecidos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, esta acci\u00f3n no puede tenerse como una tercera instancia para analizar el objeto de litigio. <\/p>\n

Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno y que se configura una cosa juzgada de la sentencia emanada en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, por lo que solicit\u00f3 se declare improcedente la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela de 1\u00ba de octubre de 2019, neg\u00f3 el amparo constitucional tras considerar que, -Criterio Razonable- las decisiones judiciales fueron proferidas con base en la normativa y jurisprudencia aplicable al caso, por lo que se descarta que la providencia cuestionada tenga visos de arbitrariedad o fundamento inconstitucional, que ser\u00edan las condiciones fundamentales para que el Juez de tutela pueda intervenir. <\/p>\n

4. Inconforme la accionante present\u00f3 escrito de impugnaci\u00f3n con los mismos argumentos iniciales, reiter\u00f3 el desconocimiento del precedente establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU 005 de 2018.
\nII. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el presente asunto, la inconformidad de la accionante se dirige en torno a la providencia que en sede de casaci\u00f3n se emiti\u00f3 dentro del proceso ordinario laboral que inici\u00f3 contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, a trav\u00e9s de la cual se estableci\u00f3 la improcedencia de la prestaci\u00f3n de sobreviviente pretendida. <\/p>\n

La peticionaria, en la referida actuaci\u00f3n solicit\u00f3 que se le reconociera la pensi\u00f3n mencionada, toda vez que su c\u00f3nyuge falleci\u00f3 el 18 de noviembre de 2008, cumpli\u00f3 con las semanas de cotizaci\u00f3n que el Acuerdo 049 de 1990 exig\u00eda para el efecto, norma que -afirm\u00f3- le es aplicable, en atenci\u00f3n al contenido del canon 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en el que se desarrolla el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para el trabajador.
\nFrente a dicha pretensi\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral estim\u00f3 su improcedencia, de atender que el principio invocado por la reclamante \u00fanicamente era aplicable respecto de la normatividad inmediatamente anterior (Ley 797 de 2003) y, no de cualquier otra que de manera previa hubiese regulado la prestaci\u00f3n reclamada, como ser\u00eda el Acuerdo 049 de 1990, cuando la contingencia acaeci\u00f3 durante la vigencia de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n

En ese sentido, le explic\u00f3 a la accionante que, frente a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en los casos de pensi\u00f3n de sobrevivientes, la temporalidad del tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, es de tres a\u00f1os, pues, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00ab No obstante, aunque esa imprecisi\u00f3n podr\u00eda conllevar la prosperidad del cargo, lo cierto es que en instancia la Sala llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n absolutoria, en el entendido de que el causante no contaba con el n\u00famero de semanas exigido por la normatividad anterior a la fecha de la muerte, para este caso, el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versi\u00f3n inicial -26 semanas de cotizaci\u00f3n en el a\u00f1o inmediatamente anterior al deceso- pues, como se vio, en su historia laboral no registra ninguna semana con posterioridad al 31 de diciembre de 1988 y, como se vio, su deceso ocurri\u00f3 el 18 de noviembre de 2008 (f.\u00b0 18). <\/p>\n

Debe aclararse, adem\u00e1s, que esta Sala ha insistido en la imposibilidad de tener en cuenta el Acuerdo 049 de 1990, en los casos en los que el causante fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, en el entendido de que no es viable dar aplicaci\u00f3n a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del causante o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, ya que con ello se desconoce el principio de aplicaci\u00f3n inmediata de las leyes laborales. Esta ha sido la postura de esta Sala de Casaci\u00f3n, expuesta, entre otras providencias, en CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL1689-2017, CSJ SL1090-2017, CSJ SL2147-2017, CSJ SL3867-2017, CSJ SL17720-2017, CSJ SL 034-2018, CSJ SL149-2018 y CSJ SL353-2018\u00bb. <\/p>\n

Como resultado de lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en sentencia de 13 de marzo de 2019, concluy\u00f3: <\/p>\n

\u00abEn ese orden de ideas, para la Sala resulta claro que, aunque el Tribunal se equivoc\u00f3 al descartar el estudio de la pensi\u00f3n reclamada a la luz de la normativa anterior al fallecimiento del afiliado -en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa- lo cierto es que esa irregularidad resulta irrelevante en el entendido de que el causante no acredit\u00f3 los requisitos previstos en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 ni en el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versi\u00f3n original, lo que, en \u00faltimas, conduce al fracaso de sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n

4. Frente a la aplicaci\u00f3n de principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia de pensional, la Corte Constitucional en sentencia T-294 de 2017 explic\u00f3: <\/p>\n

Este Tribunal ha reconocido el alcance del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, precisando que los trabajadores tienen derecho a que sus expectativas leg\u00edtimas de acceder a la pensi\u00f3n de invalidez, vejez, o de sobrevivientes, sean protegidas por parte de las autoridades. As\u00ed, la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se predica en aquellos casos en que los ciudadanos han cumplido con uno de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n, como es el caso del n\u00famero de semanas cotizadas, pero no con la totalidad de \u00e9stos, por ejemplo, el requisito de edad. En consecuencia, si la ley pensional es modificada por el legislador, sin que se prevea un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, puede darse aplicaci\u00f3n a la ley vigente al momento de las cotizaciones, en caso de que \u00e9ste sea m\u00e1s favorable al trabajador, para salvaguardar la expectativa leg\u00edtima de haber cumplido con los requisitos durante la vigencia de un r\u00e9gimen que habr\u00edan dado lugar al reconocimiento de una prestaci\u00f3n bajo el derecho a la seguridad social, ya que de buena fe el ciudadano accedi\u00f3 a un r\u00e9gimen pensional que le ofrec\u00eda unas garant\u00edas leg\u00edtimamente establecidas, y cumpli\u00f3 con la parte que, en principio, le correspond\u00eda. <\/p>\n

As\u00ed, en vista de que la ley 100 de 1993 no contempl\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para la pensi\u00f3n de sobrevivientes, ya que s\u00f3lo se estableci\u00f3 para la de vejez, la Corte Constitucional, en desarrollo del principio al que se ha hecho alusi\u00f3n, estableci\u00f3 que a pesar de que el deceso del afiliado o cotizante hubiese ocurrido en vigencia del art\u00edculo 46 de la ley 100 de 1993 o del 19 de la 797 de 2003, necesario era aplicar el contenido de los art\u00edculos 25 y 6 del Acuerdo 049 de 1990, cuando se acreditara que el afiliado al sistema de seguridad social hubiese cumplido con las semanas exigidas por la \u00faltima de las codificaci\u00f3n mencionadas para acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente.1 <\/p>\n

Dicho criterio, seg\u00fan explic\u00f3 la Corte Constitucional, fue compartido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral hasta el 2008, pues a partir de esa \u00e9poca se present\u00f3 una variaci\u00f3n en el racionamiento que hasta ese entonces hab\u00eda sostenido esta Corporaci\u00f3n, imponi\u00e9ndose, entonces, una restricci\u00f3n temporal a la aplicaci\u00f3n del principio, en la medida en que la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa solamente podr\u00eda predicarse de la ley inmediatamente anterior a la que se encontrara vigente al momento de la muerte del afiliado. <\/p>\n

Variaci\u00f3n jurisprudencial que, tras ser estudiada por la Corte Constitucional, se estim\u00f3 contraria a los preceptos de la Carta Pol\u00edtica, en tanto que con ellas no se demostraba un mejor desarrollo de los principios y derechos constitucionales. <\/p>\n

Al respecto tal Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n

As\u00ed las cosas, si bien la reciente interpretaci\u00f3n de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia es plausible, la Sala no considera que cumpla el segundo requisito exigido por la jurisprudencia constitucional para el cambio de precedente, es decir, que demuestre con suficiencia un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales analizados. <\/p>\n

[\u2026] En efecto, la Corte Constitucional determin\u00f3 que en virtud de la inexistencia de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n y de los principios de buena fe, confianza leg\u00edtima y favorabilidad, es posible dar aplicaci\u00f3n a una norma anterior, por ejemplo, el Acuerdo 049 de 1990, si el afiliado realiz\u00f3 sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jur\u00eddica, cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la pensi\u00f3n. <\/p>\n

43. Para la Corte Constitucional resulta di\u00e1fano que esta regla tiene como finalidad proteger el principio de favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el constituyente primario en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. A su vez, el mismo garantiza la protecci\u00f3n de la expectativa leg\u00edtima de aquellos ciudadanos que, observando el r\u00e9gimen pensional vigente para la fecha de su afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con el objetivo de obtener su pensi\u00f3n, o el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a sus familiares. <\/p>\n

[\u2026] Igualmente, la Sala considera que el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no impone un l\u00edmite temporal al funcionario judicial para determinar la norma m\u00e1s favorable al trabajador. En efecto, el principio de favorabilidad implica que el juez, como garante de los derechos de los ciudadanos, debe determinar en el caso concreto, cu\u00e1l norma ser\u00eda la m\u00e1s favorable al trabajador, y aplicarla, en caso de que \u00e9sta haya regulado su situaci\u00f3n jur\u00eddica. De esta manera, la restricci\u00f3n impuesta por la Corte Suprema de Justicia en su actual jurisprudencia, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, frente a la presunta obligaci\u00f3n de aplicar \u00fanicamente la norma inmediatamente anterior a la vigente, no resulta ajustada a la finalidad del principio de favorabilidad, menos cuando la norma no explicita o regula en concreto el alcance de las expectativas leg\u00edtimas generadas por una normativa en materia pensional. <\/p>\n

En efecto, si bien la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia afirma que el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 es el que debi\u00f3 ser aplicado para efectos de proteger el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el caso de la accionante, lo cierto es que ello desconoce que los derechos y expectativas leg\u00edtimas se generaron no con base en esa norma jur\u00eddica, sino con base en el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n

En este sentido, no es adecuado que la interpretaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia haya desconocido el valor jur\u00eddico del Acuerdo 049 de 1990, el cual deviene no s\u00f3lo de los principios de favorabilidad y de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, contenidos en el art\u00edculo 53 superior, sino de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. <\/p>\n

45. En consecuencia, el argumento esbozado por la Corte Suprema de Justicia en sus providencias m\u00e1s recientes, frente a la necesidad de preservar los principios de legalidad y seguridad jur\u00eddica, y a su vez, limitar el alcance del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia pensional, no es de recibo para la Corporaci\u00f3n. Para la Sala, dicha interpretaci\u00f3n no brinda un mayor y m\u00e1s adecuado desarrollo de los principios y garant\u00edas constitucionales, sino que impone una restricci\u00f3n a los principios de favorabilidad, igualdad y confianza leg\u00edtima, y al derecho al m\u00ednimo vital, protegidos ampliamente por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sus providencias anteriores. <\/p>\n

46. En este sentido, no puede sobreponerse la aplicaci\u00f3n estricta de la ley a la urgencia de materializar derechos subjetivos de mayor importancia, como es el caso de los derechos fundamentales de quien ha cumplido uno de los requisitos exigidos para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes con base en un determinado r\u00e9gimen jur\u00eddico, el cual, posteriormente, es modificado sin ofrecer un r\u00e9gimen de transici\u00f3n u otro tipo de alternativa jur\u00eddica para el ciudadano. <\/p>\n

Una ponderaci\u00f3n de los derechos, principios y garant\u00edas involucrados, de acuerdo con los lineamientos contenidos en la Carta Pol\u00edtica, permite concluir que debe prevalecer la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y a la igualdad que le asisten a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes sup\u00e9rstites en la situaci\u00f3n objeto de estudio, frente a la importancia de preservar el principio estricto de legalidad, cuando ya se han consolidado prelativamente, formas de interpretar decisiones legislativas que garantizan la protecci\u00f3n de los derechos ciudadanos ante aparentes omisiones involuntarias del Legislador. <\/p>\n

Pronunciamiento que fue estudiado nuevamente en sentencia SU-005 de 2018, donde la Corte Constitucional reiter\u00f3 la postura que sosten\u00eda frente a la procedencia de aplicar de manera atractiva los requisitos que el Acuerdo 049 de 1990 establec\u00eda para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, indicando que el presupuesto de subsidiariedad que gobierna la acci\u00f3n de tutela se deber\u00eda encontrar satisfecho cuando el solicitante de tal pretensi\u00f3n superara el test de procedibilidad que all\u00ed se desarroll\u00f3. <\/p>\n

Seg\u00fan el comunicado de prensa N\u00b0 6 de 13 de febrero de la presente anualidad,2 el test contiene los siguientes criterios de procedencia: <\/p>\n

i. Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protecci\u00f3n constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
\nii. Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas, esto es, su m\u00ednimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
\niii. Debe establecerse que el accionante depend\u00eda econ\u00f3micamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensi\u00f3n de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario.
\niv. Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n

3. Ahora bien, el criterio que ha sostenido la Corte Constitucional, previo al debate de la sentencia de unificaci\u00f3n \u00faltimamente mencionada, fue compartido por esta Sala en fallo STC7210-2017 emitido el 24 de mayo de 2018 y, que posteriormente ha sido reiterado en sentencias STC7217-2017 y STC10041-2017. <\/p>\n

En la primera de ellas se estudi\u00f3 un caso en el cual una madre y su hija, en condici\u00f3n de beneficiarias del cotizante, quien hab\u00eda fallecido el 8 de mayo de 2015, solicitaron que se les concediera la pensi\u00f3n de sobrevivientes bajo los presupuestos que para el efecto exig\u00eda el acuerdo 049 de 1990. Dicha pretensi\u00f3n, tras agotarse todos los recursos ordinarios y extraordinarios, fue denegada de atender que no se cumplieron las exigencias que para el efecto establec\u00eda la ley 797 de 2003 y tampoco las de la ley 100 de 1993, \u00faltima disposici\u00f3n, que, de acuerdo con el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, era la \u00fanica que pod\u00eda estudiarse en virtud de los principios de favorabilidad y condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosos del trabajador. <\/p>\n

En tal ocasi\u00f3n, esta Sala advirti\u00f3 la configuraci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n alegada, toda vez que las beneficiarias lograron acreditar que el de cujus a la fecha de su fallecimiento hab\u00eda cotizado un total de 860 semanas, de las cuales m\u00e1s de 300 se aportaron en vigencia del acuerdo 049 de 1990, por lo que se lograron las 300 m\u00ednimas que all\u00ed se exig\u00edan. <\/p>\n

De ese modo, a efectos de lograr el reintegro de las garant\u00edas constitucionales, se dej\u00f3 sin efectos las sentencias que en primera instancia y, en sede de casaci\u00f3n se emitieron dentro del juicio ordinario laboral iniciado por las beneficiarias y, en su lugar, se orden\u00f3 a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n

En la segunda de las providencias en comento se concedi\u00f3 el amparo de una mujer, que, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su esposo, ocurrido el 16 de febrero de 2006, solicit\u00f3 el reconocimiento de la prestaci\u00f3n aqu\u00ed estudiada. \u00c9sta fue concedida, en vista de que se acredit\u00f3 la cotizaci\u00f3n de m\u00e1s de 300 semanas en vigencia del acuerdo reiteradamente mencionado. <\/p>\n

Empero, a pesar de tales pronunciamientos, no se desconoce que en otras ocasiones esta Sala advirti\u00f3 la razonabilidad de los pronunciamientos que al respecto emiti\u00f3 la Sala Laboral, criterio que en vista del reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional ha de reevaluarse a efectos de adherirse de manera uniforme a los planteamientos expuestos por la \u00faltima instituci\u00f3n mencionada, por ser, como aquella lo advirti\u00f3, la interpretaci\u00f3n que mayormente propende por los derechos que desarrolla la carta pol\u00edtica de nuestra naci\u00f3n. <\/p>\n

4. Visto de ese modo el asunto, procede entonces la Sala a verificar los supuestos de hecho que rodean el caso de la hoy reclamante a efectos de determinar si su esposo, quien falleci\u00f3 el 18 de noviembre de 2008, logr\u00f3 cotizar las semanas requeridas por el art\u00edculo 25 del Acuerdo 049 de 1990; regla que remite al art\u00edculo 6 de la misma normatividad, a efectos de obtener el beneficio pensional reclamando. <\/p>\n

El referido art\u00edculo, a efectos de reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes, establece: <\/p>\n

PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habr\u00e1 derecho a pensi\u00f3n de sobrevivientes en los siguientes casos: <\/p>\n

a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el n\u00famero y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez por riesgo com\u00fan y, <\/p>\n

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez o de vejez seg\u00fan el presente Reglamento. <\/p>\n

A su turno, el art\u00edculo 6, establece como requisitos para la pensi\u00f3n de invalidez: <\/p>\n

a) Ser inv\u00e1lido permanente total o inv\u00e1lido permanente absoluto o gran inv\u00e1lido y, <\/p>\n

b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) a\u00f1os anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier \u00e9poca, con anterioridad al estado de invalidez. <\/p>\n

Quiere decir lo anterior que, para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente por muerte de origen com\u00fan, necesario es que los beneficiarios del asegurado, acrediten que el \u00faltimo cotiz\u00f3 300 semanas al sistema de pensi\u00f3n y, de conformidad con lo establecido en los precedentes emitidos por la Corte Constitucional, \u00e9stas se hubiesen realizado en su totalidad, previa a la vigencia de la ley 100 de 1993. <\/p>\n

Supuestos que en el caso se encuentran satisfechos, de atender que el esposo de la hoy tutelante, de acuerdo con las certificaciones emitidas por el Instituto de Seguros Sociales para el momento de su muerte hab\u00eda cotizado 533.86 semanas, de las cuales 488.72 semanas fueron cotizadas al 1\u00ba de abril de 1994, adem\u00e1s tiene un tiempo p\u00fablico sin cotizaci\u00f3n al ISS entre el 14 de mayo de 1984 al 16 de marzo de 1988 correspondientes a 197.57 semanas, para un total de 686.29 semanas en vigencia del Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n

Como tambi\u00e9n se encuentran reunidos los supuestos que exige el test de procedibilidad \u00faltimamente implementado por la Corte Constitucional, en tanto la aqu\u00ed accionante: <\/p>\n

i. Se \tencuentra en un grupo de especial protecci\u00f3n por contar con \t70 a\u00f1os de edad; con afecciones en su salud al padecer de \tobesidad m\u00f3rbida, s\u00edndrome metab\u00f3lico, s\u00edndrome \tde resistencia a la insulina que cursa con intolerancia a los \tcarbohidratos, entre otras. <\/p>\n

ii. De \tacuerdo con las declaraciones que aquella realiz\u00f3 y que no \tfueron controvertidas por las instituciones accionadas, la misma \tdepend\u00eda econ\u00f3micamente de su esposo, quedando no s\u00f3lo \temocional sino econ\u00f3micamente desamparada ante su \tfallecimiento. <\/p>\n

iii. La \tausencia del reconocimiento pensional incide directamente en su \tm\u00ednimo vital, pues no cuenta con ingreso econ\u00f3mico del \tcual pueda derivar su sustento diario. <\/p>\n

iv. El \tcotizante fallecido no cumpli\u00f3 con las exigencias de \treg\u00edmenes posteriores, \tpues seg\u00fan la constancia emitida por el Instituto de Seguros \tSociales, aquel solo realiz\u00f3 aportes hasta el a\u00f1o \t1998; y <\/p>\n

v. Est\u00e1 \tacreditado que el proceder de la hoy reclamante fue diligente, toda \tvez que fallecido su c\u00f3nyuge presento oportunamente el \treconocimiento, y ante su negativa agot\u00f3 todos los medios de \tdefensa que el ordenamiento jur\u00eddico le concedi\u00f3 para \tel efecto. <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, a efectos de lograr la protecci\u00f3n invocada, esta Sala proceder\u00e1 a revocar el fallo impugnado, para conceder el amparo de los derechos de la reclamante, ordenando a la Sala de descongesti\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n declare sin valor ni efecto la decisi\u00f3n del 13 de marzo de 2019 y dem\u00e1s actuaciones que se desprendan de esa determinaci\u00f3n para que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dentro del proceso ordinario que la accionante promovi\u00f3 contra el Instituto de Seguros Sociales y, ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones reconocer y pagar a favor de la actora la pensi\u00f3n de sobrevivientes que solicit\u00f3, teniendo en cuenta lo considerado en este fallo. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de tutela que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

SEGUNDO. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de Mar\u00eda Alicia Ram\u00edrez Galeano. <\/p>\n

TERCERO. ORDENAR a la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n declare sin valor ni efecto la decisi\u00f3n del 13 de marzo de 2019 y dem\u00e1s actuaciones que se desprendan de esa determinaci\u00f3n para que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dentro del proceso ordinario que la accionante promovi\u00f3 contra el Instituto de Seguros Sociales <\/p>\n

CUARTO. ORDENAR a Colpensiones que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a emitir un nuevo acto administrativo en el cual se reconozca a favor de Mar\u00eda Alicia Ram\u00edrez Galeano la pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/p>\n

En oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tAl respecto ver sentencias T-584 de 2011, T-228 de 2014, T-401 de \t2015, T-294 de 2017, entre otras.
\n2\u0002http:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/comunicados\/No.%2006%20comunicado%2013%20de%20febrero%20de%202018.pdf
\n11<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16360-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01773-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., tres (03) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de tutela proferido el primero (1\u00ba) de octubre de dos mil diecinueve por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102896","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102896\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}