{"id":102946,"date":"2026-07-02T17:44:42","date_gmt":"2026-07-02T17:44:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102946"},"modified":"2026-07-02T17:44:42","modified_gmt":"2026-07-02T17:44:42","slug":"stc16459-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16459-2019\/","title":{"rendered":"STC16459-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16459-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-02056-01
\n(Aprobado en Sala de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 5 de noviembre de 2019, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Agust\u00edn Raquejo Rojas contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, imparcialidad, moralidad, buena fe y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado en el asunto laboral que promovi\u00f3 para el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, contra el Banco Popular S.A. (SL4564-2018, rad. 60988). <\/p>\n

2.\tEn sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que inici\u00f3 proceso ordinario laboral para el referido reconocimiento pensional a partir del 20 de septiembre de 2008, \u00abdada mi condici\u00f3n de Trabajador Oficial, as\u00ed como las mesadas pensionales adeudadas de conformidad a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que mediante sentencia del 31 de marzo de 2011 conden\u00f3 a la entidad bancaria a pagar la respectiva prestaci\u00f3n. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que, contra la sentencia de primera instancia, la demandada no interpuso recurso de apelaci\u00f3n, \u00abpor lo cual se mostr\u00f3 conforme con lo decidido\u00bb; \u00fanicamente \u00e9l como demandante recurri\u00f3 parcialmente, con la finalidad de que se modificara el monto pensional decretado por el a quo; y la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de esta localidad aument\u00f3 la mesada. <\/p>\n

Relat\u00f3 que, aun as\u00ed, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 el fallo del tribunal, y adicion\u00f3 lo decidido por el juzgado de primera instancia para autorizar a la entidad querellada a descontar del retroactivo pensional las sumas que, por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, est\u00e9 en la obligaci\u00f3n de trasladar a su EPS en que se encuentre afiliado. <\/p>\n

Precis\u00f3 que, con esa providencia, la autoridad antedicha incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto \u00abal acceder al ilegal pedido patronal de \u201cautorizar\u201d descuento de salud en forma retroactiva, sin haber sido objeto del proceso dicho tema\u00bb. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, pidi\u00f3 que se \u00abanule la sentencia proferida el 2 de octubre de 2018 en el proceso radicado 60988, profiriendo en su lugar sentencia declarando la improcedencia legal de la demanda de casaci\u00f3n presentada por el Banco Popular, condenando en costas de la instancia extraordinaria a esa entidad\u00bb, y se \u00abordene el restablecimiento inmediato de mis derechos ordenando la devoluci\u00f3n del descuento efectuado a mi modesto patrimonio pensional\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa apoderada general del Banco Popular solicit\u00f3 denegar la tutela, porque \u00abal ser condenado (\u2026) a pagar una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y sus mesadas retroactivas desde el cumplimiento de la edad de los 55 a\u00f1os, se hace imperioso y obligatorio para esta instituci\u00f3n descontar a dicho retroactivo los aportes por salud a cargo del pensionado, por ser un afiliado forzoso al sistema de seguridad social, lo anterior en cumplimiento a la normatividad establecida para efectos de dicha cotizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed mismo, refiri\u00f3 que el inciso 2 del art\u00edculo 143 de la Ley 100 de 1993 estipula que las cotizaciones por salud de los pensionados \u00abestar\u00e1n a su cargo en su totalidad\u00bb, y el inciso 3 del art\u00edculo 42 del Decreto 692 de 1994 reza que \u00ablas entidades pagadoras deber\u00e1n descontar la cotizaci\u00f3n para salud, y transferirla a la EPS o entidad a la cual est\u00e9 afiliado el pensionado en salud, igualmente deber\u00e1n girar un punto porcentual de la cotizaci\u00f3n al Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda en Salud\u00bb. <\/p>\n

De acuerdo con las normas relacionadas, precis\u00f3 la entidad, \u00ablos empleadores o fondos de pensiones no pueden disponer de [los aportes] a su arbitrio, es decir que una vez causados al sistema de seguridad social, estos adquieren la calidad de parafiscales, como lo manifest\u00f3 la H. Corte Constitucional en sentencia SU-480 de 1997\u00bb. As\u00ed las cosas, aclar\u00f3 que la suma correspondiente se traslad\u00f3 a la EPS Salud Total, y en consecuencia \u00abse evidencia que la petici\u00f3n de reintegro de dicha suma est\u00e1 en contrav\u00eda no solo de una sentencia judicial que orden\u00f3 el pago de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n retroactiva, sino adem\u00e1s del ordenamiento jur\u00eddico establecido para tal efecto\u00bb. <\/p>\n

2.\tUn magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada dijo que \u00abel accionante flagrantemente desconoce que una providencia como la mencionada, dictada por el \u00f3rgano de cierre de la justicia ordinaria, con apego al ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando se pueda discrepar de ella, no es posible confrontarla y menos solicitar emitir esas espec\u00edficas \u00f3rdenes, intentando revivir un debate que ya fue resuelto por el juez natural\u00bb. <\/p>\n

Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n que se cuestiona se profiri\u00f3 el 2 de octubre de 2018, por lo que se super\u00f3 el plazo prudencial y razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n

3.\tEl apoderado del promotor \u2013que, vale la pena explicar, alleg\u00f3 poder y escrito despu\u00e9s de dictada la providencia de primera instancia\u2013, suplic\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos deprecados, comoquiera que \u00abla nueva tendencia judicial patronal, enquistada en la rama judicial, por v\u00eda de interpretaci\u00f3n no puede distorsionar ni desconocer las precisas limitaciones del recurso de casaci\u00f3n establecidas en la ley y la doctrina, pues pretender que el ad quem viol\u00f3 la ley por \u201cno autorizar descuentos de ley\u201d, sin haber sido debatido en el proceso su procedencia, es un completo absurdo procesal\u00bb. <\/p>\n

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 la improcedencia del amparo, porque \u00abno se cumple el presupuesto de inmediatez, pues el actor dej\u00f3 superar el aludido t\u00e9rmino de 6 meses, sin aducir ninguna raz\u00f3n que justificara el retraso\u00bb. Lo anterior, ya que transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o entre la fecha en que se emiti\u00f3 la sentencia controvertida (2 de octubre de 2018), y el momento de interposici\u00f3n de la tutela (23 de octubre de 2019), \u00absin haberse mencionado en la demanda la ocurrencia de un suceso constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra situaci\u00f3n con suficiente idoneidad para desvirtuar la causal de improcedencia que aqu\u00ed se pregona\u00bb. <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El mandatario del convocante recurri\u00f3 la referida providencia, ya que aquella \u00abno corresponde a las orientaciones y jurisprudencia de la Corte Constitucional ni atiende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues refleja m\u00e1s una solidaridad de cuerpo en esa Corporaci\u00f3n que un desarrollo de los preceptos constitucionales que leg\u00edtimamente reclama mi poderdante\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que conoci\u00f3 en sede extraordinaria, al casar el fallo del ad quem, y adicionar la sentencia del a quo, para autorizar a la entidad demandada el descuento de los aportes al sistema de seguridad social en salud del retroactivo pensional a que tiene derecho el promotor. <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n

3.\tFlexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n

Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 2 de octubre de 2018, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n

\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n

(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n

De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera con amplitud el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n

4.\tDe la razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n

4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el 2 de octubre de 2018 casar el fallo del tribunal ad quem para, en su lugar, adicionar la sentencia de primer grado, en el sentido de \u00abAUTORIZAR a la entidad demandada a descontar del retroactivo pensional que pague al demandante las sumas que, por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud est\u00e9 en la obligaci\u00f3n de trasladar a la EPS de preferencia del actor\u00bb, no se advierte la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable, y a los precedentes de ese mismo \u00f3rgano colegiado sobre la materia. <\/p>\n

En efecto, en punto al primer cargo formulado por el banco requerido en esa causa laboral \u2013relacionado con la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos \u00ab143 y 178 de la L. 100 de 1993, 42 del D. 692 de 1994, 3 del D. 510 de 2003 y 2, 4, 5, 7 y 8 de la L. 797 de 2003\u00bb\u2013, fincado en la presunta inobservancia de la obligaci\u00f3n legal de \u00abordenar que del retroactivo pensional se deduzcan la sumas que correspondan por salud para proceder con su pago a la autoridad respectiva\u00bb, la autoridad convocada adujo que: <\/p>\n

\u00abEl cargo apunta, en esencia, a demostrar la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 143 de la Ley 100 de 1993, que dispone \u201c[\u2026] la cotizaci\u00f3n para salud establecida en el sistema general de salud para los pensionados est\u00e1, en su totalidad, a cargo de \u00e9stos [\u2026]\u201d, raz\u00f3n por la cual, sostiene el censor, que pese a no haberse estudiado en ninguna de las instancias, debi\u00f3 el Tribunal facultar al BANCO POPULAR S.A. para descontar del retroactivo pensional las sumas de dinero que, por tal concepto, ten\u00eda que asumir el pensionado, desde el momento mismo en el que se le reconoci\u00f3 el derecho. <\/p>\n

Al respecto, comienza la Corte por advertir que no le asiste raz\u00f3n a la r\u00e9plica, porque contrario a lo que plantea, el recurrente s\u00ed expuso el concepto de violaci\u00f3n de la norma, al acusar la sentencia de infringir la ley sustancial, \u201cen el concepto de infracci\u00f3n directa\u201d de la proposici\u00f3n jur\u00eddica que enlista, aparte que, si bien es cierto el censor no plante\u00f3 ante la primera y segunda instancia la inconformidad elevada, ha sido pac\u00edfica la tesis jurisprudencial, seg\u00fan la cual, t\u00f3picos como el discutido, no precisan de un planteamiento expreso a trav\u00e9s de las excepciones o del recurso de impugnaci\u00f3n, pues la facultad para descontar lo que corresponda al pago de las cotizaciones en salud, opera por ministerio de la ley, conforme lo defini\u00f3 la Corporaci\u00f3n en procesos de igual naturaleza contra la misma demandada, en las sentencias CSJ SL1422-2018; CSJ SL3610-2018, que reitera las CSJ SL1422-2018, CSJ SL8262-2016; CSJ SL1195-2014\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n

As\u00ed mismo, la Sala requerida explic\u00f3 la postura del \u00f3rgano de cierre laboral, consistente en que, con independencia de que el descuento de los aportes a salud del respectivo retroactivo pensional haya sido objeto de debate o no en sede de instancia, lo cierto es que por mandato legal se debe hacer la mencionada deducci\u00f3n para destinarla directamente a la EPS, argumento con el que reafirm\u00f3 su decisi\u00f3n, de la siguiente manera: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) de forma categ\u00f3rica, en el m\u00e1s reciente de los pronunciamientos, esto es, en la sentencia CSJ SL1422-2018, la Corte, frente a un reclamo similar al expuesto por el opositor, explic\u00f3: <\/p>\n

[\u201c]Con independencia a si (sic) el asunto fue materia de estudio, esta Sala debe precisar que, por ministerio de la ley las entidades pagadoras de pensiones se encuentran en la obligaci\u00f3n de descontar la cotizaci\u00f3n para la salud y transferirla a la E.P.S. o entidad a la cual est\u00e9 afiliado el pensionado en salud. As\u00ed se desprende expresamente del mandato contenido en el Art. 42 inc. 3\u00b0 del D. 692\/1944 cuando se\u00f1ala: Las entidades pagadoras deber\u00e1n descontar la cotizaci\u00f3n para la salud y transferido (sic) a la EPS o entidad a la cual est\u00e9 afiliado el pensionado en salud. Igualmente deber\u00e1n girar un punto porcentual de la cotizaci\u00f3n al fondo de solidaridad y garant\u00eda en salud. <\/p>\n

De igual forma, cabe resaltar que, al tenor del art\u00edculo 143 de la Ley 100 de 1993, no queda m\u00e1s opci\u00f3n al pensionado que asumir el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, resultando natural que lo haga desde el momento mismo en que ostenta tal calidad. <\/p>\n

Es l\u00f3gico pensar que debe el demandante aportar para efectos de la financiaci\u00f3n del sistema contributivo, de tal forma que, a pesar de que no hubo prestaci\u00f3n del servicio de salud por cuanto en estricto sentido no estaba a\u00fan afiliado, mal puede soslayar el sentenciador la carga que a aqu\u00e9l le impone la ley de asumir los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud o pretender traslad\u00e1rsela al su empleador, pues tal obligaci\u00f3n legal deviene, precisamente, del estatus de pensionado. <\/p>\n

Ciertamente, de no efectuarse los descuentos del retroactivo pensional para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no s\u00f3lo se desconocer\u00edan los principios que debe observar la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico esencial de seguridad social consagrados en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 100 de 1993, en especial los de universalidad y solidaridad, sino tambi\u00e9n los rectores del servicio p\u00fablico de la seguridad social en salud de que trata espec\u00edficamente el Decreto 1920 de 1994. <\/p>\n

Adicionalmente, se advierte que, al no efectuarse el descuento de los aportes para salud, podr\u00edan verse comprometidos los derechos del demandante de acceder a los servicios de alto costo que requieren un m\u00ednimo de semanas cotizadas, conforme lo dispone el art\u00edculo 164 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, encuentra la Sala que el cargo resulta fundado, por lo que se casar\u00e1 parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto se abstuvo de pronunciarse en relaci\u00f3n con los descuentos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, para adicionarla en este punto[\u201d]. <\/p>\n

(\u2026) en raz\u00f3n a que el Tribunal incurri\u00f3 en la infracci\u00f3n directa de la normativa analizada, se casar\u00e1 parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto no autoriz\u00f3 al banco demandado a realizar los descuentos para el sistema de salud. <\/p>\n

En sede de instancia resultan suficientes los argumentos que se esgrimieron en sede de casaci\u00f3n, sin que sea necesario abundar en otros, por lo cual, se adicionar\u00e1 la sentencia emitida en primera instancia, en el sentido de autorizar a la entidad demandada a descontar del retroactivo pensional que pague al demandante y de las mesadas respectivas, las sumas que, por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, est\u00e9 en la obligaci\u00f3n de trasladar a la EPS de preferencia del actor\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la autoridad laboral querellada resolvi\u00f3 casar la providencia del tribunal para, en su lugar, adicionar la de primera instancia, toda vez que se hac\u00eda necesario zanjar la discusi\u00f3n sobre el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud ante el reconocimiento del retroactivo pensional y, como qued\u00f3 acreditado, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ha sostenido pac\u00edfica y reiteradamente que \u00ab(\u2026) se entiende no solo que todos los pensionados del pa\u00eds est\u00e1n llamados a cotizar al Sistema de Seguridad Social en Salud, quienes deben asumir en su totalidad el valor de la cotizaci\u00f3n, sino que, adem\u00e1s, la misma debe hacerse desde la fecha en que se causa el derecho pensional, pues no otra puede ser la interpretaci\u00f3n que se deriva sistem\u00e1ticamente de las disposiciones citadas de la Ley 100 de 1993, al haberse establecido las cotizaciones de los afiliados obligatorios, tal como es el caso de los pensionados\u00bb (CSJ SL15264-2017, SL085-2018, reiteradas en SL1478-2018, entre otras; resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n

Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que se descarta la presencia de una v\u00eda de hecho, de tal forma que el reclamo del quejoso no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios del recurrente frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos de defensa al desatar el recurso extraordinario propuesto por su contraparte. <\/p>\n

4.2. As\u00ed, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n

De suerte que el promotor no puede aspirar a anteponer su propia interpretaci\u00f3n a la de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n requerida y atacar, por esta v\u00eda, una providencia que considera desfavorable, porque tal finalidad resulta ajena a esta salvaguarda, dada su naturaleza excepcional, y en raz\u00f3n a que no fue creada para erigirse como una instancia adicional dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16459-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-02056-01 (Aprobado en Sala de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 5 de noviembre de 2019, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102946","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102946","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102946"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102946\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}