{"id":102920,"date":"2026-07-02T17:38:55","date_gmt":"2026-07-02T17:38:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102920"},"modified":"2026-07-02T17:38:55","modified_gmt":"2026-07-02T17:38:55","slug":"stc16386-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16386-2019\/","title":{"rendered":"STC16386-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16386-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2019-00451-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 6 de noviembre de 2019, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Isolina Herrera Angarita, en nombre y representaci\u00f3n de su hija menor de edad, contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria adelantado por la gestora frente a Jos\u00e9 de Jes\u00fas Rom\u00e1n Castellanos. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente transgredida por la autoridad convocada.
\n2. En sustento de su queja, manifiesta que, el decurso criticado se admiti\u00f3 el 28 de noviembre de 2018, siendo contestada la demanda el 11 de mayo de 2019, escrito en el cual, si bien, el demandado no incluy\u00f3 un ac\u00e1pite de excepciones de fondo \u201cde la sola lectura de la misma, cuando se pronuncia sobre los hechos y las pretensiones, se desprende que aleg\u00f3 unos hechos constitutivos de excepciones\u201d. <\/p>\n

Pese a lo anterior, el 30 de mayo de 2019, la c\u00e9lula judicial querellada, sin dar traslado de la contestaci\u00f3n, convoc\u00f3 a la \u201caudiencia inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento\u201d, a realizarse el 24 de julio hoga\u00f1o, y decret\u00f3 las pruebas solicitadas por ambas partes, a pesar del incumplimiento, por la pasiva, de los requisitos previstos en los art\u00edculos 212 y 213 del C\u00f3digo General del Proceso para la solicitud de elementos demostrativos. <\/p>\n

Afirma que, en raz\u00f3n a la improcedencia de recursos contra dicha decisi\u00f3n, solicit\u00f3 su ilegalidad para lograr se le corriera traslado de la \u201ccontestaci\u00f3n\u201d y exigir los medios probatorios correspondientes o, en su defecto, se infirmara el prove\u00eddo cuestionado; sin embargo, el 18 de julio de 2019, el despacho querellado resolvi\u00f3 negativamente sus s\u00faplicas. <\/p>\n

Asevera que, el 24 de julio de 2019, data se\u00f1alada para llevar a cabo \u201cla audiencia inicial\u201d, compareci\u00f3 su abogado; empero, le informaron que la diligencia no se llevar\u00eda a cabo dada la inasistencia de las partes. En esa misma oportunidad su mandante, seg\u00fan sostiene, ados\u00f3 los soportes necesarios para justificar su ausencia. <\/p>\n

El 23 de agosto de 2019, el funcionario reprochado decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del sublite, providencia recurrida por la actora en reposici\u00f3n, medio de impugnaci\u00f3n resuelto desfavorablemente el 24 de septiembre hoga\u00f1o. <\/p>\n

Expone que, en su criterio, el juez debi\u00f3 analizar correctamente la justificaci\u00f3n por ella aportada, pues \u201cindependientemente de que fuera constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito\u201d, est\u00e1n en disputa derechos alimenticios de una menor de edad. <\/p>\n

3. Exige, en concreto, dejar sin efecto los autos criticados y resolver \u201cen legal forma, conforme a las normas procesales y lo obrante dentro del expediente a partir de la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d. <\/p>\n

1. Respuesta del \t\taccionado y los vinculados <\/p>\n

1. La Procuradora 6 Judicial II para la Defensa de la Infancia, Adolescencia y Familia de Bucaramanga manifest\u00f3 que no se opone a la prosperidad del amparo siempre y cuando se encuentren vulneradas las prerrogativas de la accionante (folio 60). <\/p>\n

2. El despacho censurado realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el subj\u00fadice. Sostuvo que las decisiones atacadas est\u00e1n legalmente sustentadas y solicit\u00f3 denegar la salvaguarda (folios 61 y 62). <\/p>\n

3. El Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional Santander- pidi\u00f3 conceder la protecci\u00f3n deprecada en aras del inter\u00e9s superior de la menor (folios 65 y 66). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 el resguardo al estimar que el prove\u00eddo de 23 de agosto de 2019, a trav\u00e9s del cual se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso objeto de queja, no resultaba arbitrario, por el contrario, adujo, est\u00e1 debidamente soportado en lo previsto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso; adem\u00e1s, la actora cont\u00f3 con la oportunidad de solicitar la realizaci\u00f3n de la audiencia inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento a trav\u00e9s de los medios tecnol\u00f3gicos pertinentes; empero, no elev\u00f3 pedimento alguno con dicho fin (folios 67-72). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La promovi\u00f3 la querellante reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y manifestando que el tribunal constitucional a quo no analiz\u00f3 la totalidad de los reparos, pues pas\u00f3 por alto las arbitrariedades cometidas en todas las actuaciones surtidas; adem\u00e1s, la protecci\u00f3n se deneg\u00f3 en apoyo de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que difiere de su situaci\u00f3n particular (folios 77-80).
\n2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La tutelante pretende se revoquen los autos de (i) 18 de julio de 2019, donde no se accedi\u00f3 a la ilegalidad pretendida frente a la fijaci\u00f3n de la audiencia inicial y las pruebas decretadas y el de (ii) 24 de septiembre de 2019, ratificatorio del dictado el 23 de agosto de 2019, mediante el cual se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por inasistencia de las partes a la diligencia \u201cinicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento\u201d. <\/p>\n

2. En torno al primer reparo, se observa que, la c\u00e9lula judicial del circuito querellada sostuvo que al no proponerse excepciones de fondo proced\u00eda la convocatoria de la audiencia prevista en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso; adem\u00e1s, que los elementos suasorios aportados por el demandado en la contestaci\u00f3n, ser\u00edan tenidos en cuenta seg\u00fan sus facultades oficiosas y, por \u00faltimo, decret\u00f3 las testimoniales y el interrogatorio reclamados por la pasiva. <\/p>\n

En el segundo auto criticado, se confirm\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, al estimarse que dicha consecuencia correspond\u00eda a la inasistencia de las partes, seg\u00fan lo previsto por el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 ib\u00eddem; asimismo, se asever\u00f3 que la justificaci\u00f3n allegada por la petente, no se enmarcaba en ninguna situaci\u00f3n de caso fortuito o fuerza mayor. <\/p>\n

3.\tLas conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; la dependencia judicial querellada efectu\u00f3 una disertaci\u00f3n adecuada de los lineamientos legales y los elementos f\u00e1cticos que la condujeron a las decisiones ahora cuestionadas. <\/p>\n

En efecto, el funcionario del circuito criticado, sostuvo, acertadamente, que de conformidad con el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, al estar en firme el auto admisorio de la demanda y vencido el t\u00e9rmino de traslado del libelo introductor, si es el caso, se fijar\u00e1 fecha para evacuar en una sola diligencia, las etapas o actividades previstas en los c\u00e1nones 372 y 373 ej\u00fasdem, resultando evidente que, en el sublite, el demandado no propuso excepciones de fondo, raz\u00f3n suficiente para que no se le corriera traslado de la contestaci\u00f3n a la demandante, aqu\u00ed accionante y, en definitiva, ello facultaba al juzgador para convocar a la respectiva audiencia. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el decreto de pruebas, basta se\u00f1alar que el funcionario querellado acudi\u00f3 a las facultades oficiosas otorgadas por el art\u00edculo 169 del Estatuto Procesal Civil y, en virtud de \u00e9stas, decret\u00f3 las probanzas documentales deprecadas por la pasiva, gesti\u00f3n que no luce arbitraria; adem\u00e1s, los testimonios y el interrogatorio se supeditaron a lo reglado por los preceptos 198 y siguientes y 212 \u00eddem, sin advertirse, en ello, irregularidad que amerite la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional. <\/p>\n

En lo relativo a la terminaci\u00f3n del subj\u00fadice por la inasistencia de las partes a la audiencia convocada para el 24 de julio de 2019, resulta necesario indicar que esta Corte, en casos equiparables, ha indicado que aun cuando el ordenamiento jur\u00eddico establece la imposibilidad, en principio, de aplazar o suspender una diligencia, salvo por las razones expresamente contenidas en el Estatuto Procedimental Civil (art. 5\u00ba, C.G.P.), lo cierto es que tanto los intervinientes en el litigio como sus mandatarios pueden estar incursos en situaciones especiales que, seg\u00fan el discernimiento de la autoridad judicial correspondiente, podr\u00edan dar lugar a la reprogramaci\u00f3n, interrupci\u00f3n o modificaci\u00f3n de lo acaecido en las distintas audiencias1. <\/p>\n

Es necesario precisar, en punto de la programaci\u00f3n de audiencias e inasistencias en el C\u00f3digo General del Proceso, \u201c(\u2026) las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia (\u2026)\u201d (num. 3\u00b0, art. 372, C.G.P.), pueden surgir razonadamente las siguientes hip\u00f3tesis: <\/p>\n

(i) \u201c(\u2026) Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podr\u00e1 celebrarse, y vencido el t\u00e9rmino sin que se justifique la inasistencia, el juez, por medio de auto, declarar\u00e1 terminado el proceso (\u2026)\u201d; <\/p>\n

(ii) Si el juez acepta \u201c(\u2026) la justificaci\u00f3n de la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia inicial (\u2026)\u201d, fijar\u00e1 fecha por medio de auto en el que admite la excusa presentada dentro de los tres d\u00edas siguientes a la audiencia del canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso y \u201c(\u2026) prevendr\u00e1 a quien la haya presentado para que concurra a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento a absolver el interrogatorio (\u2026)\u201d; <\/p>\n

(iii) La justificaci\u00f3n post-audiencia inicial deber\u00e1 ser aportada \u201c(\u2026) dentro de los tres d\u00edas siguientes a la fecha en que ella se verific\u00f3 (\u2026)\u201d (inc. 3\u00b0, num. 3\u00b0, art. 372 del C.G.P.); <\/p>\n

(iv) El juez \u00fanicamente admitir\u00e1 las exculpaciones con posterioridad a la audiencia inicial por \u201cfuerza mayor o caso fortuito\u201d; y <\/p>\n

(v) Estas disculpas difieren de las que se presentan con anterioridad a la audiencia inicial, justificando mediante prueba siquiera sumaria la justa causa (inc. 1\u00b0, num. 3, art. 372, C.G.P.). <\/p>\n

(vi) En caso de convocarse a audiencia concentrada y habi\u00e9ndose decretado con antelaci\u00f3n las pruebas a recaudarse -en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo de la regla 372, concordante con el numeral 5\u00ba de la 373 \u00eddem-, es procedente agotar en un solo acto las diligencias contempladas en tales preceptos. <\/p>\n

(vii) La fuerza mayor o caso fortuito que le hubiese impedido a alguno de los extremos procesales concurrir en la oportunidad descrita, deber\u00e1 manifestarse, igualmente, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la fecha de realizaci\u00f3n de la audiencia (inc. 3\u00b0, num. 3\u00b0, art. 372 del C.G.P.), so pena de tenerse por superada cualquier irregularidad generada con ocasi\u00f3n de esa ausencia. <\/p>\n

(viii) Las exculpaciones aceptadas por el juez del asunto \u201c(\u2026) solo tendr\u00e1n el efecto de exonerar de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia (\u2026)\u201d (inc. 3\u00b0, num. 3\u00b0, art. 372 del C.G.P.). <\/p>\n

Mem\u00f3rese, el numeral 3\u00ba del canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia[2], por hechos anteriores a la misma, solo podr\u00e1 justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)Si la parte y su apoderado o solo la parte se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificaci\u00f3n, se fijar\u00e1 nueva fecha y hora para su celebraci\u00f3n, mediante auto que no tendr\u00e1 recursos. La audiencia deber\u00e1 celebrarse dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes. En ning\u00fan caso podr\u00e1 haber otro aplazamiento (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia, solo ser\u00e1n apreciadas si se aportan dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la fecha en que ella se verific\u00f3. El juez solo admitir\u00e1 aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendr\u00e1n el efecto de exonerar de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n

A la luz de esa regla, esta Corporaci\u00f3n, efectu\u00f3 la siguiente explicaci\u00f3n: <\/p>\n

\u201c(\u2026)[C]omo primera medida, (\u2026) solo podr\u00e1 exculparse [a la parte o a su abogado] mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Adicionalmente, [el canon citado] precisa dos escenarios hipot\u00e9ticos posibles, derivados del espacio temporal en que los sujetos procesales se excusan por su no comparecencia, implicando consecuencias jur\u00eddicas espec\u00edficas en cada uno de ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El primero de estos opera cuando la justificaci\u00f3n respecto a la no concurrencia a la diligencia se ventila con anterioridad a la fecha programada para el desarrollo de la misma; evento en el cual, si el despacho acepta esa motivaci\u00f3n, se fijar\u00e1 nueva fecha y hora para su celebraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La segunda hip\u00f3tesis plantea el supuesto f\u00e1ctico en el cual la exposici\u00f3n de los motivos de la no presentaci\u00f3n, se pone a consideraci\u00f3n del juzgador luego de materializado el memorado acto procesal; en cuyo caso, la norma es di\u00e1fana en se\u00f1alar, que la apreciaci\u00f3n de estas razones por parte del juzgador, depender\u00e1 de que su aportaci\u00f3n haya sido dentro de los tres d\u00edas siguientes a la verificaci\u00f3n de dicha actuaci\u00f3n; imponiendo al juez el deber de estudiar solo aquellas razones que adem\u00e1s de haber sido aducidas en el lapso estipulado, se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En el marco de este segundo escenario hipot\u00e9tico, si en virtud de su independencia y autonom\u00eda, el funcionario judicial considera razonables los argumentos expuestos para justificar la inasistencia, la referida norma estipula los efectos jur\u00eddicos que conlleva esa aceptaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed, de un lado, se\u00f1ala que se exonerar\u00e1 al extremo litigioso a qui\u00e9n la autoridad judicial convalid\u00f3 la excusa, de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de esa circunstancia. Por el otro, precisa que el titular del juzgado deber\u00e1 prevenirlo, para que concurra a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento a absolver el interrogatorio (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

A su vez, el numeral 4\u00ba del canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Consecuencias de la inasistencia. La inasistencia injustificada del demandante har\u00e1 presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesi\u00f3n; la del demandado har\u00e1 presumir ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n en que se funde la demanda. <\/p>\n

Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podr\u00e1 celebrarse, y vencido el t\u00e9rmino sin que se justifique la inasistencia, el juez, por medio de auto, declarar\u00e1 terminado el proceso (\u2026)\u201d (subrayas propias). <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha resuelto ruegos tuitivos anotando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [H]a de puntualizarse que la naturaleza misma de la fuerza mayor impide su justificaci\u00f3n en forma anticipada al obedecer a circunstancias imprevisibles; en el caso subj\u00fadice, se advierte que la excusa aducida por el apoderado convocado, atinente a encontrarse atendiendo otra diligencia en un proceso de \u00edndole penal, no encaja dentro esa figura por cuanto la situaci\u00f3n alegada era previsible, de manera que pudo obrar diligentemente, sustituyendo el poder a un profesional del derecho y conminado a sus representadas a asistir a la diligencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Cabe memorar que en sede de casaci\u00f3n, aludiendo al caso fortuito o a la fuerza mayor, se ha adoctrinado: (\u2026)\u201d <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a fuerza mayor o caso fortuito, por definici\u00f3n legal, es \u201cel imprevisto a que no es posible resistir\u201d (art. 64 C.C., sub. art. 1\u00ba Ley 95 de 1890), lo que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos. No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que inexorablemente re\u00fana los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben ser evaluados en cada caso en particular (\u2026)\u201d4 (se resalta) (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

La solicitud objeto de controversia, la fundament\u00f3 la censora, motu proprio, en \u201c(\u2026) situaciones derivadas de fuerza mayor (\u2026) debido a que se encontraba en otra ciudad, cuidando de su madre que estaba enferma adem\u00e1s le era imposible desplazarse a Bucaramanga por el mal estado de las v\u00edas\u201d. <\/p>\n

De lo relatado, surge evidente la improcedencia del resguardo constitucional, por cuanto las conclusiones a las que arrib\u00f3 la c\u00e9lula judicial querellada no lucen arbitrarias, pues declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del asunto dada la inasistencia de las partes a la audiencia convocada para surtir las actividades previstas por los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, al tratarse de un proceso verbal sumario. <\/p>\n

Adem\u00e1s, la justificaci\u00f3n presentada por la querellante no se subsume en ninguna de las previsiones del caso fortuito o fuerza mayor, pues las situaciones por ella aducidas resultaban totalmente previsibles pudiendo trasladarse a la ciudad de Bucaramanga con suficiente antelaci\u00f3n a la fecha de la audiencia o solicitar, de ser el caso, con anterioridad, el aplazamiento de la diligencia, lo cual no hizo. <\/p>\n

No debe olvidarse la viabilidad de utilizar medios tecnol\u00f3gicos al alcance de la administraci\u00f3n y de los interesados para cumplir con la finalidad de las normas enunciadas. As\u00ed, se encuentra que el par\u00e1grafo 1\u00b0 de la regla 107 \u00eddem, expresamente habilita a \u201c(\u2026) las partes y dem\u00e1s intervinientes (\u2026)\u201d para participar en las audiencias \u201c(\u2026) a trav\u00e9s de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio t\u00e9cnico, siempre que por causa justificada el juez lo autorice (\u2026)\u201d.
\nDesde esa perspectiva, las providencias examinadas no se observan arbitrarias al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4. Con todo, se destaca que la actora cuenta con la posibilidad de presentar, nuevamente, la demanda de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, pues la terminaci\u00f3n del proceso, en el particular asunto, no conlleva consecuencia alguna; adem\u00e1s, al encontrarse la menor de edad en otra ciudad, deber\u00e1 acudir ante el juez de esa municipalidad, quien deber\u00e1 velar por el cumplimiento de los derechos de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo.
\n5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno.
\n5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha instado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo decidido en este fallo a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

(En comisi\u00f3n de servicios)
\nAROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. \tSTC4471 de 8 de abril de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-00931-00
\n2 \tHace \treferencia a la audiencia inicial.
\n3 \tCSJ. \tSTC18105 de 2 de noviembre de 2017, \texp.11001-22-10-000-2017-00633-01.
\n4 \tCSJ. \tCivil, sentencia de 29 abril de 2005, exp. 0829-92.
\n5 \tCSJ. \tSTC1131 de 5 de febrero de 2018, exp. \t52001-22-13-000-2017-00289-01.
\n6 \tCSJ. Civil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n7 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa \tRica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 \tde 1972.
\n8 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274. <\/p>\n

14 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n15 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16386-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2019-00451-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 6 de noviembre de 2019, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102920","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102920","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102920"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102920\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102920"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102920"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102920"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}