{"id":102916,"date":"2026-07-02T17:37:56","date_gmt":"2026-07-02T17:37:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102916"},"modified":"2026-07-02T17:37:56","modified_gmt":"2026-07-02T17:37:56","slug":"stc16382-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16382-2019\/","title":{"rendered":"STC16382-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16382-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2019-00208-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 30 de octubre de 2019, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela instaurada por Ana Mary Luz Franco Puerta frente al Juzgado Segundo de Familia de Bello y la ESE Hospital El Carmen del municipio de Amalfi, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo de alimentos promovido por la aqu\u00ed actora, en representaci\u00f3n de sus menores hijos Isabella y Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez Franco, a Jhon Fabio S\u00e1nchez Parra, con radicado n\u00ba 2018-00118. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante exige la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y los derechos de los ni\u00f1os, presuntamente transgredidas por las autoridades convocadas. <\/p>\n

2. En sustento de su queja, relata que, al interior del referido coercitivo, el 21 de marzo de 2019, se profiri\u00f3 mandamiento de pago y se decret\u00f3 el \u201cembargo\u201d del 35% del salario percibido por Jhon Fabio S\u00e1nchez Parra, como m\u00e9dico de la ESE Hospital El Carmen del municipio de Amalfi, determinaci\u00f3n comunicada a esta \u00faltima entidad, mediante oficio No. 457 de 28 de marzo siguiente. <\/p>\n

En respuesta a dicha notificaci\u00f3n, el aludido dispensario inform\u00f3 que no era posible dar cumplimiento a lo ordenado, por cuanto el ejecutado tiene registradas otras cautelas. <\/p>\n

Asevera que el 13 de mayo posterior, solicit\u00f3 a la sede judicial accionada requerir al pagador del hospital para dar cumplimiento a la medida dispuesta, record\u00e1ndole la prevalencia de las obligaciones alimentarias frente a otro tipo de cr\u00e9ditos; empero, a la fecha no ha recibido respuesta. <\/p>\n

3. Pide, en concreto, ordenar, el descuento de todo lo adeudado por S\u00e1nchez Parra (fols. 1 y 9). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde los accionados <\/p>\n

1. El \tJuzgado Segundo de Familia de Bello, inform\u00f3 que la solicitud \tde la actora fue resuelta por auto del 17 de octubre de 2019 y \tnotificada al Hospital El Carmen por oficio No. 2224 y por correo \telectr\u00f3nico de la misma fecha. A\u00f1adi\u00f3 \u201c(\u2026) \tque \tsi bien ese despacho judicial se tard\u00f3 en el requerimiento \tcorrespondiente, (\u2026) \tello \tse debe a la alta carga laboral que tiene ese juzgado\u201d \t(fol. 45). <\/p>\n

2. La representante legal del hospital fustigado se opuso a la prosperidad del ruego e indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]os servidores p\u00fablicos tenemos la obligaci\u00f3n de cumplir la ley y las decisiones de las autoridades como lo son, los Juzgados Primero de Peque\u00f1as Causas y S\u00e9ptimo Civil de Oralidad de Medell\u00edn que, con los oficios enunciados en el escrito de 11 de abril de 2019, anexo a la demanda, hab\u00edan ordenado tambi\u00e9n embargo del sueldo del se\u00f1or Fabio S\u00e1nchez, que ascend\u00eda a $4.752.279 y que, realizados los descuentos y porcentaje embargado, quedaba en $592.348 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Ante la situaci\u00f3n planteada (\u2026) se opt\u00f3 por comunicar al Juzgado Segundo de Familia de Bello dicha situaci\u00f3n, sin que con posterioridad (…) se recibiera comunicaci\u00f3n alguna de este \u00faltimo despacho judicial (\u2026) (fol. 61 a 64). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el auxilio por configurarse un hecho superado, pues la situaci\u00f3n que gener\u00f3 la interposici\u00f3n del amparo fue enmendada, al requerirse al pagador de la entidad encartada el 17 de octubre de la presente anualidad, \u201cpara que, en aras a la protecci\u00f3n de los menores beneficiarios de la cuota de alimentos, proceda a hacer efectiva la medida cautelar de embargo\u201d (fols. 66 a 75). <\/p>\n

La promovi\u00f3 la gestora insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada, por cuanto el despacho censurado orden\u00f3 \u201chacer efectivo el embargo, pero nada dijo sobre las cuotas atrasadas que el se\u00f1or S\u00e1nchez Parra le debe a los ni\u00f1os desde que debi\u00f3 [materializarse] tal obligaci\u00f3n\u201d (fols. 84 al 87). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa accionante asegura que el 13 de mayo 2019, solicit\u00f3 al estrado convocado requerir al pagador del Hospital El Carmen de Amalfi, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en prove\u00eddo de 21 de marzo anterior, en el sentido de obtener los descuentos del 35% del salario devengado por Jhon Fabio S\u00e1nchez Parra, dando \u201cprimac\u00eda a los alimentos de los menores\u201d, pero esa entidad a la fecha de presentaci\u00f3n de este auxilio, no se hab\u00eda pronunciado al respecto. <\/p>\n

2. Revisadas las pruebas allegadas a esta tramitaci\u00f3n se puede constatar que el Juzgado Segundo de Familia de Bello mediante auto de 17 de octubre de 2019, atendi\u00f3 la s\u00faplica elevada por la gestora, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Del estudio de la solicitud se tiene que a folios 13 a 15 del cuaderno de medidas cautelares, la tesorera del Hospital el Carmen del municipio de Amalfi, dio respuesta al oficio No. 457 de 21 de marzo de 2019, manifestando que, por orden de los Juzgados Primero de Peque\u00f1as Causas de Monter\u00eda y S\u00e9ptimo Civil de Oralidad de Medell\u00edn, Jhon Fabio S\u00e1nchez Parra tiene embargado su salario como empleado de esa entidad; e indicando que el demandado devenga un salario de $ $4.752.279 y que, realizados los descuentos y porcentaje embargado, quedaba en $592.348 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En efecto, la Corte Constitucional1 ha advertido que lo que est\u00e1 en juego al aplicar la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de primera clase, en caso de concurrencia de varios acreedores frente a un mismo deudor, es precisamente la efectividad de la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os en cuanto a su derecho a recibir alimentos. Es ah\u00ed donde se mide realmente esa primac\u00eda, pues al momento de cobrar la acreencia de que son titulares los menores cuando su derecho se enfrenta a los derechos de otros acreedores (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En aras de la protecci\u00f3n de los derechos de los menores se dispone oficiar al pagador de la entidad hospitalaria del municipio de Amalfi-Antioquia en los t\u00e9rminos pedidos. L\u00edbrese el oficio correspondiente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Esta determinaci\u00f3n, seg\u00fan lo inform\u00f3 el titular de la c\u00e9lula judicial accionada, fue notificada mediante oficio No. 2224 de 17 de octubre de 2019 y comunicada a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de esa data. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, aunque, ciertamente, hubo mora del juzgador querellado en dar respuesta a la solicitud deprecada, se disipan los supuestos f\u00e1cticos sobre los cuales la aqu\u00ed actora encauz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n a sus prerrogativas, de manera que administrar justicia constitucional, para el caso en concreto, se torna inane. <\/p>\n

Con relaci\u00f3n a la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEl \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

3. Ahora, las manifestaciones de la promotora en la impugnaci\u00f3n, donde se\u00f1ala que si bien el juzgado encartado requiri\u00f3 al hospital para que diera cumplimiento al \u201cembargo\u201d del salario deprecado, \u201cnada dijo sobre las cuotas atrasadas que el se\u00f1or S\u00e1nchez Parra le debe a los ni\u00f1os\u201d, tampoco permiten acceder a la salvaguarda exigida. <\/p>\n

Lo aducido porque la actora cuenta con herramientas de defensa id\u00f3neas al interior de juicio criticado, en aras de lograr el pago de las mensualidades insolutas, las cuales, seg\u00fan se advierte, conforme al estado del litigio, a\u00fan no han sido efectivamente determinadas, pues el ejecutado apenas est\u00e1 siendo enterado de la tramitaci\u00f3n. <\/p>\n

Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de protecci\u00f3n a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las alternativas contempladas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios edificantes de esta v\u00eda residual. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

Se resalta, es al interior del decurso cuestionado el escenario en donde la gestora puede exponer los argumentos atinentes a las cuotas atrasadas. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6 impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5.\tDe acuerdo con lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tSentencia \tC-644 de 2006
\n2\u0002 \tCSJ STC de \t13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros \ten fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01.
\n3\u0002 \tCSJ. Civil. Sentencia de 22 \tde febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \texp, 00051-01; \ty el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \totras.
\n4\u0002 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n5\u0002 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6\u0002 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7\u0002 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n8\u0002 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9\u0002 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n10\u0002 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n11\u0002 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12\u0002 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16382-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2019-00208-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 30 de octubre de 2019, dictada por la Sala de Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102916","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102916","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102916"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102916\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102916"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}