{"id":102930,"date":"2026-07-02T17:41:32","date_gmt":"2026-07-02T17:41:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102930"},"modified":"2026-07-02T17:41:32","modified_gmt":"2026-07-02T17:41:32","slug":"stc16432-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16432-2019\/","title":{"rendered":"STC16432-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16432-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03797-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ingenier\u00eda M\u00e9dica del Sur S. A. S. (Imedsur) contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto, extensiva al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y a las partes del proceso 2018-00128. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa persona jur\u00eddica solicitante, obrando por conducto de su representante legal, acude al presente mecanismo supralegal para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia [e] igualdad\u00bb que estima vulnerado por la colegiatura convocada. <\/p>\n

2.\tDice que promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Saludcoop Cl\u00ednica Los Andes S. A., cuyo conocimiento correspondi\u00f3, al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, despacho que, en prove\u00eddo de 21 de septiembre de 2018 decret\u00f3 \u00abel embargo y secuestro [sic] de todas las sumas que fueren a pagarse por la existencia de cualquier v\u00ednculo contractual entre la entidad demandada\u2026 y Medim\u00e1s EPS\u00bb. <\/p>\n

Asegura que contra la anterior determinaci\u00f3n la parte ejecutada interpuso recurso de apelaci\u00f3n que fue resuelto por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto, el pasado 22 de agosto, modificando la decisi\u00f3n impugnada en el sentido de indicar \u00abque la medida cautelar recae sobre bienes inembargables y que sobre ellas no se configuran ninguna de las excepciones establecidas jurisprudencialmente para su inembargabilidad [sic] <\/p>\n

3.\tEstima que \u00abel fallo [sic]\u00bb de segundo grado quebranta sus garant\u00edas fundamentales pues \u00abhace hincapi\u00e9, de manera an\u00f3mala, en las obligaciones de \u00edndole laboral y teniendo como fundamento el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el 594 del C.G.P. [sic]\u00bb considerando \u00abdesacertada la interpretaci\u00f3n que el fallador [sic]\u00bb hace de dichas disposiciones, am\u00e9n que \u00abno profundiza [sic] en el contexto legal, ni en el caso particular [sic]\u00bb, raz\u00f3n por la cual pide revocar \u00abla decisi\u00f3n emitida\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa magistrada del Tribunal Superior de Pasto, ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo por cuanto las reflexiones plasmadas \u00abno son fruto de un actuar caprichoso\u00bb am\u00e9n que la providencia contiene un concienzudo an\u00e1lisis de la jurisprudencia constitucional y \u00abse encuentra acorde con los t\u00f3picos que en su momento fueron materia de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.\tEl Juez Tercero Civil del Circuito de Pasto se limit\u00f3 a efectuar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de escrutinio. <\/p>\n

3.\tEl representante legal de Saludcoop Cl\u00ednica Los Andes solo se refiri\u00f3 a la situaci\u00f3n financiera por la que atraviesa la IPS, sin aludir a la determinaci\u00f3n que se censura. <\/p>\n

4.\tEl agente especial liquidador de Saludcoop EPS pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de dicha entidad dada la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por el extremo pasivo de la relaci\u00f3n procesal. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corporaci\u00f3n dilucidar si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por la sociedad demandante, dentro del proceso ejecutivo identificado con radicaci\u00f3n 2018-00127, al limitar, en sede de apelaci\u00f3n, la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n de sumas de dinero que Medim\u00e1s EPS adeude a Saludcoop Cl\u00ednica Los Andes S. A., \u00absolo a los recursos propios\u00bb de aquella empresa y no a los \u00abtransferidos por medio de cuentas maestras\u00bb. <\/p>\n

2.\tProcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Como se indic\u00f3, el reclamo de Imedsur S. A. S. se dirige contra la providencia del pasado 22 de agosto por medio de la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto limit\u00f3 la medida cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo en que es demandante, excluyendo los dineros transferidos por Medim\u00e1s EPS a Saludcoop Cl\u00ednica Los Andes S. A. por medio de sus cuentas maestras, pues en su sentir, la interpretaci\u00f3n que se hizo del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso es \u00abdesacertada\u00bb. <\/p>\n

Auscultadas las discrepancias formuladas por la sociedad convocante contra la determinaci\u00f3n en comento, se observa que son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la del tribunal convocado y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue parcialmente desfavorable, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n

En tal sentido, la corporaci\u00f3n cuestionada expuso como fundamento de su decisi\u00f3n lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) 1. El art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que nos rige establece el principio de inembargabilidad de los recursos p\u00fablicos, el cual est\u00e1 desarrollado en el T\u00edtulo I del Libro Cuarto del C\u00f3digo General del Proceso, que reglamenta lo concerniente a las medidas cautelares; particularmente su art\u00edculo 594 enlista aquellos bienes que por su naturaleza son inembargables\u2026 En el mismo sentido el art\u00edculo 25 de la Ley 1751 de 2015 se\u00f1al\u00f3 que \u201clos recursos p\u00fablicos que financian la salud son inembargables, tienen destinaci\u00f3n espec\u00edfica y no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente\u201d. Adicionalmente, el art\u00edculo 21 del Decreto No. 28 de 2008 que determina los servicios que se cubren con recursos del Sistema General de Participaciones, como la salud\u2026, refiere la inembargabilidad de los mismos con el fin de evitar situaciones que afecten la calidad y cobertura de estos servicios esenciales, derivadas de decisiones judiciales de embargo y puntualiza que en caso de que el juez embargue tales recursos, tales decisiones no producir\u00e1n efecto alguno. <\/p>\n

Bajo ese entendido, la Sentencia C-655 de 2003, en extenso, pormenoriza la naturaleza de los recursos del sistema de seguridad social, indicando que los mismos son parafiscales\u2026 por lo que no pueden tener una destinaci\u00f3n diferente a aquella para la que ha sido designada. <\/p>\n

2. Ahora bien, el art\u00edculo 21 del Decreto 28 de 2008 establece que por excepci\u00f3n, para cubrir obligaciones laborales, pueden afectarse los ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la respectiva entidad territorial \u2013 criterio aplicable en este caso por cuanto las IPS manejan recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud \u2013 sin embargo, en Sentencia C-1154 de 2008 la Corte Constitucional ampli\u00f3 el concepto para recalcar que si estos no son suficientes deb\u00eda acudirse a aquellos de destinaci\u00f3n espec\u00edfica y condicion\u00f3 su exequibilidad en tal sentido. <\/p>\n

Y aunque en sus considerandos la Sentencia C-1154 de 2008 precis\u00f3 que el principio de la inembargabilidad de los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud admit\u00eda algunas salvedades\u2026 r\u00e9gimen excepcional que se edific\u00f3 a la luz del articulado del Acto Legislativo No. 1 de 2001. No obstante, a la postre determin\u00f3 \u201cdeclarar exequible, en lo acusado, el art\u00edculo 21 del Decreto 28 de 2008, en el entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el plazo m\u00e1ximo de dieciocho (18) meses\u2026 y de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deber\u00e1 acudirse a los recursos de destinaci\u00f3n espec\u00edfica\u201d. <\/p>\n

Dicho discernimiento entonces, tal como se determin\u00f3 en la Sentencia C-539 de 2010, no daba lugar a configurar un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos cuando los mismos se destinaran al cumplimiento de las obligaciones contractuales contra\u00eddas por entidades territoriales para la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos financiados con los recursos del SGP y por ello consider\u00f3 que \u201c(\u2026) regla general que tambi\u00e9n cobija a las obligaciones contractuales contra\u00eddas por las entidades territoriales para la prestaci\u00f3n de los servicios que se financian con los recursos del SGP, la Corte ya se pronunci\u00f3 declarando su constitucionalidad, pues el condicionamiento introducido s\u00f3lo se refiri\u00f3 al pago de \u2018obligaciones laborales reconocidas en la sentencia\u2019\u201d (\u2026)\u00bb <\/p>\n

A continuaci\u00f3n la colegiatura abord\u00f3 el estudio de los motivos de inconformidad de la IPS impugnante, de la manera siguiente: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) En el caso estudiado, la parte demandante solicit\u00f3 el embargo de todas las sumas que se adeuden por Medim\u00e1s EPS a favor de la entidad ejecutada, derivadas de cualquier v\u00ednculo contractual entre ellas\u2026 decisi\u00f3n que, a juicio de este Tribunal, debe precisarse para dar aplicaci\u00f3n a los criterios ya anunciados, pues las obligaciones cuyo pago se busca garantizar a trav\u00e9s del embargo de los recursos de la IPS demandada, no tienen origen en relaciones laborales, \u00fanica excepci\u00f3n a la que aplica la posibilidad de alcanzar los recursos del SGP, por lo que no es dable que opere el embardo de peculios consignados en las cuentas marcadas como maestras, en las que se manejen los dineros recibidos por la entidad \u2013art\u00edculo 15 de la Resoluci\u00f3n No. 3042 de 2007\u2013 pues si la transferencia entre la EPS y la prestadora de servicios de salud encartada se hace por este medio no es posible retener tales montos para pagar a uno solo de sus proveedores. De all\u00ed que el art\u00edculo 25 de la Ley Estatutaria de la Salud se\u00f1ale claramente que estos emolumentos son inembargables, dada la destinaci\u00f3n espec\u00edfica a la que est\u00e1n dirigidos. <\/p>\n

(\u2026) aun cuando el acreedor que reclama el embargo de los recursos de la IPS, sea una empresa que presta servicios del sector salud a la que se le haya incumplido el pago correspondiente, no es procedente levantar la prohibici\u00f3n de embargar recursos p\u00fablicos de destinaci\u00f3n espec\u00edfica de que trata el art\u00edculo 63 constitucional, pues esa sola circunstancia no cambia la calidad de acreedor no incluido en las excepciones referidas (\u2026)\u00bb <\/p>\n

Y concluy\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) mal podr\u00eda considerarse que la totalidad del peculio de las IPS tiene la caracter\u00edstica de inembargabilidad aludida, dado que la norma prev\u00e9 tal especial naturaleza solamente frete a una parte del mismo, dejando a disposici\u00f3n de los acreedores, aquellos recursos que hagan parte del patrimonio propio de la entidad y que corresponden a la operaci\u00f3n de las actividades propias de dichos entes. <\/p>\n

Sobre ese particular, es necesario resaltar que no puede presumirse que las medidas cautelares solicitadas recaigan integralmente sobre dineros provenientes del Sistema General de Participaciones o de destinaci\u00f3n espec\u00edfica para la salud, cuando las pruebas obrantes dentro del plenario no evidencian tal connotaci\u00f3n, por lo que corresponde a la autoridad judicial verificar que su decreto y cumplimiento se acompase con la naturaleza especial de tales recursos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Contrario a lo expresado por la accionante, es claro que la determinaci\u00f3n objeto de reproche encuentra soporte no solo en las disposiciones legales que gobiernan la materia, sino en los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional en torno a la naturaleza de los recursos p\u00fablicos del sector salud y su protecci\u00f3n, sin que pueda afirmarse que el tribunal ad quem hubiera tergiversado su sentido solo porque no prohij\u00f3 la interpretaci\u00f3n que aquella pretend\u00eda que se les diera, pues lo que verdaderamente hizo fue darle el alcance que, al amparo del principio de autonom\u00eda judicial, consider\u00f3 m\u00e1s apropiado. <\/p>\n

En un asunto de similares contornos f\u00e1ctico-jur\u00eddicos al que ahora es objeto de estudio, recientemente esta Corporaci\u00f3n tuvo la oportunidad de indicar que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) surge palpable que la pretensi\u00f3n de la entidad gestora del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial (\u2026)\u00bb (CSJ STC3571-2019, 20 mar.). <\/p>\n

Bajo esa perspectiva, no se observa la incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, entre otras cosas porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, \u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, al margen del criterio que esta Corporaci\u00f3n pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque la demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y valoraci\u00f3n probatoria, sustituyendo a los funcionarios de instancia, am\u00e9n que la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n

Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16432-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03797-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ingenier\u00eda M\u00e9dica del Sur S. A. S. (Imedsur) contra la Sala Civil Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102930","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102930"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102930\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}