{"id":102917,"date":"2026-07-02T17:38:07","date_gmt":"2026-07-02T17:38:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102917"},"modified":"2026-07-02T17:38:07","modified_gmt":"2026-07-02T17:38:07","slug":"stc16383-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16383-2019\/","title":{"rendered":"STC16383-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

STC16383-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2019-02095-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 30 de octubre de 2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Elvira Arcila de Rodr\u00edguez, contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esta capital, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Superintendencia Financiera de Colombia, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor incoada por la aqu\u00ed actora a la Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A., con radicado N\u00ba 2017-00225. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora procura la protecci\u00f3n de la prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente quebrantada por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n

2.\tDel ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base del reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

Ana Elvira Arcila de Rodr\u00edguez demand\u00f3 en acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor a la Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A., ante la Superintendencia Financiera de Colombia, reclamando \u201cque se obligue a [dicha aseguradora] al pago de la indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os causados a [su] veh\u00edculo los cuales ascienden a $14.01530\u201d. <\/p>\n

Dicha entidad, en prove\u00eddo de 25 de octubre de 2017, declar\u00f3 su falta de competencia funcional para continuar conociendo de ese asunto, por cuanto resultaba <\/p>\n

\u201c(i) necesaria la vinculaci\u00f3n del propietario del veh\u00edculo que presuntamente colision\u00f3 el automotor de Ana Arcila y aquel no ostentaba la calidad de vigilado por parte de la superintendencia y, (ii) ese [decurso] tiene que debatirse como un proceso de responsabilidad civil extracontractual para determinar el grado de culpabilidad del rodante que presuntamente caus\u00f3 el accidente de tr\u00e1nsito (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El expediente fue asignado al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esta capital, quien, mediante auto de 18 de diciembre de 2017, propuso el conflicto de competencia, dirimido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta urbe, en el sentido de atribuirle el asunto a ese estrado judicial. <\/p>\n

El 3 de mayo de 2019, la gestora, a trav\u00e9s de apoderado, formul\u00f3 nulidad de lo actuado, fincada en la causal 4\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso1, rechazada el 10 de mayo posterior, por cuanto se consider\u00f3 que el extremo activo estaba representado por el mandatario judicial solicitante del incidente y, adem\u00e1s, ese mismo profesional ya hab\u00eda actuado en el decurso sin aducir ning\u00fan vicio, \u201craz\u00f3n por la cual, la circunstancia ahora alegada qued\u00f3 saneada\u201d. <\/p>\n

La censora interpuso apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, denegada el 14 de junio siguiente, por tratarse de un tr\u00e1mite de \u00fanica instancia. <\/p>\n

El 13 de mayo de 2019, la sede judicial confutada declar\u00f3 fundada y probada la excepci\u00f3n propuesta por la pasiva, denominada \u201c(\u2026) inexistencia de responsabilidad del asegurado de Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A., aclarando que no se trata t\u00e9cnicamente de inexistencia sino de falta de prueba de la citada responsabilidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El 15 de mayo de 2019, la tutelante, nuevamente, propuso la invalidez del litigio, con similares argumentos a los antes expuestos y, en prove\u00eddo de 14 de junio ulterior, el despacho confutado orden\u00f3 estarse a lo dispuesto el 10 de mayo anterior, de conformidad con el canon 128 \u00eddem2. <\/p>\n

Asevera que \u201c(\u2026) nunca otorg[\u00f3] poder ni autoriz[\u00f3] a la superintendencia, para iniciar ninguna acci\u00f3n legal ante los juzgados civiles del circuito de Bogot\u00e1. Lo \u00fanico que bus[\u00f3] fue la intervenci\u00f3n de dicha entidad para llegar a un acuerdo con la Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Suplica, en concreto, declarar la nulidad de \u201ctodo lo actuado\u201d (fols. 1 al 5, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde los accionados y vinculados <\/p>\n

1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito se opuso a la prosperidad del ruego y remiti\u00f3 copia de la gesti\u00f3n refutada (fols. 205 y 206). <\/p>\n

2. La Superintendencia Financiera de Colombia, hizo un recuento del devenir procesal, inform\u00f3 haber enviado ese asunto a los jueces civiles del circuito de esta ciudad (reparto) y manifest\u00f3 no vulnerar ninguna garant\u00eda de la actora (fols. 219 a 231) <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo por incumplir el requisito de subsidiariedad, por cuanto <\/p>\n

\u201c(\u2026) la aqu\u00ed accionante por conducto de su mandatario judicial, solicit\u00f3 al juzgador, (\u2026) en memorial de 15 de mayo de 2019, decretar la nulidad de la actuaci\u00f3n (\u2026) reclamaci\u00f3n resuelta el 14 de junio de la misma anualidad, disponiendo estarse a lo resuelto en el auto de 10 de mayo de 2019, que rechaz\u00f3 la anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n invocada primigeniamente pues consider\u00f3 que la \u201cformulaci\u00f3n de un nuevo incidente de nulidad se torna inadmisible\u201d, y frente a tal decisi\u00f3n, la actora guard\u00f3 silencio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [T]ampoco recurri\u00f3 el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 adversamente su solicitud de retiro de la demanda (auto de 15 de enero de 2019) (fols. 249 a 253, cdno. 1). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 la gestora con argumentos an\u00e1logos a los expuestos en el libelo genitor (fols. 265 a 267, \u00eddem). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

Revisadas las pruebas allegadas a esta tramitaci\u00f3n, se puede constatar que el 3 de mayo de 2019, la gestora, a trav\u00e9s de su mandatario, formul\u00f3 nulidad de lo actuado, fincada en la causal 4\u00aa del precepto 133 del Estatuto Procedimental Civil, se\u00f1alando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La se\u00f1ora Ana Elvia Arcila, nunca otorg\u00f3 poder ni autoriz\u00f3 a la superintendencia para iniciar ninguna acci\u00f3n legal ante los juzgados civiles del circuito de Bogot\u00e1. Lo \u00fanico que bus[\u00f3] fue la intervenci\u00f3n de dicha entidad para llegar a un acuerdo con la Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Esa solicitud fue rechazada el 10 de mayo posterior, por cuanto <\/p>\n

\u201c(\u2026) dicho extremo de la litis act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado judicial, cuyo mandato le fue otorgado al Dr. Freddy Cruz Gonz\u00e1lez (Fol. 149. C.1), adem\u00e1s por cuanto este actu\u00f3 en el proceso sin proponerla, raz\u00f3n por la cual, la circunstancia ahora alegada qued\u00f3 saneada conforme a los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 136 del C.G.P. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Tal determinaci\u00f3n se recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, recurso negado el 14 de junio de siguiente, por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia, adem\u00e1s el fallador criticado, aclar\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) que ese despacho conoci\u00f3 del presente asunto, por cuanto la competencia para conocer del mismo, [le] fue atribuida por el tribunal, (\u2026) quien dirimi\u00f3 el conflicto de competencia suscitado, raz\u00f3n por la cual no resultaba viable proceder contra la decisi\u00f3n del superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El 15 de mayo de 2019, la tutelante, nuevamente, impetr\u00f3 la invalidez de ese decurso, con argumentos similares a los antes relatados y, en prove\u00eddo de 14 de junio ulterior, el estrado accionado se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El incidentante deber\u00e1 estarse a lo dispuesto en el auto de fecha 10 de mayo de 2019, proferido en el cuaderno 3, pues la formulaci\u00f3n de un nuevo incidente de nulidad se torna inadmisible balo los lineamientos del art\u00edculo 28 del C.G.P., en raz\u00f3n a que todos los motivos existentes deb\u00edan proponerse al tiempo de la iniciaci\u00f3n de la primera actuaci\u00f3n relacionada con tales hechos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; la c\u00e9lula judicial querellada efectu\u00f3 un estudio adecuado que la llev\u00f3 a adoptar las determinaciones reprochadas. <\/p>\n

Ciertamente, se estim\u00f3 la inviabilidad de anular la gesti\u00f3n por los defectos en la representaci\u00f3n de la actora porque el mandatario contaba con poder suficiente para asumir su defensa en el tr\u00e1mite surtido y, con todo, intervino sin formular dicho vicio, tan pronto como el decurso fue atribuido al juez denunciado. Esa gesti\u00f3n no revela desafuero ni irregularidad susceptible de conjurarse por esta v\u00eda extraordinaria. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, las providencias examinadas no se observan descabelladas al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

3. Ahora, si la censura de la actora ata\u00f1e a la tramitaci\u00f3n del juicio de responsabilidad por parte del despacho atacado cuando, seg\u00fan sostiene, esa no fue su intenci\u00f3n, la protecci\u00f3n desconoce el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n

Lo acotado porque la petente no formul\u00f3 reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n de 15 de enero de 2019, a trav\u00e9s de la cual se neg\u00f3 el retiro de la demanda asignada al juzgado ahora denunciado, sustentada en la superaci\u00f3n de los t\u00e9rminos del art\u00edculo 925 del C\u00f3digo General del Proceso, instrumento procedente conforme lo dispone el art\u00edculo 318 \u00eddem6. <\/p>\n

En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196910, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n

5. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb16, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb17; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1\u201c(\u2026) \tArt\u00edculo \t133. (\u2026) \t4. \tCuando es indebida la representaci\u00f3n de alguna de las partes, \to cuando quien act\u00faa como su apoderado judicial carece \t\u00edntegramente de poder \t(\u2026)\u201d.
\n2\u0002 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t128. Preclusi\u00f3n de los incidentes. El incidente deber\u00e1 \tproponerse con base en todos los motivos existentes al tiempo de su \tiniciaci\u00f3n, y no se admitir\u00e1 luego incidente similar, \ta menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad (\u2026)\u201d.
\n3\u201c(\u2026) \tArt\u00edculo \t133. (\u2026) \t4. \tCuando es indebida la representaci\u00f3n de alguna de las partes, \to cuando quien act\u00faa como su apoderado judicial carece \t\u00edntegramente de poder \t(\u2026)\u201d.
\n4\u0002 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n5\u0002 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t92. Retiro de la demanda. El demandante podr\u00e1 retirar la \tdemanda mientras no se haya notificado a ninguno de los demandados \t(\u2026)\u201d.
\n6\u0002 \t\u201c(\u2026) Art. \t318. Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n \tprocede contra los autos que dicte el juez, contra los del \tMagistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra \tlos de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \tJusticia, para que se revoquen o reformen (\u2026)\u201d.
\n7\u0002 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de \t28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y \tel 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y \t2012-02127-00.
\n8\u0002 \tCSJ. \tSTC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de \tseptiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y \t0176-01, respectivamente.
\n9\u0002 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n10\u0002 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n11\u0002 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n12\u0002 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n13\u0002 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n14\u0002 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n15\u0002 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n

17\u0002 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA STC16383-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2019-02095-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 30 de octubre de 2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102917","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102917","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102917"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102917\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102917"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102917"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102917"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}