{"id":102948,"date":"2026-07-02T17:45:13","date_gmt":"2026-07-02T17:45:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102948"},"modified":"2026-07-02T17:45:13","modified_gmt":"2026-07-02T17:45:13","slug":"stc16473-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16473-2019\/","title":{"rendered":"STC16473-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16473-2019 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 21 de octubre de 2019, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la salvaguarda promovida por Jos\u00e9 Ricael Aguiar Castro al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio reivindicatorio con radicado N\u00ba 2017-0269-00, incoado por Arley Castillo Molano contra el gestor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n

El suplicante aduce que adquiri\u00f3 unas mejoras sobre el inmueble fiscal, de propiedad del municipio de Rovira \u2013Tolima-. <\/p>\n

De dicho predio fue segregada una parte y para ella se abri\u00f3 el folio con matr\u00edcula N\u00b0 350-221407, la cual se vendi\u00f3 por la precitada entidad territorial en favor de Arley Castillo Molano, quien, con fundamento en la compra, demand\u00f3 al actor ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esa localidad, con el prop\u00f3sito de exigirle la reivindicaci\u00f3n del fundo desenglobado. <\/p>\n

Mediante sentencia de 28 de mayo de 2019, ese despacho neg\u00f3 las pretensiones del libelo, por cuanto la posesi\u00f3n alegada por el encausado, aqu\u00ed quejoso, era anterior al t\u00edtulo de Castillo Molano, all\u00e1 demandante. <\/p>\n

Al ser apelado dicho fallo, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, en pronunciamiento de 29 de agosto postrero, lo revoc\u00f3 y acogi\u00f3 los pedimentos del escrito inicial. <\/p>\n

Lo antelado, seg\u00fan el promotor, al advertir que el predio disputado antes de ser adquirido por Arley Castillo Molano, era del Estado y, en esas condiciones, el suplicante no pod\u00eda ser poseedor del mismo. <\/p>\n

A pesar de hab\u00e9rsele ordenado la restituci\u00f3n, el tutelante predica que el ad quem confutado, omiti\u00f3 reconocerle las mejoras del inmueble. <\/p>\n

Para el accionante, la reivindicaci\u00f3n no debi\u00f3 prosperar porque el contrato de adquisici\u00f3n de Castillo Molano era nulo, en tanto para poder comprar el enunciado bien fiscal, \u00e9ste debi\u00f3 acreditar la titularidad respecto a las mejoras, pero al no hacerlo, procedi\u00f3 \u201cde mala fe\u201d, pues \u00e9l sab\u00eda que ellas eran de propiedad del gestor. <\/p>\n

Adicionalmente, el inicialista arguye como desacertada la postura del ad quem frente a su posici\u00f3n, pues la soslay\u00f3 por el car\u00e1cter fiscal que ostentaba la heredad disputada, lo cual acusa de falso, pues, para el accionante, sobre bienes con esa condici\u00f3n, s\u00ed se puede configurar la posesi\u00f3n, conforme a la sentencia C -530 de 1996 de la Corte Constitucional. <\/p>\n

3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto la decisi\u00f3n de segunda instancia de 29 de agosto 2019 y, en su lugar, ordenar emitir otra providencia favorable a sus intereses. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel accionado \t\ty vinculados <\/p>\n

1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rovira \u2013Tolima- y Arley Castillo, por separado, adujeron que no conculcaron prerrogativa alguna en el tr\u00e1mite refutado1. <\/p>\n

2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 el amparo, pues estim\u00f3 que el estrado del circuito convocado advirti\u00f3 que las mejoras alegadas por el impulsor no fueron realizadas en el predio objeto de controversia, pues \u00e9stas se efectuaron en un inmueble colindante y, por tanto, no pod\u00edan ser reconocidas; adem\u00e1s, la posesi\u00f3n anterior al t\u00edtulo base de la reivindicaci\u00f3n, no estaba demostrada2. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La \tcontroversia se cifra en establecer si se lesionaron \tlas garant\u00edas superlativas del actor en \tla sentencia de 29 \tde agosto 2019, mediante la cual el Juzgado Primero Civil del \tCircuito de Ibagu\u00e9, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de \tprimera instancia y orden\u00f3 al actor reivindicar el inmueble \tmateria de disenso sin reconocerle mejoras. <\/p>\n

3. El \tad \tquem \tconfutado, para dirimir la contienda, advirti\u00f3 que el predio \tobjeto del litigio, fue desenglobado de uno de mayor extensi\u00f3n \ty, en \u00e9l, no se hallaban las mejoras rogadas por el \ttutelante, conforme al dictamen pericial practicado al interior del \tdecurso criticado. <\/p>\n

Pese a ello, la autoridad enjuiciada advirti\u00f3 que la posesi\u00f3n alegada por el demandado, ac\u00e1 suplicante, s\u00ed guardaba identidad respecto al fundo objeto de la acci\u00f3n de dominio; sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que esa calidad era ineficaz antes de la enajenaci\u00f3n realizada por el municipio de Rovira \u2013Tolima-, al all\u00e1 demandante Arley Castillo Molano, pues previo a \u00e9sta el bien era fiscal y, por tanto, dijo el fallador acusado, <\/p>\n

\u201c(\u2026) [el predio al ser de propiedad estatal] se hallaba protegido de actos de naturaleza posesoria (\u2026), porque el [fundo] perteneci\u00f3 al municipio de Rovira (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

Para dilucidar la contienda, la Corte debe se\u00f1alar la calidad jur\u00eddica de los bienes fiscales, los cuales, conforme ha adoctrinado la Sala, tienen las siguientes caracter\u00edsticas: <\/p>\n

\u201c (\u2026) El art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil, luego de precisar que los bienes de la Uni\u00f3n son las cosas cuyo dominio corresponde a la Rep\u00fablica, distingue entre aquellos cuyo (\u2026) uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos y a los cuales denomina bienes de la Uni\u00f3n de uso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos del territorio, de estos otros, tambi\u00e9n de la Uni\u00f3n, cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes (\u2026), a los que llama simplemente bienes de la uni\u00f3n o bienes fiscales (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(…) De la simple lectura del aludido precepto se infiere que, seg\u00fan el C\u00f3digo Civil, los bienes de la Uni\u00f3n se clasifican en dos: De un lado, los de uso p\u00fablico, como las calles, plazas, puentes y caminos, y, de otro, los fiscales, es decir, aquellos que no estando adscritos a la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico, forman parte del patrimonio estatal, ya sea por disposici\u00f3n constitucional, o porque han sido adquiridos por la Naci\u00f3n, los departamentos, los municipios y, en general las entidades de derecho p\u00fablico, para destinarlos a la organizaci\u00f3n de los fines que le son propios, siendo su uso com\u00fan restringido o reprimido, distinci\u00f3n \u00e9sta que, como es sabido, se funda en conceptos de un n\u00edtido perfil romanista (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En cuanto a los primeros, los de uso p\u00fablico, d\u00e9bese precisar aqu\u00ed que se caracterizan, como su nombre lo anuncia, porque, como acontece con algunos de propiedad privada, est\u00e1n destinados al uso com\u00fan; porque son inalienables e imprescriptibles y, finalmente, porque pertenecen, salvo los privados afectados al uso p\u00fablico, a entidades de derecho p\u00fablico, exigencia esta \u00faltima entendida en el sentido de que se encuentran sometidos a una singular, pero innegable, potestad estatal que excluye la propiedad privada sobre ellos, ya sea porque, como piensan algunos, tal poder configura un \u2018dominio eminente\u2019, traducido en meras facultades de polic\u00eda administrativa que apenas le conceden a su titular las facultades de guarda y vigilancia, sin estructurar, en todo caso, un derecho de propiedad en sentido estricto, o ya, como piensan otros, como un genuino derecho p\u00fablico de propiedad cuyo ejercicio puede diferir en varios aspectos del modo como los particulares despliegan su poder sobre los bienes, pero sin ser sustancialmente distintos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) De manera complementaria al anterior precedente, en el fallo CSJ SC, 10 sept. 2010 (sic) [2013], rad. 2007-00074, se precis\u00f3 lo siguiente (\u2026)\u201d: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Ambos tipos de bienes hacen parte del patrimonio del Estado. La diferencia entre ellos radica en su destinaci\u00f3n y r\u00e9gimen (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) Los de uso p\u00fablico est\u00e1n a disposici\u00f3n de la comunidad, es ella quien los utiliza. En s\u00edntesis, sus caracter\u00edsticas esenciales son: el titular del dominio es el Estado; est\u00e1n afectados al uso com\u00fan de los asociados; no son susceptibles de comercializarse; son inalienables e imprescriptibles y su r\u00e9gimen es de derecho p\u00fablico (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los denominados fiscales no est\u00e1n al servicio de la comunidad, sino para la utilizaci\u00f3n de su titular con miras a realizar sus fines, independientemente de su connotaci\u00f3n de entidad p\u00fablica. Inclusive, los administra como si fuera un particular, confluyendo en ellos atributos de la propiedad que le permiten gravarlos, enajenarlos o arrendarlos, entre otros actos. De ah\u00ed que el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable es el del ordenamiento civil o comercial, sin perjuicio de la reglamentaci\u00f3n general y especial aplicable, seg\u00fan el caso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Sin embargo, a pesar de que su uso no pertenece generalmente a los habitantes, por ese solo hecho no se desconocen las repercusiones favorables que su detentaci\u00f3n irroga a todos los ciudadanos, pues, el prop\u00f3sito de la administraci\u00f3n p\u00fablica en conjunto no es otro sino el bienestar com\u00fan, es por ello que de conformidad con el art\u00edculo 113 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica [l]os diferentes \u00f3rganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran arm\u00f3nicamente para la realizaci\u00f3n de sus fines (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Es claro, entonces, que tanto los bienes de uso p\u00fablico como los fiscales est\u00e1n destinados al cumplimiento de los fines del Estado, y por ello son objeto de protecci\u00f3n legal frente a las eventuales aspiraciones de los particulares para apropiarse de ellos. Y esa es la raz\u00f3n por la que la Constituci\u00f3n y la ley consagran la prohibici\u00f3n expresa de que se declare la pertenencia de los mismos (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

Sobre la posesi\u00f3n respecto a bienes fiscales, el Consejo de Estado ha discurrido en la forma como a continuaci\u00f3n se indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los bienes fiscales o patrimoniales pertenecen al Estado como una especie de propiedad p\u00fablica destinada real o potencialmente a la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos. Aunque dotados de la prerrogativa de ser imprescriptibles y generalmente inembargables, como norma general se rigen por la legislaci\u00f3n com\u00fan (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Hoy en d\u00eda, dotados los bienes fiscales de la prerrogativa de la imprescriptibilidad, el ocupante de hecho del bien fiscal ya no podr\u00e1 alegar posesi\u00f3n. A lo sumo se convertir\u00e1 en un mero tenedor que por ministerio de la ley est\u00e1 reconociendo dominio ajeno. Por ello, en sede jurisdiccional lo pertinente ser\u00e1 el ejercicio por la entidad estatal propietaria del bien fiscal, de la acci\u00f3n correspondiente al proceso de lanzamiento, con fundamento en los art\u00edculos 425 y 426 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; en trat\u00e1ndose de bienes agrarios, el lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho compete a los juzgados agrarios como consecuencia de la creaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n agraria por el Decreto – ley 2303 de 1989 y lo preceptuado en sus art\u00edculos 2\u00ba, numeral 6, 3\u00ba y 8\u00ba, numeral 2 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed, aun cuando los demandantes hayan, como en efecto lo hicieron, realizado actos de se\u00f1or y due\u00f1o respecto de alguna porci\u00f3n del predio objeto de la demanda, dicha situaci\u00f3n f\u00e1ctica no pod\u00eda tener por efecto servir de base para la configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio, es decir, para esos efectos y frente a bienes p\u00fablicos, los particulares no pueden considerarse como leg\u00edtimos poseedores sino como titulares de mejoras; la anterior afirmaci\u00f3n encuentra pleno sustento normativo, pues desde la entrada en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en su art\u00edculo 407 [hoy canon 375 del C\u00f3digo General del Proceso], el ordenamiento jur\u00eddico colombiano excluy\u00f3 de plano la posibilidad de que un particular pudiera considerarse como poseedor de un bien p\u00fablico, al proscribirse la prescripci\u00f3n extintiva respecto de bienes de titularidad p\u00fablica \u2013tanto frente a los de uso p\u00fablico, como a los bienes fiscales- (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) De esta manera, existe una regla absoluta de imprescriptibilidad de los bienes p\u00fablicos, que en consecuencia impide la configuraci\u00f3n de la posesi\u00f3n en cabeza de particular alguno, en la medida en que resultan contrarios a derecho los actos de se\u00f1or y due\u00f1o en un predio p\u00fablico, raz\u00f3n por la cual no se har\u00e1 referencia a una pretendida posesi\u00f3n de los demandantes sino a su situaci\u00f3n jur\u00eddica en calidad de titulares de unas mejoras (\u2026)\u201d6 (se destaca). <\/p>\n

Proyectadas las anteriores premisas al caso particular, teniendo en cuenta que previo a la enajenaci\u00f3n del inmueble disputado, realizada por el municipio de Rovira \u2013Tolima- en favor de Arley Castillo Molano, el mismo era fiscal, ninguna posesi\u00f3n se puede colegir en favor del promotor para fulminar la acci\u00f3n reivindicatoria enarbolada en su contra. <\/p>\n

Por tal motivo, el ad quem confutado, al verificar el contrato fundante de la acci\u00f3n de dominio, estaba forzado a observar los hechos de se\u00f1or\u00edo del suplicante posteriores a ese negocio jur\u00eddico, para calificar el m\u00e9rito de la contienda, encontrando, como ya se iter\u00f3, ausencia de mejoras en la heredad; identidad entre lo pose\u00eddo y reclamado, y t\u00edtulo anterior a la posesi\u00f3n del demandado, aqu\u00ed precursor. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa arbitraria, al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues el querellante no desestim\u00f3 el car\u00e1cter fiscal del fundo materia de disenso y menos a\u00fan que tuviera un mejor derecho frente a la venta realizada por el municipio de Rovira \u2013Tolima- en beneficio de Arley Castillo Molano. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

3. Atinente \tal reparo formulado por el gestor ante la inobservancia de los \tpar\u00e1metros jur\u00eddicos plasmados en la sentencia C-530 \tde 1996 de la Corte Constitucional, se advierte que la misma no \ttiene cabida en la presente discusi\u00f3n. <\/p>\n

En primer lugar, porque esa decisi\u00f3n se pronunci\u00f3 sobre el car\u00e1cter imprescriptible del patrimonio fiscal del Estado, cuya tem\u00e1tica abord\u00f3 haciendo una referencia hist\u00f3rica de la legislaci\u00f3n, se\u00f1alando la otrora procedencia de la usucapi\u00f3n en cuanto a cosas de dicha naturaleza en el Decreto 1400 de 1970, y la eliminaci\u00f3n de esa posibilidad en el Decreto 2282 de 1989.
\nEn segundo t\u00e9rmino, esa corporaci\u00f3n en un obiter dicta acot\u00f3 que quienes estuviesen poseyendo un bien de la calidad aludida, se encontraban en una situaci\u00f3n distinta de quien se comportaba como se\u00f1or y due\u00f1o de uno de naturaleza privada y, por ello, no se pod\u00eda hablar de vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad. <\/p>\n

Bajo esa \u00f3ptica, la providencia en menci\u00f3n no se ocup\u00f3 de la posesi\u00f3n de bienes fiscales y, tan s\u00f3lo, hizo una referencia explicativa en torno a los posibles estadios de reclamaciones prescriptivas, dependiendo de la calidad jur\u00eddica de un predio, sea p\u00fablica o privada, y como tal, no constituye un par\u00e1metro forzoso de obligatoria observancia. <\/p>\n

En cuanto a la fuerza vinculante de tales aspectos en un pronunciamiento de constitucionalidad, el alto tribunal especializado en dichos asuntos esboz\u00f3. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Al respecto, la citada Sentencia C-836 de 2001 estableci\u00f3 la diferencia de obligatoriedad entre la\u00a0ratione decidendi\u00a0de la decisi\u00f3n y el\u00a0obiter dicta, se\u00f1alando que \u201cla parte de las sentencias que tiene fuerza normativa son los principios y reglas jur\u00eddicas\u201d que hacen parte de la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n, es decir aquellos que son \u201cinescindibles de la decisi\u00f3n sobre un punto de derecho.\u201d En cambio de ello, las\u00a0obiter dicta\u00a0constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art. 230 superior, pues pueden servir para resolver aspectos tangenciales de la sentencia y en muchos casos permiten interpretar cuestiones relevantes desde el punto de vista jur\u00eddico, que si bien no deben ser seguidos en posteriores decisiones si pueden resultar \u00fatiles (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

5.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

(En comisi\u00f3n de servicios)
\nAROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb16, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb17; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tFols. \t27 y 54, C1.
\n2 \tFols. \t41 a 43, C1.
\n3 \tFols. \t70 a 71, C1.
\n4 \tMinuto, \t47:33, CD, folio 19, C1.
\n5 \tCSJ \tSC9166-2014 de 17 de junio de 2014, exp \t11001-3103-015-1974-04287-01.
\n6 \tConsejo \tde Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n \tTercera, Subsecci\u00f3n A, sentencia de 28 de enero de 2015, exp. \t \t47001-23-31-000-2002-00443-01(31612).
\n7 \tCSJ. Civil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n8 \tCorte \tConstitucional, sentencia C-621 de 2015.
\n9 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n10 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n11 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n12 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1r. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n14 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n15 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rs. 278 a 308.
\n16 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n17 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16473-2019 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 21 de octubre de 2019, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102948","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102948"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102948\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}