{"id":102931,"date":"2026-07-02T17:41:46","date_gmt":"2026-07-02T17:41:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102931"},"modified":"2026-07-02T17:41:46","modified_gmt":"2026-07-02T17:41:46","slug":"stc16433-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16433-2019\/","title":{"rendered":"STC16433-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16433-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2019-00178-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 24 de octubre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por In\u00e9s Salazar Lara contra los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias tambi\u00e9n de la capital del Departamento de Caldas, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso radicado n\u00ba 2017-00391. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tLa solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jur\u00eddica y \u00abposesi\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.
\n2.\tRelat\u00f3 que sobre el inmueble ubicado en \u00abla calle 6 #14-55 La Montana\u00bb de Manizales, en los a\u00f1os 2012 y 2013, se constituyeron dos hipotecas, una por \u00ab$50\u2019000.000.\u00bb, y la otra por \u00ab$5\u2019000.000.\u00bb, ambas a favor de Davivienda que luego cedi\u00f3 la acreencia a Nelson Tabares G\u00f3mez. <\/p>\n

Expuso que el origen de dichas hipotecas se remontan al a\u00f1o 1997, cuando el referido bien figuraba a nombre de Jose Fredy Arango Id\u00e1rraga, su compa\u00f1ero permanente en aqu\u00e9lla \u00e9poca, a quien, a trav\u00e9s de una \u00abventa simulada\u00bb le transfiri\u00f3 la propiedad a fin de que pudiere obtener un cr\u00e9dito con la citada entidad bancaria para comprar \u00abuna volqueta para su trabajo\u00bb, m\u00e1s tarde, a trav\u00e9s de compraventa el bien pas\u00f3 a Andr\u00e9s Mauricio Arango \u00abhermano de su anterior compa\u00f1ero sin que en ninguna de las dos [ventas] se hubiera entregado el inmueble ni la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que adquiri\u00f3 posteriormente la vivienda luego de un proceso de pertenencia que adelant\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales, que en fallo de 2 de diciembre de 2014 le otorg\u00f3 el dominio del mismo al declarar la prescripci\u00f3n extraordinaria en su favor. <\/p>\n

Destac\u00f3 que con fundamento en los se\u00f1alados grav\u00e1menes, el se\u00f1or Nelson Tabares G\u00f3mez demand\u00f3 en proceso ejecutivo hipotecario a Jos\u00e9 Fredy Arango Id\u00e1rraga, escenario en el que promovi\u00f3 incidente de oposici\u00f3n al secuestro, que le fue favorable, orden\u00e1ndose el levantamiento de las cautelas impuestas en virtud de la iniciaci\u00f3n del compulsivo, asimismo, se dispuso su vinculaci\u00f3n a dicho juicio. <\/p>\n

Manifest\u00f3 que, paralelamente instaur\u00f3 proceso declarativo contra Nelson Tabares G\u00f3mez, Jos\u00e9 Fredy Arango Id\u00e1rraga, su ex-compa\u00f1ero, Uriel Castrill\u00f3n Le\u00f3n y Andr\u00e9s Mauricio Arango Id\u00e1rraga \u00abpara que de manera principal se declaren inoponibles, y en subsidio se declare la extinci\u00f3n de aquellas [hipotecas]\u00bb, empero, tanto el Juzgado Cuarto Civil Municipal, en primera, como el Segundo Civil del Circuito de Manizales, al resolver la apelaci\u00f3n \u2013 7 de mayo de 2019 \u2013 le negaron esa pretensi\u00f3n, bajo el argumento que \u00abla inscripci\u00f3n de la demanda tiene efectos ultractivos y las hipotecas fueron inscritas antes de la medida y no puede cancelar dichas hipotecas. Tambi\u00e9n se neg[\u00f3] a cancelar la hipoteca cuando en un proceso de pertenencia se declare propietario porque no hay norma o jurisprudencia que habilite al juez\u00bb. <\/p>\n

Cuestion\u00f3 estas \u00faltimas determinaciones por inaplicar lo previsto en el art\u00edculo 2457 del C\u00f3digo Civil en lo atinente a la extinci\u00f3n de la hipoteca, esto es, \u00abque la hipoteca se extingue junto con la obligaci\u00f3n principal, en este caso la sentencia de pertenencia extingui\u00f3 la hipoteca\u00bb; afirm\u00f3 que la doctrina respalda esa posici\u00f3n, al igual que un pronunciamiento de esta Sala de 1\u00ba de septiembre de 1995. <\/p>\n

3.\tPor lo anterior, pide \u00ab(\u2026) d\u00e9jense sin efectos las sentencias proferidas por los juzgados 2\u00ba Civil del Circuito de Manizales y 4\u00ba Civil Municipal de Manizales, dentro del proceso declarativo de extinci\u00f3n e inoponibilidad de la hipoteca (\u2026)\u00bb (fls. 1 a 15, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1.\tLa Juez Cuarta Civil Municipal de Manizales, sin pronunciarse sobre la queja constitucional, dijo atenerse a los fundamentos de la sentencia que le correspondi\u00f3 dictar en el verbal de \u00abinoponibilidad de hipoteca\u00bb promovido por la ac\u00e1 tutelante (fl. 24, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tEl Juez Segundo Civil del Circuito de esa capital, inform\u00f3 que profiri\u00f3 fallo de segundo grado en el juicio en cuesti\u00f3n confirmando la decisi\u00f3n del a quo el 7 de mayo de este a\u00f1o; sostuvo que la tutela es improcedente dado su car\u00e1cter excepcional contra providencias judiciales y adem\u00e1s porque \u00abbrilla por su ausencia la inmediatez que pueda tener el fuero constitucional implorado\u00bb (fl. 25, ib.). <\/p>\n

3.\tJos\u00e9 Fredy Arango Id\u00e1rraga, por intermedio de abogado, manifest\u00f3 \u00aballanarse a los hechos y pretensiones del presente recurso de amparo\u00bb (fls. 26 y 27, \u00eddem). <\/p>\n

4.\tEl Juez Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por cuanto \u00abla acci\u00f3n de tutela no va dirigida contra actuaci\u00f3n surtida en el proceso 2013-428 [el ejecutivo] si no que se dirige contra las sentencias proferidas por los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito [\u2026] en el proceso declarativo de extinci\u00f3n e inoponibilidad de la hipoteca rad. 2017-391\u00bb (fls. 28 y 29, \u00edd.). <\/p>\n

5.\tNelson Tabares G\u00f3mez, ejecutante en el hipotecario donde se persigue el bien ra\u00edz se\u00f1al\u00f3 que ser\u00eda \u00abinconcebible\u00bb que se acepten los argumentos de aqu\u00e9lla \u00ablos cuales est\u00e1n encaminados a producir una estafa desde el principio, pues como lo manifest\u00f3 [\u2026] ella era consciente de la finalidad de la venta o la supuesta simulaci\u00f3n, que conlleva a realizar un il\u00edcito (\u2026)\u00bb; agreg\u00f3 que, \u00abla posesi\u00f3n que ostent\u00f3 la demandante fue producto de un acuerdo oculto de voluntades entre la se\u00f1ora In\u00e9s Salazar Lara y los se\u00f1ores Andr\u00e9s Mauricio Arango Id\u00e1rraga [y] Jos\u00e9 Fredy Arango Id\u00e1rraga, cometiendo un fraude procesal y haciendo incurrir al se\u00f1or Juez Primero Civil del Circuito de Manizales en un error, toda vez que esa supuesta posesi\u00f3n es producto de un acuerdo de voluntades entre los se\u00f1ores antes nombrados con el fin de defraudar a un tercero en su patrimonio\u00bb (fls. 31 a 46, cit.). <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que las determinaciones recriminadas se advierten razonables y adem\u00e1s porque \u00abno le es dable a esta magistratura aceptar que la acci\u00f3n tuitiva sea ejercida como una tercera instancia, cuando dentro de las dos instancias estatuidas por la legislaci\u00f3n vigente se han garantizado los derechos de las partes que intervinieron en el mismo\u00bb (fls. 47 a 52, cd.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el apoderado de la actora reiterando los argumentos del escrito inicial, insisti\u00f3 en que, seg\u00fan la doctrina y un pronunciamiento emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil en 1995, los efectos de la pertenencia \u00abson desde el momento de la posesi\u00f3n probada dentro del proceso de pertenencia y no desde el momento de haberse proferido [la sentencia]; es decir, el poseedor se reputa due\u00f1o desde el primer d\u00eda de su posesi\u00f3n, no desde la sentencia que as\u00ed lo declare\u00bb (fls. 57 a 63, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito, ambos de Manizales, vulneraron las garant\u00edas denunciadas por la quejosa al denegarle la pretensi\u00f3n formulada en el juicio verbal declarativo radicado 2017-00391 de inoponibilidad a las hipotecas que pesan sobre el inmueble de su propiedad, por incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho al desconocer que por haber logrado la adjudicaci\u00f3n del bien en proceso de pertenencia, los grav\u00e1menes deb\u00edan extinguirse. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n

3.\tDecisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n

Si bien el reclamo se dirige contra los fallos que en primera y segunda instancia, denegaron las pretensiones de la demanda de inoponibilidad a hipoteca, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 7 de mayo de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n

4.\tSoluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n

Al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del resguardo, dado que la decisi\u00f3n del juzgado ad quem, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una adecuada y razonada hermen\u00e9utica del contexto procesal analizado, de la normativa espec\u00edfica aplicable y de los medios probatorios allegados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

La ad quem en este caso, luego de efectuar un compendio de lo acaecido en la actuaci\u00f3n y de cada una de las pruebas documentales y testimoniales recibidas en el juicio de cara a los reparos formulados por la parte recurrente indic\u00f3, inicialmente, que en ese evento las hipotecas objeto de controversia ya se encontraban vigentes al momento en que la interesada promovi\u00f3 la demanda de pertenencia y por tanto, al ser anteriores a la inscripci\u00f3n de la misma en el certificado de tradici\u00f3n y libertad de la propiedad, por lo cual: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no le son oponibles los efectos propios de la sentencia que declara la pertenencia. <\/p>\n

Es claro el art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil vigente para la \u00e9poca en que se tramit\u00f3 el proceso de pertenencia indicado, al ordenar que siempre que en el certificado de tradici\u00f3n figurara una persona como titular de un derecho real principal sobre el bien, la demanda deb\u00eda dirigirse en su contra y que la demanda deb\u00eda ser inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente cuyo fin era dar publicidad a quienes con posterioridad a dicha inscripci\u00f3n pretendieran bajo cualquier negocio jur\u00eddico involucrar el bien en prescripci\u00f3n sobre los riesgos inherentes que ello conllevaba como lo eran el que el mismo cambiara de titular. <\/p>\n

Es decir, antes de la inscripci\u00f3n de la demanda de pertenencia el bien se encontraba libre de pleito judicial y por tanto pod\u00eda, sin riesgo alguno, constituirse sobre el mismo grav\u00e1menes de cualquier naturaleza como el ejecutivo hipotecario por su propietario inscrito y bajo este hecho las actuaciones del acreedor se presumen de buena fe por estar ajustadas a la publicidad del instrumento p\u00fablico, de ah\u00ed que existiera norma expresa que ordenara de oficio la inscripci\u00f3n de la demanda en proceso de tal naturaleza como lo fue el art\u00edculo 692 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

Luego para reafirmar dicha posici\u00f3n no contenida en el procedimiento civil anterior, pero que en la pr\u00e1ctica era aplicada y respetada, surge el art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso, norma que prev\u00e9 que los efectos de la sentencia una vez inscrita la demanda se hacen extensivos \u00fanicamente a quienes sean titulares de grav\u00e1menes reales o limitaciones de dominio constituidos con posterioridad al registro de la demanda, y en caso de que la sentencia fuere favorable al demandante, en ella se ordenar\u00e1 su registro y la cancelaci\u00f3n de las anotaciones de las transferencias de propiedad grav\u00e1menes y limitaciones al dominio efectuados despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda si los hubiere, cumplido lo anterior se cancelar\u00e1 el registro de esta sin que se afecte el registro de otras demandas. <\/p>\n

En ese sentido es claro que a\u00fan, si en la sentencia que declar\u00f3 la prescripci\u00f3n se hubiere efectuado el ordenamiento echado de menos por la recurrente, esto es, de indicar la fecha desde la cual produce efectos la declaratoria de dominio, no era viable ordenar la cancelaci\u00f3n de las hipotecas que ahora son objeto de debate, pues las mismas fueron constituidas con anterioridad a la inscripci\u00f3n de la demanda de pertenencia\u00bb. <\/p>\n

Sobre esa particular censura, agreg\u00f3 que: \u00ab(\u2026) si la parte interesada consideraba que deb\u00eda existir en la sentencia que resolvi\u00f3 el proceso de pertenencia una declaraci\u00f3n de cancelaci\u00f3n de las hipotecas existentes y la fecha desde donde produce efectos la declaratoria de dominio solo debi\u00f3 interponer all\u00ed los recursos pertinentes, no siendo este el escenario para ello, m\u00e1s aun teniendo en cuenta que el art\u00edculo 758 del C\u00f3digo Civil, dice que \u201csiempre que por una sentencia ejecutoriada se reconociere como adquirido por prescripci\u00f3n el dominio o cualquier otro de los derecho mencionados en los precedentes art\u00edculos de este cap\u00edtulo, servir\u00e1 de t\u00edtulo esta sentencia despu\u00e9s de su registro en la Oficina respectiva\u201d. Es decir, el t\u00edtulo surge con la sentencia, no antes\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, al abordar las dem\u00e1s inconformidades planteadas por la apelante, en torno a la seguridad jur\u00eddica de la sentencia de usucapi\u00f3n, y que dichos grav\u00e1menes no le ser\u00edan oponibles a la actual titular del inmueble porque se constituyeron sin su comparecencia, puntualiz\u00f3: <\/p>\n

\u00abEl art\u00edculo 2453 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9 que el tercer poseedor reconvenido para el pago de la hipoteca constituida sobre la finca que despu\u00e9s pas\u00f3 a sus manos con este gravamen, no tiene derecho para que se persiga a los deudores personales obligados, teniendo como opci\u00f3n efectuar el pago de la deuda para as\u00ed subrogarse en los derechos del acreedor en los mismos t\u00e9rminos que el fiador o en caso de ser despose\u00eddo de la finca, puede ejercer la acci\u00f3n indemnizatoria contra el deudor con inclusi\u00f3n de las mejoras que haya hecho en ella. <\/p>\n

En consecuencia la misma norma le otorga las herramientas jur\u00eddicas al tercer poseedor que adquiere el bien gravado para hacer valer su derecho contra el mismo deudor, teniendo en cuenta adem\u00e1s que quien adquiere por prescripci\u00f3n as\u00ed se trate de un modo de adquirir originario y no derivativo, puede ser conocedor si el inmueble se encuentra gravado con hipoteca con la publicaci\u00f3n que ofrece el certificado de tradici\u00f3n que debe allegar para iniciar dicho proceso, comoquiera que para que los grav\u00e1menes produzcan efectos es preciso que se encuentren inscritos en dicho instrumento p\u00fablico dotado de publicidad y as\u00ed mismo seguridad jur\u00eddica al directo y terceros interesados del bien. <\/p>\n

En este caso la se\u00f1ora Salazar Lara era conocedora y consciente de la existencia de los grav\u00e1menes hipotecarios al momento de presentar la demanda de pertenencia, y aun as\u00ed prosigui\u00f3 con su tr\u00e1mite en aras de adquirir la propiedad sobre el bien con dicha afectaci\u00f3n, lo cual logr\u00f3, no pudiendo pretender se le autorice su desconocimiento\u00bb.
\nAl respecto, a\u00f1adi\u00f3: \u00abel art\u00edculo 2452 del C\u00f3digo Civil indica que la hipoteca daba al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere quien la posee y a cualquier t\u00edtulo que la haya adquirido, es decir, ya sea originario o derivado, con la \u00fanica excepci\u00f3n de quien haya adquirido el bien hipotecado en p\u00fablica subasta ordenado por el juez, porque es funci\u00f3n del juez sanearlo. <\/p>\n

Lo anterior, teniendo en cuenta que seg\u00fan el art\u00edculo 2457 del C\u00f3digo Civil la hipoteca \u00fanicamente se extingue junto con la obligaci\u00f3n principal por la resoluci\u00f3n del derecho del que la constituy\u00f3 por el evento de la condici\u00f3n resolutorio, por la llegada y el d\u00eda hasta el cual fue constituida y por la cancelaci\u00f3n que el acreedor acordare por escritura p\u00fablica de que se tome raz\u00f3n al margen de la inscripci\u00f3n respectiva, presupuestos de extinci\u00f3n en los que no se encuentra la declaraci\u00f3n de pertenencia, la cual no puede ser considerada como la resoluci\u00f3n del derecho de quien la constituy\u00f3, como lo aduce la parte recurrente, puesto que simplemente se trata de una variaci\u00f3n en el titular del derecho real de dominio que de conformidad con la norma antes referida en nada afecta la obligaci\u00f3n principal que dio origen al gravamen hipotecario. <\/p>\n

El argumento en el sentido de que le son inoponibles los grav\u00e1menes hipotecarios a la actora porque se obtuvieron sin su comparecencia como poseedora del inmueble hipotecado, pues no fue enterada ni los consinti\u00f3, al punto que con la reforma del C\u00f3digo General del Proceso se exige la comparecencia de aquellas personas que tengan inscritos derechos reales, precisamente para discutir el derecho de posesi\u00f3n, es de indicar que para la validez y exigibilidad de la hipoteca la ley no exige la intervenci\u00f3n del poseedor del bien, sino que quien vaya a fungir como deudor sea su propietario, bajo tal entendido no puede invocarse la ausencia de tal requisito (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, precis\u00f3 que: \u00ab[n]o es cierto que en este caso se den las circunstancias del art\u00edculo 2441 del C\u00f3digo Civil en lo atinente al derecho eventual limitado o rescindible que ten\u00edan los deudores hipotecarios sobre el bien hipotecado que implicaba que la hipoteca tuviera las mismas limitaciones, al contrario, los deudores [\u2026] contaban con el derecho de dominio del inmueble a t\u00e9rminos del art\u00edculo 669 del C\u00f3digo Civil adquirido a trav\u00e9s de la tradici\u00f3n conforme al art\u00edculo 673 \u00eddem, lo cual estuvo precedido de t\u00edtulo y modo \u2013 escritura p\u00fablica registrada \u2013 como lo determina el folio de matr\u00edcula inmobiliaria en las anotaciones 27 y 41. <\/p>\n

De no ser ello as\u00ed, d\u00f3nde quedan las prerrogativas que tiene el acreedor que otorga un mutuo mediando hipoteca, qu\u00e9 seguridad jur\u00eddica otorgar\u00eda la publicidad del registro en cuento a la propiedad frente a quien pretenda ostentar como acreedor hipotecario frente a un deudor que figure como tal que en d\u00edas posteriores puede dejar de serlo por cualquier circunstancia, incluso por un proceso de pertenencia que no le era oponible al momento de celebrar el negocio jur\u00eddico porque no estaba inscrita la demanda? El juzgado considera que la ley no determina que ello pueda ser as\u00ed, precisamente por el orden justo que las relaciones jur\u00eddicas deben tener, mediando la publicidad de los actos. <\/p>\n

De conformidad con lo anterior, los efectos de la sentencia que declar\u00f3 la pertenencia son inoponibles ante los acreedores hipotecarios cuyos grav\u00e1menes fueron constituidos con anterioridad a la inscripci\u00f3n a la demanda de pertenencia, por quienes en su momento ostentaban el derecho real de dominio sobre el inmueble y a contrario sensu dichas hipotecas son oponible a la actual propietaria del bien, en consecuencia las alegaciones de la recurrente carecen de toda vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb (Disco compacto \u2013 fl. 24, ib. \u2013 fallo de segunda instancia, minuto 37:27 a 01:03:17) <\/p>\n

Visto lo anterior, el prove\u00eddo acusado, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundado, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, por lo que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se advierte es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la ad quem acusada apreci\u00f3 el debate planteado para concluir que quien posee un bien, adquiere su dominio con los \u00abvicios\u00bb que tiene y por tanto, las garant\u00edas reales que contenga no podr\u00edan ser canceladas en virtud de la decisi\u00f3n que concedi\u00f3 la usucapi\u00f3n, tal como lo concluy\u00f3 el a quo. <\/p>\n

Luego, esas deducciones aqu\u00ed criticadas no pueden ser desaprobadas de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1[n] demostrado[s] [los] defecto[s] apuntado[s] en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de la discusi\u00f3n suscitada y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n notoria del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica del debate procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso. <\/p>\n

Con todo, no fue por desconocimiento de la ley sustancial o procedimental, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n desfasada que la autoridad aqu\u00ed tutelada ratific\u00f3 la negativa de las pretensiones de la demanda \u2013 inoponibilidad de las hipotecas \u2013 pues los motivos que con suficiencia expuso y que aqu\u00ed fueron rese\u00f1ados, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial admisible, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del demandante. <\/p>\n

Finalmente, cabe se\u00f1alar que con suficiencia la Corte ha dicho que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado porque la decisi\u00f3n que se cuestiona fue debidamente motivada con criterios de razonabilidad. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16433-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2019-00178-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102931","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102931"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102931\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102931"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}