{"id":102932,"date":"2026-07-02T17:41:59","date_gmt":"2026-07-02T17:41:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102932"},"modified":"2026-07-02T17:41:59","modified_gmt":"2026-07-02T17:41:59","slug":"stc16434-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16434-2019\/","title":{"rendered":"STC16434-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16434-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2019-00676-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 5 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Alcald\u00eda y Personer\u00eda de esa localidad, Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (ambas de la regional Risaralda). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidas por la autoridad acusada con ocasi\u00f3n al tr\u00e1mite impartido a la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2019-01242, en la que es accionante. <\/p>\n

2.\tComo soporte de sus pretensiones, relat\u00f3 que la sede judicial que adelanta la acci\u00f3n popular que origin\u00f3 el presente resguardo constitucional, se niega a impulsarla oficiosamente, pese a ser un deber impuesto por el art\u00edculo 5.\u00b0 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n

En ese sentido, explic\u00f3 que no se ha realizado el aviso a la comunidad, ni se ha informado sobre la existencia de la acci\u00f3n a trav\u00e9s de \u00abla p\u00e1gina web de la rama judicial\u00bb y, \u00ablo que es peor se niega a notificar a la entidad accionada\u00bb. <\/p>\n

En raz\u00f3n de lo anterior, dijo que \u00abha presentado memoriales solicitando[,] respetuosamente, celeridad (\u2026) empero no se le da impulso alguno, a lo solicitado y mi acci\u00f3n contin\u00faa detenida en el tiempo\u00bb, sin que tampoco se d\u00e9 tr\u00e1mite a los recursos elevados. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, pidi\u00f3 proteger sus garant\u00edas de orden supralegal y, como consecuencia, i) se ordene a la sede convocada: \u00abresolver inmediatamente mis memoriales en el t[\u00e9]rmino (\u2026) que ordena la Ley\u00bb; \u00abinform[ar] a la comunidad de la acci\u00f3n popular, por la p\u00e1gina web de la rama judicial\u00bb; y \u00abnotifi[car] a la entidad accionada\u00bb, asimismo solicit\u00f3 que ii) \u00abse ordene, aportar copia de esta tutela a la acci\u00f3n popular a fin de que obre en ella, como prueba aparente de mora judicial o renuencia\u00bb, iii) de otro lado, y sin explicar las razones de su ruego, pidi\u00f3 que se ordene al Procurador General de la Naci\u00f3n que \u00ab[c]ertifique y [h]aga [c]onstar cu[\u00e1]l ha sido su funci\u00f3n dentro de esta acci\u00f3n popular\u00bb, iv) que todas las actuaciones adelantadas al interior de su queja le sean notificadas \u00abal correo electr\u00f3nico a fin de no perder plata y tiempo\u00bb, y que v) la pr\u00e1ctica de las audiencias se realice a trav\u00e9s de Skype. <\/p>\n

RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda se limit\u00f3 a remitir copia de la actuaci\u00f3n adelantada, dentro de la queja popular que dio paso al reclamo del pretensor. <\/p>\n

2.\tA su turno, tanto el Procurador Judicial II, adscrito a la Procuradur\u00eda Delegada para asuntos Civiles y Laborales, como el Regional de Risaralda, consideraron que con sus actuaciones no han trasgredido ninguna de las garant\u00edas reclamadas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n

3.\tEl Banco Davivienda S.A., por su parte, dijo que \u00ablos argumentos esgrimidos por el se\u00f1or Arias, faltan a la verdad\u00bb, en la medida en que, \u00abla acci\u00f3n popular ha sido notificada y se encuentra en tr\u00e1mite cumpliendo la etapa procesal correspondiente\u00bb. <\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al establecer que \u00abla notificaci\u00f3n a la entidad demandada (\u2026), as\u00ed como la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad (\u2026) fueron llevadas a cabo por el juzgado accionado\u00bb y, por lo mismo, no se avizora \u00abque se haya presentado tardanza en su decurso procesal\u00bb, por ello, concluy\u00f3 que la intervenci\u00f3n constitucional reclamada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante sin indicar las razones de su inconformidad. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el accionante, tras no impulsar, presuntamente, de manera oficiosa la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2019-01203, en la que es demandante. <\/p>\n

2.\tDe los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez excepcional, ellos son: <\/p>\n

\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n

As\u00ed, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, y forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n

Sobre el particular la Sala ha precisado que para la prosperidad del auxilio \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ, STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC747-2019, 31 ene. 2019, rad. 00204-01, entre otras). <\/p>\n

En ese mismo sentido ha dicho que la acci\u00f3n constitucional requiere: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada entre otras en STC1890-2019, 20 feb. 2019, rad. 00076-00). Resalta la Sala. <\/p>\n

Se encuentran acreditados los siguientes: <\/p>\n

3.1.\tEn auto de 13 de agosto de los corrientes, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en contra del Banco Davivienda S.A. <\/p>\n

3.2.\tEl d\u00eda 20 del mismo mes y a\u00f1o, el aqu\u00ed tutelante pidi\u00f3 ante la sede encartada la notificaci\u00f3n inmediata del auto admisorio de su acci\u00f3n, y el enteramiento de ese acto al Procurador delegado en acciones populares en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 5 de la Ley 5 de 472 de 1998. <\/p>\n

3.3.\tEl 26 de agosto actual, la secretar\u00eda del despacho convocado enter\u00f3 de forma personal al agente del Ministerio P\u00fablico de la existencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n

3.4.\tAl d\u00eda siguiente, esa sede judicial orden\u00f3 \u00abla notificaci\u00f3n del auto admisorio a la Defensoria del Pueblo (\u2026) y a la Alcald\u00eda Municipal de Quinch\u00eda\u00bb. <\/p>\n

3.5.\tEl 9 de septiembre de los corrientes, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga pidi\u00f3, una vez m\u00e1s, que se aplicaran las prerrogativas dispuestas por el art\u00edculo 5.\u00b0 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n

3.6.\tLa notificaci\u00f3n personal y por aviso del ente societario demandado se realiz\u00f3, v\u00eda correo electr\u00f3nico, el pasado 25 de septiembre de esta anualidad, y el 22 de octubre siguiente, respectivamente. <\/p>\n

3.7.\tEl aviso a la comunidad fue publicado en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, el 25 de septiembre anterior. <\/p>\n

4.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Efectuado el an\u00e1lisis pertinente, la Sala refrendar\u00e1 el fallo desestimatorio del resguardo implorado, dada la impertinencia del pedimento elevado por el querellante para obtener, por esta v\u00eda, impulso oficioso dentro de la queja popular que origin\u00f3 la presente tramitaci\u00f3n, evidenci\u00e1ndose de esta manera falta de relevancia constitucional por ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n

Lo anterior en la medida en que, verificado el tr\u00e1mite impartido a la queja constitucional, no se evidenci\u00f3 tardanza alguna en el desarrollo de las actuaciones propias de la acci\u00f3n popular promovida por el querellante; muy por el contrario, a la fecha de radicaci\u00f3n de la tutela se verific\u00f3 que la all\u00ed demandada se encontraba debidamente notificada, e incluso el aviso a la comunidad ya se hab\u00eda comunicado por parte de la agencia convocada. <\/p>\n

De manera, que las presuntas omisiones en el curso de la actuaci\u00f3n resultan inexistentes y, por lo mismo, no se advierte que la sede convocada haya amenazado y menos vulnerado derecho fundamental alguno, conforme se anticip\u00f3. <\/p>\n

Puestas as\u00ed las cosas, la controversia que quiso plantear el querellante carece de relevancia constitucional, pues no se avizora que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n el querellado hubiera afectado sus intereses superiores, lo que conlleva que el juez de esta excepcional v\u00eda no pueda intervenir sobre lo que en realidad no existe. <\/p>\n

As\u00ed, al no hallarse ninguna conducta atribuible a la autoridad convocada respecto de la cual se pueda determinar una presunta amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declararse la improcedencia de la demanda, ya que: <\/p>\n

\u00ab[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos (T-013 de 2007)\u00bb (CC T-130\/14). <\/p>\n

5.\tConsideraciones adicionales. <\/p>\n

Del reparo relacionado con el Procurador General de la Naci\u00f3n, porque en criterio del accionante no ha demostrado las gestiones que le competen como agente del Ministerio P\u00fablico, ni pidi\u00f3 \u00abceleridad en la acci\u00f3n constitucional\u00bb, basta con precisar que no existe prueba de que el interesado haya elevado petici\u00f3n alguna en ese sentido ante dicha autoridad de suerte que, esa pretensi\u00f3n debe ser igualmente desestimada, por el car\u00e1cter subsidiario y residual de este instrumento especial\u00edsimo. <\/p>\n

Finalmente, sobre la expedici\u00f3n de copias \u00abde esta tutela\u00bb, tal pedimento se condiciona al pago de las respectivas expensas por parte del interesado. <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n <\/p>\n

Atendiendo lo antes discurrido, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, pero por las puntuales razones expuestas en l\u00edneas precedentes.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Env\u00edese copia de la presente decisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico que proporcion\u00f3 el convocante para recibir notificaciones. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16434-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2019-00676-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 5 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102932","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102932","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102932"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102932\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102932"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102932"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102932"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}