{"id":102939,"date":"2026-07-02T17:43:17","date_gmt":"2026-07-02T17:43:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102939"},"modified":"2026-07-02T17:43:17","modified_gmt":"2026-07-02T17:43:17","slug":"stc16452-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16452-2019\/","title":{"rendered":"STC16452-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16452-2019
\nRadicaci\u00f3n N\u00b0 15693-22-08-000-2019-00173-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Se dirime la impugnaci\u00f3n del veredicto dictado el 15 de octubre de 2019 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la salvaguarda de Mar\u00eda Dolores Rivera Torres contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.-\tLa libelista clam\u00f3 por la protecci\u00f3n de sus privilegios esenciales al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb e \u00abigualdad\u00bb, presuntamente quebrantadas por el estrado censurado y, corolario de ello, \u00abdejar sin efectos jur\u00eddicos\u00bb la resoluci\u00f3n mediante la cual se \u00abdeclara terminado el contrato de leasing financiero\u00bb y la \u00abrestituci\u00f3n\u00bb del bien (10 oct. 2018), as\u00ed como las que niegan \u00abla nulidad impetrada y concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb (6 ag. 2019 y 12 sep. 2019). <\/p>\n

Para sustentar tales pedimentos, en compendio asegur\u00f3 que una vez enterada de la admisi\u00f3n de la demanda de restituci\u00f3n que instaur\u00f3 el Banco Davivienda S.A., \u00aben causa propia\u00bb se pronunci\u00f3 frente a la misma y formul\u00f3 \u00abexcepciones de m\u00e9rito\u00bb, cuyo tr\u00e1mite se frustr\u00f3, dado que ella no ostentaba la condici\u00f3n de \u00ababogada inscrita\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que por esa raz\u00f3n solicit\u00f3 \u00abamparo de pobreza\u00bb, que le fue concedido con la designaci\u00f3n de un \u00abprofesional del derecho\u00bb que la \u00abrepresentara en el tr\u00e1mite del proceso\u00bb, quien asumi\u00f3 el encargo el \u00ab9 de mayo de 2018\u00bb; no obstante, ese \u00abdefensor cumpli\u00f3 un papel meramente formal, carente de cualquier vinculaci\u00f3n a una estrategia procesal o jur\u00eddica\u00bb y se abstuvo de contradecir las \u00abpretensiones de la demanda\u00bb, lo que condujo a la \u00absentencia\u00bb de 8 de agosto de 2018 que \u00abdeclara terminado el contrato de leasing financiero (\u2026) y orden\u00e1ndose (sic) a la demandada que proceda a restituir a la arrendadora Banco Davivienda los bienes muebles objeto de leasing\u00bb, mandato \u00e9ste contra el que \u00abno se presentaron recursos, bajo la premisa que al momento de la decisi\u00f3n no se hizo presente la parte demandada\u00bb. <\/p>\n

Acot\u00f3 que luego de sus intentos vanos por lograr el \u00abrelevo\u00bb y la \u00abdesignaci\u00f3n de otro profesional del derecho que la representara\u00bb, impuls\u00f3 un \u00abincidente de nulidad\u00bb que tambi\u00e9n fracas\u00f3 \u00aben decisi\u00f3n del 6 de agosto del a\u00f1o en curso\u00bb, contra la que \u00abinterpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb, los que corrieron la misma suerte, seg\u00fan el \u00abprove\u00eddo del 12 de septiembre de 2019\u00bb (fls. 1 a 10 C.2). <\/p>\n

2.-\tLa encartada efectu\u00f3 un breve recuento procesal y defendi\u00f3 la legalidad del decurso, para oponerse a la prosperidad de esta \u00abtutela\u00bb (fls. 51 a 53 C.2). <\/p>\n

El Banco Davivienda S.A. encar\u00f3 las reivindicaciones de la reclamante, como quiera que \u00abse avizora una falta de atenci\u00f3n e importancia por parte de la accionante (\u2026) con el proceso de restituci\u00f3n que se tramitaba, pues la misma estaba enterada de las actuaciones que suced\u00edan\u00bb y pese a ello \u00abproferida la sentencia, decide atacar la providencia fuera de los t\u00e9rminos legales y mucho tiempo despu\u00e9s, realizando todo tipo de maniobras dilatorias, con el fin de evitar el cumplimiento de la misma\u00bb, destacando el hecho que \u00aba la fecha persiste en la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento pactados en el contrato de leasing\u00bb (fls. 47 a 50 C.2). <\/p>\n

Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

3.-\tEl a quo neg\u00f3 el socorro impetrado en atenci\u00f3n a que los designios confutados se encuentran \u00abajustados a derecho\u00bb, fueron debidamente motivados y la valoraci\u00f3n probatoria adecuada, por lo que concluy\u00f3 que los mismos no lucen arbitrarios. Aunado a ello, resalt\u00f3 que en lo que ata\u00f1e a la \u00abfalta de defensa t\u00e9cnica alegada\u00bb, nada hizo la opositora para exponer tempestivamente esa inconformidad ante el \u00abjuez del proceso\u00bb (fls. 74 a 81 C.2). <\/p>\n

4.-\tRecurri\u00f3 la gestora y, b\u00e1sicamente, insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, en particular, refut\u00f3 la postura del a quo frente a la carencia de \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb (fls. 84 a 91 C.2). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.-\tRevisado el plenario, pronto surge la necesidad de avalar la suerte que corri\u00f3 el auxilio implorado por Mar\u00eda Dolores Rivera Torres y para ello lo primero que debe se\u00f1alarse es que al margen de que se comparta el criterio de la dependencia fustigada, lo cierto es que a trav\u00e9s de esta senda excepcional no pod\u00eda revivir un debate ya zanjado por el \u00abjuez natural\u00bb en la sentencia dictada hace m\u00e1s de un a\u00f1o (10 oct. 2018), que en su momento no refut\u00f3 (cfr. fls. 6, 15 vto. y 16 C.2) y que mal podr\u00eda derruir alegando una pretensa \u00abfalta de defensa t\u00e9cnica\u00bb, m\u00e1xime cuando no se preocup\u00f3 por comunicar esa situaci\u00f3n sino meses despu\u00e9s de verse avocada a las consecuencias de aqu\u00e9lla determinaci\u00f3n o por lo menos eso es lo que se infiere de los escritos radicados el 31 de enero y 4 de febrero de 2019 (cfr. fls. 35-36 C.2). <\/p>\n

En efecto, es patente el holgado plazo que trascurri\u00f3 desde el momento en que se defini\u00f3 ese litigio y la respectiva notificaci\u00f3n de las partes en estrados (10 oct. 2018 – fls. 6, 15 vto. y 16 C.2), hasta cuando se activ\u00f3 este dispositivo residual (25 sep. 2019 \u2013 fl. 1 C.1), que se traduce en once (11) meses y quince (15) d\u00edas, tiempo que sin lugar a dudas conspira contra el anhelo de la impulsora, pues aunque no existe en el ordenamiento una regla de caducidad para promover este instrumento tuitivo y residual, s\u00ed se impone al suplicante entablarla dentro de un \u00abplazo razonablemente prudencial\u00bb, que no desnaturalice su finalidad de \u00abprotecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales\u00bb, cuandoquiera que sean conculcados o, al menos, amenazados. <\/p>\n

Ciertamente, aunque no hay consagrado en la ley un lapso perentorio en el cual debe operar el decaimiento de esta herramienta frente a la actividad jurisdiccional por falta del comentado elemento \u00abs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u00bb, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u00abseis meses\u00bb, contados a partir de que se expidi\u00f3 la \u00abprovidencia\u00bb en pugna, en procura de que la pretensi\u00f3n superlativa \u00abno pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC 3097-2016; reiterada en STC6481-2018). <\/p>\n

Adicionalmente, vale la pena destacar que la censora no inform\u00f3 ninguna raz\u00f3n v\u00e1lida que permitiera eludir la aplicaci\u00f3n del principio de temporalidad, circunstancias todas \u00e9stas que descartan la posibilidad de someter el raciocinio que en esa oportunidad exterioriz\u00f3 el sentenciador (10 oct. 2019), ello en raz\u00f3n, it\u00e9rese, al prolongado e injustificado mutismo de Rivera Torres. <\/p>\n

Con esa perspectiva se ha precisado que la desatinada gesti\u00f3n de los letrados no legitima a las partes para controvertir las decisiones judiciales o paliar las eventuales omisiones, en otras palabras, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508 -01)\u00bb (CSJ STC19505-2017). <\/p>\n

2.-\tAhora bien, en torno al ataque dirigido frente a las conclusiones relacionados con la \u00abnulidad\u00bb y el \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb incoados por la quejosa, vale la pena recordar que acorde con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, este sendero tan s\u00f3lo se abre paso luego de que el \u00abtutelante\u00bb ha agotado infructuosamente todos los medios ordinarios de \u00abdefensa judicial\u00bb a su disposici\u00f3n, o siempre que \u00e9stos resulten ineficaces o no existan, pues <\/p>\n

(\u2026) conforme la decantada jurisprudencia de la Sala, el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, cuando el quejoso ha tenido a su alcance otros senderos de defensa, con los cuales hubiera podido controvertir lo aqu\u00ed pedido en la correspondiente litis y ante el mismo funcionario, toda vez que por ser un instrumento eminentemente excepcional, secundario y residual, no tiene la virtualidad de reemplazar los recursos ordinarios, extraordinarios o dem\u00e1s procedimientos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para que quien se sienta agraviado por los efectos de un pronunciamiento pueda exponer las razones de su inconformidad (CSJ STC1001-2018 \u2013 Negritas ajenas al texto). <\/p>\n

De esta forma, es claro que Mar\u00eda Dolores Rivera Torres no puede servirse v\u00e1lidamente de una v\u00eda subsidiaria y especial como \u00e9sta para solventar su apat\u00eda, desatenci\u00f3n o desconocimiento de la ley, cuando lo cierto es que en la causa seguida en su contra tuvo la ocasi\u00f3n de mostrar su desacuerdo frente a la negativa de la alzada que entabl\u00f3 contra el auto que desestim\u00f3 su \u00absolicitud de nulidad\u00bb (6 ag. y 12 sep. 2019), pues as\u00ed lo pregonan los art\u00edculos 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso, remedio que soslay\u00f3 y que constitu\u00eda el escenario id\u00f3neo para hacer valer las garant\u00edas cuyo desmedro hoy esgrime como lo revela el expediente. <\/p>\n

3.-\tSon estas breves razones las que conllevan el aval de lo rebatido. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA la providencia impugnada.
\nComun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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