{"id":102913,"date":"2026-07-02T17:37:30","date_gmt":"2026-07-02T17:37:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102913"},"modified":"2026-07-02T17:37:30","modified_gmt":"2026-07-02T17:37:30","slug":"stc16379-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16379-2019\/","title":{"rendered":"STC16379-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16379-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01996-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2019, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Vanegas Bola\u00f1os frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del asunto penal seguido contra el aqu\u00ed actor por el delito de secuestro extorsivo agravado, con radicado n\u00ba 2012-0480. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El tutelante, exige la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y libertad, supuestamente transgredidos por las autoridades convocadas. <\/p>\n

2. En sustento de su queja, manifiesta que, en auto de 17 de abril de 2019, el estrado accionado le neg\u00f3 la \u201credosificaci\u00f3n de la pena\u201d a \u00e9l impuesta, tras haber sido hallado responsable del delito de secuestro extorsivo agravado; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, por el tribunal convocado, el 2 de septiembre siguiente. <\/p>\n

Considera que con dichas decisiones se incurre en defecto sustantivo, de un lado, por desconocimiento de lo estatuido en el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal1, en tanto ya indemniz\u00f3 a sus v\u00edctimas y, de otro, por aplicaci\u00f3n indebida de la prohibici\u00f3n consignada en el canon 26 de la Ley 1121 de 20062. <\/p>\n

3. Pide en concreto, revocar las providencias antes citadas, en su lugar, acceder a su solicitud de \u201credosificaci\u00f3n de la pena\u201d y, en consecuencia, conceder su libertad inmediata por \u201cpena cumplida\u201d. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel \t\taccionado y vinculados <\/p>\n

1. El Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que la negativa a acceder a la \u201credosificaci\u00f3n de la pena\u201d deriv\u00f3 de su falta de competencia para reformar la sentencia del juez de conocimiento, por lo cual, si el actor consideraba que la cuantificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n efectuada por aqu\u00e9l, no era la correcta, debi\u00f3 interponer los recursos procedentes. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que, si lo pretendido es readecuar la pena impuesta, el medio procedente para ello es la acci\u00f3n de revisi\u00f3n y no el mecanismo de amparo. <\/p>\n

2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 adujo que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del juzgador de primer grado por encontrarse ajustada a derecho. Pidi\u00f3 tener como argumentos los razonamientos expuestos en la providencia de 2 de septiembre de 2019. <\/p>\n

3. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que, en virtud del preacuerdo suscrito con la fiscal\u00eda, conden\u00f3 al aqu\u00ed gestor por el delito de secuestro extorsivo agravado, en calidad de c\u00f3mplice. Manifest\u00f3 que los cuestionamientos del tutelante son ajenos a su despacho y, por tanto, carece de legitimidad en la causa por pasiva.
\n2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo tras considerar que lo alegado en la queja constitucional \u201c(\u2026) no es m\u00e1s que una apreciaci\u00f3n del accionante que desconoce el sentido de la norma e interpreta indebidamente la jurisprudencia de la Corte (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Precis\u00f3 que al haber sido el tutelante condenado por el il\u00edcito de \u201csecuestro extorsivo agravado\u201d, tal escenario exclu\u00eda la posibilidad de disminuir la pena por indemnizaci\u00f3n integral, pues fue la intenci\u00f3n del legislador: <\/p>\n

\u201c(\u2026) limitar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal a aquellas situaciones en las que se atent\u00f3 contra el patrimonio econ\u00f3mico y se quiere reparar a la v\u00edctima por los perjuicios causados, y no cuando la conducta vulner\u00f3 la libertad individual y otras garant\u00edas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La promovi\u00f3 el actor insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El accionante cuestiona el prove\u00eddo de 17 de abril de 2019, a trav\u00e9s del cual el estrado accionado le neg\u00f3 la \u201credosificaci\u00f3n de la pena\u201d a \u00e9l impuesta, tras haber sido hallado responsable del delito de \u201csecuestro extorsivo agravado\u201d; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, por el tribunal convocado, el 2 de septiembre siguiente. <\/p>\n

Lo anterior, al considerar que dichas decisiones incurren en defecto sustantivo, de un lado, por desconocimiento de lo estatuido en el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal, en tanto ya indemniz\u00f3 a sus v\u00edctimas y, de otro, por aplicaci\u00f3n indebida de la prohibici\u00f3n consignada en el canon 26 de la Ley 1121 de 2006. <\/p>\n

2. El an\u00e1lisis de la queja se circunscribir\u00e1 a la postura adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el prove\u00eddo de 2 de septiembre de 2019. Lo antelado, por cuanto all\u00ed se estudiaron los diferentes reparos planteados por el tutelante y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o infirmado. <\/p>\n

3. As\u00ed las cosas, revisada la precitada providencia, se observa que el colegiado convocado coligi\u00f3 la inviabilidad de la redosificaci\u00f3n de la pena deprecada por Vanegas Bola\u00f1os, en primer lugar, porque la supuesta reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas por \u00e9l efectuada, en realidad correspondi\u00f3 a la restituci\u00f3n del dinero il\u00edcitamente percibido por \u00e9ste, con la finalidad de darle validez al preacuerdo suscrito con la Fiscal\u00eda; y en segundo, por cuanto el contenido del art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal solo es aplicable en delitos contra el patrimonio econ\u00f3mico, entre los cuales no se halla el secuestro extorsivo. <\/p>\n

En el punto, anot\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Al respecto, se tiene que de conformidad con el art\u00edculo 349 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en los delitos que se hubiera obtenido incremento patrimonial, como fue este caso, es indispensable que el procesado restituya el incremento percibido en aras de la validez y aprobaci\u00f3n del acuerdo, pues de lo contrario no habr\u00eda lugar a la terminaci\u00f3n anticipada del proceso\u201d. <\/p>\n

\u201cEn esas condiciones, la reparaci\u00f3n que hizo el acusado ten\u00eda como prop\u00f3sito la eficacia del preacuerdo sin que ello influyera en la reducci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, toda vez que el contenido del art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal solo resulta aplicable en delitos contra el patrimonio econ\u00f3mico, dentro de los que no se encuentra el secuestro extorsivo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Asimismo, el tribunal descart\u00f3 la indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, para lo cual precis\u00f3 que, si bien la postura jurisprudencial reciente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal3 vari\u00f3, admitiendo la posibilidad de aplicar el beneficio de rebaja de pena por indemnizaci\u00f3n integral en el delito de \u201cextorsi\u00f3n\u201d, ello fue, \u00fanicamente, respecto de ese tipo penal, no de los dem\u00e1s contemplados en dicha norma. <\/p>\n

Sobre el particular, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la jurisprudencia penal solo reconoce el derecho de rebaja de pena por indemnizaci\u00f3n integral para [el] delito de extorsi\u00f3n y no para los de secuestro y terrorismo, tambi\u00e9n se\u00f1alados en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 objeto de an\u00e1lisis en las decisiones enunciadas por el recurrente, pues \u00fanicamente en ese evento procede el estudio de los requisitos del art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal para efecto de la disminuci\u00f3n de pena por hallarse dentro del t\u00edtulo de delitos contra el patrimonio econ\u00f3mico, no as\u00ed frente al secuestro extorsivo, lo que explica por qu\u00e9 no fue reconocido en la sentencia de condena a Venegas Bola\u00f1os, misma raz\u00f3n legal y jur\u00eddica que impide [a] esta y a otras instancias acceder a la reducci\u00f3n punitiva que aspira obtener el penado (\u2026)\u201d.
\nLas conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no se advierte v\u00eda de hecho. El tribunal accionado descart\u00f3 la existencia de defecto sustantivo alegado por el aqu\u00ed actor, por la supuesta falta de aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n indebida de las normas citadas, precisando el alcance de su contenido normativo a la luz de los supuestos f\u00e1cticos del subex\u00e1mine y de la jurisprudencia aplicable. <\/p>\n

De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d.
\n\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d,7 impone su observancia irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t269. Reparaci\u00f3n. \tEl juez disminuir\u00e1 las penas se\u00f1aladas en los \tcap\u00edtulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, \tsi antes de dictarse sentencia de primera o \u00fanica instancia, \tel responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, \te indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado \t(\u2026)\u201d.
\n2 \t\u201c(\u2026) \tArt\u00edculo \t26. \tExclusi\u00f3n de Beneficios \ty Subrogados. \tCuando se trate de delitos de terrorismo, financiaci\u00f3n de \tterrorismo, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n y conexos, no \tproceder\u00e1n las rebajas de pena por sentencia anticipada y \tconfesi\u00f3n, ni se conceder\u00e1n subrogados penales o \tmecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de \tcondena de ejecuci\u00f3n condicional o suspensi\u00f3n \tcondicional de ejecuci\u00f3n de la pena, o libertad condicional. \tTampoco a la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la \tprisi\u00f3n, ni habr\u00e1 lugar ning\u00fan otro beneficio o \tsubrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por \tcolaboraci\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento \tPenal, siempre que esta sea eficaz \t(\u2026)\u201d.
\n3 \tCSJ \tSP11238-2015, \t26 ago. 2015, rad. 41674 y SP16497-2014, 3 dic. 2014, rad. 42647.
\n4 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n5 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n9 \tCorte IDH, Caso V\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n

11 \tCorte IDH, Caso Furlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n12 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n13 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16379-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01996-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2019, por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102913","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102913","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102913"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102913\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102913"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102913"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102913"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}