{"id":102902,"date":"2026-07-02T17:35:26","date_gmt":"2026-07-02T17:35:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102902"},"modified":"2026-07-02T17:35:26","modified_gmt":"2026-07-02T17:35:26","slug":"stc16366-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16366-2019\/","title":{"rendered":"STC16366-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16366-2019 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 David Chavarro Garz\u00f3n, contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, siendo vinculados al tr\u00e1mite el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2015-00144. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tEl solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial accionada. <\/p>\n

2.\tRelata que el Banco de Occidente promovi\u00f3 proceso ejecutivo singular en su contra, \u00abcoinsa s.a.\u00bb y otros, con el fin de obtener el pago de un t\u00edtulo valor.
\nRefiere que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 el enteramiento de los ejecutados. <\/p>\n

Expone que en el escrito incoatorio se indic\u00f3 que para efectos de su notificaci\u00f3n se contaba con la direcci\u00f3n \u00abcalle 24 n\u00ba 11-123 de Yopal\u00bb; sin embargo, como como esa primera citaci\u00f3n fue devuelta por la empresa postal, la entidad bancaria aport\u00f3 una nueva direcci\u00f3n en la ciudad de Bogot\u00e1 \u00abcalle 146A n\u00ba 56-66\u00bb. <\/p>\n

Destaca que en esta \u00faltima nomenclatura, que corresponde al \u00abConjunto Residencial Villas de Santa Teresa\u00bb, la comunicaci\u00f3n judicial, si bien fue recibida \u00abpor alguien de nombre Manuel\u00bb, nunca le fue entregada personalmente ya que \u00abno resid\u00eda en el inmueble [\u2026] desde el 14 de noviembre de 2015\u00bb, por lo que \u00abjam\u00e1s (sic) tuvo conocimiento de la existencia del proceso ejecutivo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Indica que el despacho, posteriormente, el 9 de marzo de 2017 emiti\u00f3 providencia ordenando seguir con la ejecuci\u00f3n y \u00abconsecuentemente, al ya encontrarse notificados en debida forma los dem\u00e1s demandados, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n a favor del Banco [\u2026] y en contra de los ejecutados de la forma indicada en el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1ala que vino a enterarse del litigio el 11 de septiembre de 2018, por lo que present\u00f3 al juzgado incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n de conformidad con lo se\u00f1alado en el \u00abnumeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Expone que fundament\u00f3 la petici\u00f3n en el \u00abcontrato de arrendamiento [\u2026] de la vivienda ubicada en la calle 146\u00aa n\u00ba 56-66 Casa 100 del Conjunto Villas de Santa Teresa de la ciudad de Bogot\u00e1, con el que se demostr\u00f3 que la tenencia de tal inmueble en calidad de arrendatario [\u2026] tan solo perdur\u00f3 hasta el 14 de noviembre de 2015\u00bb. <\/p>\n

En prove\u00eddo de 9 de mayo de 2019, el juzgado de la causa, accedi\u00f3 a la solicitud y decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado \u00aba partir de la providencia de 9 de marzo de 2017 [\u2026] por medio del cual se orden\u00f3 seguir delante la ejecuci\u00f3n, as\u00ed como toda la actuaci\u00f3n subsiguiente (\u2026)\u00bb, decisi\u00f3n contra la cual, el Banco interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Resalta que el Tribunal Superior de Yopal, con auto de 17 de septiembre de este a\u00f1o, revoc\u00f3 el anterior proferimiento para en su lugar resolver que no proced\u00eda la nulidad deprecada, por cuanto no advirti\u00f3 \u00ab(\u2026) mala fe en la parte demandante al momento de desarrollar la notificaci\u00f3n [\u2026] argumentando que la entidad bancar\u00eda no conoc\u00eda el cambio de domicilio [\u2026] y que las comunicaciones de que trataban los art\u00edculos 315 y 320 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil fueron recibidas en la calle 146\u00aa n\u00ba 56-66 de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n

Acusa la anterior determinaci\u00f3n de constituir v\u00eda de hecho por \u00abdefecto sustantivo\u00bb, dado que la norma que sustent\u00f3 la invalidez del juicio por la indebida notificaci\u00f3n no comprende los \u00abrequisitos adicionales\u00bb que le otorg\u00f3 el tribunal, pues aduce que las causales de nulidad \u00abse encuentran cobijadas por el principio de taxatividad [\u2026] sin que le sea dable al operador judicial a\u00f1adirla o modificarla, como erradamente se realiz\u00f3 [\u2026] exigiendo como presupuesto la existencia de la mala fe en la parte demandante al momento de desarrollar el acto procesal de notificaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide \u00abse ordene al Tribunal Superior [\u2026] revocar la decisi\u00f3n adoptada a trav\u00e9s del auto fechado el 17 de septiembre de 2019 y en su lugar confirme la decisi\u00f3n objeto de alzada\u00bb (fls. 1 a 8). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

La magistrada de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal, ponente de la providencia recriminada aport\u00f3 copia de esa decisi\u00f3n sin pronunciarse sobre el reclamo constitucional (fls. 23 a 26). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Las determinaciones de los funcionarios judiciales son, por regla general, ajenas al auxilio consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica; salvo, lo que ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en los eventos donde resultan notoriamente arbitrarias, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable, y no tenga o haya desaprovechado otros remedios efectivos para conjurar el agravio. <\/p>\n

3.\tLa providencia cuestionada. <\/p>\n

Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al tribunal convocado para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores del actor. <\/p>\n

Para resolver la controversia planteada en el recurso de \u00abalzada\u00bb, la colegiatura tutelada precis\u00f3 que, al remitirse el citatorio al nuevo domicilio suministrado por la ejecutante a efecto de notificar al demandado sin que \u00e9ste fuera rechazado ni existiera constancia de \u00abno recibida\u00bb en los certificados de correspondencia, implicaba tenerlo por entregado; empero, apunt\u00f3 que, aunque:
\n\u00ab(\u2026) no aparezca la firma o el nombre del demandado como persona que recibi\u00f3 la correspondencia, es un asunto que obedece a una raz\u00f3n que el mismo incidentante rese\u00f1a, y es que la direcci\u00f3n est\u00e1 ubicada en la porter\u00eda del conjunto de propiedad horizontal Villas de Santa Teresa, donde como es usual en este tipo de construcciones, es el personal de vigilancia o administraci\u00f3n el encargado de recibir la correspondencia; ese aspecto, sin embargo, no tiene trascendencia en un plano de afectaci\u00f3n frente a la validez de los actos de notificaci\u00f3n judicial, puesto que por eso legislador ante las nuevas realidades sociales en el art\u00edculo 291 C.G.P., indic\u00f3 que \u201ccuando la direcci\u00f3n del destinatario se encuentre en una unidad inmobiliaria cerrada, la entrega podr\u00e1 realizarse a quien atienda la recepci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, luego de traer a colaci\u00f3n lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-533 de 2015 que declar\u00f3 la exequibilidad de la aludida normativa, recalc\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) para declarar la nulidad de lo actuado en el proceso, inclusive desde la notificaci\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo, como lo pretende el demandado al amparo de la causal 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, no basta con que se demuestre que el demandado para la \u00e9poca de la notificaci\u00f3n, especialmente para el momento en que se env\u00eda el citatorio, y luego el aviso de notificaci\u00f3n, resid\u00eda en un lugar distinto a aqu\u00e9l que el demandante inform\u00f3 en la demanda o con posterioridad, y a donde le fueron enviadas las correspondientes citaciones. En estos casos lo determinante es demostrar que el demandante conoc\u00eda esa circunstancia y aun as\u00ed, actu\u00f3 de mala fe, o con el inicuo prop\u00f3sito de ocultarle el proceso iniciado en su contra, vulnerando, de esa manera, el derecho de defensa del demandado. Si el demandante sab\u00eda d\u00f3nde ubicar al demandado, es decir, si sab\u00eda d\u00f3nde resid\u00eda o d\u00f3nde trabajaba, y aun as\u00ed call\u00f3 esa informaci\u00f3n en el proceso, desde luego que all\u00ed existir\u00e1 la indebida notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Al respecto, puntualiz\u00f3 que, en este caso: \u00ab(\u2026) lo que se advierte no obedece a un actuar mal intencionado del ejecutante porque ubicado el demandado Jos\u00e9 David Chavarro Garz\u00f3n en la direcci\u00f3n registrada en el pagar\u00e9 objeto de cobro en este proceso, y advirtiendo que ya no era ese el lugar donde pod\u00eda ser enterado de la existencia del proceso, el abogado del actor desde el 29 de julio de 2015 hizo saber al juez una nueva direcci\u00f3n, para que se autorizara enviar a este \u00faltima tanto el citatorio para la notificaci\u00f3n personal como el aviso de notificaci\u00f3n de que tratan los art\u00edculos 315 y 320 del entonces C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso; petici\u00f3n reiterada el 3 de septiembre de 2015. No comunic\u00f3 una nueva direcci\u00f3n, ni se dio a la tarea de averiguarlo, puesto que enviado el citatorio pudo constatar que hab\u00eda sido recibido en el lugar establecido, conforme la certificaci\u00f3n de entrega de la empresa de correspondencia certificada; por esa raz\u00f3n procedi\u00f3 a enviar el aviso de notificaci\u00f3n del mandamiento junto con todos los anexos correspondientes, habiendo recibido igual respuesta de recibo satisfactorio, como lo hizo saber al juzgado allegando las constancias debidamente cotejadas y certificadas; para luego s\u00ed, pedir que se ordenara seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

De las pruebas allegadas por el all\u00ed incidentante para demostrar que en efecto, su domicilio hab\u00eda cambiado, esto es: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el contrato de arrendamiento y la certificaci\u00f3n de la entrega del inmueble del demandado como arrendador al arrendatario, donde se puede evidenciar que el inmueble de la calle 146\u00aa n\u00ba 56-66 de Bogot\u00e1, casa 100, lo tuvo en calidad de tenedor Jos\u00e9 David Chavarro hasta el 14 de noviembre de 2015 [\u2026] esa situaci\u00f3n no ten\u00eda por qu\u00e9 saberla y conocerla el ejecutante, m\u00e1xime cuando la correspondencia enviada por el juzgado fue recibida en esa direcci\u00f3n, sin advertencia alguna que el destinatario ya no resid\u00eda en aqu\u00e9l lugar, asunto que fue certificado por la empresa de mensajer\u00eda respectiva\u00bb. <\/p>\n

Con todo, concluy\u00f3 que no exist\u00edan elementos de juicio que le permitieran inferir que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el ejecutante conoc\u00eda la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n del ejecutado y que ocult\u00f3 ese hecho de mala fe para impedir su comparecencia al proceso; por el contrario, se advierte que inform\u00f3 al juez la nueva direcci\u00f3n donde pod\u00eda ser ubicado el demandado, y confi\u00f3 de buena fe que all\u00ed resid\u00eda al tiempo de recibido de la correspondencia, porque esta no fue rehusada, y por el contrario se certific\u00f3 su efectiva entrega por parte de la empresa de mensajer\u00eda certificada. <\/p>\n

Tampoco existen elementos que [se\u00f1alen] que el banco conoc\u00eda otra direcci\u00f3n distinta, o un correo electr\u00f3nico, o alg\u00fan otro medio mediante el cual pudiera haberse enterado que para entonces ya no resid\u00eda en el lugar donde fue efectivamente entregado tanto el citatorio como el aviso\u00bb (Auto de 17 de septiembre de 2019 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala \u00danica) Subrayas fuera de texto. <\/p>\n

Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundada o arbitraria, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se advierte es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la magistratura apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico planteado y defini\u00f3 que, a partir de lo auscultado, no pod\u00eda deducir un proceder ex profeso de la entidad demandante de cara a entorpecer la notificaci\u00f3n del ejecutado pues, por el contrario, alleg\u00f3 informaci\u00f3n adicional respecto de otro domicilio en el que podr\u00eda ser encontrado. <\/p>\n

Sobre el particular, cabe memorar que en un asunto de contornos similares en sede de tutela, la Sala observ\u00f3 razonable un pronunciamiento que, en igual sentido, deneg\u00f3 la nulidad impetrada en ese juicio por supuesta indebida notificaci\u00f3n, al establecerse que el demandante, en ese evento, no actu\u00f3 de mala fe al manifestar \u00abdesconocer\u00bb la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n del incoado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Ahora, la nulidad solicitada por el actor fue negada, ya que el emplazamiento se supedit\u00f3 a lo reglado en los c\u00e1nones 108 y 293 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto ante la manifestaci\u00f3n de la ejecutante en la demanda, consistente en desconocer el lugar donde pod\u00eda ser citado el ejecutado, aqu\u00ed accionante, procedi\u00f3 a disponer lo necesario para su emplazamiento y pasados los quince (15) d\u00edas desde la fijaci\u00f3n del mismo, se le design\u00f3 curador ad litem, quien contest\u00f3 la demanda, garantiz\u00e1ndole as\u00ed el debido proceso y derecho de defensa al actor. <\/p>\n

Asimismo no qued\u00f3 demostrada la mala fe o falsedad de la demandante al indicar su ignorancia sobre el paradero del tutelante. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, las providencias examinadas no se observan arbitrarias al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n\u00bb (STC12320-2019, 11 sep. 2019, rad. 2019-02827-00). <\/p>\n

En todo caso, deducciones como las aqu\u00ed recriminadas no pueden ser desaprobadas de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1[n] demostrado[s] [los] defecto[s] apuntado[s] en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Consecuencia de lo analizado en precedencia, es la negativa del resguardo porque:
\nLa decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16366-2019 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 David Chavarro Garz\u00f3n, contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, siendo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102902","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102902","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102902"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102902\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}