{"id":102940,"date":"2026-07-02T17:43:29","date_gmt":"2026-07-02T17:43:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102940"},"modified":"2026-07-02T17:43:29","modified_gmt":"2026-07-02T17:43:29","slug":"stc16453-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16453-2019\/","title":{"rendered":"STC16453-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16453-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-01473-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 15 de agosto de 2019 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela de Carlos Andr\u00e9s Mu\u00f1et\u00f3n Pel\u00e1ez contra los Juzgados Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, sus hom\u00f3logos Segundo y Quinto de Cali y las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de esas ciudades, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el asunto que provoc\u00f3 esta queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El gestor en aras de proteger sus derechos \u00abde informaci\u00f3n e igualdad\u00bb, acudi\u00f3 a este mecanismo para que se ordene \u00aba los accionados que brinden informaci\u00f3n de c\u00f3mo va el tr\u00e1mite de mi reposici\u00f3n de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas\u00bb.
\nDel paginario se extrae que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali el 26 de enero de 2015 le acumul\u00f3 las sanciones impuestas por los Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn \u00ab262 meses de prisi\u00f3n\u00bb (19 abr. 2013) y Primero Penal del Circuito de Santuario \u00ab312 meses de prisi\u00f3n\u00bb (19 may. 2008), por los delitos de \u00abhomicidio, tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego y concierto para delinquir\u00bb, fijando la pena total en 534 meses y 21 d\u00edas de prisi\u00f3n. <\/p>\n

Decisi\u00f3n que atac\u00f3 en reposicion y en subsidio apelaci\u00f3n, sin \u00e9xito, toda vez que el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, al que le correspondi\u00f3 la vigilancia de la condena debido al traslado del interno a la c\u00e1rcel de C\u00f3mbita (Boyac\u00e1), la convalid\u00f3 (15 dic. 2017) y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n ante el superno. <\/p>\n

A su turno, el Tribunal Superior de Tunja declar\u00f3 nulo lo actuado desde tal prove\u00eddo por falta de competencia, pues defini\u00f3 que \u00abel recurso de reposici\u00f3n es una actividad de la \u00f3rbita exclusiva del juez que profiere la decisi\u00f3n recurrida\u00bb y remiti\u00f3 las diligencias al estrado de Cali (17 jul. 2018), que en \u00faltimas, reafirm\u00f3 su posici\u00f3n (24 sep. 2018) y nuevamente confiri\u00f3 el rito de segundo grado ante la prenombrada Corporaci\u00f3n, el cual a\u00fan est\u00e1 pendiente por resolver. <\/p>\n

Expuso que lleva \u00ab19 meses a la espera de (\u2026) informaci\u00f3n sobre la reposici\u00f3n de acumulaci\u00f3n\u00bb, con lo cual se ve \u00abperjudicado\u00bb ante la \u00abfalta de respuesta digna, oportuna y de fondo\u00bb y \u00e9l rog\u00f3 \u00abderecho de igualdad\u00bb con los casos de \u00abotros internos\u00bb. <\/p>\n

2.- El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali defendi\u00f3 su proceder y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente causa; la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja hizo un recuento del \u00abrecurso\u00bb que dirimi\u00f3; la Fiscal\u00eda 011 Seccional y la Procuradur\u00eda 309 Judicial I Penal, relataron el curso que se le ha dado a las distintas investigaciones de las que hizo parte el actor y el Tribunal Superior de Cali indic\u00f3 que \u00abno se encontr\u00f3 registro de procesos penales tramitados en segunda instancia (\u2026) contra el se\u00f1or MU\u00d1ETON PEL\u00c1EZ\u00bb. <\/p>\n

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El a quo otorg\u00f3 el auxilio porque hall\u00f3 configurada la v\u00eda de hecho, ya que \u00abse imparti\u00f3 un tr\u00e1mite contrario a las disposiciones normativas que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n

Por lo que dej\u00f3 sin efectos el \u00abnumeral\u00bb segundo de la providencia de 24 de septiembre de 2018 del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, \u00abque concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto No. 058 del 26 de enero de 2015, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja\u00bb y decret\u00f3 que \u00abla Sala Penal del Tribunal Superior de Cali\u00bb resolviera lo pertinente; otorg\u00f3 8 d\u00edas para proveer luego del recibo de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

La \u00faltima Corporaci\u00f3n se alz\u00f3 indicando que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, y si no ha vulnerado derechos consecuencialmente no puede conllevar orden de decidir en abstracto\u00bb, adem\u00e1s \u00abporqu\u00e9 al no haberse recibido el proceso en esta instancia: 1.- este \u00f3rgano no ha dilatado los t\u00e9rminos para alg\u00fan pronunciamiento (\u2026) y, 2.- al darnos una orden perentoria para la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n que en derecho corresponde se est\u00e1 entendiendo que hemos afectado el debido proceso\u00bb. Requiri\u00f3 revocar el veredicto. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- En el sub lite, el empe\u00f1o del libelista consiste en obtener informaci\u00f3n respecto de los recursos (reposicion y apelaci\u00f3n) que enfil\u00f3 contra el auto de 26 de enero de 2015 del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, que le sum\u00f3 jur\u00eddicamente los castigos decretados por los Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn (19 abr. 2013) y Primero Penal del Circuito de Santuario (19 may. 2008), pues \u00ablleva 19 meses a la espera\u00bb y no conoce el desenlace final de su petici\u00f3n. <\/p>\n

La homologa de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte accedi\u00f3 a su rogativa, pues concluy\u00f3 que las autoridades demandadas dieron un tr\u00e1mite contrario al previsto en el ordenamiento a los \u00abrecursos\u00bb en cuesti\u00f3n, motivo por el cual, entre otras medidas, orden\u00f3 a la \u00abSala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali\u00bb resolver \u00ablo que correspondiera frente a la postulaci\u00f3n elevada por Carlos Andr\u00e9s Mu\u00f1et\u00f3n Pel\u00e1ez\u00bb, la cual discurre de tal determinaci\u00f3n comoquiera que no afect\u00f3 ning\u00fan atributo. <\/p>\n

2.- En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al analizar el trasegar de los medios de impugnaci\u00f3n incoados por el impulsor, decant\u00f3: <\/p>\n

Carlos Andr\u00e9s Mu\u00f1et\u00f3n Pel\u00e1ez se encuentra en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Combita cumpliendo la condena impuesta el 19 de abril de 2013, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn (\u2026). Asimismo, la decidida por el Juzgado Primero Penal del Circuito del Santuario Antioquia el 19 de mayo de 2008 (\u2026). <\/p>\n

El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, quien para la fecha era competente para vigilar la condena del sentenciado, por medio de providencia N. 058 del 26 de enero de 2015, acumul\u00f3 jur\u00eddicamente las sanciones antes rese\u00f1adas, fijando la pena en 534 meses y 21 d\u00edas de prisi\u00f3n. <\/p>\n

Ante la anterior determinaci\u00f3n, Mu\u00f1et\u00f3n Pel\u00e1ez interpuso recurso de reposicion y en subsidio apelaci\u00f3n. El primero de ellos fue desatado de manera desfavorable por el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante prove\u00eddo No. 1060 del 15 de diciembre de 2017, donde adicionalmente concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n ante su superior jer\u00e1rquico. <\/p>\n

A su turno, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en auto No. 035 del 17 de julio de 2018, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir de la determinaci\u00f3n No. 1060 del 15 de diciembre de 2017, emitida por el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. Lo anterior, con el fin de que la reposici\u00f3n fuera dirimida por la misma judicatura que profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n atacada, esto es, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali. De otro lado, se abstuvo de desatar la apelaci\u00f3n propuesta y orden\u00f3 la remisi\u00f3n de las diligencias al \u00faltimo juzgado citado. <\/p>\n

Seguidamente, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, a trav\u00e9s de providencia del 24 de septiembre de 2018, determin\u00f3 no reponer su propia decisi\u00f3n, as\u00ed como conceder el recurso de apelaci\u00f3n ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja. Lo anterior, seg\u00fan se desprende de los informes allegados al presente tr\u00e1mite constitucional y de la informaci\u00f3n que reposa en la p\u00e1gina de consulta de procesos de la Rama Judicial. <\/p>\n

Concluyendo que: <\/p>\n

(\u2026) observa la Sala, que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali incurri\u00f3 en un yerro constitutivo de una v\u00eda de hecho, al conceder la alzada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, y no ante su superior jer\u00e1rquico, como lo es la homologa de la ciudad de Cali. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, resulta claro que frente a la postulaci\u00f3n presentada por el libelista se imparti\u00f3 un tr\u00e1mite contrario a las disposiciones normativas que regulan la materia. Esto, comoquiera que la apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n proferida por el juez que vigila la condena, corresponde desatarla al Tribunal Superior del Distrito Judicial (art. 34, numeral 6 Ley 906 de 2004) que ostente la calidad de superior jer\u00e1rquico atendiendo la estructura y organizaci\u00f3n de la Rama Judicial, siempre y cuando no se trate de decisiones respecto de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y rehabilitaci\u00f3n (art. 478 ejusdem). (Enfatiza esta Sala). <\/p>\n

Autoridad que para el caso puntual (auto [que] decret\u00f3 acumulaci\u00f3n de condena), corresponde al Tribunal Superior de la capital del Valle del Cauca, sin perjuicio que en el resto de determinaciones a tomar dentro de la vigilancia de la pena del sentenciado, la competencia la conserve el Distrito Judicial de Tunja. <\/p>\n

Y, remat\u00f3 <\/p>\n

(\u2026) con independencia de la suerte que haya corrido el medio de impugnaci\u00f3n entablado por Carlos Andr\u00e9s Mu\u00f1et\u00f3n Pel\u00e1ez, pues ni la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, ni [su] hom\u00f3loga de Cali se han manifestado sobre el mismo, lo cierto es que el defecto evidenciado en el tr\u00e1mite impartido, hace imperioso el pronunciamiento de este Colegiado tendiente a corregir las fallas y garantizar las prerrogativas constitucionales de la parte actora. <\/p>\n

En ese sentido, se constata que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por desconocer el procedimiento que debi\u00f3 seguir frente a la apelaci\u00f3n incoada por el sentenciado, situaci\u00f3n que deviene en la vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, en la garant\u00eda que asiste al administrado de recurrir las decisiones judiciales ante la autoridad competente. <\/p>\n

Tesis que comparte plenamente este Colegiado, porque la eventual dicotom\u00eda que en principio contiene el C\u00f3digo de Procedimiento Penal entre las normas que definen la competencia funcional para conocer en segunda instancia las decisiones del \u00abjuez de ejecuci\u00f3n de penas\u00bb, esto es, el art\u00edculo 34, numeral 6, que dispone que los Tribunales conocen del \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb interpuesto contra las resoluciones que ellos dictan y el 478 ib\u00eddem, que la asigna al \u00abjuez que profiri\u00f3 la condena en primera o \u00fanica instancia\u00bb, punto central para la Sala en este especifico caso, pues de all\u00ed se deriva la presunta conculcaci\u00f3n de garant\u00edas, ha sido ampliamente dilucidada. <\/p>\n

En lo particular, en AP688-2018, se acot\u00f3 <\/p>\n

(\u2026) el precepto 478, especial y posterior, resulta aplicable cuando se trate de providencias relacionadas exclusivamente con los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitaci\u00f3n, cuya apelaci\u00f3n debe ser resuelta por el juez que emiti\u00f3 el fallo. Por lo mismo, trat\u00e1ndose de otro tipo de autos, se aplica el art\u00edculo 34-6, que le otorga competencia al tribunal para decidir los recursos de apelaci\u00f3n contra las decisiones proferidas por el juez de ejecuci\u00f3n de penas. <\/p>\n

En efecto, la Corte en prove\u00eddos CSJ AP, 16 sep. 2011, Rad. 37422 y CSJ AP1288-2014 precis\u00f3 que el canon transcrito no re\u00f1\u00eda con lo establecido en el numeral 6\u00b0 del precepto 34 ejusdem, el cual se\u00f1ala que las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen \u00abdel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n de penas\u00bb, en tanto que, la \u00abcontroversia se dirime por el principio de especialidad de la norma procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque el art\u00edculo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV, que desarrolla \u00fanica y espec\u00edficamente la tem\u00e1tica de la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente, se dijo que \u00abla norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecuci\u00f3n de penas \u2013redenci\u00f3n de penas, acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, aplicaci\u00f3n de penas accesorias, libertad vigilada, extinci\u00f3n de la condena, entre otros\u2013 aquellas que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo que devela que por excepci\u00f3n y especialidad, estos temas son del conocimiento del juez que profiri\u00f3 la condena\u00bb. <\/p>\n

Est\u00e1 claro, entonces, que por tratarse de una competencia excepcional, al juez que dict\u00f3 el fallo s\u00f3lo le cabe el conocimiento de la segunda instancia en los casos espec\u00edficos mencionados por el art\u00edculo 478 de la ley 906 de 2004, esto es, mecanismos sustitutivos de la pena y rehabilitaci\u00f3n. <\/p>\n

De los primeros, tratan los art\u00edculos 63 y siguientes de la Ley 599 de 2000 \u2013aunque se incluye tambi\u00e9n la prisi\u00f3n domiciliaria dispuesta en el canon 38 ibidem- y, el segundo, la rehabilitaci\u00f3n es regulada en el Libro IV, Cap\u00edtulo VI, de la Ley 906 de 2004, que atiende a la forma de tramitar la recuperaci\u00f3n plena de derechos civiles, una vez extinguida la pena. <\/p>\n

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el punto b\u00e1sico resuelto por el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bucaramanga, corresponde a la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas.
\nEste tema, debe resaltarse, no tiene relaci\u00f3n expresa con los asuntos puntuales que gobiernan la competencia en segunda instancia del juez que profiri\u00f3 el fallo, raz\u00f3n suficiente para que deba ser conocido por la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga, al ser el superior jer\u00e1rquico y funcional del juez que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n

Bajo ese panorama, como el aspecto esencial del decurso desatado por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas de Cali (\u00abacumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas\u00bb) \u00abno tiene relaci\u00f3n expresa con los asuntos puntuales que gobiernan la competencia en segunda instancia del juez que profiri\u00f3 el fallo\u00bb, pues all\u00ed no se discute la procedencia de \u00abmecanismos sustitutivos de la pena y rehabilitaci\u00f3n\u00bb, es decir, se descarta la aplicaci\u00f3n del precepto 478 del C.P.P. y se acude a la regla del numeral 6 del canon 34 ib\u00eddem, la \u00abcompetencia\u00bb recae en la \u00abSala Penal del Tribunal Superior del juez que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n apelada\u00bb, para el caso examinado, el de Cali. <\/p>\n

Motivo que dicho sea de paso, resulta esencial para desvirtuar la inconformidad manifestada por la opugnadora, por cuanto la orden que le fue impartida, contrario a lo que opina, no se sustenta en alguna transgresi\u00f3n en que hubiese podido incurrir sino exclusivamente en su calidad de \u00absuperior funcional\u00bb de la \u00abc\u00e9lula judicial\u00bb que emiti\u00f3 el dictamen controvertido, conforme a lo antes plasmado. <\/p>\n

3.- Ergo, se ratificar\u00e1 la directriz objetada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, por el medio m\u00e1s expedito, a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16453-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-01473-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 15 de agosto de 2019 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102940","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102940","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102940"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102940\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102940"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102940"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102940"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}