{"id":102938,"date":"2026-07-02T17:43:12","date_gmt":"2026-07-02T17:43:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102938"},"modified":"2026-07-02T17:43:12","modified_gmt":"2026-07-02T17:43:12","slug":"stc16448-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16448-2019\/","title":{"rendered":"STC16448-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16448-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2019-03904-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Daza Torres, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca; tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I.\tANTECEDENTES
\nA. La \tpretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso, al trabajo y a la libre asociaci\u00f3n\u00bb, que estima vulnerados por la autoridad querellada, con la adopci\u00f3n del auto del 28 de mayo de 2014, mediante el cual revoc\u00f3 el poder otorgado al abogado Alejandro Palmar D\u00edaz por el se\u00f1or Efra\u00edn Zamora Mancipe. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, se ordene al \u00abTribunal Superior de Cundinamarca \u2013 Sala Civil-Familia, suspender la realizaci\u00f3n de la audiencia programada para el d\u00eda 20 de noviembre de 2019 (copia adjunta), hasta cuando se resuelva el motivo de esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n

B. Los \thechos <\/p>\n

1. El 11 de diciembre de 2013, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 admiti\u00f3 la demanda de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, promovida por el se\u00f1or Efra\u00edn Zamora Mancipe a trav\u00e9s del abogado Luis Alejandro Palmar D\u00edaz. <\/p>\n

2. En auto del 28 de mayo de 2014 adicionado mediante providencia del 07 de noviembre de 2017, la entidad judicial encausada revoc\u00f3 el poder conferido al litigante mencionado, en consecuencia, reconoci\u00f3 a Carlos Samuel Pedreros Monroy en los mismos t\u00e9rminos. <\/p>\n

3. El 14 de julio de 2015, el juzgado resolvi\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios propuesto por Palmar D\u00edaz y, para tal efecto, los tas\u00f3 en la suma de $1.500.000. <\/p>\n

4. Posteriormente, refiri\u00f3 el actor, que el 24 de noviembre de 2016, el juez acept\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos que efectu\u00f3 el demandante a favor de Wilson Ortega Forero y otros. <\/p>\n

5. Finalmente, el 06 de junio de 2019, el Juzgado Primero Civil de Zipaquir\u00e1 dict\u00f3 sentencia en la que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda de pertenencia. <\/p>\n

6. Contra la anterior determinaci\u00f3n, el demandante interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

7. Allegadas las actuaciones al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, cit\u00f3 a audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, en la cual, \u00abdebido a lo extenso del tema y al sin n\u00famero de pruebas que es necesario analizar, la Sala no ha llegado a ning\u00fan acuerdo y por tanto no se anuncia el sentido del fallo\u00bb. <\/p>\n

8. Inconforme con lo acontecido, el quejoso acude al mecanismo constitucional, tras considerar que la autoridad judicial accionada, vulner\u00f3 sus derechos fundamentales con la adopci\u00f3n del auto del 28 de mayo de 2014. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. En auto del 22 de noviembre de 2019, se avoca el conocimiento de la presente acci\u00f3n de tutela y se ordena el traslado a las accionadas y vinculados para que ejerzan su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, aludi\u00f3 que, en lo que respecta al Despacho, el 20 de noviembre de 2019 realiz\u00f3 la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo prevista en el art\u00edculo 327 del C.G.P., en la cual no resolvi\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad formulada por el abogado Luis Alejandro Palmar D\u00edaz, dado que no asisti\u00f3 a la misma con el fin de alegarla conforme lo prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 328 ib\u00eddem. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y a\u00fan de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a la jurisdicci\u00f3n estuviera habilitado para ello. <\/p>\n

Lo anterior, porque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto a requisitos como el de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n

2. En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determin\u00f3 que este especial mecanismo se puede ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n

Para facilitar la defensa de derechos ajenos, tambi\u00e9n estableci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados y la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, as\u00ed deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n

Al respecto debe atenderse adem\u00e1s que, frente a actuaciones cumplidas en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n judicial o de providencias dictadas dentro de esta, se ha considerado que \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb (CSJ STC, 6 mar. 2012, rad. 2012-00357-00; reiterada, entre muchas otras, en STC, 22 ene. 2015, rad. 2014-02929-00). <\/p>\n

Entendimiento del cual se deduce, que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, actuar en la acci\u00f3n de tutela en defensa de los intereses de alguna de aquellas partes, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal. <\/p>\n

3. En el supuesto que analiza la Corte, la solicitud de protecci\u00f3n aparece presentada por el se\u00f1or Miguel \u00c1ngel Daza Torres, quien adujo que la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso, al trabajo, a la libre asociaci\u00f3n\u00bb frente a la determinaci\u00f3n del 28 de mayo de 2014, mediante la cual revoc\u00f3 el poder conferido a Luis Alejandro Palmar D\u00edaz por el se\u00f1or Efra\u00edn Zamora Mancipe, en la demanda ordinaria de pertenencia; sin embargo, al revisar la actuaci\u00f3n objeto de censura se observa que el accionante no hizo parte del asunto. <\/p>\n

Debe precisarse que, aunque el actor en el escrito de tutela mencion\u00f3 que el juzgado accionado desconoci\u00f3 \u00abel Contrato de Prestaci\u00f3n de Servicios Profesionales pactado legalmente entre el mandante EFRA\u00cdN ZAMORA MANCIPE y los mandatarios LUIS ALEJANDRO PALMAR D\u00cdAZ y MIGUEL \u00c1NGEL DAZA TORRES\u00bb; lo cierto es que, dentro del litigio objetado, solo se reconoci\u00f3 al se\u00f1or Palmar D\u00edaz como abogado de la parte actora, en tanto, as\u00ed se solicit\u00f3. <\/p>\n

Tambi\u00e9n se aprecia que, el Juzgado Primero Civil del Circuito, en decisi\u00f3n del 28 de mayo de 2014, reconoci\u00f3 \u00abal abogado Carlos Samuel Pedreros Monroy como apoderado judicial del demandante en la forma y t\u00e9rminos del poder a \u00e9l conferido\u00bb. Posteriormente, en providencia del 07 de noviembre de la misma anualidad, adicion\u00f3 el inciso anterior, \u00aben el sentido de tener por revocado el poder conferido al Dr. LUIS ALEJANDRO PALMAR D\u00cdAZ por el se\u00f1or Efra\u00edn Zamora Mancipe, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 69 del C.P.C\u00bb. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, de acuerdo a las diligencias que reposan en el plenario, los extremos litigiosos estuvieron conformados por Efra\u00edn Zamora Mancipe y Codensa S.A., quienes surtieron las actuaciones tendientes hasta la segunda instancia, la cual se encuentra pendiente de decisi\u00f3n \u00abdebido a lo extenso del tema y al sin n\u00famero de pruebas que es necesario analizar la Sala no ha llegado a un acuerdo y por tanto no se anuncia el sentido del fallo\u00bb, seg\u00fan consta en acta de audiencia del 20 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. <\/p>\n

De acuerdo a lo que antecede, es evidente que, en \u00faltimas, s\u00f3lo las partes procesales y, en un eventual caso, Alejandro Palmar D\u00edaz, ser\u00edan las personas afectadas en este evento, pues, en relaci\u00f3n con los primeros, las resultas del proceso podr\u00eda lesionar sus intereses directamente, y al segundo, le fue revocado el poder que le hab\u00eda sido otorgado por el demandante, no siendo entonces, Miguel \u00c1ngel Daza Torres, el perjudicado con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del despacho respecto a la forma en la que se adelant\u00f3 el tr\u00e1mite de pertenencia que ac\u00e1 se cuestiona, por tanto carece de legitimaci\u00f3n para solicitar el amparo de los derechos fundamentales que afirma se le lesionaron, pues \u00e9l no es parte en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, \u00fanicamente las partes se\u00f1aladas si estimaban que se hab\u00edan quebrantado sus garant\u00edas estaban legitimadas para recurrir a la herramienta constitucional, a efectos de solicitar su protecci\u00f3n, lo que pod\u00edan hacer, bien directamente, o a trav\u00e9s de mandatario especialmente constituido para la acci\u00f3n, como quiera que cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, y no a sus apoderados. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se insiste, el accionante nunca hizo parte de la demanda ordinaria que se promovi\u00f3 en el Juzgado encausado, raz\u00f3n que, aunada a la anterior, permiten insistir que, ninguna afectaci\u00f3n a las prerrogativas fundamentales del actor puede verse materializada con ocasi\u00f3n a la decisi\u00f3n que acoja el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca al desatar el recurso de alzada. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo deprecado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16448-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2019-03904-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Daza Torres, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102938","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102938"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102938\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102938"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}