{"id":102936,"date":"2026-07-02T17:42:54","date_gmt":"2026-07-02T17:42:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102936"},"modified":"2026-07-02T17:42:54","modified_gmt":"2026-07-02T17:42:54","slug":"stc16446-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16446-2019\/","title":{"rendered":"STC16446-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado Ponente
\nSTC16446-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2019-00121-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., cuatro (04) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el veintitr\u00e9s (23) de octubre de dos mil diecinueve por la Sala de Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Vidal Roncancio Cetina contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I.\tANTECEDENTES <\/p>\n

A. La \tpretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb los cuales estim\u00f3 vulnerados por la autoridad accionada, frente a la determinaci\u00f3n de 25 de julio de 2019, mediante la cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo al interior del proceso de \u201cresoluci\u00f3n del contrato\u201d que se adelant\u00f3 en su contra, en el sentido de no decretar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, pese a que, la parte demandante no agot\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad para promover el tr\u00e1mite, en raz\u00f3n a la medida cautelar solicitada; sin embargo, cuando se le requiri\u00f3 para que acreditara dicha gesti\u00f3n, no aport\u00f3 el respectivo soporte de inscripci\u00f3n de la demanda en la foliatura de la matr\u00edcula inmobiliaria de los bienes inmuebles de su propiedad. <\/p>\n

Indic\u00f3 que, si bien en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, excepciona la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n sin necesidad de agotar el requisito de procedibilidad cuando se solicita la pr\u00e1ctica de medidas cautelares, dicha carga debe soportar la parte demandante, quien debe proceder a perfeccionar las mismas para dar continuidad al tr\u00e1mite. <\/p>\n

Pretende en consecuencia que \u00abse declare sin ning\u00fan efecto jur\u00eddico la providencia de fecha 25 de julio de 2019 y en su lugar se le ordene a la autoridad accionada que confirme la del a-quo en el t\u00e9rmino de 48 horas\u00bb. [Folio 7; cp.] <\/p>\n

B. Los \thechos <\/p>\n

1. El 30 de junio de 2016, Mery Aguilar Piratova promovi\u00f3 proceso de resoluci\u00f3n de contrato en contra del accionante, a quien le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad y, posteriormente al declararse impedido para conocer del asunto, se remiti\u00f3 al Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Tunja. <\/p>\n

2. La parte activa de la Litis no agot\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad para llevar a cabo el tr\u00e1mite conforme lo regula la Ley 640 de 2001, en su lugar, solicit\u00f3 decretar medida cautelar consistente en la inscripci\u00f3n de la demanda sobre los bienes de propiedad del promotor de la queja, identificados con matr\u00edculas inmobiliarias \u201cN\u00ba 070-132437 y 070-132408\u201d de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja. <\/p>\n

3. Previo a decretar las cautelas, el Juez de conocimiento requiri\u00f3 a la demandante para que prestara cauci\u00f3n, para lo cual determin\u00f3 el valor de la p\u00f3liza para atender dicha petici\u00f3n, seg\u00fan lo precept\u00faa el numeral 2 del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

4. Mediante prove\u00eddo de 25 de agosto del 2016, se admiti\u00f3 el litigio y se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n del peticionario del amparo. <\/p>\n

5. Dando cumplimiento a tal disposici\u00f3n, la parte demandante prest\u00f3 cauci\u00f3n en junio de 2018 y el Despacho procedi\u00f3 a decretar las medidas en prove\u00eddo de 25 de septiembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n

6. Sin lograr perfeccionar la notificaci\u00f3n del recurrente, se procedi\u00f3 a su emplazamiento. <\/p>\n

7. Una vez se design\u00f3 el curador ad-l\u00edtem, el quejoso concurri\u00f3 al mentado proceso y confiri\u00f3 poder a un abogado para su representaci\u00f3n. <\/p>\n

8. En ese orden, el accionante present\u00f3 recurso en contra del auto admisorio y como pretensi\u00f3n subsidiaria solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado con fundamento en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. A su vez, contest\u00f3 la demanda, no obstante, el Juez de conocimiento la consider\u00f3 extempor\u00e1nea. <\/p>\n

9. Seguido, el peticionario del amparo elev\u00f3 memorial en el que indic\u00f3 que el demandante no hab\u00eda perfeccionado las cautelas, raz\u00f3n por la cual no era dable seguir el curso del proceso, por cuanto no agot\u00f3 el requisito de procedibilidad ni tampoco le dio tr\u00e1mite a las medidas decretadas. <\/p>\n

10. En atenci\u00f3n a ese escrito, el Juzgado procedi\u00f3 a requerir a la parte demandante, con el fin de que acreditara el haber cumplido dicha carga procesal en la foliatura, para lo cual le concedi\u00f3 30 d\u00edas so pena de decretar el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

11. Cumplido el t\u00e9rmino sin allegar constancia de la actuaci\u00f3n, en prove\u00eddo de 19 de diciembre de 2018 el funcionario encausado decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito.
\n12. Inconforme la parte activa con la anterior determinaci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

13. El conocimiento de la impugnaci\u00f3n le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa Localidad y el 25 de julio de 2019, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo, argument\u00f3 que al no haberse demostrado la inscripci\u00f3n de la demanda como medida cautelar utilizada por el demandante en el juicio civil, en nada afecta la actuaci\u00f3n y esa carga procesal era una situaci\u00f3n f\u00e1ctica sin importancia para la continuidad del tr\u00e1mite. <\/p>\n

14. El actor acudi\u00f3 al mecanismo constitucional, tras considerar que la autoridad judicial vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, en determinaci\u00f3n de 25 de julio de 2019, mediante la cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo al interior del proceso de \u201cresoluci\u00f3n del contrato\u201d que se adelant\u00f3 en su contra, en el sentido de no decretar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, pese a que, la parte demandante no agot\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad para promover el tr\u00e1mite, en raz\u00f3n a la medida cautelar solicitada; sin embargo, cuando se le requiri\u00f3 para que acreditara dicha gesti\u00f3n, no aport\u00f3 el respectivo soporte de inscripci\u00f3n de la demanda en la foliatura de la matr\u00edcula inmobiliaria de los bienes inmuebles de su propiedad. <\/p>\n

c. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El conocimiento del asunto en primera instancia, correspondi\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y mediante prove\u00eddo de 8 de octubre de 2019, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n

2. El apoderado judicial de Mery Piratova, vinculada en el presente tr\u00e1mite constitucional, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones judiciales al interior del proceso, adem\u00e1s precis\u00f3 que, debido a las maniobras dilatorias por parte del accionante en el tr\u00e1mite en comento, lo imposibilit\u00f3 gestionar la inscripci\u00f3n de las cautelas. <\/p>\n

3. El Tribunal Superior de Tunja, en sentencia de tutela de 23 de octubre de 2019, neg\u00f3 el amparo constitucional, tras considerar que: -incuria- El accionante concurri\u00f3 al proceso y no contest\u00f3 la demanda, pero ahora en acci\u00f3n de tutela controvierte la decisi\u00f3n del Juez; \u2013criterio razonable- La providencia del ad quem tiene argumentos, fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, no se torna caprichosa ni irrazonable, toda vez que, el desistimiento t\u00e1cito procede en aquellos casos en que para continuar el tr\u00e1mite se requiera el cumplimiento de una carga procesal. <\/p>\n

4. Inconforme el accionante con la anterior determinaci\u00f3n present\u00f3 escrito sin exponer sus argumentos. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES
\n1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas. <\/p>\n

2. En el caso sub judice, aduce el recurrente que la autoridad vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb en determinaci\u00f3n de 25 de julio de 2019, mediante la cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo al interior del proceso de \u201cresoluci\u00f3n del contrato\u201d que se adelant\u00f3 en su contra, en el sentido de no decretar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, pese a que, la parte demandante no agot\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad para promover el tr\u00e1mite en raz\u00f3n a la medida cautelar solicitada; sin embargo, cuando se le requiri\u00f3 para que acreditara dicha gesti\u00f3n, no aport\u00f3 el respectivo soporte de inscripci\u00f3n de la demanda en la foliatura de la matr\u00edcula inmobiliaria de los bienes inmuebles de su propiedad.
\nIndic\u00f3 que, si bien en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, excepciona la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n sin necesidad de agotar el requisito de procedibilidad cuando se solicita la pr\u00e1ctica de medidas cautelares, dicha carga debe soportar la parte demandante, quien debe proceder a perfeccionar las mismas para dar continuidad al tr\u00e1mite. <\/p>\n

Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por la autoridad judicial querellada al resolver el recurso de apelaci\u00f3n en prove\u00eddo de 25 de julio de 2019 y revocar la decisi\u00f3n del a-quo, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, precis\u00f3 el funcionario accionado que: <\/p>\n

\u00ab (\u2026) Al respecto, debe precisar el despacho que el requerimiento previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 317 del CGP, es claro en referir que \u00fanicamente es procedente para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquier otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte.
\nSi ello es as\u00ed, en el caso sub examine el a-quo dispuso la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito en raz\u00f3n a que la parte actora no cumpli\u00f3 con la carga procesal referida en el ordinal tercero del auto emitido en audiencia llevada a cabo el d\u00eda 9 de julio de 2018, esto es, prestar cauci\u00f3n por la suma de $20\u2019000.000 y acreditar la inscripci\u00f3n de la demanda en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 070-132437 y 070-1302408.
\nUna vez revisado el expediente. Menester es precisar que la carga procesal que refiere el a-quo en la providencia en menci\u00f3n, en sentir de este despacho no era viable efectuarlo, como quiera que de ella no depende continuar con el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquier otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, ya que el presente proceso puede continuar y finalizar sin el decreto o materializaci\u00f3n de las medidas cautelares
\n(\u2026)
\nAs\u00ed las cosas, se puede colegir que en el presente caso no se re\u00fane las exigencias previstas en el art\u00edculo 317 del CGP para disponer la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. En tal sentido, no son de recibo los argumentos expuestos por el a-quo en el auto objeto de impugnaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se dispondr\u00e1 revocar la providencia impugnada\u00bb. <\/p>\n

Es necesario precisar que el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala que el desistimiento t\u00e1cito se aplicar\u00e1: <\/p>\n

\u00ab[C]uando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aqu\u00e9lla o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e9 por estado.
\n\u00ab[V]encido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas.
\n\u00ab[E]l juez no podr\u00e1 ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando est\u00e9n pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas.
\n\u00ab[E]l desistimiento t\u00e1cito se regir\u00e1 por las siguientes reglas: (\u2026) c) Cualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u00bb. (Negrillas a\u00f1adidas). <\/p>\n

De acuerdo con la Corte Constitucional, el desistimiento t\u00e1cito se presenta como: <\/p>\n

\u00ab\u2026la consecuencia jur\u00eddica que ha de seguirse, si la parte que promovi\u00f3 un tr\u00e1mite debe cumplir con una carga procesal -de la cual depende la continuaci\u00f3n del proceso- y no la cumple en un determinado lapso. As\u00ed ocurre, por ejemplo, y de acuerdo con la propia Ley, cuando la actividad se torna indispensable para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, de la denuncia del pleito, del llamamiento en garant\u00eda del incidente, o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, y no se realiza\u2026\u00bb (Sentencia C-868-10). <\/p>\n

Bajo este panorama es evidente que, la norma en cita, crea una forma anormal de culminar una controversia o actuaci\u00f3n dentro de \u00e9sta, que se genera como consecuencia de que una de las partes no haya cumplido con una carga procesal que le correspond\u00eda y que se tornaba necesaria para continuar el tr\u00e1mite, por lo que es claro que la misma castiga la desidia que uno de los extremos del litigio ha tenido. <\/p>\n

As\u00ed que, la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo, sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal. <\/p>\n

Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

3. En ese orden y en cuanto a la ausencia de inscripci\u00f3n de la demanda, resulta claro que, si bien es cierto, el art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00aben todo proceso y ante cualquier jurisdicci\u00f3n, cuando se solicite la pr\u00e1ctica de medidas cautelares se podr\u00e1 acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad\u00bb, tambi\u00e9n lo es que, la conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad a la que alude el tutelante, debi\u00f3 haber sido planteada en el t\u00e9rmino de traslado de la demanda a trav\u00e9s de la excepci\u00f3n previa contemplada en el numeral 5\u00badel art\u00edculo 100 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00abIneptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, tal como se extrae de la revisi\u00f3n de las actuaciones surtidas y los documentos que reposan en el plenario, no se observ\u00f3 que el promotor de la queja invocara tal situaci\u00f3n, pues se constat\u00f3 que \u00e9ste no propuso excepciones previas dentro del t\u00e9rmino concedido, con el fin de exponer la inconformidad que por esta v\u00eda plantea y de tal manera, se estudiara la disposici\u00f3n contenida en dicha normatividad. <\/p>\n

4. De ah\u00ed que, no era posible que en dicha fecha el extremo activo de la Litis fuera requerido para acreditar haber realizado la inscripci\u00f3n de la demanda en la foliatura de las matr\u00edculas inmobiliarias tendientes a inmovilizar el patrimonio o parte del mismo perteneciente al demandado como garant\u00eda de lo pretendido, pues dicha carga procesal no condiciona la continuidad del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

En tal sentido, es del caso precisar que la ausencia de la conciliaci\u00f3n no constituye causal de nulidad, no afecta la validez de lo actuado, ni mucho menos es procedente la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito como lo pretende hacer ver el accionante, debido a que no se encuentra establecida como tal en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, ni corresponde a una carga indispensable para continuar con el litigio; por lo tanto, el fallador no debi\u00f3 haber aplicado autom\u00e1ticamente el precepto establecido en el art\u00edculo 317 ib\u00eddem. <\/p>\n

5. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.
\nPor ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, las decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.). <\/p>\n

No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el funcionario accionado tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia se expusieron, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n

6. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia, con fundamento en lo aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente STC16446-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2019-00121-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., cuatro (04) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el veintitr\u00e9s (23) de octubre de dos mil diecinueve por la Sala de Civil-Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102936","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102936"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102936\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}