{"id":102926,"date":"2026-07-02T17:40:00","date_gmt":"2026-07-02T17:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102926"},"modified":"2026-07-02T17:40:00","modified_gmt":"2026-07-02T17:40:00","slug":"stc16392-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16392-2019\/","title":{"rendered":"STC16392-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16392-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03411-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Edgard Valencia Pineda contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, dignidad humana y m\u00ednimo vital, presuntamente vulneradas por la sede judicial acusada al designarle como guardadora provisoria a su prima Elicenia G\u00f3mez Pineda, desconociendo \u00abla custodia provisional asignada a [su] esposa Flor Mar\u00eda R\u00edos de Enciso\u00bb. <\/p>\n

Pidi\u00f3, entonces, ordenar al Tribunal atacado \u00abrevocar la providencia emitida… por generar un detrimento en los derechos fundamentales mencionados al no reconocer el acta de matrimonio y convivencia con [su] actual pareja\u00bb (folio 12). <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n

2.1.\tEl 4 de abril de 2018 Nelson de Jes\u00fas Valencia Henao y Elicenia G\u00f3mez Pineda, padre y prima del accionante1, incoaron, respecto de \u00e9ste, juicio de interdicci\u00f3n por discapacidad mental absoluta; asunto cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado de Familia de Soacha, quien admiti\u00f3 la demanda el d\u00eda 9 siguiente a la vez que, con apoyo en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 586 del C\u00f3digo General del Proceso, decret\u00f3 \u00abla interdicci\u00f3n provisorio de Jhon Edgard… y para el efecto des[ign\u00f3] como curador provisorio a su progenitor Nelson de Jes\u00fas…\u00bb. <\/p>\n

2.2.\tCon escritos radicados en el Juzgado el 16 de enero y el 12 de febrero \u00faltimos, Jhon Edgard solicit\u00f3 que los demandantes fueran citados a rendir interrogatorio y cuentas \u00absobre los bienes que fueron vendidos sin [su] autorizaci\u00f3n, y que informen… sobre los dineros recibidos por las ventas que realizaron, por cuan[t]o a la fecha… no [l]e han sido entregados\u00bb; as\u00ed mismo, rog\u00f3 que se considerara que aqu\u00e9llos \u00abno son personas id\u00f3neas para tener el cargo de curadores, por cuan[t]o… la… id\u00f3nea para administrar [sus] bienes y la toma de [sus] decisiones es… Flor Mar\u00eda R\u00edos…, quien es [su] esposa y compa\u00f1era permanente (sic)\u00bb; a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que a quienes \u00abse les otorg\u00f3 [su] Tutor\u00eda no han cumplido con lo establecido y que al contrario en vez de cuidar [sus] intereses han venido vendiendo los bienes y no [l]e han dado lo que [l]e corresponde por ley\u00bb. <\/p>\n

2.3.\tPosteriormente, el 23 de mayo de 2019, Flor Mar\u00eda R\u00edos de Enciso, a trav\u00e9s de apoderado judicial y aduciendo su condici\u00f3n \u00absobreviniente\u00bb de c\u00f3nyuge de Jhon Edgard, tras aludir a \u00abtratos hostiles, denigrantes e inhumanos\u00bb de parte de los all\u00ed demandantes para con \u00e9ste, solicit\u00f3 se le designara como su curadora provisoria, extendiendo \u00abdicha facultad a la reclamaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a que tenga derecho, desde la interdicci\u00f3n provisoria\u00bb; y \u00abla rendici\u00f3n anticipada de cuentas de que trata el art\u00edculo 105 de la Ley 1306 de 2009, en cabeza de los actuales guardas provisionales\u00bb. <\/p>\n

2.4.\tEn atenci\u00f3n a esas solicitudes, el 29 de mayo \u00faltimo el Juzgado relev\u00f3 del cargo de curador provisorio a Nelson de Jes\u00fas y design\u00f3 como tal a Flor Mar\u00eda; decisi\u00f3n que mantuvo el 26 de junio posterior, al desatar la reposici\u00f3n propuesta por los demandantes, pero que el 31 de julio siguiente, al resolver la apelaci\u00f3n subsidiaria que \u00e9stos formularon, modific\u00f3 el Tribunal acusado, en el sentido de designar \u00abcomo curador provisorio del presunto interdicto… a… Elicenia G\u00f3mez Pineda\u00bb. <\/p>\n

2.5.\tEn sede de tutela el quejoso critic\u00f3 la decisi\u00f3n del ad-quem acusado por disponer que \u00ab[su] curadur\u00eda de administraci\u00f3n y representaci\u00f3n, la tuviera Elicenia G\u00f3mez Pineda y no [su]… esposa Flor Mar\u00eda R\u00edos de Enciso\u00bb, quien actualmente lo cuida, lo protege y lo \u00abama\u00bb; sin tener en cuenta que \u00e9l no vive con la primera, quien \u00abno responde por [\u00e9l] y [l]e ha robado[,] maltratado y se ha aprovechado de [su] confianza y enfermedad\u00bb, s\u00f3lo se comunica con \u00e9l para insultarlo, le ha indicado que \u00abquiere quedarse con la pensi\u00f3n y que apel[\u00f3] para que la venta de la casa se registrara\u00bb; sumado a que con esa determinaci\u00f3n se desconoci\u00f3 \u00abla medida de protecci\u00f3n impuesta por la Fiscal\u00eda… en contra de… G\u00f3mez Pineda\u00bb; motivos todos por los cuales, adujo, deben garantizarse sus derechos en concordancia con lo reglado en el canon 55 de la ley 1996 de 2019. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que G\u00f3mez Pineda \u00abes funcionar\u00eda p\u00fablica, trabaja en [una] comisar\u00eda de familia… como auxiliar administrativa…\u00bb, y se ha valido de sus conocimientos para \u00abultrajar[lo] y abusar de [\u00e9l]\u00bb (folios 7 a 12). <\/p>\n

3.\tLa Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y rendir los informes de que trata el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991 (folios 7 y 14). <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tLa Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca indic\u00f3 remitirse \u00aba las consideraciones de la providencia motivo de reparo…, en donde se expresaron las razones de hecho y de derecho que llevaron a adoptar[la]\u00bb, ci\u00f1\u00e9ndose \u00abal ordenamiento jur\u00eddico aplicable al caso y por tanto no vulner[\u00f3] derecho fundamental alguno\u00bb (folio 25). <\/p>\n

2.\tEl abogado Benicio Alirio Mej\u00eda Velasco, aduciendo actuar como \u00abapoderado judicial de los interesados iniciales en el proceso de interdicci\u00f3n\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la petici\u00f3n de resguardo sin allegar mandato especial conferido por aqu\u00e9llos para representarlos en esta sumaria tramitaci\u00f3n, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene cuenta (folios 38 a 41). <\/p>\n

3.\tPor lo dem\u00e1s, al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado pronunciamiento alguno frente a la solicitud de protecci\u00f3n, precisando que el Juzgado de Familia de Soacha remiti\u00f3, en calidad de pr\u00e9stamo, el expediente contentivo de la actuaci\u00f3n fustigada, del cual se desprende que con prove\u00eddo del 16 de octubre \u00faltimo, observando lo dispuesto en el art\u00edculo 55 de la Ley 1996 de 2019, dispuso \u00absuspender por ministerio de la ley, la… demanda de interdicci\u00f3n judicial\u00bb (folio 22). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tPor ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n

\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n

2.1.\tAs\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n

2.2.\tTambi\u00e9n, en casos extremamente excepcionales, aun cuando para el momento en que es proferida determinada decisi\u00f3n, pueda considerarse que est\u00e1 ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, es posible que se d\u00e9 lo que la doctrina ha denominado \u00abv\u00eda de hecho prospectiva\u00bb, la cual, en palabras de la Corte Constitucional, se presenta cuando \u00abuna actuaci\u00f3n judicial puede no haber sido protuberantemente irregular, por lo cual, hacia el pasado, no configura una v\u00eda de hecho; pero sin embargo, puede igualmente ser claro, que si las diligencias judiciales prosiguen por la orientaci\u00f3n que ha sido fijada de manera inequ\u00edvoca por el funcionario judicial, entonces indefectiblemente violar\u00e1 en el futuro precisos mandatos constitucionales, de suerte que se tornar\u00e1 inevitablemente en una v\u00eda de hecho\u00bb (SU-047\/99, criterio reiterado en T-892\/14). <\/p>\n

Esta \u00faltima particularidad ha conllevado a que la teor\u00eda constitucional, en favor de los principios de \u00abvigencia de un orden justo y econom\u00eda procesal\u00bb, contemple la procedencia de esta acci\u00f3n supralegal no s\u00f3lo para remediar aquellas situaciones en que se ha producido la \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, \u00absino que tambi\u00e9n ha sostenido que esta figura puede proyectarse hacia al futuro\u00bb (CC T-892\/14), lo que, de presentarse, impone al sentenciador tutelar adoptar todas las medidas que, a su alcance, resulten adecuadas para \u00abconjurar de forma efectiva situaciones cuyo resultado previsible hace imperioso el despliegue de acciones indispensables para evitar su ocurrencia\u00bb, con el fin pr\u00edstino de \u00abevitar que se configure una afectaci\u00f3n concreta a las garant\u00edas constitucionales de los ciudadanos\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n

En cuanto al particular, la Corte Constitucional ha sostenido: <\/p>\n

La figura est\u00e1, de esta manera, pensada para optimizar la realizaci\u00f3n pr\u00e1ctica de los deberes que la Constituci\u00f3n ha asignado a los funcionarios judiciales y administrativos, en especial los relativos a salvaguardar la vigencia de la Carta. No puede el Estado ante una actuaci\u00f3n abiertamente opuesta a los mandatos superiores, dejar de actuar y permitir que se materialice una amenaza en contra de los derechos fundamentales de los asociados. En estos casos, la protecci\u00f3n por parte del juez de tutela no puede hacerse esperar, pues \u00e9ste tiene potestades que le permiten actuar tanto en casos de violaci\u00f3n efectiva de derechos fundamentales como en aquellos eventos en los que se est\u00e1 frente a una amenaza de los mismos.
\n\u00a0
\n4.2.2.3. La v\u00eda de hecho prospectiva obtiene su fundamento de los principios de vigencia de un orden justo y econom\u00eda procesal que informan los tr\u00e1mites administrativos y judiciales. El primero de estos principios se encuentra consagrado en el art. 2 de la Constituci\u00f3n, como un fin del Estado social de derecho.\u00a0Uno de los elementos que conforman la vigencia del orden justo es la exigencia de razonabilidad y proporcionalidad en la imposici\u00f3n de cargas y sanciones a los ciudadanos, pues si bien el Estado se encuentra facultado para imponer responsabilidades y reprender a sus asociados por el incumplimiento de deberes, tanto la creaci\u00f3n de obligaciones como el uso de la potestad sancionatoria estatal han de ejercerse de manera tal que no constituyan un abuso de poder.
\n\u00a0
\nEn concordancia, el principio de prevalencia del orden justo se extiende al concepto de v\u00eda de hecho prospectiva toda vez que no resultar\u00eda proporcionado exigir a un ciudadano que, frente a un procedimiento sancionatorio que de forma ostensible resulta contrario a los mandatos constitucionales, aquel espere impasible hasta que la actuaci\u00f3n administrativa llegue a t\u00e9rmino para poder atacarlo en sede jurisdiccional. Imponer cargas irrazonables a los administrados desconoce el principio de vigencia de un orden justo, m\u00e1xime si este se entiende en concordancia con el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, consagrado en el art. 228 Superior.
\n\u00a0
\n4.2.2.4. Por su parte, el principio de econom\u00eda procesal, as\u00ed como sus inescindibles corolarios de celeridad y eficacia, se encuentran incorporados en el art. 209 de la Carta Pol\u00edtica, de acuerdo con el cual\u00a0\u201cLa funci\u00f3n administrativa est\u00e1 al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, econom\u00eda, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaci\u00f3n, la delegaci\u00f3n y la desconcentraci\u00f3n de funciones.\u201d\u00a0De acuerdo con estos, el proceder de las autoridades p\u00fablicas habr\u00e1 de tener lugar de la forma m\u00e1s expedita y efectiva posible, no siendo viable el establecimiento de procedimientos engorrosos, innecesarios o que se extiendan en el tiempo m\u00e1s all\u00e1 de lo debido.
\n\u00a0
\nSi bien este principio se encuentra consagrado como una directriz para el ejercicio de la funci\u00f3n administrativa, el mismo rige tambi\u00e9n para los organismos judiciales. Sobre el particular, ha indicado la Corte que\u00a0\u201c(e)l principio de la econom\u00eda procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el m\u00ednimo de actividad de la administraci\u00f3n de justicia. Con la aplicaci\u00f3n de este principio, se busca la celeridad en la soluci\u00f3n de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia\u201d.
\n\u00a0
\nEn vista de lo anterior, la econom\u00eda procesal tambi\u00e9n da un claro sustento constitucional a la doctrina de la v\u00eda de hecho prospectiva, toda vez que esta permite otorgar una protecci\u00f3n efectiva de la jurisdicci\u00f3n constitucional para aquellos eventos en los que se ha dado una flagrante violaci\u00f3n de normas constitucionales, sin tener que esperar a que se concrete una lesi\u00f3n a los derechos fundamentales que se encuentran amenazados y que de forma inevitable resultar\u00e1n afectados por el desarrollo de la actuaci\u00f3n administrativa (CC T-892\/14) <\/p>\n

3.\tDel escrito de tutela extracta la Sala que la situaci\u00f3n concreta que critica el reclamante es que el Tribunal acusado, en su decisi\u00f3n del pasado 31 de julio, modific\u00f3 la dictada por el a-quo el 29 de mayo anterior, en la cual se dispuso designar como su curadora provisoria a su c\u00f3nyuge Flor Mar\u00eda R\u00edos de Enciso para, en su lugar, tener como tal a Elicenia G\u00f3mez Pineda, sin atender su querer y los malos tratos de que es objeto por la \u00faltima. <\/p>\n

4.\tPara resolver, con base en las premisas anotadas, procede se\u00f1alar que, si bien cuando se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n fustigada estaba en vigencia la ley 1306 en lo tocante a la representaci\u00f3n y capacidad legal de las personas con discapacidad, lo cierto es que en el entretanto se profiri\u00f3 la Ley 1996 de 26 de agosto 2019 (por medio de la cual se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad), lo cual se inspir\u00f3 en un modelo sustancialmente diferente al entonces vigente, lo cual impone efectuar algunas precisiones previas respecto a las generalidades de la regulaci\u00f3n normativa de cara a las personas mayores de edad con discapacidad y, en especial, en torno a aquella nov\u00edsima reglamentaci\u00f3n, atendiendo a su intr\u00ednseca correspondencia con el caso a definir y el principio de vigencia general inmediata de la ley.2 <\/p>\n

4.1.\tLo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que en cuanto a la diversidad regulatoria sobre las personas con discapacidad, doctrinariamente se han distinguido tres modelos, a saber: <\/p>\n

(i) prescindencia, en el que para la sociedad, en raz\u00f3n de su sistema de valores, se considera a estas personas como improductivas, ajenas a su funcionamiento y que, en lugar de aportar a su desarrollo, deben ser sujetos de asistencia. <\/p>\n

En este modelo, las necesidades de las personas discapacitadas son satisfechas con el internamiento en instituciones especializadas y segregadas, en las que se les dota de una atenci\u00f3n m\u00ednima, muchas veces de forma gratuita, sin pretensiones de justicia social; <\/p>\n

(ii) rehabilitador, bajo el cual los hombres o mujeres en discapacidad se estiman, en atenci\u00f3n a sus deficiencias o dificultades, como enfermas y necesitadas de curaci\u00f3n por medio de tratamientos m\u00e9dicos comprobados o, incluso, por desarrollar. <\/p>\n

Este paradigma propugna por la rehabilitaci\u00f3n f\u00edsica, s\u00edquica o sensorial del discapacitado, mediante la intervenci\u00f3n gal\u00e9nica, con el fin de normalizarlos seg\u00fan los est\u00e1ndares usuales de la sociedad; y <\/p>\n

(iii) social, se le concibe no como un discapacitado o disminuido, sino como una persona que puede servir a la colectividad, al igual que las dem\u00e1s, respet\u00e1ndoseles su diferencia y garantiz\u00e1ndoles sus derechos fundamentales, entre otros, a la dignidad humana, autonom\u00eda, igualdad y libertad. <\/p>\n

Se les concibe como sujetos con derechos, dotados de plenas garant\u00edas, que tienen un rol dentro de la sociedad que debe ser desarrollado, en condiciones de igualdad, inclusi\u00f3n y participaci\u00f3n.3 <\/p>\n

4.2.\tAhora, en el \u00e1mbito nacional, inicialmente con la expedici\u00f3n de la ley 1306 de 2009 (por la cual se dictan normas para la protecci\u00f3n de personas con discapacidad mental y se establece el r\u00e9gimen de la representaci\u00f3n legal de incapaces emancipados), se opt\u00f3 por un sistema mixto entre los referidos modelos de rehabilitaci\u00f3n y social, fijando como su finalidad \u00abla protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempe\u00f1o en la sociedad\u00bb, aclarando que \u00ab[e]l ejercicio de las guardas y consejer\u00edas y de los sistemas de administraci\u00f3n patrimonial tendr\u00e1n como objetivo principal la rehabilitaci\u00f3n y el bienestar del afectado\u00bb (precepto 1\u00ba). <\/p>\n

All\u00ed se diferenci\u00f3 entre (i) personas con discapacidad mental absoluta y (ii) sujetos con discapacidad mental relativa. Se tuvo entre las primeras a quienes sufr\u00edan \u00abuna afecci\u00f3n o patolog\u00eda severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental\u00bb (regla 17), que les imped\u00eda comprender el alcance de sus actos, disponiendo que ser\u00edan sujetos de interdicci\u00f3n y se les designar\u00eda un curador que los representara legalmente en las actuaciones jur\u00eddicas. <\/p>\n

Los segundos, como aquellos que padec\u00edan de \u00abdeficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de ello, p[od\u00edan] poner en serio riesgo su patrimonio\u00bb (art\u00edculo 32), estableci\u00e9ndose la posibilidad de su inhabilitaci\u00f3n para celebrar algunos negocios jur\u00eddicos, dada su cuant\u00eda o complejidad, pero conservando \u00absu libertad personal\u00bb, en tanto que deb\u00eda mir\u00e1rsele \u00abcomo capaz para todos los actos jur\u00eddicos distintos de aquellos sobre los cuales reca[\u00eda] la inhabilidad\u00bb (canon 35); a estos se les nombrar\u00eda un consejero. <\/p>\n

Al respecto, en su momento, as\u00ed se refiri\u00f3 la Corte Constitucional frente a las aludidas clases de discapacidad: <\/p>\n

…la Ley 1306 de 2009 diferencia entre la discapacidad mental relativa y absoluta, la primera se predica de quienes \u201cpadezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio\u201d (art. 42); y la segunda, se refiere a quienes \u201csufren una afecci\u00f3n o patolog\u00eda severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental\u201d (art\u00edculo 17). <\/p>\n

En el caso de la discapacidad mental relativa, el art\u00edculo 32 dispone la medida de inhabilitaci\u00f3n respecto de aquellos negocios que, por su cuant\u00eda o complejidad, hacen necesario que el afectado cuente con la asistencia de un consejero – Art\u00edculos 32, 34 y 35. Se encuentran legitimados para solicitar la inhabilitaci\u00f3n de una persona \u201csu c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y a\u00fan por el mismo afectado\u201d-. En relaci\u00f3n con la absoluta, la disposici\u00f3n n\u00famero 25 establece una medida m\u00e1s dr\u00e1stica: la interdicci\u00f3n, la cual consiste en la privaci\u00f3n de la capacidad de ejercicio de la persona – Sobre este punto, la Sentencia C-983 de 2002 explica: \u201cLa capacidad, en sentido general, consiste en la facultad que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero esta capacidad, de acuerdo con el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, puede ser de goce o de ejercicio. La primera de ellas consiste en la aptitud general que tiene toda persona natural o jur\u00eddica para ser sujeto de derechos y obligaciones, y es, sin duda alguna, el atributo esencial de la personalidad jur\u00eddica. La capacidad de ejercicio o capacidad legal, por su parte, consiste en la habilidad que la ley le reconoce a aqu\u00e9lla para poderse obligar por s\u00ed misma, sin la intervenci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de otra. Implica, entonces, el poder realizar negocios jur\u00eddicos e intervenir en el comercio jur\u00eddico, sin que para ello requiera acudir a otro.\u201d \u00c9nfasis agregado-, la respectiva anotaci\u00f3n en su registro civil de nacimiento y el nombramiento de un curador para que decida por ella y administre su patrimonio – Art\u00edculos 25, 47 y 48-. <\/p>\n

Como consecuencia civil de la interdicci\u00f3n, tambi\u00e9n se destaca que todos los actos jur\u00eddicos de la persona ser\u00e1n considerados \u201cabsolutamente nulos\u201d -Art\u00edculo 48-, sin embargo, la ley establece la siguiente salvedad respecto a las actuaciones en favor del afectado: \u201ctodo acto gratuito desinteresado o de mera liberalidad de persona capaz, en favor de personas con discapacidad mental absoluta o a imp\u00faberes es v\u00e1lido\u201d- Art\u00edculo 49-. <\/p>\n

Tal es la gravedad de la declaratoria de interdicci\u00f3n, que el art\u00edculo 28 de esta ley dispone que, en el curso del proceso judicial correspondiente, debe realizarse: \u201cun dictamen completo y t\u00e9cnico sobre la persona con discapacidad mental absoluta realizado por un equipo interdisciplinario compuesto del modo que lo establece el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo [17] de esta Ley\u201d -El inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 17 de la Ley 1306 de 2009 dispone: \u201cLa calificaci\u00f3n de la discapacidad se har\u00e1 siguiendo los par\u00e1metros cient\u00edficos adoptados por el Comit\u00e9 Consultivo Nacional de las Personas con Limitaci\u00f3n y utilizando una nomenclatura internacionalmente aceptada.\u201d- <\/p>\n

Dicho dictamen tiene el prop\u00f3sito de precisar: \u201cla naturaleza de la enfermedad, su posible etiolog\u00eda y evoluci\u00f3n, las recomendaciones de manejo y tratamiento y las condiciones de actuaci\u00f3n o roles de desempe\u00f1o del individuo\u201d – Art\u00edculo 28-, as\u00ed como la indicaci\u00f3n expresa de las consecuencias que tendr\u00eda la afecci\u00f3n mental \u201cen la capacidad del paciente para administrar sus bienes y disponer de ellos\u201d – Art\u00edculo 42. Numeral 4-. <\/p>\n

En el caso del proceso de inhabilitaci\u00f3n, se establece que el juez realizar\u00e1 audiencia con la persona diagnosticada con alguna afecci\u00f3n mental y dispondr\u00e1 la pr\u00e1ctica de todas aquellas pruebas que estime convenientes para verificar su estado de salud, expresamente se indica que deber\u00e1 ordenar la realizaci\u00f3n de un examen psicol\u00f3gico u ocupacional por un equipo interdisciplinario – Art\u00edculo 45-. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que el ordenamiento jur\u00eddico colombiano dispone que toda persona se presume capaz hasta que se demuestre lo contrario, para lo cual la Ley 1306 de 2009 previ\u00f3 los procesos judiciales de interdicci\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n a efectos de comprobar las consecuencias precisas de una determinada afecci\u00f3n mental en la capacidad de ejercicio del afectado. <\/p>\n

En todo caso, las disposiciones de dicha normativa deber\u00e1n interpretarse a la luz de: (i) el objeto esencial de la ley, a saber, \u201cla protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n social de la persona con discapacidad mental\u201d; (ii) los principios de no discriminaci\u00f3n y \u201crespeto de su dignidad, su autonom\u00eda individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia\u201d; (iii) la obligaci\u00f3n del Estado y la sociedad de \u201cgarantizar el disfrute pleno de todos los derechos a las personas con discapacidad mental, de acuerdo a su capacidad de ejercicio\u201d; y, (iv) lo dispuesto en \u201clas convenciones internacionales sobre los derechos humanos relativos a las personas en situaci\u00f3n de discapacidad, aprobados por Colombia, que integran el bloque de constitucionalidad\u201d- Art\u00edculo 4\u00b0- (CC T-185\/18). <\/p>\n

4.3. No obstante, la nueva Ley 1996 de 2019 (por medio de la cual se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad) prefiri\u00f3 el antedicho modelo social, a partir de los imperativos constitucionales y legales de protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n social de las personas mayores con discapacidad mental, seg\u00fan los cuales \u00e9stas no deben ser tratadas como pacientes sino como verdaderos ciudadanos y sujetos de derechos, que requieren no que se les sustituya o anule en la toma de sus decisiones, sino que se les apoye para ello, dando prelaci\u00f3n a su autodeterminaci\u00f3n, dejando de lado el obst\u00e1culo se\u00f1alado con antelaci\u00f3n que, partiendo de apreciaciones de su capacidad mental, les restring\u00eda el uso de su capacidad legal plena. <\/p>\n

En efecto, esta Ley fij\u00f3 como su objeto \u00abestablecer medidas espec\u00edficas para la garant\u00eda del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba); bajo el entendido que \u00abtodas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos\u00bb; resaltando que \u00aben ning\u00fan caso la existencia de una discapacidad podr\u00e1 ser motivo para la restricci\u00f3n de la capacidad de ejercicio de una persona\u00bb (se destac\u00f3 – canon 6\u00ba). <\/p>\n

En concordancia con ello, se dispuso la derogatoria y modificaci\u00f3n de las normas precedentes que restring\u00edan la referida capacidad plena de ejercicio de las personas mayores con discapacidad (preceptos 57 a 61), ajust\u00e1ndolas al cambio de paradigma ahora propuesto por el legislador. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n, frente a la presunci\u00f3n de capacidad de las personas, ha dicho que: <\/p>\n

\u2026la capacidad, en sentido general, consiste en la facultad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. De acuerdo con el art\u00edculo 1502 de la ley sustantiva civil esa capacidad puede ser de goce o de ejercicio. <\/p>\n

La primera hace referencia a la idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, de la cual gozan todas las personas, por lo cual se erige como uno de los atributos de la personalidad jur\u00eddica; al paso que la segunda consiste en la habilidad que la ley les reconoce para ejercer por s\u00ed mismas los derechos de que son titulares y cumplir con sus obligaciones, sin necesidad de la autorizaci\u00f3n o mediaci\u00f3n de otras. <\/p>\n

Por lo tanto, la capacidad es la regla general y por ello, todo individuo tiene capacidad de goce; en cuanto a la capacidad de ejercicio, requisito para la validez de una declaraci\u00f3n de voluntad, en principio, tambi\u00e9n la tienen todas las personas, salvo aquellas a las que la ley declare incapaces, seg\u00fan lo previene el art\u00edculo 1503 del Estatuto Civil (CSJ STC14592-2015, 22 oct. 2015, rad, 2015-02426-00). <\/p>\n

Por ese rumbo, de manera categ\u00f3rica, se elimin\u00f3 la posibilidad de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n de las personas mayores con discapacidad -figuras con las cuales a \u00e9stas se les restring\u00eda, en mayor o menor grado, el ejercicio de su capacidad legal-, prohibiendo ahora no s\u00f3lo la iniciaci\u00f3n de procesos para obtener tales declaraciones sino la exigencia de sentencia que las disponga \u00abpara dar inicio a cualquier tr\u00e1mite p\u00fablico o privado\u00bb (regla 53); sustituyendo aqu\u00e9llas por los que se denominaron \u00abajustes razonables\u00bb y \u00abapoyos\u00bb, resaltando que los referidos sujetos no s\u00f3lo \u00abtienen derecho a realizar actos jur\u00eddicos de manera independiente\u00bb, sino a contar \u00abcon las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar[los]\u00bb (precepto 8\u00ba), as\u00ed como \u00abcon apoyos para la realizaci\u00f3n de los mismos\u00bb (canon 9\u00ba). <\/p>\n

Defini\u00f3 los primeros (ajustes razonables) como \u00abaquellas modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones que las dem\u00e1s, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales\u00bb (numeral 6\u00ba del art\u00edculo 3\u00ba); mientras los segundos (apoyos), como \u00abtipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal\u00bb (numeral 4\u00ba ib\u00eddem). <\/p>\n

Con esa orientaci\u00f3n, la representaci\u00f3n de las personas mayores con discapacidad pasa de ser la generalidad a la excepci\u00f3n, exclusivamente contemplada, en cabeza de la persona de apoyo, \u00absolo en aquellos casos en donde existe un mandato expreso de la persona titular para efectuar uno o varios actos jur\u00eddicos en su nombre y representaci\u00f3n\u00bb, destacando que cuando \u00abno haya este mandato expreso y se hayan adjudicado apoyos por v\u00eda judicial, la persona de apoyo deber\u00e1 solicitar autorizaci\u00f3n del juez para actuar en representaci\u00f3n de la persona titular del acto, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 1. Que el titular del acto se encuentre absolutamente imposibilitado para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicaci\u00f3n posible; y, 2. Que la persona de apoyo demuestre que el acto jur\u00eddico a celebrar refleja la mejor interpretaci\u00f3n de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto\u00bb (art\u00edculo 48). <\/p>\n

Lo dicho, en apego fidedigno al \u00abderecho al libre desarrollo de [la] personalidad\u00bb que, en concordancia con los diferentes instrumentos internacionales, reconoce la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica patria a todos los coasociados, \u00absin m\u00e1s limitaciones que las que imponen los derechos de los dem\u00e1s y el orden jur\u00eddico\u00bb (art\u00edculo 16), de no olvidar que, en palabras de la Corte Constitucional, \u00abel eje normativo de la Carta Fundamental lo constituye el ser humano y su dignidad. Por lo tanto, cualquier persona, sin importar su condici\u00f3n, tiene derechos y la posibilidad de ejercerlos efectivamente de manera libre e independiente, sin m\u00e1s limitaciones que las constitucionalmente aceptables. Es por ello, que el Estado tiene un deber doble respecto del derecho a la autodeterminaci\u00f3n: por un lado, garantizar su realizaci\u00f3n minimizando las restricciones y, de otra parte, respetar las decisiones que las personas adoptan de manera libre y voluntaria, sin discriminaci\u00f3n alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o filos\u00f3fica\u00bb (CC T-063\/12). <\/p>\n

Lo anterior, ratificando el derecho a la autodeterminaci\u00f3n -por ende, a equivocarse- que asiste a las personas mayores con discapacidad, como consecuencia indiscutible del poder prevalente de su voluntad, sin perjuicio de las medidas de discriminaci\u00f3n positivas que resulten necesarias a cargo del Estado con el fin de protegerlos, en lo que sea necesario, pero sin inobservar que el fin \u00faltimo es promover sus derechos, eliminando las barreras o restricciones que puedan present\u00e1rseles. <\/p>\n

Recapitulaci\u00f3n. De lo hasta aqu\u00ed anotado se concluye que la pluricitada Ley 1996 gira en torno a tres ejes esenciales, cimentados en la eliminaci\u00f3n de la incapacidad legal por discapacidad de las personas mayores de edad, en pro de su inclusi\u00f3n social; el primero consistente en la diferenciaci\u00f3n entre capacidad legal y mental; el segundo, consecuencia del anterior, la patente supresi\u00f3n de la interdicci\u00f3n y de la inhabilitaci\u00f3n de dichos sujetos, para ser sustituidas por las adecuaciones razonables y las medidas de apoyo; y el tercero, la representaci\u00f3n excepcional de las personas mayores de edad con discapacidad. <\/p>\n

Lo anterior encuentra fundamento no s\u00f3lo en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u00ab[t]odas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibir\u00e1n la misma protecci\u00f3n y trato de las autoridades y gozar\u00e1n de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminaci\u00f3n por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o filos\u00f3fica\u00bb, relievando que el Estado \u00abpromover\u00e1 las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar\u00e1 medidas en favor de grupos discriminados o marginados\u00bb, y \u00abproteger\u00e1 especialmente a aquellas personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar\u00e1 los abusos o maltratos que contra ellas se cometan\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n

Y es observando lo reglado en los c\u00e1nones 93 y 94 de dicha constituci\u00f3n, los cuales ense\u00f1an que \u00ab[l]os tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u00bb; que \u00ab[l]os derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia\u00bb; y que \u00ab[l]a enunciaci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas contenidos en la Constituci\u00f3n y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negaci\u00f3n de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos\u00bb; debe anotarse que la reglamentaci\u00f3n ahora auscultada tambi\u00e9n est\u00e1 cimentada, en especial, en el desarrollo de los m\u00faltiples instrumentos internacionales sobre la materia, tal como lo establece la misma Ley 1996 en su art\u00edculo 2\u00b0, al disponer que dicha normatividad \u00abdebe interpretarse conforme a la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los dem\u00e1s pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia que integran el bloque de constitucionalidad y la Constituci\u00f3n Colombiana\u00bb. <\/p>\n

Efectivamente, el canon 2\u00b0 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, orden\u00f3 que \u00ab[t]oda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaraci\u00f3n, sin distinci\u00f3n alguna de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n\u00bb (negrilla fuera de texto); a la vez que su precepto 6\u00ba estableci\u00f3 que \u00ab[t]odo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n

En el mismo sentido, el art\u00edculo 1\u00b0 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, prescribi\u00f3 que todos los estados deben reconocer los derechos all\u00ed consagrados, \u00absin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u00bb (negrilla fuera de texto); al tiempo que en su regla 3\u00aa consagr\u00f3 que \u00ab[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n

M\u00e1s tarde, la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Deficiente Mental, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971, estableci\u00f3 que \u00ab[e]l deficiente mental debe gozar, hasta el m\u00e1ximo grado de viabilidad, de los mismos derechos que los dem\u00e1s seres humanos\u00bb (numeral 1\u00b0), lo que incluye el \u00abderecho a la atenci\u00f3n m\u00e9dica y el tratamiento f\u00edsico que requiera su caso, as\u00ed como a la educaci\u00f3n, la capacitaci\u00f3n, la rehabilitaci\u00f3n y la orientaci\u00f3n que le permitan desarrollar al m\u00e1ximo su capacidad y aptitudes\u00bb (numeral 2\u00b0), \u00aba la seguridad econ\u00f3mica y a un nivel de vida decoroso\u00bb (numeral 3\u00b0), \u00ab[e]l hogar en que viva debe recibir asistencia\u00bb (numeral 4\u00b0), \u00abcontar con la atenci\u00f3n de un tutor cualificado cuando esto resulte indispensable para la protecci\u00f3n de su persona y bienes\u00bb (numeral 5\u00b0) y, en general, \u00abejercer efectivamente todos sus derechos\u00bb (numeral 7\u00b0). <\/p>\n

El Convenio 159 sobre la Readaptaci\u00f3n Profesional y el Empleo de Personas Inv\u00e1lidas, adoptado por la Conferencia General de la Organizaci\u00f3n Internacional de Trabajo en 1983, consagr\u00f3 como principio \u00abque la persona inv\u00e1lida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva as\u00ed la integraci\u00f3n o la reintegraci\u00f3n de esta persona en la sociedad\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0), con la carga de tomar \u00abmedidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inv\u00e1lidos y los dem\u00e1s trabajadores no deber\u00e1n considerarse discriminatorias respecto de estos \u00faltimos\u00bb (canon 4\u00b0). <\/p>\n

La Declaraci\u00f3n de Cartagena de Indias sobre Pol\u00edticas Integrales para las Personas con Discapacidad en el \u00c1rea Iberoamericana, firmada el 20 de octubre de 1992, propugn\u00f3: <\/p>\n

– Prevenir la aparici\u00f3n de las deficiencias, evitar que \u00e9stas, cuando se producen, tengan consecuencias f\u00edsicas, psicol\u00f3gicas y sociales negativas, y aminorar, cuando no hayan podido evitarse, esas consecuencias, actuando sobre las causas que generan las deficiencias y sobre los factores que determinan su agravamiento. <\/p>\n

– Poner al alcance de las personas con discapacidades los recursos, servicios y medidas espec\u00edficas de rehabilitaci\u00f3n necesarios para asegurar el m\u00e1ximo posible de su desarrollo personal, de manera que reciban atenci\u00f3n integral individualizada, de forma continua y coordinada y, preferentemente, en su propio contexto sociocultural. <\/p>\n

– Garantizar a las personas con discapacidades su participaci\u00f3n lo m\u00e1s plena y activa posible en la vida social y en el desarrollo de su comunidad, haciendo efectivo su derecho a la seguridad econ\u00f3mica y a un nivel de vida digno, y la defensa contra toda explotaci\u00f3n o trato discriminatorio, abusivo o degradante. <\/p>\n

– Contribuir a que las personas con discapacidades alcancen las mayores cotas posibles de autonom\u00eda personal y lleven una vida independiente, de acuerdo con sus propios deseos, haciendo efectivo el derecho a la propia identidad, a la intimidad personal, al respeto por el ejercicio responsable de sus libertades, a formar un hogar y a vivir preferentemente en el seno de su familia o, en su defecto, a convivir en ambientes sustitutivos lo m\u00e1s normalizados posibles, garantizando, cuando sea necesario, la efectiva tutela de su persona y bienes. <\/p>\n

Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de marzo de 1994, estableci\u00f3 como ejes de la igualdad de participaci\u00f3n de las personas en discapacidad la mayor toma de conciencia, atenci\u00f3n m\u00e9dica, rehabilitaci\u00f3n y servicios de apoyo, por medio de las esferas de posibilidades de acceso, educaci\u00f3n, empleo, mantenimiento de los ingresos y seguridad social, vida en familia e integridad personal, acceso a cultura, actividades recreativas y deportivas. <\/p>\n

La Convenci\u00f3n Interamericana para la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra las Personas con Discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999, estableci\u00f3 para los estados el deber de \u00ab[a]doptar las medidas de car\u00e1cter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra \u00edndole, necesarias para eliminar la discriminaci\u00f3n contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integraci\u00f3n en la sociedad\u00bb, con trabajo prioritario en \u00ab[l]a prevenci\u00f3n de todas las formas de discapacidad prevenibles\u00bb, \u00ab[l]a detecci\u00f3n temprana e intervenci\u00f3n, tratamiento, rehabilitaci\u00f3n, educaci\u00f3n, formaci\u00f3n ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel \u00f3ptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad\u00bb, y \u00ab[l]a sensibilizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n, a trav\u00e9s de campa\u00f1as de educaci\u00f3n encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n

Finalmente, sin \u00e1nimo de exhaustividad, la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, puntualiz\u00f3 como principios b\u00e1sicos los siguientes: \u00aba) El respeto de la dignidad inherente, la autonom\u00eda individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminaci\u00f3n; c) La participaci\u00f3n e inclusi\u00f3n plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptaci\u00f3n de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condici\u00f3n humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; [y] h) El respeto a la evoluci\u00f3n de las facultades de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad\u00bb (canon 3\u00b0); a la vez que en su precepto 12 impone a los estados parte reconocer \u00abque las personas con discapacidad tienen capacidad jur\u00eddica en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s en todos los aspectos de la vida\u00bb, para lo cual deber\u00e1n adoptarse \u00ablas medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n

Con igual orientaci\u00f3n, la Convenci\u00f3n Interamericana para la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de Discriminaci\u00f3n contra las Personas con Discapacidad, impone la adopci\u00f3n de \u00ab[m]edidas para eliminar progresivamente la discriminaci\u00f3n y promover la integraci\u00f3n por parte de las autoridades gubernamentales y\/o entidades privadas en la prestaci\u00f3n o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreaci\u00f3n, la educaci\u00f3n, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades pol\u00edticas y de administraci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo III). <\/p>\n

4.4.\tAs\u00ed, la referida Ley 1996 de 2019 constituye un notable avance legislativo en el \u00e1mbito patrio respecto a las personas mayores de edad con discapacidad, al optar por el aludido modelo regulatorio social, edificado en la presunci\u00f3n general de capacidad, rompiendo el paradigma en punto a confundir su capacidad legal con la intelectual para reconocerlas como sujetos plenos, con potencialidades y un proyecto de vida personal que pueden desarrollar, entendiendo que est\u00e1n facultadas para decidir aut\u00f3nomamente, entre otros aspectos, sobre sus negocios jur\u00eddicos, situaciones m\u00e9dicas, personales y familiares que las afecten. <\/p>\n

Ergo, debido a esa naturaleza de garant\u00eda esencial, de primera generaci\u00f3n y, por ende, fundamental, que le corresponde al reconocimiento en comento, se muestra incuestionable que para su resguardo puede hacerse uso del mecanismo previsto en el canon 86 ib\u00eddem, seg\u00fan el cual \u00ab[t]oda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar… la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales…\u00bb. <\/p>\n

5.\tDescendiendo al caso concreto, en el cual, se recuerda, el reclamante censur\u00f3 al Tribunal acusado el designar como su curadora provisoria a su prima Elicenia G\u00f3mez Pineda, sin atender los malos tratos de que adujo ser objeto por parte de \u00e9sta y su deseo de que se nombrara como tal a su c\u00f3nyuge Flor Mar\u00eda R\u00edos de Enciso; se vislumbra que esa sede judicial no incurri\u00f3 en un desafuero constitucional, en tanto que en su prove\u00eddo se\u00f1al\u00f3 con suficiencia los motivos que tuvo para decidir en tal forma. <\/p>\n

Lo dicho porque el ad-quem no pas\u00f3 por alto las atestaciones que aqu\u00e9l efectu\u00f3 mediante los escritos que ados\u00f3 al plenario el 16 de enero y el 12 de febrero de 2019 pidiendo, expresamente, se relevara del cargo de curador provisorio a su padre y, en su lugar, se tuviera como tal a su c\u00f3nyuge, denunciando, all\u00ed mismo, malos tratos por parte de su progenitor y su prima Elicenia, as\u00ed como la malversaci\u00f3n de sus bienes por parte de \u00e9stos. <\/p>\n

Ello es as\u00ed porque la Colegiatura enjuiciada en su decisi\u00f3n del pasado 31 de julio modific\u00f3 la dictada por el a-quo el 29 de mayo anterior -que dispuso designar como curadora provisoria del quejoso a su c\u00f3nyuge Flor Mar\u00eda, para en su lugar, tener como tal a Elicenia G\u00f3mez Pineda- con menci\u00f3n expresa de que: <\/p>\n

En diligencia de entrevista privada al presunto interdicto, de fecha 26 de julio de 2018, \u00e9ste manifest\u00f3 que no quer\u00eda que su padre fuese su curador, \u201csino que sea mi prima Elicenia\u201d, por su parte el defensor de familia conceptu\u00f3 que entre padre e hijo no hay empat\u00eda y que la violencia intrafamiliar que al parecer se est\u00e1 presentado, est\u00e1 afectando emocionalmente a Jhon Edgard al punto que \u00e9ste abandon\u00f3 la casa paterna buscando ayuda en la Personer\u00eda y en su prima Elicenia, quien lo acogi\u00f3; de otro lado la trabajadora social del juzgado indic\u00f3 que se evidenciaba una mala relaci\u00f3n entre padre e hijo, lo que ha generado aparentes hechos de violencia intrafamiliar, que han profundizado la crisis emocional del Interdicto, quien se fue a vivir con su prima Elicenia, lugar donde \u201cse siente a gusto, bien tratado, protegido y sobre todo, que es su deseo continuaren tal lugar indefinidamente\u201d… <\/p>\n

Tambi\u00e9n se observa que el 31 de enero de 2019 Jhon Edgard… contrajo matrimonio con… Flor Mar\u00eda R\u00edos de Enciso… de 73 a\u00f1os de edad…, no obstante el decreto de interdicci\u00f3n provisoria de 9 de abril de 2018…, quien solicito fuese designada como curadora provisora del presunto interdicto. <\/p>\n

Luego, tras exponer diferentes situaciones concretas acaecidas en punto a la administraci\u00f3n de los bienes del accionante y determinar que su padre \u00abno ha ejercido correctamente su funci\u00f3n como curador provisorio\u00bb, \u00aben aras de [su] protecci\u00f3n\u00bb, concluy\u00f3 que efectivamente era necesario remplazarlo y afirm\u00f3 que para tal prop\u00f3sito deb\u00eda tenerse \u00aben cuenta que Jhon Edgard… en su relato, siempre se refiere a su prima Elicenia, como la persona que lo recibi\u00f3 en su casa, le ha propiciado cuidado, protecci\u00f3n y se siente a gusto con ella\u00bb. <\/p>\n

A lo cual, seguidamente, despu\u00e9s de referirse al contenido del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1306 de 2009, a\u00f1adi\u00f3 que aunque \u00abJhon Edgard… contrajo matrimonio con Flor Mar\u00eda…, encontr\u00e1ndose en interdicci\u00f3n provisoria, y si bien… en principio solicit\u00f3 que su esposa fuese nombrada como su curadora provisional\u00bb, ese Tribunal advert\u00eda que aqu\u00e9l hab\u00eda \u00abmanifestado ante la m\u00e9dica psiquiatra, el defensor de familia y la trabajadora social del Juzgado… y… el propio Juez…[,] que… Elicenia G\u00f3mez Pineda, es quien siempre lo ha acogido y lo trata bien\u00bb; por lo cual no consider\u00f3 \u00abprudente nombrar a… Flor Mar\u00eda…, persona de la tercera edad, como curadora provisional del presunto interdicto\u00bb, y dijo que, para protegerlo, lo \u00abprocedente [era] relevar del cargo… a Nelson de Jes\u00fas…, como lo dispuso el… Juez… en el auto apelado, empero se designar\u00e1 en su remplazo a la tambi\u00e9n demandante Elicenia…\u00bb. <\/p>\n

Entonces, de esas consideraciones se desprende que el sentenciador, en un claro reconocimiento de la jurisprudencia constitucional sobre el rol de las declaraciones de las personas con discapacidad en los procesos en que intervienen, sopes\u00f3 las rendidas por Jhon Edgard, s\u00f3lo que le otorg\u00f3 mayor val\u00eda a sus propias manifestaciones preliminares, por su consistencia en el tiempo, aunado a que su nueva atestaci\u00f3n supon\u00eda dejar en manos de un adulto mayor la curadur\u00eda provisional; de all\u00ed que, para esta Corte, la determinaci\u00f3n controvertida no luzca antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, comoquiera que, seg\u00fan queda visto, resulta inviable endilgarle error f\u00e1ctico alguno por pretermisi\u00f3n o desconocimiento del precedente vertical6, de manera que el reclamo del peticionario, en la forma en que fue propuesto, no halle recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de los motivos por los cuales el Tribunal acusado arrib\u00f3 a la rememorada conclusi\u00f3n, sin que sus deducciones pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

6.\tEmpero, la excepcionalidad del caso en estudio estriba en que, en el intermedio entre la decisi\u00f3n adoptada por el ad quem y el amparo promovido, entr\u00f3 en vigencia de forma inmediata la Ley 1996 del 26 de agosto de 2019 (art\u00edculo 63), por lo que sus mandatos entraron a gobernar la situaci\u00f3n que estaban en curso de una forma diferente a la decidida. <\/p>\n

Total que, como la nueva regulaci\u00f3n, seg\u00fan se explic\u00f3 en precedencia, acogi\u00f3 un modelo diferente para el inclusi\u00f3n de las personas con discapacidad, el cual es diametralmente diferente al que sirvi\u00f3 de base al juzgador para proferir su decisi\u00f3n, por fuerza del tiempo el proceso devendr\u00e1 contrario a la carta fundamental, en tanto el juzgador a quo tendr\u00e1 que someterse a la decidido por su superior, restringiendo indebidamente la capacidad jur\u00eddica del tutelante. Dicho en otras palabras, si bien la resoluci\u00f3n judicial criticada, al momento de su proferimiento, se ajust\u00f3 al marco constitucional, lo cierto es que de continuar el proceso por la senda actual transitar\u00e1 hacia una vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de la igualdad y reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica. <\/p>\n

6.1. Remem\u00f3rese que la protecci\u00f3n constitucional resulta procedente, de forma particular, en los casos en que se advierta que, de continuarse con el curso normal del proceso, se vulnerar\u00e1n las garant\u00edas constitucionales del promotor del resguardo, pues en este caso se est\u00e1 frente a la v\u00eda de hecho prospectiva. <\/p>\n

Y es que la labor del juzgador constitucional no se acota a la revisi\u00f3n de la queja realizada al momento de promover el amparo, no s\u00f3lo por el deber de fallar de manera extra y ultra petita, sino que es posible, en caso de que se advierta de manera clara una futura transgresi\u00f3n de la carta fundamental, conceder el resguardo para evitar que se materialice dicha conculcaci\u00f3n, como precisamente sucede en el caso sub examine. <\/p>\n

6.2. Justamente, y a riesgo de saturar, como los efectos del auto atr\u00e1s auscultado, dictado por el Tribunal acusado el 31 de julio de 2019 -esto es, se itera, antes de la entrada en vigencia de la nueva regulaci\u00f3n- y de forzoso acatamiento para el a quo (como se desprende del numeral 2\u00ba del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso)7, traducen que el \u00faltimo deber\u00e1 mantener una interdicci\u00f3n provisoria en desatenci\u00f3n de la nueva ley, que acorde con su regla 63 estableci\u00f3 la vigencia de sus disposiciones a partir de su promulgaci\u00f3n, entre las cuales se encuentran algunas de contenido sustancial que deben aplicarse de forma inmediata, tales como lo son, se repite, la presunci\u00f3n \u00abde la capacidad legal plena\u00bb de las personas mayores de edad con discapacidad (art\u00edculo 6\u00ba) y, en concordancia con ello, la prohibici\u00f3n de su interdicci\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n (precepto 53). <\/p>\n

7.\tPara dilucidar lo que aqu\u00ed sucede, de cara al resguardo que aqu\u00ed ha de prodigarse, surge inaplazable escrutar de manera concreta algunos aspectos relacionados con la vigencia de la nov\u00edsima legislaci\u00f3n, en tanto que, como se ha venido comentando, en su canon 63 dispuso su vigor \u00aba partir de su promulgaci\u00f3n\u00bb8, no menos cierto es que su regla 52 tambi\u00e9n contempl\u00f3 ello pero \u00abcon excepci\u00f3n de aquellos art\u00edculos que establezcan un plazo para su implementaci\u00f3n y los… contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente ley, los cuales entrar\u00e1n en vigencia veinticuatro (24) meses despu\u00e9s\u00bb; a la vez que en el par\u00e1grafo de su precepto 6\u00ba se determin\u00f3 que \u00abel reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente art\u00edculo aplicar\u00e1, para las personas bajo medidas de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anteriores a la promulgaci\u00f3n de la presente ley, una vez se hayan surtido los tr\u00e1mites se\u00f1alados en el art\u00edculo 56 de la misma\u00bb, mientras que el entretanto se previ\u00f3 un proceso provisorio para el caso espec\u00edfico de las personas que se encuentran en incapacidad absoluta de comunicarse y expresar sus preferencias (art\u00edculo 54). <\/p>\n

De all\u00ed se desprende la anunciada vigencia inmediata en punto a los factores sustanciales atr\u00e1s referenciados, pero, por otro lado, la entronizaci\u00f3n de aspectos diferenciantes en torno a matices de \u00edndole procedimental. <\/p>\n

Del estudio detenido del novedoso compendio normativo en cuesti\u00f3n, se advierte que el punto nuclear de la reforma, como es la supresi\u00f3n de la incapacidad legal para las personas mayores de edad con discapacidad, cobr\u00f3 vigor desde el 26 de agosto de 2019, raz\u00f3n por la que, a partir de esta data, \u00fanicamente pueden estar incapacitados aquellas personas que, por mandato de una sentencia que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, fueron declarados en interdicci\u00f3n o se les nombr\u00f3 un consejero. Dicho en negativo, a partir de la mencionada fecha, ninguna persona mayor de edad podr\u00e1 perder su capacidad legal de ejercicio por el hecho de contar con una discapacidad, manteni\u00e9ndose dicha medida \u00fanicamente respecto a las personas que con anterioridad, por fallo judicial, hubieran sido declarados incapaces. <\/p>\n

En armon\u00eda, para las tem\u00e1ticas procesales, la nueva ley diversific\u00f3 su aplicaci\u00f3n entre juicios (i) nuevos, (ii) concluidos y (iii) en curso, seg\u00fan las siguientes directrices: <\/p>\n

7.1.\tEn cuanto a los primeros, de forma tajante, dej\u00f3 por sentada la prohibici\u00f3n de la iniciaci\u00f3n de nuevos tr\u00e1mites de interdicci\u00f3n (art\u00edculo 53), con lo cual se hace realidad la supresi\u00f3n de la discapacidad legal por razones f\u00edsicas, cognitivas o de comunicaci\u00f3n. Claro est\u00e1, esta regla no se extiende a las causas que deban promoverse para ejecutar o modificar las decisiones de interdicci\u00f3n que se hubieran proferido con anterioridad al 26 de agosto de 2019, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n; <\/p>\n

7.2.\tPara los segundos, esto es, los juicios finalizados, existen dos posibilidades: (a) la declaraci\u00f3n misma de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, salvo que se inicie un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, el cual se conserva en vigor hasta el a\u00f1o 2021; sin embargo, en el per\u00edodo de los a\u00f1os 2021 a 2024 deber\u00e1 procederse a la revisi\u00f3n oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de considerarse que \u00ablas personas bajo interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n… requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, se sustituyan aqu\u00e9llas por medidas de apoyo o, simplemente, se entienda habilitado el referido \u00abreconocimiento de la capacidad legal plena\u00bb (art\u00edculo 56); y <\/p>\n

(b) los actos de ejecuci\u00f3n de las determinaciones judiciales previas, bajo el efecto ultractivo de la Ley 1306 de 2009, por lo cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la remoci\u00f3n, designaci\u00f3n de curador, rendici\u00f3n de cuentas, etc., posibilidad que encuentra apoyadura en los c\u00e1nones 306 y 586 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo en su texto original, con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la regla 37 de la Ley 1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n. <\/p>\n

7.3.\tFinalmente, para los procesos en curso, como el aqu\u00ed auscultado -partiendo del hecho de que la interdicci\u00f3n del actor fue provisoria, en tanto se dispuso como medida temporal mediante auto interlocutorio, sin que exista sentencia al respecto-, la nueva ley previ\u00f3 su suspensi\u00f3n inmediata hasta el 26 de agosto de 2021, con la precisi\u00f3n de que, en cualquier momento, aqu\u00e9lla podr\u00e1 levantarse por el juez, en casos de urgencia, para decretar \u00abmedidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u00bb (precepto 55). <\/p>\n

La \u00faltima precisi\u00f3n anotada a espacio conlleva a que deba aclararse que, as\u00ed reanudado el juicio, los juzgadores naturales tendr\u00e1n que adoptar sus decisiones bajo los lineamientos de la nueva regulaci\u00f3n, dada su consabida vigencia general inmediata, lo que se ratifica con la prohibici\u00f3n de regresi\u00f3n en materia de derechos humanos, derivada doctrinariamente del principio de progresividad, cuyo fundamento normativo tiene g\u00e9nesis en los art\u00edculos 2\u00ba del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales -adoptado por la\u00a0Asamblea General de las Naciones Unidas\u00a0el\u00a016 de diciembre\u00a0de\u00a01966- y 26 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos -suscrita el 22 de noviembre de 1969-.9 <\/p>\n

De all\u00ed que en esos asuntos en tr\u00e1mite -sin decisi\u00f3n de fondo respecto a las pretensiones-, a pesar de la suspensi\u00f3n de que fueron objeto por imperativo legal, le competa a los falladores naturales pronunciarse respecto de las situaciones directamente relacionadas con las provisorias interdicci\u00f3n, inhabilitaci\u00f3n o designaci\u00f3n de curador, sin que puedan excusar en tal suspensi\u00f3n, por mandato de la entrada en vigor de la ley 1996 de 2019 y la prohibici\u00f3n de regresividad de los derechos humanos, pues el primero otorga una protecci\u00f3n mejorada en cuanto al ejercicio de la capacidad legal plena para las personas mayores de edad con discapacidad, sin que so pretexto de una regla procesal pueda vaciarse de contenido esta m\u00e1xima, so pena de desconocer la barrera infranqueable de la prohibici\u00f3n de regreso en la protecci\u00f3n de los derechos humanos. <\/p>\n

Por tanto, aunque en el par\u00e1grafo del referido canon 6\u00ba de la Ley 1996 se especific\u00f3 que \u00abel reconocimiento de la capacidad legal plena [all\u00ed] previsto… aplicar\u00e1, para las personas bajo medidas de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anteriores a la promulgaci\u00f3n de [esa]… ley, una vez se hayan surtido los tr\u00e1mites se\u00f1alados en el art\u00edculo 56 de la misma\u00bb10 (se subray\u00f3), un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico y teleol\u00f3gico de dicha normativa, resaltando el contenido de este \u00faltimo precepto y el fin concreto de la Ley misma, el cual no es otro que garantizar la capacidad plena que le asiste a las personas en comento, permite dejar por sentando que la aludida remisi\u00f3n legal gobierna, exclusivamente, aquellos casos en que las medidas \u00abde interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n\u00bb fueron adoptadas a trav\u00e9s de sentencia definitiva, no as\u00ed en los procesos en curso -incluido en aqu\u00ed cuestionado- en que se hubiera emitido una decisi\u00f3n interlocutoria, pues aqu\u00ed deber\u00e1 privilegiarse la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable a las personas que hist\u00f3ricamente se han visto discriminadas y, en algunos casos, segregadas. <\/p>\n

En adici\u00f3n, las presentes disquisiciones no desconocen la suspensi\u00f3n que de tales procesos se produjo por imperio de la Ley, pues los pronunciamientos que deber\u00e1n adecuar los juzgadores ordinarios no resultan contrarios a la nueva legislaci\u00f3n, si en cuenta se tiene la connotaci\u00f3n de derecho fundamental de aquella protecci\u00f3n mejorada que impone su aplicaci\u00f3n inmediata, en tanto que la materia a resolver se ajusta plenamente a su art\u00edculo 55, conforme al cual, de manera excepcional podr\u00e1 levantarse tal suspensi\u00f3n y disponerse \u00abla aplicaci\u00f3n de medidas cautelares, nominadas o innominadas\u00bb, como resulta ser la referente a ocuparse, con base en la nov\u00edsima norma, de lo relativo a las temporales interdicci\u00f3n, inhabilitaci\u00f3n y\/o curadur\u00eda dispuestas en los juicios en tr\u00e1mite, con miras a \u00abgarantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u00bb. <\/p>\n

8.\tLa hoja de ruta aqu\u00ed trazada, de cara al caso concreto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, impone la concesi\u00f3n del resguardo, aunque no por el sentido estricto de los cargos aducidos por el reclamante11, sino por la amenaza de presencia de una \u00abv\u00eda de hecho prospectiva\u00bb, al existir un razonable grado de certeza de que sus derechos ser\u00e1n conculcados en el futuro, con base en las siguientes conclusiones: <\/p>\n

8.1.\tLa nueva Ley 1996 de 2019 representa un innegable avance en la protecci\u00f3n de los derechos de las personas mayores de edad con discapacidad -como el aqu\u00ed accionante-, de contenido esencial en cuanto a sus garant\u00edas fundamentales, al reconocerles su \u00abcapacidad legal plena\u00bb, aspecto cuya aplicaci\u00f3n -en general- ha de ser inmediata, sin que la suspensi\u00f3n del proceso pueda constituirse en obst\u00e1culo para tal protecci\u00f3n mejorada que les asiste, en total apego de la prohibici\u00f3n de regresividad de los derechos humanos. <\/p>\n

8.2.\tAl tratarse el caso en cuesti\u00f3n de un proceso en curso, en el cual la interdicci\u00f3n dispuesta tiene el car\u00e1cter de provisoria con la consecuente designaci\u00f3n de un curador temporal, la aplicaci\u00f3n actual, por parte del a-quo, de la decisi\u00f3n aqu\u00ed criticada al Tribunal, ir\u00eda en contrav\u00eda del referido efecto general de las disposiciones introducidas por la nueva reglamentaci\u00f3n. <\/p>\n

9.\tCon apoyo en todo lo aqu\u00ed decantado, dada la particularidad del presente asunto, se acceder\u00e1 a la salvaguarda propuesta, ordenando al Juzgado de Familia de Soacha -que aunque no fue relacionado como accionado por el gestor, s\u00ed fue debidamente vinculado a esta tramitaci\u00f3n por parte de la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n, a trav\u00e9s de oficio OSSCC-T No. 21493 de 17 de octubre de 2019 (folio 16), lo que habilita la imposici\u00f3n de orden en su contra-, que tras levantar la suspensi\u00f3n del proceso fustigado -dispuesta con auto del pasado 16 de octubre-, adopte, con base en la nueva legislaci\u00f3n, las decisiones que resulten necesarias con miras a preservar las garant\u00edas de primer grado del quejoso, atendiendo los razonamientos atr\u00e1s condensados, espec\u00edficamente en cuanto a tomar las medidas nominadas o innominadas que se muestren conducentes para tal prop\u00f3sito, sin que ello implique el desconocimiento de lo resuelto por su Superior, en su momento, mediante auto de 31 de julio de 2019, dada la situaci\u00f3n sobreviniente que frente a ello configura la vigencia general inmediata de la Ley 1996 del 26 de agosto siguiente. <\/p>\n

10.\tPor otro lado, con el fin de que las pautas generales aqu\u00ed fijadas de cara a la aplicaci\u00f3n de la nov\u00edsima Ley 1996 de 2019, sean de provecho para las sedes judiciales en la especialidad de familia -l\u00e9ase, jueces y magistrados-, se solicitar\u00e1 al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa- que divulgue este pronunciamiento entre aqu\u00e9llas, con el fin de enterarlas del mismo y que les sirva de gu\u00eda en su quehacer judicial. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede de forma oficiosa el resguardo al debido proceso del accionante Jhon Edgard Valencia Pineda, ante la latente potencialidad de incursi\u00f3n en \u00abv\u00eda de hecho prospectiva\u00bb. En consecuencia, dispone: <\/p>\n

Primero.\tOrdenar al Juzgado de Familia de Soacha que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente objeto de esta queja (rad. 25754-31-10-001-2018-00167), con apoyo en la capacidad legal plena que la Ley 1996 de 2019 reconoci\u00f3 a las personas mayores de edad con discapacidad, adopte las decisiones que acorde con dicha normativa encuentre conducentes para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos del quejoso, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n

El citado Juzgado informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n

Segundo.\tPor la Secretar\u00eda de la Sala, de forma inmediata: <\/p>\n

(i) Devu\u00e9lvase al Juzgado de origen el expediente contentivo del juicio cuestionado, remitido a esta Corte en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

(ii) L\u00edbrese oficio al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa- en los t\u00e9rminos esbozados en el numeral 10\u00ba de la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n

(iii) Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

Ausencia justificada
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tQuien tiene 40 a\u00f1os de edad (naci\u00f3 \tel 1\u00ba de enero de 1979), \tcontrajo matrimonio civil con Flor Mar\u00eda R\u00edos de \tEnciso el pasado 31 de enero, fue diagnosticado con \u00abhipotiroidismo \tcong\u00e9nito…[,] retardo mental moderado\u00bb, \t\u00abesquizofrenia…, \ttrastorno mental y del comportamiento secundario a disfunci\u00f3n \tcerebral\u00bb; \ty calificado con 52,75% de p\u00e9rdida de la capacidad laboral.
\n2 \t\u00abLa \tley nueva rige solo en el porvenir desde el d\u00eda de su entrada \ten vigor. Aqu\u00ed habla\u00admos de efecto inmediato: la ley \tnueva no permite m\u00e1s la subsistencia de la ley antigua, ni \tsiquiera para las situaciones jur\u00eddicas nacidas en el tiempo \ten que esta \u00faltima reg\u00eda; los efectos de ellas \tproducidos despu\u00e9s de la entrada en vi\u00adgor de la nueva \tnorma, quedan sujetos a esta, en virtud del efecto inmediato. El \tefecto inmediato debe considerarse la regla general. La ley nueva se \taplica desde su promulgaci\u00f3n a todas las situaciones que se \tproduzcan en el porvenir y a todos los efectos, sea que emanen de \tsituaciones jur\u00eddicas nacidas antes de la vigencia de la \tnueva ley o despu\u00e9s. Por lo tanto, en principio, la ley nueva \tdebe aplicarse inmediatamente, desde el d\u00eda fijado para su \tentrada en vigen\u00adcia, de acuerdo con la teor\u00eda de la \tpromulgaci\u00f3n de las leyes. Dicho d\u00eda termi\u00adna la \tseparaci\u00f3n de los dominios de las dos leyes\u00bb \t(Cfr. Alessandri Rodr\u00edguez y Somarriva Undurraga, Curso \tde Derecho Civil. \tEn Marco Gerardo Monroy Cabra, Introducci\u00f3n \tal Derecho – Decimoquinta Edici\u00f3n, \tEditorial Temis, Bogot\u00e1, Colombia, 2010, p. 502).
\n3 \tCfr. \tAgustina \tPalacios, \u00bfModelo \trehabilitador o modelo social? La Persona con Discapacidad en el \tDerecho Espa\u00f1ol. \tEn Eduardo \tJim\u00e9nez, Igualdad, \tNo Discriminaci\u00f3n y Discapacidad, Ediar, \tBuenos Aires, Argentina, 2006, \tpp. 207 a 218.
\n4 \tEl \ttexto de la norma, antes de la modificaci\u00f3n introducida con \tel precepto 57 de la Ley 1996 de 2019, se\u00f1alaba: \t<\/p>\n

\u00abARTICULO \t1504. Son \tabsolutamente incapaces las \tpersonas con discapacidad mental, \tlos imp\u00faberes y\u00a0sordomudos, que no pueden darse a \tentender\u00a0por escrito. \t<\/p>\n

Sus \tactos no producen ni a\u00fan obligaciones naturales, y no admiten \tcauci\u00f3n. \t<\/p>\n

Son \ttambi\u00e9n incapaces \tlos menores adultos que no han obtenido habilitaci\u00f3n de \tedad\u00a0y los \tdisipadores que se hallen bajo interdicci\u00f3n. \tPero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos \tpueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos \trespectos determinados por las leyes. \t<\/p>\n

Adem\u00e1s \tde estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la \tprohibici\u00f3n que la ley ha impuesto a ciertas personas para \tejecutar ciertos actos\u00bb \t(se destac\u00f3).
\n\u00a0
\nEl \tnuevo \ttexto, \tseg\u00fan el referido canon 57 de la Ley 1996 de 2019, es el \tsiguiente: \t<\/p>\n

\u00abArt\u00edculo\u00a01504.\u00a0Incapacidad \tabsoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los imp\u00faberes. \tSus actos no producen ni a\u00fan obligaciones naturales, y no \tadmiten cauci\u00f3n. Son tambi\u00e9n incapaces los menores \tp\u00faberes. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta \ty sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo \tciertos respectos determinados por las leyes. Adem\u00e1s de estas \tincapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibici\u00f3n \tque la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos \tactos\u00bb.
\n5 \tEn cuanto a los elementos de la \u00abpersonalidad \tjur\u00eddica\u00bb, \ten sentencia T-240\/17 la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3: \t<\/p>\n

La \tConstituci\u00f3n Pol\u00edtica, en su art\u00edculo 14, \tconsagra el derecho que tiene toda persona al reconocimiento de su \tpersonalidad jur\u00eddica. Bajo esta regla, en distintas \tocasiones, la Corte ha examinado su contenido, reconoci\u00e9ndole \ta la personalidad jur\u00eddica tres acepciones principales que, \ten su conjunto, garantizan su protecci\u00f3n integral y efectiva.
\n\u00a0
\nEn \tprimer lugar, a trav\u00e9s del reconocimiento de la personalidad \tjur\u00eddica, la persona es titular de derechos y tiene la \tcapacidad de asumir obligaciones. As\u00ed lo entendi\u00f3 la \tCorte, desde la\u00a0Sentencia\u00a0T-476 \tde 1992, \ten la que declar\u00f3 que la personalidad jur\u00eddica es un \tderecho exclusivo de la persona natural, pues siguiendo la \tdefinici\u00f3n del art\u00edculo 633 del C\u00f3digo \tCivil,\u00a0\u201cse \tllama persona jur\u00eddica, una persona ficticia, capaz de \tejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser respetada \tjudicial y extra judicialmente\u201d.
\n\u00a0
\nCon \tposterioridad, la Corporaci\u00f3n extendi\u00f3 el contenido de \teste derecho, al se\u00f1alar que la persona tambi\u00e9n goza, \tpor el solo hecho de existir, de ciertos atributos que son \tinseparables de ella. Desde la\u00a0Sentencia\u00a0C-109 \tde 1995, \tque modul\u00f3 las causales para impugnar la presunci\u00f3n de \tpaternidad, la Corte Constitucional puntualiz\u00f3 que la \tpersonalidad jur\u00eddica\u00a0\u201cno \tse reduce \u00fanicamente a la capacidad de la persona humana a \tingresar al tr\u00e1fico jur\u00eddico y ser titular de derechos \ty obligaciones sino que comprende, adem\u00e1s, la posibilidad de \tque todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e \tindependientemente de su condici\u00f3n, determinados atributos \tque constituyen la esencia de su personalidad jur\u00eddica e \tindividualidad como sujeto de derecho\u201d.\u00a0Es \tas\u00ed como, la Corte ha reiterado que la personalidad jur\u00eddica \test\u00e1 estrechamente relacionada con el ejercicio de cada uno \tde los denominados atributos de la personalidad: \tnombre,\u00a0nacionalidad, domicilio, estado civil, capacidad y \tpatrimonio.
\n\u00a0
\nPor \t\u00faltimo, la Corte ha considerado que el derecho a la \tpersonalidad jur\u00eddica tambi\u00e9n se ocupa de proteger \ttodos los intereses y prerrogativas cuyo desconocimiento degradan la \tdignidad de la persona. En la\u00a0Sentencia\u00a0T-090 \tde 1996, \tse valor\u00f3 esta correlaci\u00f3n, entre personalidad \tjur\u00eddica y dignidad, se\u00f1alando que el reconocimiento \tde la primera no se debe limitar a los atributos de la personalidad, \tpues tal consideraci\u00f3n excluye un conjunto m\u00e1s amplio \tde actos que injustamente afectan a las personas, como ocurre con \thechos que da\u00f1an su imagen e identidad.\u00a0En \testa providencia, adem\u00e1s, la Corte concluy\u00f3 que la \tpersonalidad jur\u00eddica es \u201cuna \tespecie de cl\u00e1usula general de protecci\u00f3n de todos los \tatributos y derechos que emanan directamente de la persona y sin los \tcuales \u00e9sta no podr\u00eda jur\u00eddicamente \testructurarse\u201d, \tas\u00ed como de sus\u00a0\u201ch\u00e1bitos, \tconnotaciones, atributos, virtudes y dem\u00e1s elementos que \tcontribuyen a configurar la personalidad \u00fanica e \tinsustituible (\u2026)\u201d. \t<\/p>\n

Igualmente, \ten sentencia T-185 \tde 2018 -ya \treferenciada l\u00edneas atr\u00e1s-, \tla misma Corporaci\u00f3n indic\u00f3 frente al particular: \t<\/p>\n

Sobre \teste punto, la Sentencia C-983 de 2002 explica: \u201cLa capacidad, \ten sentido general, consiste en la facultad que tiene la persona \tpara adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero esta capacidad, \tde acuerdo con el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, \tpuede ser de goce o de ejercicio. La primera de ellas consiste en la \taptitud general que tiene toda persona natural o jur\u00eddica \tpara ser sujeto de derechos y obligaciones, y es, sin duda alguna, \tel atributo esencial de la personalidad jur\u00eddica. La \tcapacidad de ejercicio o capacidad legal, por su parte, consiste en \tla habilidad que la ley le reconoce a aqu\u00e9lla para poderse \tobligar por s\u00ed misma, sin la intervenci\u00f3n o \tautorizaci\u00f3n de otra. Implica, entonces, el poder realizar \tnegocios jur\u00eddicos e intervenir en el comercio jur\u00eddico, \tsin que para ello requiera acudir a otro\u201d.
\n6 \tEl desarrollo jurisprudencial construido por esta Corte sobre la \tmateria, entonces imperante, giraba en torno a que las personas \tmayores con discapacidad sensorial eran -como \tlo siguen siendo- \tsujetos \tde derechos, con capacidad, voluntad y, especialmente, \tautodeterminaci\u00f3n, por lo cual sus decisiones resultan \tvinculantes y no pod\u00edan ser desconocidas por las autoridades \to particulares, bajo el entendido que \t\u00abno \tdeben ser tratadas como pacientes, sino como sujetos de derechos\u00bb, \ty por ende, la necesidad de que sus opiniones sean atendidas, en \ttanto que bajo \tuna interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica y sistem\u00e1tica de \tlas leyes 1098 de 2006 (C\u00f3digo \tde la Infancia y Adolescencia), \t1306 de 2009 (Por \tla cual se dictan normas para la protecci\u00f3n de personas con \tdiscapacidad mental y se establece el r\u00e9gimen de la \trepresentaci\u00f3n legal de incapaces emancipados) \ty 1346 de 2009 (Por \tmedio de la cual se aprueba la \u00abConvenci\u00f3n sobre los \tDerechos de las personas con Discapacidad\u00bb, adoptada por la \tAsamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006), \tdeb\u00eda propenderse porque \u00aben \tlos juicios donde puedan verse afectados los intereses de las \tpersonas con discapacidad sensorial, incluso, \u00e9stas puedan \tser escuchadas y su impresi\u00f3n valorada de cara a la situaci\u00f3n \tconcreta que les concierne\u00bb \t(ver, entre otras, CSJ STC18641-2017, 9 nov., rad. 2017-00311-01).
\n7 \tDicho \tprecepto, en lo que aqu\u00ed interesa, consagra que \u00ab[e]l \tproceso es nulo, en todo o en parte, …[c]uando el juez procede \tcontra providencia ejecutoriada del superior…\u00bb.
\n8 \tLo que resulta acorde con el principio general de vigencia inmediata \tde la Ley, acorde a \tla Ley 4\u00aa de 1913 (sobre \tr\u00e9gimen pol\u00edtico y municipal), \tque ense\u00f1a que cuando se fije el d\u00eda en que \t\u00abprincipiar\u00e1 \ta regir\u00bb \tuna norma, una vez promulgada, surtir\u00e1 plenos efectos a \tpartir de dicha data (art\u00edculos \t52 a 54).
\n9 \tSe \tdestaca que el aludido Pacto se refiere al reconocimiento de \t\u00abderechos \tecon\u00f3micos, sociales y culturales\u00bb, \tas\u00ed como la mencionada convenci\u00f3n contempl\u00f3 el \tanunciado principio de progresividad en el ac\u00e1pite destinado \ta aquellas garant\u00edas, las que hacen parte de las de segunda \tgeneraci\u00f3n que no de las fundamentales, enfatizando el \tcompromiso de los estados parte respecto, en su orden, el primero \t-esto \tes, el Pacto-, \t\u00aba \tadoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la \tcooperaci\u00f3n internacionales, especialmente econ\u00f3micas \ty t\u00e9cnicas, hasta el m\u00e1ximo de los recursos de que \tdisponga, para lograr progresivamente, por todos los medios \tapropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas \tlegislativas, la plena efectividad de los derechos aqu\u00ed \treconocidos…[;] [y] a garantizar el ejercicio de los derechos que \ten \u00e9l se enuncian, sin discriminaci\u00f3n alguna por \tmotivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opini\u00f3n \tpol\u00edtica o de otra \u00edndole, origen nacional o social, \tposici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra \tcondici\u00f3n social\u00bb; \tmientras que la segunda -es \tdecir, la convenci\u00f3n-, \t\u00aba \tadoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la \tcooperaci\u00f3n internacional, especialmente econ\u00f3mica y \tt\u00e9cnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de \tlos derechos que se derivan de las normas econ\u00f3micas, \tsociales y sobre educaci\u00f3n, ciencia y cultura, contenidas en \tla Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, \treformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los \trecursos disponibles, por v\u00eda legislativa u otros medios \tapropiados\u00bb. \t<\/p>\n

Por \tese sendero, en \tel \u00e1mbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha \tdecantado tal principio, en mayor medida, en torno a aquellos \tderechos de segunda generaci\u00f3n (ver, \tentre otras, CC C-228\/11, 629\/11, T-687\/12, T-524\/14 y C-486\/16), \tsin embargo, paulatinamente ha venido sosteniendo que \u00ab[a]unque \tinicialmente el principio de progresividad comprend\u00eda \tespecialmente los DESC [sigla en referencia a los derechos \tecon\u00f3micos, sociales y culturales], su \taplicaci\u00f3n hoy abarca a todos los derechos fundamentales\u00bb \t(se destac\u00f3 – CC C-294\/19), como evidentemente no podr\u00eda \tser de otra manera, dada la condigna condici\u00f3n prevalente de \tlos \u00faltimos.
\n10 \tEl citado art\u00edculo 56 dispone que: \t<\/p>\n

\u00abEn \tun plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir \tde la entrada en vigencia del Cap\u00edtulo V de la presente ley, \tlos jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicci\u00f3n \to inhabilitaci\u00f3n deber\u00e1n citar de oficio a las \tpersonas que cuenten con sentencia \tde interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anterior a la \tpromulgaci\u00f3n de la presente ley, al igual que a las personas \tdesignadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el \tjuzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n \tjudicial de apoyos. \t<\/p>\n

En \teste mismo plazo, las personas bajo medida de interdicci\u00f3n o \tinhabilitaci\u00f3n podr\u00e1n solicitar la revisi\u00f3n de \tsu situaci\u00f3n jur\u00eddica directamente ante el juez de \tfamilia que adelant\u00f3 el proceso de Interdicci\u00f3n o \tinhabilitaci\u00f3n. Recibida la solicitud, el juez citar\u00e1 \ta la persona bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, \tal igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, \ta que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la \tadjudicaci\u00f3n judicial de apoyos…\u00bb \t(se resalt\u00f3).
\n11 \tSin que ello signifique obst\u00e1culo alguno para la viabilidad \tdel amparo, observando que en diferentes oportunidades ha \tsostenido esta Corte que \u00abel \tjuez de tutela, cuando los asuntos a su cargo se lo impongan, al \tevidenciar el desconocimiento de garant\u00edas esenciales, est\u00e1 \tinvestido de facultades especiales para emitir decisiones ultra y \textra petita en pro del principio de prevalencia del derecho \tsustancial (art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991)\u00bb \t(CSJ STC9771-2019, 25 jun., rad. 2019-00104-02).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16392-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03411-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Edgard Valencia Pineda contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102926","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102926","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102926"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102926\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102926"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102926"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102926"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}