{"id":102911,"date":"2026-07-02T17:37:06","date_gmt":"2026-07-02T17:37:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102911"},"modified":"2026-07-02T17:37:06","modified_gmt":"2026-07-02T17:37:06","slug":"stc16377-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16377-2019\/","title":{"rendered":"STC16377-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16377-2019
\nRadicaci\u00f3n N.\u00ba 50001-22-13-000-2019-00168-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., tres (03) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto al fallo proferido el ocho de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio en la acci\u00f3n de tutela que Dorian del Pilar Jaramillo Aguirre promovi\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas -Meta. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicita la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, los cuales estima vulnerados por el juzgado convocado, dentro del proceso ejecutivo que adelant\u00f3 Mar\u00eda Sulay Borb\u00f3n Olaya en su contra, toda vez que esta autoridad revoc\u00f3 el fallo de instancia y orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n de pretendida, decisi\u00f3n que afirma es contraria a las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n, pues all\u00ed se logr\u00f3 establecer que la misma ejecutante confes\u00f3 que present\u00f3 la demanda porque su esposo no le gustaba iniciar actuaciones judiciales, por lo tanto es evidente que \u00e9sta actu\u00f3 de mala fe y que adem\u00e1s se corrobor\u00f3 un \u00abincumplimiento del contrato que dio origen a la creaci\u00f3n de los t\u00edtulos que se relacionan\u00bb. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la decisi\u00f3n de segunda instancia y, en su lugar, se confirme la sentencia dictada por el a quo. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Mar\u00eda Sulay Borb\u00f3n Fontecha inici\u00f3 contra la tutelante demanda ejecutiva, la cual tuvo como base de la ejecuci\u00f3n el t\u00edtulo valor denominado cheque No. IY231966 del Banco de Colombia, por la suma de $50.000.000 y un $1.000.000 por la sanci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 749 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n

2. El conocimiento de este asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Acac\u00edas, el que en decisi\u00f3n del 27 de marzo de 2017 libr\u00f3 mandamiento en contra de la quejosa. <\/p>\n

3. Luego de notificada la accionante, \u00e9sta propuso la excepci\u00f3n \u00abcontra la acci\u00f3n cambiaria derivada del incumplimiento del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n y trasferencia del t\u00edtulo valor utilizado como base del recaudo judicial \u2026 descrita en el numeral 12 del art\u00edculo 784 del C\u00f3digo de Comercio que expresa \u2018\u2026 Las derivadas del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o trasferencia del t\u00edtulo, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa, \u2026\u00bb. <\/p>\n

4. Surtido el tr\u00e1mite pertinente, el a quo dict\u00f3 sentencia el 27 de noviembre de 2018, por medio de la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada, contra la acci\u00f3n cambiaria derivada del incumplimiento del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n y trasferencia del t\u00edtulo valor utilizado como base del recaudo judicial, en consecuencia orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n

5. Inconforme con lo resuelto la ejecutante interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

6. El Juez ad quem el 20 de marzo del presente a\u00f1o, admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

7. Se convoc\u00f3 a las partes a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, de que trata el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual se surti\u00f3 el 23 de julio de la anualidad cursante, en la que se revoc\u00f3 el fallo de instancia y que en consecuencia se ordenaba continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

Para arribar a la anterior conclusi\u00f3n memor\u00f3 los fundamentos normativos del t\u00edtulo valor ejecutado \u2013cheque, los l\u00edmites de negociabilidad de los t\u00edtulos valores, las excepciones procedentes contra la acci\u00f3n cambiaria y los presupuestos para el \u00e9xito de la excepci\u00f3n propuesta por la ejecutada, situaciones en las que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 la presunci\u00f3n de la mala fe, citando para ello el fundamento jurisprudencial que precisa la inoponibilidad a terceros de cuestiones originadas en el negocio jur\u00eddico subyacente, m\u00e1xime, cuando no participaron en aqu\u00e9l. Seguidamente se ocup\u00f3 de la valoraci\u00f3n individual y conjunta de las pruebas documentales y testimoniales recaudadas, concluyendo que no se demostr\u00f3 que la ejecutante actuara de mala fe y que adem\u00e1s la actividad probatoria se limit\u00f3 a acreditar el incumplimiento del contrato que origin\u00f3 el diligenciamiento del t\u00edtulo valor ejecutado. <\/p>\n

8. La tutelante considera que el juzgado convocado ha trasgredido sus derechos fundamentales, por cuanto dict\u00f3 sentencia de segunda instancia sin tomar en consideraci\u00f3n lo demostrado con las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 26 de septiembre de 2019 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial accionada, as\u00ed como a las partes involucradas en el asunto. <\/p>\n

2. Oportunamente el Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas \u2013Meta realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n surtida en primera instancia y destac\u00f3 que de su parte no existe vulneraci\u00f3n a los derechos de la tutelante. <\/p>\n

A su turno el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Acac\u00edas \u2013Meta anot\u00f3 que actu\u00f3 bajo el imperio de la norma sustancial y procesal, respetando y propugnando el debido proceso. <\/p>\n

3. En fallo del 8 de octubre de 2019 el Tribunal Superior de Villavicencio deneg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, luego de concluir que la decisi\u00f3n que se censura fue debidamente motivada, pues se hizo alusi\u00f3n a cada elemento de convicci\u00f3n obrante en la actuaci\u00f3n y a partir de tal juicio de valor se concluy\u00f3 que hab\u00eda lugar a continuar con la ejecuci\u00f3n, por lo que no se evidenciaba la incursi\u00f3n en alg\u00fan defecto que constituyera una v\u00eda de hecho que justificara la procedencia del amparo. <\/p>\n

4. Inconforme con lo anterior, la reclamante formul\u00f3 impugnaci\u00f3n, para lo cual adujo que en el fallo dictado en segunda instancia por el juzgado convocado no se tom\u00f3 en consideraci\u00f3n la confesi\u00f3n de la demandante, quien en varias de sus respuestas demuestra su mala fe en el endoso del cheque y al presentar una demanda en busca de hacer incurrir en error al funcionario judicial. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, y por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el caso sub judice, del examen de la providencia emitida el 23 de julio de 2019 por el Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas -Meta y los argumentos en que la reclamante funda su inconformidad, no se advierte la vulneraci\u00f3n alegada, toda vez que se realiz\u00f3 una leg\u00edtima valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el plenario, con base en los supuestos f\u00e1cticos sometidos a su an\u00e1lisis, adoptando una decisi\u00f3n coherente, razonable y motivada. <\/p>\n

En efecto, el ad quem al desatar el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la ejecutante contra la decisi\u00f3n de primer grado, valor\u00f3 en conjunto los medios probatorios obrantes en el proceso, el marco legal y jurisprudencial que regula el asunto y determin\u00f3 que de los mismos derivaba una conclusi\u00f3n diferente a la expuesta por el a quo, tal y como pasa a verse. <\/p>\n

Al respecto, el juzgado convocado precis\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n

\u00ab\u2026, pueden demandarse ejecutivamente los obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra \u00e9l, entre los t\u00edtulos ejecutivos encontramos aquellos denominados y que se encuentran en el C\u00f3digo de Comercio como los t\u00edtulos valores dentro de los cuales se encuentra el contenido como la letra de Cambio, el pagar\u00e9 y el cheque, as\u00ed tenemos que el cheque es un documento que contiene unas caracter\u00edsticas especiales, el cheque, es un documento pagadero a la vista \u2026 cualquier anotaci\u00f3n en contrario se tendr\u00e1 por no puesta, el cheque posdatado ser\u00e1 pagadero a su presentaci\u00f3n y el art\u00edculo 715 se\u00f1ala en cuanto a la limitaci\u00f3n en la negociabilidad de los cheques dice que la negociabilidad los cheques podr\u00e1 limitarse insertando en ellos una cl\u00e1usula que as\u00ed lo indique, esto quiere decir que cuando se est\u00e1 limitando la negociabilidad de un t\u00edtulo valor como el cheque, debe estar por las mismas caracter\u00edsticas de las caracter\u00edsticas intr\u00ednsecas del t\u00edtulo valor cheque debe estar incorporado en el mismo t\u00edtulo valor\u00bb. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n el ad quem explic\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 784 del C\u00f3digo de Comercio, contra la acci\u00f3n cambiar\u00eda s\u00f3lo podr\u00edan proponerse las siguientes excepciones, entre ellas, la consagrada en el numeral 12, que es la derivada del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o \u00abcontra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buen fe exenta de culpa\u00bb, por tanto procedi\u00f3 a indicar que la segunda parte del citado numeral trae una condici\u00f3n muy especial, toda vez: <\/p>\n

\u00ab\u2026 cuando la excepci\u00f3n no se propone contra el demandante que haya sido parte en el negocio jur\u00eddico sino contra otra persona que no fue parte en el negocio en el respectivo negocio sea otro demandante procede esta excepci\u00f3n cuando ese tenedor no lo sea de buena fe exenta de culpa y aqu\u00ed hay una situaci\u00f3n muy especial, porque el c\u00f3digo civil nos se\u00f1ala en el art\u00edculo 769 que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunci\u00f3n contraria, en todos los otros casos la mala fe deber\u00e1 probarse y a qui\u00e9n le asiste la obligaci\u00f3n de probar la mala fe, pues aqu\u00ed qui\u00e9n la est\u00e1 alegando, qui\u00e9n se va a beneficiar de dicha supuesta mala fe, entonces en este caso se ha centrado la discusi\u00f3n espec\u00edficamente en determinar el tipo de negocio que se adelant\u00f3 entre la demandada la se\u00f1ora Dorian del Pilar Jaramillo y \u2026 el se\u00f1or Nelson Naranjo \u2026 y se circunscribe todo a establecer cu\u00e1l fue el negocio jur\u00eddico que se dio entre los dos, el tipo de contrato que celebraron, la forma c\u00f3mo se desarroll\u00f3 el contrato, el otros\u00ed que se firma en el contrato, el incumplimiento del contrato que se menciona por parte del se\u00f1or Nelson Naranjo y de todo ese relaci\u00f3n, de todo esa situaci\u00f3n que se da entre estas dos partes deviene en consecuencia y de conformidad con excepci\u00f3n planteada por la parte demandada la excepci\u00f3n planteada, es decir, que el contrato que por incumplimiento de las que se derivan del negocio jur\u00eddico que celebr\u00f3 la se\u00f1ora Dorian con el se\u00f1or Nelson ello conlleva a que no se debe librar mandamiento de pago y el t\u00edtulo valor presentado para su cobro por la se\u00f1ora Mar\u00eda Zulay Borb\u00f3n Fontecha, vincul\u00e1ndola a dicha relaci\u00f3n contractual en cuanto a los efectos adversos que de la misma se predica, eso qu\u00e9 quiere decir que la se\u00f1ora Mar\u00eda Zulay Borb\u00f3n no particip\u00f3 el negocio jur\u00eddico, pero se le pretende dar el alcance de dicho negocio jur\u00eddico en cuanto al incumplimiento que del mismo se predica para efectos de hacer nugatorio la liga el cr\u00e9dito que ella est\u00e1 persiguiendo mediante el t\u00edtulo valor que se incorpora en este proceso y ello con un agravante y es que en ning\u00fan momento se logra establecer o demostrar un actuar de mala fe exenta de culpa, es decir, que no haya actuado como dice la norma, que se prev\u00e9 que el tenedor no sea que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa, es decir, que se acredite que haya actuado de mala fe al momento de presentar para el cobro de un t\u00edtulo valor, se deben tener en cuenta estas circunstancia\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed se enfatiz\u00f3 que de acuerdo con los medios de convicci\u00f3n obrantes en la actuaci\u00f3n, no se hab\u00eda demostrado la mala fe de la ejecutante: <\/p>\n

\u00abLas pruebas que se aportaron al proceso y los testimonios dan cuenta del negocio jur\u00eddico que se celebr\u00f3 entre la se\u00f1ora Gloria Jaramillo y el se\u00f1or Nelson Andr\u00e9s Naranjo, pero ni los testigos, ni los documentos que se aportan lograr acreditar ni son enf\u00e1ticos en establecer \u2026 que efectivamente la se\u00f1ora Mar\u00eda Zulay Borb\u00f3n Fontecha actu\u00f3 de mala fe al momento de presentar para el cobro el t\u00edtulo valor al momento en que le fue endosado, esa mala fe no se puede presumir, debe probarse como ya lo se\u00f1al\u00f3 la norma, indica el art\u00edculo 729 del C\u00f3digo Civil que la Mala Fe deber\u00e1 probarse no presumirse y no se puede presumir por el hecho que el se\u00f1or Gustavo Rojas la persona a la que le giran el cheque, de conformidad con el otro si del contrato sea el esposo de ella, o sea no se puede presumir que por el hecho de que el esposo le endos\u00f3 a ella el t\u00edtulo valor, ella autom\u00e1ticamente ten\u00eda que conocer los pormenores del contrato que celebraron la se\u00f1ora Dorian y el se\u00f1or Nelson y su vez entonces por esa misma v\u00eda se le traslada la mala fe que se estar\u00eda predicando no de ella, sino de su esposo el se\u00f1or Nelson Rojas, quien es el que le endosa el t\u00edtulo valor a ella, ese endos\u00f3 no hace presumir la mala fe como lo reitera el despacho, porque la mala fe deber\u00e1 probarse y aqu\u00ed se omiti\u00f3 precisamente hacer ese debate probatorio, especialmente encauzar las pruebas que m\u00e1s que intentaran demostrar el contrato y su incumplimiento, b\u00e1sicamente era demostrar la mala fe del tenedor actual del t\u00edtulo valor que se est\u00e1 ejecutando, ese era realmente el quid del asunto, era la situaci\u00f3n que deb\u00eda entrarse a ventilar <\/p>\n

De otra parte, se precis\u00f3 que a pesar que la tutelante hab\u00eda alegado que el t\u00edtulo valor se gir\u00f3 de forma condicionada al cumplimiento del contrato de permuta, tal circunstancia no hab\u00eda sido demostrada, por cuanto: <\/p>\n

Entonces c\u00f3mo puede presumirse y hablarse de buena o mala fe de que ni siquiera estuvo presente cuando estuvo no qued\u00f3 as\u00ed en el contrato, no obstante los testigos aportados hayan dicho que el se\u00f1or s\u00ed ten\u00eda conocimiento de las condiciones en que se celebr\u00f3 el acuerdo y que la forma c\u00f3mo se gir\u00f3 el t\u00edtulo y la condici\u00f3n del mismo pero reitera el despacho a\u00fan de aceptarse dicha situaci\u00f3n en gracia de discusi\u00f3n la misma no podr\u00eda extenderse de manera autom\u00e1tica a la se\u00f1ora Mar\u00eda Zulay Borb\u00f3n Fontecha ejecutante, por el simple hecho de que el se\u00f1or Gustavo Rojas haya endosado dicho t\u00edtulo valor pues deb\u00eda encontrarse debidamente acreditado en el proceso esa mala fe del tenedor y qui\u00e9n lo est\u00e1 cobrando actualmente\u00bb.
\nPor \u00faltimo, se aclar\u00f3 que aqu\u00ed no era suficiente para tomar la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el a quo, que la quejosa alegara el incumplimiento de un contrato, lo que adem\u00e1s generaba que el t\u00edtulo valor no se pudiera ejecutar, pues no exist\u00eda prueba efectiva del incumplimiento del contrato como lo se\u00f1ala la norma, ya que no hab\u00eda declaraci\u00f3n judicial al respecto, ni se hab\u00eda iniciado por las partes la terminaci\u00f3n del mismo, contrato que ni siquiera hab\u00eda sido suscrito por quien le endos\u00f3 el t\u00edtulo a la ejecutante, ni por esta \u00faltima. <\/p>\n

3. As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la parte actora, como gestora del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, la accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la del juzgado accionado y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que consideran les desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de las tutelantes. <\/p>\n

5. Conforme a lo narrado, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de censura. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de los fallos emitidos en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16377-2019 Radicaci\u00f3n N.\u00ba 50001-22-13-000-2019-00168-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., tres (03) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto al fallo proferido el ocho de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil Familia Laboral […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102911","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102911","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102911"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102911\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102911"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102911"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102911"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}