{"id":102897,"date":"2026-07-02T17:34:24","date_gmt":"2026-07-02T17:34:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102897"},"modified":"2026-07-02T17:34:24","modified_gmt":"2026-07-02T17:34:24","slug":"stc16361-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16361-2019\/","title":{"rendered":"STC16361-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16361-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2019-00550-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., tres (03) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala Familia, en la acci\u00f3n de tutela que Carlos Jacinto Gallego Correa promovi\u00f3 contra el Consejo Nacional Electoral y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a Ra\u00fal Bola\u00f1os Argaez, Karen Florez Salazar, al Registrador Municipal de Dagua, al Coordinador del Grupo de Control Electoral de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, al Fiscal Seccional 155, al Coordinador de la Fiscal\u00eda y a la Alcald\u00eda Municipal de dicho municipio. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

En el libelo que dio origen a la presente acci\u00f3n, el tutelante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, que considera vulnerados por las autoridades accionadas, debido a que no se le notific\u00f3 en debida forma la apertura del proceso administrativo de revocatoria de la inscripci\u00f3n que cursa frente al candidato Ra\u00fal Bola\u00f1os Arg\u00e1ez y, tampoco la convocatoria a la audiencia p\u00fablica de mejor proveer. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se ordene: <\/p>\n

[\u2026] al \u201cConsejo Nacional Electoral\u201d que [\u2026], declare la nulidad de todo el tr\u00e1mite administrativo que se halla adelantado para tramitar las solicitudes de Revocatoria de Inscripci\u00f3n del Candidato a la Alcald\u00eda de Dagua Se\u00f1or RAUL BOLA\u00d1OS ARGAEZ, [\u2026]; procediendo en consecuencia, a notificar personalmente al ciudadano y veedor Carlos Jacinto Gallego Correa, [\u2026], del inicio de la nueva actuaci\u00f3n administrativa y convocar inmediatamente a una \u201cAudiencia P\u00fablica de Mejor Proveer\u201d con un nuevo Magistrado Ponente, a fin de iniciar correctamente el procedimiento administrativo [\u2026]. <\/p>\n

[\u2026] al Procurador General de la Naci\u00f3n, que [\u2026] ofrezca apoyo inmediato y cualificado al Se\u00f1or CARLOS JACINTO GALLEGO CORREA, [\u2026] para que se le acompa\u00f1e por parte de la procuradur\u00eda en el tr\u00e1mite administrativo que se adelante ante el \u201cConsejo Nacional Electoral\u201d en raz\u00f3n de las solicitudes de \u201cRevocatoria de Inscripci\u00f3n\u201d del candidato a la Alcald\u00eda de Dagua se\u00f1or RAUL BOLA\u00d1OS ARGAEZ [\u2026]. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 27 de agosto de 2019, el ciudadano Carlos Jacinto Gallego Correa solicit\u00f3 a la Unidad de Fiscal\u00eda de Dagua la revocatoria de la inscripci\u00f3n o candidatura de Ra\u00fal Bola\u00f1oz Argaez, quien aspiraba a la alcald\u00eda de Dagua-Valle del Cauca por el partido Cambio Radical para las elecciones que se celebrar\u00edan el 27 de octubre del presente a\u00f1o, ya que consideraba que hab\u00eda incurrido en las causales de inhabilidad previstas en los numerales 3\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 617 de 2000, al sostener una relaci\u00f3n marital de hecho vigente con quien era representante legal de una estaci\u00f3n de servicio y, adem\u00e1s, propietaria de una papeler\u00eda que contrataba con dicha alcald\u00eda y con el Hospital Jos\u00e9 Rufino Vivas. <\/p>\n

2. En cuanto a tal petici\u00f3n se corri\u00f3 traslado a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil el 3 de septiembre siguiente, la cual a su vez, procedi\u00f3 en dicho sentido respecto al Consejo Nacional Electoral, por ser el competente para ello. <\/p>\n

3. Por medio de Resoluci\u00f3n n\u00ba 5427 del 2 de octubre de 2019, el Consejo Nacional Electora decidi\u00f3 rechazar la mencionada solicitud, tras considerar que no se cumplieron los presupuestos relacionados con la inhabilidad prevista en los numerales 3\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 617 de 2000; determinaci\u00f3n que se notific\u00f3 en estrados y, fue objeto de recurso de reposici\u00f3n por parte de gestor del amparo, que sustent\u00f3 mediante escrito del 3 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n

4. A trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n n\u00ba 5641 del 10 de octubre del a\u00f1o que avanza, resolvi\u00f3 no reponer la anterior decisi\u00f3n, en vista que en el recurso no se encontraron nuevos elementos probatorios que le hicieran reconsiderar la determinaci\u00f3n adoptada. <\/p>\n

5. En criterio del peticionario del amparo, las autoridades querelladas vulneraron sus garant\u00edas superiores al no haber sido notificado frente a la apertura del proceso administrativo de revocatoria de la inscripci\u00f3n de Ra\u00fal Bola\u00f1os Arg\u00e1ez, ni de la audiencia p\u00fablica de mejor proveer, en la que ten\u00edan derecho de a participar todas las partes y ciudadanos interesados a fin de ejercer sus derechos fundamentales, aportando incluso, nuevas pruebas para sustentar la solicitud de revocatoria. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n precis\u00f3 que el Consejo Nacional Electoral eera el competente para decidir acerca de la revocatoria de la inscripci\u00f3n por violaci\u00f3n al r\u00e9gimen de inhabilidades, raz\u00f3n por la cual traslad\u00f3 por competencia tal petici\u00f3n. <\/p>\n

Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que para acompa\u00f1ar el tema se han designados dos procuradores judiciales, tal y como se inform\u00f3 al Consejo Nacional Electoral. <\/p>\n

Por su parte, la Fiscal\u00eda Seccional 155 de Dagua, deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, en atenci\u00f3n a que anular la inscripci\u00f3n del se\u00f1or Ra\u00fal Bola\u00f1oz Argaez no constitu\u00eda una de sus funciones, de ah\u00ed que hubiese remitido la solicitud que en tal sentido elev\u00f3 el tutelista a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, la cual la envi\u00f3 al Consejo Nacional Electoral. <\/p>\n

A su turno, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, manifest\u00f3 que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, al paso que no ostentaba competencia para conocer acerca de las inhabilidades contra los ciudadanos inscritos a cargos y corporaciones de elecci\u00f3n popular. <\/p>\n

Finalmente, el Consejo Nacional Electoral luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas, indic\u00f3 que el reclamante emple\u00f3 los medios de defensa judicial que resultaban id\u00f3neos para la defensa contra la Resoluci\u00f3n n\u00ba 5427 de 2019, por medio de la cual se rechaz\u00f3 la solicitud de revocatoria de la inscripci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis, pues formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

Aunado a ello, resalt\u00f3 que el tutelante contaba con la posibilidad de interponer acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de la cual pod\u00eda solicitar medidas cautelares y, en tal virtud, no resultaba procedente el amparo constitucional por incumplimiento del presupuesto de la subsidiaridad. <\/p>\n

3. Mediante fallo emitido el 17 de octubre de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala Familia neg\u00f3 el amparo, tras se\u00f1alar que el objeto de la protecci\u00f3n constitucional desapareci\u00f3, como quiera que precluy\u00f3 la oportunidad establecida para modificar las inscripciones, en tanto ello pod\u00eda efectuarse hasta el 27 de septiembre del presente a\u00f1o de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 31 de la Ley 1475 de 2011. <\/p>\n

Por dem\u00e1s, resalt\u00f3 que al reclamante se le garantiz\u00f3 el derecho a la defensa y contradicci\u00f3n, ya que formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en contra de la Resoluci\u00f3n n\u00ba 5427 del 2 de octubre pasado, a trav\u00e9s de la cual se rechaz\u00f3 la solicitud de revocatoria de la inscripci\u00f3n del ciudadano Bola\u00f1os Argaez. <\/p>\n

4. Inconforme con lo anterior, el accionante formul\u00f3 impugnaci\u00f3n, tras reiterar los argumentos expuestos en el l\u00edbelo introductor y, resaltar que el Consejo Nacional Electoral no evalu\u00f3 la totalidad del material probatorio obrante en el plenario, que sustentaba las causales de inhabilidad a las que hizo referencia. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, deviene con claridad la conclusi\u00f3n que la acci\u00f3n incoada es improcedente, toda vez que el querellante dispone de otros medios a trav\u00e9s de los cuales puede procurar la defensa adecuada de los derechos que estima transgredidos. <\/p>\n

En efecto, el reclamo que se revisa en esta sede residual, estriba en el hecho relacionado con que en el marco del proceso administrativo de revocatoria de la inscripci\u00f3n o candidatura del Ra\u00fal Bola\u00f1oz Argaez, candidato a la alcald\u00eda de Dagua-Valle del Cauca para las elecciones que se llevaron a cabo el 27 de octubre pasado, no se notific\u00f3 al tutelista acerca de la apertura de dicho tr\u00e1mite, as\u00ed como tampoco de la convocatoria para la audiencia p\u00fablica de mejor proveer, impidi\u00e9ndosele a \u00e9l y a los ciudadanos interesado ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n; situaci\u00f3n que puede ser controvertida con otros mecanismos creados por el legislador para ello. <\/p>\n

En tal orden de ideas, se advierte que en el caso que es objeto de estudio, la solicitud de protecci\u00f3n invocada, no atiende el principio de la subsidiaridad, pues el accionante tiene a su alcance otros medios de defensa judicial para que el juzgador que est\u00e1 legalmente investido de la competencia resuelva las solicitudes que en sede constitucional plantea. <\/p>\n

En esa l\u00ednea de pensamiento y, a prop\u00f3sito de la exclusi\u00f3n de candidatos inscritos para ser elegidos en elecciones populares, esta Sala sostuvo en un caso de similares caracter\u00edsticas, que: <\/p>\n

a.-) Las disposiciones de los \u00f3rganos estatales atacados tienen el car\u00e1cter de "actos administrativos", luego, el gestor debi\u00f3 dirigirse a aquellos para plantear sus inconformidades y pedir el control de tales determinaciones; y, en caso de que sus s\u00faplicas no hubiesen sido atendidas, acudir a la jurisdicci\u00f3n contenciosa mediante las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho.
\nEntonces, al no haberse acreditado en el expediente el agotamiento de las herramientas ordinarias de defensa que consagra el ordenamiento jur\u00eddico, mal podr\u00eda permitirse que la tutela le fuese favorable. (CSJ STC. 9 Dic 2011. Rad 00007-01). <\/p>\n

En efecto, el promotor de esta queja puede poner en conocimiento de la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa por medio de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011, las solicitudes tendientes a que se declare la nulidad del mencionado tr\u00e1mite, a fin de que resuelva la controversia planteada en sede constitucional. <\/p>\n

De ah\u00ed, que resulte, entonces, ostensible, que si el tutelante no ha agotado las herramientas jur\u00eddicas que le brinda el ordenamiento procesal, a trav\u00e9s de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural. <\/p>\n

3. Por otra parte y, no obstante, que de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela procede ante la existencia de otros medios de defensa judicial, cuando tiene por fin evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es del caso resaltar que en el sub j\u00fadice el quejoso no demostr\u00f3 una circunstancia urgente o de peligro, as\u00ed como tampoco, la estructuraci\u00f3n de un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, raz\u00f3n por la cual no resulta viable acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio y anticiparse a la decisi\u00f3n de la autoridad natural, ya que tales medios judiciales se tornan efectivos e id\u00f3neos para materializar las pretensiones del actor. (CSJ STC, 14 dic. 2011, rad. 2011-00162-01; STC, 3 jul. 2012, rad. 2012-00135-01; STC, 18 oct. 2012, rad. 2012-00213-01; y STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00581-01; entre otras). <\/p>\n

Lo anterior, m\u00e1xime cuando los comicios en los que se eligi\u00f3 al alcalde de Dagua-Valle del Cauca se llevaron a cabo el 27 de octubre de 2019. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no se logran proteger los derechos fundamentales invocados, es decir, que no es eficaz e id\u00f3neo para ello, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar o reemplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discuten, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y, a quebrantar la Carta Pol\u00edtica, pues la tutela no es una instancia adicional. <\/p>\n

4. Finalmente, es del caso precisar que no se advierte vulneraci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental del reclamante por parte de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, ya que no ostenta la competencia para resolver acerca de la aludida revocatoria de la inscripci\u00f3n de la candidatura de Ra\u00fal Bola\u00f1os Argaez y, design\u00f3 dos procuradores judiciales para intervenir en relaci\u00f3n con dicho asunto ante el Consejo Nacional Electoral. <\/p>\n

5. Son entonces, las anteriores razones suficientes para concluir que el amparo invocado estaba abocado al fracaso por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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