{"id":102898,"date":"2026-07-02T17:34:30","date_gmt":"2026-07-02T17:34:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102898"},"modified":"2026-07-02T17:34:30","modified_gmt":"2026-07-02T17:34:30","slug":"stc16362-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16362-2019\/","title":{"rendered":"STC16362-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16362-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-03-000-2019-00203-01
\n(Aprobado en Sala de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 24 de octubre de 2019, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Mercedes Vergel Alizo, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 2016-00338-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tObrando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada, en virtud del precitado litigio. <\/p>\n

Relata, que el prenombrado despacho dict\u00f3 sentencia el 6 de abril de 2018 desfavorable a sus pretensiones y la conden\u00f3 al pago de \u00abgastos y costas judiciales\u00bb, en tanto que encontr\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva aducida por el convocado. <\/p>\n

Indica, que apel\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, sin embargo, \u00e9sta fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, mediante providencia de 16 de septiembre de 2018, y en raz\u00f3n de ello el juzgado acusado \u00abel 8 de noviembre de 2018 profiri\u00f3 auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase lo decidido por el Tribunal\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1ala, que el 31 de enero de 2019, el demandado en el referido juicio solicit\u00f3 librar mandamiento de pago por los gastos y costas judiciales causados en primera y segunda instancia, a lo que accedi\u00f3 el estrado judicial por auto de \u00ab28 de febrero de 2017\u00bb, el cual se notific\u00f3 por estado. <\/p>\n

Censura, la manera en la que se surti\u00f3 el enteramiento de la orden de apremio, pues a su juicio debi\u00f3 efectuarse de manera personal, en tanto que ya hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino de los treinta d\u00edas de que trata el precepto 306 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el interesado \u00abpresent\u00f3 la solicitud en el d\u00eda treinta y ocho (38) h\u00e1bil [posterior al auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase lo resuelto por el superior], o sea de manera extempor\u00e1nea y fuera de t\u00e9rminos para surtir la notificaci\u00f3n por estado\u00bb. <\/p>\n

Asegura, que los abogados a quienes les confiri\u00f3 mandato para que la representaran en juicio \u00abno defendieron [sus] intereses y al contrario contribuyeron al detrimento patrimonial de [sus] recursos al dejar[la] condenar en costas\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene i) al estrado acusado \u00abrevocar parcialmente el auto de mandamiento de pago\u00bb, en lo pertinente a la notificaci\u00f3n del prove\u00eddo para que se disponga que se surta personalmente y no por estado, y ii) \u00abse oficie a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue el actuar profesional de los togados Leonardo Frank Mendoza P\u00e9rez (\u2026) y Gerson P\u00e9rez Soto (\u2026) quienes estaban para defender mis intereses y no el contribuir a mi detrimento patrimonial\u00bb (ff. 1 a 6, cd 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. Leonardo \tFrank Mendoza P\u00e9rez y Gerson P\u00e9rez Soto, \tdefendieron su proceder, aseguraron que la tutela no es el mecanismo \tid\u00f3neo para cuestionar su gesti\u00f3n en el proceso; \tprecisaron que frente al reproche relacionado con la manera en que \tse realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago le \tasiste raz\u00f3n a la convocante (f. 29, \u00eddem). <\/p>\n

2. La \tJuez Cuarta Civil del Circuito de C\u00facuta se opuso a la \tprosperidad del auxilio argumentando que no ha transgredido ninguna \tde las garant\u00edas esenciales reclamadas por la promotora, \tdestac\u00f3 \tque \u00ab(\u2026) \tpara el caso objeto de la acci\u00f3n constitucional, la condena a \tla accionante y demandante en el proceso civil, fue al pago de las \tcostas \u00fanica y exclusivamente, por tanto el t\u00e9rmino de \tnotificaci\u00f3n previsto en el inciso 2\u00b0., [del art\u00edculo \t306 del C\u00f3digo General del Proceso] empieza a correr a partir \tde su liquidaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n, pues mal podr\u00eda \tlibrarse mandamiento de pago, sin haberse realizado esta actuaci\u00f3n \tprocesal\u00bb \t(f. 31, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo relievando que \u00aben ninguna vulneraci\u00f3n de derecho alguno incurri\u00f3 la funcionaria acusada (\u2026) si bien es cierto que la sentencia orden\u00f3 la condena en costas y al ser la misma objeto de alzada, como se rese\u00f1\u00f3 precedentemente, y la orden de cumplimiento \u2013 obed\u00e9zcase y c\u00famplase de la decisi\u00f3n se dio el nueve (9) de noviembre de 2018, no era a partir de dicha fecha que proced\u00eda el conteo del t\u00e9rmino a que hace alusi\u00f3n el art\u00edculo 306 del C.G.P., porque todav\u00eda no exist\u00eda se\u00f1alamiento de las agencias en derecho y menos de la liquidaci\u00f3n y su aprobaci\u00f3n. Por lo tanto, como la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito fue sobreviniente a la petici\u00f3n que hiciera el ejecutante, se encuentra que estuvo bien realizada la notificaci\u00f3n por estado y no personalmente como lo pretende la accionante\u00bb (ff. 34 a 40, \u00edb). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la promotora reiterando que \u00abla solicitud de ejecuci\u00f3n (ejecutivo impropio) no fue presentada dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la ejecutoriedad del auto, lo cual debe ser tenido como no presentado, pues la norma es muy tacita el decir que es despu\u00e9s de (treinta d\u00edas siguientes)\u00bb (ff. 47 a 51, cd. 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta lesion\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por la accionante en virtud del juicio n\u00b0 2016-00338-00, por cuanto presuntamente desatendi\u00f3 la regulaci\u00f3n prevista en el precepto 306 del C\u00f3digo General del Proceso, en torno a la manera en que deb\u00eda llevarse a cabo el enteramiento de la orden de apremio. <\/p>\n

2.\tHechos probados. <\/p>\n

2.1.\tMar\u00eda Mercedes Vergel Alizo llam\u00f3 a juicio a Said Antonio Sanguino Contreras, asunto que fue asignado al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta, radicado n\u00b0 2016-00338-00, quien dict\u00f3 sentencia desfavorable a las pretensiones el 6 de abril de 2018, y dispuso condenar en costas a la promotora. <\/p>\n

2.2.\tLa demandante apel\u00f3 el precitado fallo el cual fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 16 de octubre de 2018. <\/p>\n

2.3.\tMediante prove\u00eddo de 9 de noviembre de 2018, el juzgado de conocimiento dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por su superior jer\u00e1rquico funcional. <\/p>\n

5. Por \t\tauto de 18 de febrero de 2019 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n \t\tde las costas, y el 5 de marzo del mismo a\u00f1o profiri\u00f3 \t\tla orden de apremio, y dispuso que se surtiera la notificaci\u00f3n \t\tde dicho prove\u00eddo por estado. <\/p>\n

5. El 4 de octubre \t\thoga\u00f1o la querellante formul\u00f3 la presente solicitud \t\tde amparo. <\/p>\n

3.\tProcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n

Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse.
\n4.\tEl caso concreto. <\/p>\n

La actora acude a esta particular senda para cuestionar la manera en la que el despacho acusado orden\u00f3 notificar el auto de 5 de marzo hoga\u00f1o, por medio del cual libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra, en virtud del litigio n\u00b0 2016-00338-00. <\/p>\n

Analizados los reparos que fundan la solicitud de amparo, encuentra esta Sala que el auxilio se torna improcedente, por las razones que pasan a exponerse: <\/p>\n

4.1\tIncumplimiento del presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n

Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corte dijo:
\n\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n

De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n

Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que, la determinaci\u00f3n que acusa la gestora como vulneradora de sus derechos fue proferida el 5 de marzo de 2019, mientras que el presente resguardo fue radicado el 4 de octubre de 2019. <\/p>\n

Lo anterior permite establecer que desde la fecha de la providencia indicada hasta el momento en que se ejerci\u00f3 el auxilio se super\u00f3 el plazo considerado como razonable por la jurisprudencia, por lo que habr\u00e1 de confirmarse la negativa del amparo. <\/p>\n

Por lo tanto, la presunta afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la providencia recriminada. <\/p>\n

De otra parte, tampoco se adujo en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n

\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

En ese sentido, n\u00f3tese que la convocante no ofreci\u00f3 ninguna justificaci\u00f3n de por qu\u00e9, dentro del lapso transcurrido desde el proferimiento del auto de 5 de marzo de 2019, no acudi\u00f3 a la salvaguarda constitucional. <\/p>\n

Entonces, bajo ese contexto, no evidencia la Sala la concurrencia de alguno de los eximentes del presupuesto de inmediatez, por lo que este ser\u00e1 el criterio que se impondr\u00e1 para la confirmaci\u00f3n de la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo cual releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas, lo que sin duda est\u00e1 condicionado a la superaci\u00f3n del referido requisito temporal. <\/p>\n

4.2.\tInobservancia del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n

El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n

En el caso que se revisa se configura la segunda modalidad, dado que la interesada cuenta con otro mecanismo para alegar la presunta irregularidad que denuncia a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n

En efecto, si la convocante considera que la notificaci\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago \u2013el 5 de marzo de 2019- no se surti\u00f3 en debida forma, podr\u00e1 acudir al proceso para solicitar la nulidad de lo actuado conforme al numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

N\u00f3tese, que seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada por el despacho acusado, visible a folio 4 cuaderno Corte, se advierte que la interesada no ha comparecido al litigio para exponer las inconformidades planteadas en este escenario. <\/p>\n

Sobre el agotamiento de los medios ordinarios como requisito para acudir a esta v\u00eda, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que:
\n\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n

4.3.\tDe la responsabilidad de los abogados en las resultas del proceso civil. <\/p>\n

Finalmente, en cuanto al reproche endilgado respecto de los profesionales del derecho que ejercieron la representaci\u00f3n de la aqu\u00ed accionante en el proceso que origina el reclamo constitucional, ha de precisarse que si en criterio de la gestora el desenlace del juicio deriv\u00f3 de la negligencia de sus mandatarios, ello no resulta suficiente para acreditar la afectaci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales. <\/p>\n

Aunado a ello, valga destacar que la interesada se encuentra facultada para acudir directamente a denunciar tal situaci\u00f3n ante las autoridades disciplinarias respectivas, pues esta excepcional senda constitucional no ha sido erigida para dar tr\u00e1mite a ese tipo de pedimentos. <\/p>\n

Ante eventos como el anterior, esta Corte ha indicado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (\u2026) (subrayado en texto)\u00bb (CSJ. STC, 22 en. 1999, rad. 05715, reiterado STC4850-2017, 5 ab. rad. 00772-00). <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Corte confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n adoptada por el a quo, pero por las razones expuestas en precedencia, en tanto que el resguardo desatiende los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16362-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-03-000-2019-00203-01 (Aprobado en Sala de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102898","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102898","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102898"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102898\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102898"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102898"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102898"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}