{"id":102950,"date":"2026-07-02T17:45:37","date_gmt":"2026-07-02T17:45:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102950"},"modified":"2026-07-02T17:45:37","modified_gmt":"2026-07-02T17:45:37","slug":"stc16485-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16485-2019\/","title":{"rendered":"STC16485-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16485-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01926-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 22 de octubre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Manuel Rojas M\u00e9ndez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de esta ciudad, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci\u00f3n y Mantenimiento Vial de la capital, y las partes e intervinientes en el proceso ordinario radicado n\u00ba 2010-00492. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 que labor\u00f3 para la extinta Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas de Bogot\u00e1, entre el 19 de abril de 1976 y el 1\u00ba de diciembre de 1996, es decir, por un lapso superior a los 20 a\u00f1os, desvinculaci\u00f3n que se present\u00f3 por \u00abdespido unilateral\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3 que el sindicato de esa entidad suscribi\u00f3 la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1996-1997 que tuvo vigencia \u00abpara cuando cumpli\u00f3 su status de pensionado convencional consistente en haber cumplido m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicios y 50 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que, al cumplir la edad de pensi\u00f3n que consagr\u00f3 la precitada convenci\u00f3n, solicit\u00f3 el reconocimiento de esa prestaci\u00f3n, pero le fue negada \u00abpor considerar que cumpli\u00f3 la edad no siendo trabajador activo\u00bb, motivo por el cual decidi\u00f3 acudir a la jurisdicci\u00f3n laboral a reclamarla. <\/p>\n

El Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el 23 de marzo de 2011 le concedi\u00f3 las pretensiones de su demanda, entre ellas, la pensi\u00f3n en los t\u00e9rminos de la negociaci\u00f3n colectiva, as\u00ed como la indexaci\u00f3n de la misma. <\/p>\n

En sede jurisdiccional de consulta, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n en fallo de 31 de agosto de 2012 absolviendo a la entidad empleadora, determinaci\u00f3n contra la cual recurri\u00f3 en casaci\u00f3n. <\/p>\n

En sede extraordinaria, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba1, no cas\u00f3 la providencia del ad quem \u00abdejando de lado los [principios] de la favorabilidad del trabajador [\u2026] in dubio pro operario, como es [m\u00ed] caso, ya que la cl\u00e1usula convencional tiene varias interpretaciones, adem\u00e1s la convenci\u00f3n colectiva no indic\u00f3 en parte alguna del art\u00edculo 38 que deber\u00e1 cumplir el estatus como trabajador activo\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide \u00abse revoquen las sentencias del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Laboral y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por haber incurrido en v\u00edas de hecho y proceda a dictar sentencia de reemplazo mediante la cual se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al principio constitucional de in dubio pro operario-favorabilidad (\u2026)\u00bb (fls. 1 a 22, cd.1).
\nRESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tUna magistrada que conforma la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1, aqu\u00ed accionada defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n que se adopt\u00f3 en el caso, indicando que la interpretaci\u00f3n que le dio a la cl\u00e1usula convencional concord\u00f3 con el razonamiento dado en la \u00abCSJ SL2478-2017 providencia en la cual esta Corporaci\u00f3n lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que el \u00fanico entendimiento posible de la referida cl\u00e1usula [\u2026] es que el derecho pensional procede siempre y cuando, se re\u00fanan los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras est\u00e9 en vigor el v\u00ednculo laboral\u00bb; y agreg\u00f3 que, \u00aben el presente asunto el se\u00f1or V\u00edctor Manuel Rojas M\u00e9ndez arrib\u00f3 a la edad de 50 a\u00f1os el 17 de octubre de 2002, data para la cual ya no era trabajador de la entidad demandada, pues su retiro ocurri\u00f3 el 1\u00ba de noviembre de 1996, no era dable otorgar la prestaci\u00f3n convencional extralegal reclamada y, por tanto, era evidente que el Tribunal no err\u00f3 en su decisi\u00f3n absolutoria por lo que se desestim\u00f3 el ataque formulado en casaci\u00f3n\u00bb (fls. 168 y 169, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tLa Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci\u00f3n y Mantenimiento Vial de Bogot\u00e1 por intermedio de su representante judicial, se\u00f1al\u00f3 que la demanda debe negarse, pues la acci\u00f3n constitucional no se constituye en una tercera instancia dirigida a reabrir un debate judicial que se surti\u00f3 en las respectivas etapas (fls. 170 a 174, ib.). <\/p>\n

3.\tEl Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Laboral, sin pronunciarse sobre el objeto de la queja, inform\u00f3 que el 23 de mayo de este a\u00f1o, tras conocer el sentido del fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral sobre el juicio promovido por el ac\u00e1 tutelante, dict\u00f3 auto de obedecimiento a lo resuelto, el cual, ejecutoriado, dispuso remitir la actuaci\u00f3n al juzgado de conocimiento (fl. 176, \u00eddem). <\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda porque el pronunciamiento reprochado a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se advierte razonable y debidamente motivado, por cuanto \u00ab(\u2026) en el texto convencional no aparece que las partes hubieran pactado expresamente que la prestaci\u00f3n pensional de origen convencional pod\u00eda causarse con posterioridad a la finalizaci\u00f3n del contrato de trabajo, no existe disyuntiva frente a otra posible interpretaci\u00f3n que permita acudir al principio de favorabilidad reclamado por el accionante\u00bb (fls. 179 a 185, cd.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el apoderado del quejoso, reiterando los argumentos del escrito inicial; a\u00f1adi\u00f3 que en un asunto an\u00e1logo \u00ab[STC10097-2017]\u00bb, la Sala de Casaci\u00f3n Civil en sede de tutela concedi\u00f3 las prerrogativas del tutelante al destacar diversos precedentes constitucionales en torno a la prevalencia de la favorabilidad al discernir sobre la convenci\u00f3n colectiva que contempla la pensi\u00f3n, teniendo como fundamento tambi\u00e9n otras decisiones de la Sala tutelada en los que se resalt\u00f3 dicho principio para resolver el caso (fls. 191 a 197, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1, vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas al dictar la sentencia de 24 de abril de 2019 que resolvi\u00f3 \u00abno casar\u00bb la proferida el 31 de agosto de 2012 del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dentro del ordinario que promovi\u00f3 el ac\u00e1 tutelante contra la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas de Bogot\u00e1 (hoy Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci\u00f3n y Mantenimiento Vial), al negar el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n deprecada, supuestamente, desconociendo el \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb o de interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable para el trabajador respecto de la convenci\u00f3n colectiva que previ\u00f3 esa prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, as\u00ed como por desatender la jurisprudencia constitucional que trata el tema. <\/p>\n

2.\tDecisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n

Si bien el reclamo se dirige contra los pronunciamientos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 31 de agosto de 2012 y el de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 24 de abril de 2019, el estudio se circunscribir\u00e1 a \u00e9ste \u00faltimo, por cuanto fue el que defini\u00f3 el debate planteado. <\/p>\n

Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015).
\n3.\tProcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

3.1.\tAcorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n

3.2.\tSi bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n

\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada v\u00eda de hecho. <\/p>\n

3.3.\tSobre el desconocimiento del precedente judicial como causal espec\u00edfica de procedencia de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha dicho que puede configurarse cuando se demuestra un defecto sustantivo o al evidenciar un apartamiento de la jurisprudencia de forma aut\u00f3noma, y en cuando a la primera modalidad indic\u00f3 que se produce cuando una autoridad judicial: <\/p>\n

\u00abi) aplica una disposici\u00f3n en el caso que perdi\u00f3 vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermen\u00e9utico que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretaci\u00f3n contraevidente -interpretaci\u00f3n contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial \u2013horizontal o vertical- sin justificaci\u00f3n suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad ante una violaci\u00f3n manifiesta de la Constituci\u00f3n, siempre que su declaraci\u00f3n haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso\u00bb (CC SU-298\/15). <\/p>\n

En punto de esta circunstancia, resulta necesario precisar que para la configuraci\u00f3n de tal irregularidad debe existir una l\u00ednea jurisprudencial que constituya un derrotero a seguir. As\u00ed, puede hablarse de precedente horizontal, cuando en una misma corporaci\u00f3n existe una posici\u00f3n consolidada y un\u00e1nime por parte de las salas que la componen respecto a una materia, y de precedente vertical cuando ello tiene lugar en relaci\u00f3n con decisiones del superior funcional de quien la ha de emplear. <\/p>\n

De manera que, para demostrarla (en el caso del precedente horizontal) es indispensable que se plantee en la demanda de tutela con suficiencia y no de forma aislada, la postura jur\u00eddica afianzada que se alega como desatendida o inaplicada. <\/p>\n

As\u00ed mismo, como ello deviene de contera en la afectaci\u00f3n de la garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, indispensable es que el accionante exponga con claridad los elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que coinciden en los escenarios contrastados, que permitan al juez de amparo elaborar el test de igualdad frente ellos a fin de establecer si el caso concreto se encuentra en un mismo plano y, por ende, merece el mismo tratamiento. <\/p>\n

3.4.\tAdicionalmente, atinente a la inobservancia del precedente constitucional, entendido \u00e9ste como una sentencia antecedente relevante para la soluci\u00f3n de un nuevo caso sometido a examen judicial, por contener pronunciamiento sobre un debate soportado en hechos similares, desde un punto de vista jur\u00eddica y constitucionalmente destacado; como los supuestos f\u00e1cticos id\u00e9nticos deben recibir un tratamiento igual, el fallo precedente deber\u00eda determinar el sentido del asunto posterior. <\/p>\n

Sobre el precedente constitucional el Tribunal de cierre constitucional se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00abLa Corte Constitucional ha precisado que su precedente posee fuerza vinculante para todos los operadores jur\u00eddicos, entre ellos, los jueces. Se trata de materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica, el debido proceso y la confianza leg\u00edtima, mandatos que obligan a que los jueces tengan en cuenta las decisiones de esta Corte, al decidir los asuntos sometidos a su competencia. <\/p>\n

Gran espectro de las corrientes de la teor\u00eda del derecho consideran que la jurisprudencia es una fuente jur\u00eddica formal, toda vez que las disposiciones carecen de sentido univoco. Los preceptos jur\u00eddicos pueden tener varios significados que constituyen enunciados prescriptivos diversos, los cuales son producto de un proceso de interpretaci\u00f3n. La hermen\u00e9utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificar jurisprudencia y otorgar comprensiones a normas superiores adquiere el car\u00e1cter de vinculante para los dem\u00e1s operadores jur\u00eddicos. <\/p>\n

Desde esos \u00e1mbitos doctrinarios, la obligatoriedad de los precedentes se sustenta en los siguientes argumentos: 1) el lenguaje natural que se encuentra en las normas est\u00e1 lleno de ambig\u00fcedad \u2013m\u00faltiples significados- y de vaguedad \u2013indeterminaci\u00f3n en los conceptos- que afectan la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho. Esas problem\u00e1ticas s\u00f3lo ser\u00e1n solucionadas a trav\u00e9s de un proceso hermen\u00e9utico plasmado en las sentencias, al solucionar los casos que se someten a la jurisdicci\u00f3n. Los jueces crean reglas individuales derivadas de la lectura del ordenamiento jur\u00eddico, prescripciones que vinculan a otras autoridades; 2) las providencias tienen la funci\u00f3n de armonizar las diversas normas que regulan un caso y que establecen consecuencias jur\u00eddicas contrapuestas; y 3) desarrolla los principios b\u00e1sicos del Estado Constitucional, por ejemplo la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n

En los sistemas jur\u00eddicos contempor\u00e1neos, la interpretaci\u00f3n que realizan los jueces incluye el derecho legislado y la norma jur\u00eddica que se deriva de una sentencia. N\u00f3tese que el derecho jurisprudencial es un criterio interpretativo insoslayable para que los jueces fundamenten sus decisiones. La mayor\u00eda de los argumentos jur\u00eddicos act\u00faan mediante analog\u00eda y la distinci\u00f3n, como sucede con la jurisprudencia, puesto que se relacionan, de un lado, los hechos con las decisiones pasadas; de otro lado, los supuestos f\u00e1cticos de un caso anterior con una causa similar en el futuro para aplicar la regla de decisi\u00f3n fijada y resolver la disputa. <\/p>\n

En ese contexto, esta Corporaci\u00f3n ha entendido por precedente judicial \u201caquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u201d\u00bb (CC. SU-068\/18). <\/p>\n

4.\tDe la funci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de casaci\u00f3n. <\/p>\n

En torno al papel que cumple esta Corporaci\u00f3n en la guarda de los derechos constitucionales de quienes someten sus conflictos a la consideraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido un valor de alt\u00edsima importancia, dada la necesidad de que las personas tengan cierta certeza acerca de que ser\u00e1n tratados de manera igualitaria en la resoluci\u00f3n de sus asuntos, siempre que \u00e9stos guarden simetr\u00eda con otros anteriores: <\/p>\n

\u00abEl recurso de casaci\u00f3n, en su base pol\u00edtica y jur\u00eddica, tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley, corrigiendo la infracci\u00f3n de la misma, y logrando en esta misi\u00f3n, al ser ejercida por un mismo y s\u00f3lo tribunal, la uniformidad de la jurisprudencia. Esta finalidad de inter\u00e9s p\u00fablico, el respeto de la ley, sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado, cual es la reparaci\u00f3n de los agravios que se puede inferir a las partes con las resoluciones violatorias de la ley. (C-252 de 2001). <\/p>\n

De conformidad con esta comprensi\u00f3n, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es \u201cs\u00f3lo un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento esencial en la aplicaci\u00f3n igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad y en la garant\u00eda de la vigencia de la Constituci\u00f3n, incluidos los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n

Por eso, esta Corporaci\u00f3n ha resaltado el deber que tienen las diversas salas de casaci\u00f3n de hacer realidad los derechos fundamentales de los recurrentes a trav\u00e9s de la superaci\u00f3n de \u201cla concepci\u00f3n formalista de la administraci\u00f3n de justicia vinculada al simple prop\u00f3sito del respeto a la legalidad, por una concepci\u00f3n m\u00e1s amplia y garantista, en la cual la justicia propende por el efectivo amparo de los derechos de los asociados\u201d. Sobre el nuevo paradigma de la casaci\u00f3n como dispositivo de justicia material\u00bb (CC. SU-241\/15). <\/p>\n

5.\tCaso concreto. <\/p>\n

Bajo el panorama que acaba de plantearse, se anticipa la procedencia del amparo solicitado, lo que trae como consecuencia la revocatoria del fallo impugnado, al encontrarse que la determinaci\u00f3n objeto de la salvaguarda es contraria a la jurisprudencia constitucional y al principio de favorabilidad para el trabajador, establecido en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el 21 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, en donde se determina que en materia laboral se debe aplicar como presupuesto fundamental, en caso de duda, la interpretaci\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de las fuentes formales del derecho. <\/p>\n

Y esa postura fue reconocida por la Sala en sede de tutela, que ante reclamos similares resalt\u00f3 la trascendencia de dicho principio como valor preponderante y criterio orientador para el juez laboral en la resoluci\u00f3n de los juicios; al respecto en anterior oportunidad al citar a la Corte Constitucional, destac\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(…) los juzgadores ordinarios deben aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia pensional, siempre que se encuentren ante un conflicto de interpretaci\u00f3n de normas laborales, por consiguiente, si bien es cierto que los jueces tienen la facultad de interpretarlas, en casos como estos no es plausible emplearlas en contra del reclamante de la prestaci\u00f3n, \u201cesto es, seleccionando entre dos o m\u00e1s entendimientos posibles aqu\u00e9l que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica: En consecuencia, una conducta contraria configura un defecto que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por desconocimiento directo del art\u00edculo 53 Constitucional\u201d (CC SU 241\/15)\u00bb (CSJ STC8260-2018, 28 jun.). <\/p>\n

En todo caso, cabe indicar que tal concepci\u00f3n en manera alguna debe significar el rompimiento del equilibrio sustancial de la relaci\u00f3n jur\u00eddica establecida en las controversias judiciales ni asumirse como una posici\u00f3n parcializada en disfavor de uno de los sujetos del contexto procesal; enti\u00e9ndase, esa aproximaci\u00f3n a la parte m\u00e1s vulnerable de v\u00ednculo contractual, no es m\u00e1s que un m\u00e9todo para definir un caso que involucre dos comprensiones dis\u00edmiles que emergen de una misma norma o frente a dos disposiciones que regulan una id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica. <\/p>\n

Por lo anterior, y como postulado esencial, al juzgador le ata\u00f1e garantizar que las interpretaciones confrontadas lo sean siempre bajo el supuesto de ser razonables, procedentes y objetivas. <\/p>\n

5.1.\tPartiendo de esas premisas, debe indicarse que la Sala Especializada accionada se apart\u00f3 de las motivaciones que la Corte Constitucional manifest\u00f3 en la sentencia de unificaci\u00f3n SU-241 de 2015, que ratific\u00f3 y reprodujo lo enfatizado en la SU-1185 de 2001, donde se estableci\u00f3 el deber del Tribunal de casaci\u00f3n, de velar porque la ex\u00e9gesis que se efect\u00fae de los convenios laborales sea la m\u00e1s favorable para el trabajador, decisi\u00f3n en la que adem\u00e1s se precis\u00f3 que el sentido correcto que debe d\u00e1rsele a las mismas es el de \u00abnormas susceptibles de ser interpretadas\u00bb, de lo contrario se configura una v\u00eda de hecho. <\/p>\n

En este evento, la cr\u00edtica fundamental del actor estrib\u00f3, primordialmente, en que la Corporaci\u00f3n acusada desconoci\u00f3 el aludido precedente, el que fuere reiterado y desarrollado con amplitud por la Guardiana de la Carta en la SU-113 de 2018 y, m\u00e1s recientemente, en la SU-267 de 12 de junio del presente a\u00f1o, los que, por expresar un criterio consolidado, resultan de insoslayable aplicaci\u00f3n para el operador jur\u00eddico. <\/p>\n

5.2.\tEn efecto, en el primero de los pronunciamientos en cita, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional, acu\u00f1\u00f3 la naturaleza de dichos pactos e imparti\u00f3 directrices para la interpretaci\u00f3n que sobre los mismos deben hacer los jueces al momento de su aplicaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00abPor tener la convenci\u00f3n colectiva un claro contenido regulador y constituir sus cl\u00e1usulas derecho objetivo, la misma adquiere el car\u00e1cter de fuente formal del derecho. No obstante, por raz\u00f3n de su contenido, se considera que es una norma jur\u00eddica de efecto restringido, aplicable tan s\u00f3lo a las partes firmantes del acuerdo y eventualmente a otros trabajadores de la empresa. El alcance normativo de la convenci\u00f3n colectiva, que se proyecta al contenido propio de los contratos de trabajo, se genera seg\u00fan la clase de sindicato que interviene en la negociaci\u00f3n, por tal motivo, puede ser de empresa, industria, gremial o de oficios varios, siguiendo las definiciones que para el efecto se\u00f1ala el art\u00edculo 356 del C.S.T, pero nunca va a tener un alcance nacional, toda vez que este efecto se reserva para la ley. Al tratarse de una norma jur\u00eddica, la convenci\u00f3n se convierte en fuente del derecho laboral, es decir, en el precepto regulador de las relaciones laborales. <\/p>\n

(\u2026) La convenci\u00f3n colectiva no pierde su car\u00e1cter de fuente formal de derecho y por lo tanto de norma jur\u00eddica, por el mero hecho de ser aportada como prueba en un proceso judicial. Es importante resaltar, que la finalidad de la prueba es verificar la existencia de un acto jur\u00eddico, como lo es la convenci\u00f3n colectiva,\u00a0 pero una vez se ha probado y determinado la existencia y contenido de este acto normativo, sus efectos obligatorios y generales no son susceptibles de ser desconocidos por las autoridades judiciales. Ahora bien, las autoridades judiciales tienen el deber de interpretar y aplicar la convenci\u00f3n colectiva como norma jur\u00eddica, aun cuando la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les otorga autonom\u00eda en el ejercicio de estas funciones jur\u00eddicas. No obstante, esa autonom\u00eda judicial no es absoluta, ya que se encuentra limitada por los valores materiales del ordenamiento jur\u00eddico, los principios generales del derecho y los derechos fundamentales. <\/p>\n

(\u2026) Es cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no puede hacerlo en oposici\u00f3n a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o m\u00e1s entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aqu\u00e9l que en todo se ajuste a la Carta pol\u00edtica. La autonom\u00eda y libertad que se le reconoce a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar los textos jur\u00eddicos, no puede entonces comprender, en ning\u00fan caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Seg\u00fan lo ha expresado la propia jurisprudencia, toda trasgresi\u00f3n a esta regla Superior en el curso de un proceso constituye una v\u00eda de hecho judicial, la cual debe ser declarada por el juez constitucional cuando no existan otros medios de impugnaci\u00f3n para reparar esta clase de actuaciones ileg\u00edtimas, contrarias a los postulados que orientan la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (CC SU-1185\/01). <\/p>\n

5.3.\tPosteriormente, refrendando lo indicado, esa misma Corporaci\u00f3n en la SU-241 de 30 de abril de 2015, al revisar una acci\u00f3n de tutela instaurada por un extrabajador de la \u00abEmpresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla\u00bb, en relaci\u00f3n con un pacto convencional que plasm\u00f3 un id\u00e9ntico supuesto f\u00e1ctico para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n pensional all\u00ed contemplada con el que ahora es objeto de estudio, esto es, el cumplimiento de un periodo determinado al servicio de la entidad empleadora y una edad de jubilaci\u00f3n; recalc\u00f3 la preponderancia del principio de favorabilidad o de in dubio pro operario en caso de disyuntivas en el entendimiento de un texto legal; al respecto indic\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abEl principio de favorabilidad en materia laboral est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 53 superior y en el art\u00edculo 21 del C\u00f3digo Sustantivo del trabajo y de la Seguridad Social. De conformidad con estos preceptos, constituye principio m\u00ednimo del trabajo la situaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las fuentes formales de derecho. <\/p>\n

El alcance de tal precepto ha sido definido por esta Corporaci\u00f3n, en reiterada jurisprudencia, entre la cual se encuentra la Sentencia C-168 de 1995, en la que la Corte expres\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La "condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa" para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no s\u00f3lo a nivel constitucional sino tambi\u00e9n legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cu\u00e1l norma es m\u00e1s ventajosa o ben\u00e9fica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. De conformidad con este mandato, cuando una misma situaci\u00f3n jur\u00eddica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convenci\u00f3n colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte m\u00e1s beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no s\u00f3lo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de id\u00e9ntica fuente, sino tambi\u00e9n cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma as\u00ed escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le est\u00e1 permitido al juez elegir de cada norma lo m\u00e1s ventajoso y crear una tercera, pues se estar\u00eda convirtiendo en legislador\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, al examinar el debate particular, precis\u00f3: <\/p>\n

\u00aba pesar de que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n en tiempo atr\u00e1s acept\u00f3 dos posibles interpretaciones del literal b del art\u00edculo 42 de la Convenci\u00f3n suscrita el 23 de octubre de 1997, entre la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla y SINTRATEL, lo cierto es que \u00fanicamente se debe admitir que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n all\u00ed contemplada, se causa con la acreditaci\u00f3n del tiempo de la prestaci\u00f3n de servicios durante el lapso all\u00ed contemplado y un despido distinto al derivado de una justa causa, lo que traduce que el cumplimiento de la edad (50 a\u00f1os para hombres y 47 para mujeres) configurar\u00eda una mera condici\u00f3n para su exigibilidad, mas no un requisito para su causaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Luego, sostuvo que en ese evento se configuraba la v\u00eda de hecho dada la hermen\u00e9utica dis\u00edmil que implicaba la cl\u00e1usula convencional all\u00ed analizada, de suerte que, como el examen efectuado no estuvo dirigido a darle preeminencia al pluricitado principio, desdiciendo pronunciamientos anteriores en los que se otorg\u00f3 la prestaci\u00f3n con ese fundamento, se impon\u00eda la concesi\u00f3n de la salvaguarda: <\/p>\n

\u00ab(\u2026)\u2026las actuaciones del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia configuran una violaci\u00f3n del derecho a la igualdad del se\u00f1or P\u00e9rez Arteta, al parecer por un desconocimiento del precedente. En efecto, la decisi\u00f3n del Tribunal entiende la razonabilidad de la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador acogida por el juez de instancia pero decide no atenderla. Del mismo modo decidi\u00f3 no acoger varios fallos de ese mismo cuerpo colegiado que concuerdan con la hermen\u00e9utica de la convenci\u00f3n colectiva que considera que debe concederse la pensi\u00f3n aunque el trabajador no est\u00e9 vinculado a la empresa al momento de cumplir la edad requerida. En ese orden de ideas la violaci\u00f3n del derecho a la igualdad parecer\u00eda determinada por el desconocimiento del precedente horizontal. <\/p>\n

(\u2026) Observa esta Corte que la posici\u00f3n del Tribunal es compleja: tiene un precedente horizontal confuso, entiende la razonabilidad de la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador expuesta por el\u00a0a-quo, pero alega que tiene la obligaci\u00f3n de seguir el precedente de su superior, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En principio parecer\u00eda una posici\u00f3n razonable pero de nuevo, es necesario insistir en la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que s\u00f3lo permite una interpretaci\u00f3n posible de la convenci\u00f3n: los beneficiarios no deb\u00edan estar vinculados a la empresa al momento de cumplir cincuenta (50) a\u00f1os para poder gozar de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional. No obstante, el argumento del Tribunal no es soslayable dado el valor del precedente de los \u00f3rganos de cierre, la importancia de la funci\u00f3n de unificaci\u00f3n que cumple la Corte Suprema de Justicia, las contradicciones que existen al respecto y que han generado la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales del demandante\u00bb. \u00a0 <\/p>\n

5.4.\tEn contrav\u00eda, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 \u2013 prohijando la conclusi\u00f3n de la colegiatura ad quem \u2013 en el fallo con el que se resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria, respecto de la comprensi\u00f3n del articulado de la referida negociaci\u00f3n colectiva, adujo que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) desde ya advierte la Sala que en ning\u00fan dislate f\u00e1ctico pudo incurrir el sentenciador de alzada, pues la intelecci\u00f3n que le dio a la cl\u00e1usula 38 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita el 24 de mayo de 1996, se aviene \u00edntegramente a lo que all\u00ed se pact\u00f3. La citada estipulaci\u00f3n dice: <\/p>\n

ART\u00cdCULO 38. PENSI\u00d3N DE JUBILACI\u00d3N: Santa Fe de Bogot\u00e1, Distrito Capital, continuar\u00e1 reconociendo y pagando la pensi\u00f3n mensual vitalicia de jubilaci\u00f3n a todos los trabajadores de la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas que hayan cumplido cincuenta (50) a\u00f1os de edad y veinte (20) a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos a Santa Fe de Bogot\u00e1, Distrito Capital. <\/p>\n

La pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n tendr\u00e1 una cuant\u00eda el setenta y cinco por ciento (75%) del total de lo devengado por el trabajador en el \u00faltimo a\u00f1o efectivo de servicios. <\/p>\n

Del an\u00e1lisis cuidadoso de la citada cl\u00e1usula convencional, la Corte no encuentra error en la apreciaci\u00f3n probatoria por parte del Tribunal, pues de su literalidad no se desprende que las partes hubieran estipulado expresamente que la prestaci\u00f3n pensional de origen convencional pudiera causarse con posterioridad a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, ello es as\u00ed en raz\u00f3n a que la convenci\u00f3n colectiva solo produce efectos jur\u00eddicos entre las partes mientras la relaci\u00f3n laboral se encuentre vigente, no para cuando estas ya hubiesen finalizado, esto es, la convenci\u00f3n colectiva, en este asunto en particular, en lo que ata\u00f1e a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n no se aplica a los extrabajadores. No obstante lo anterior, dichos efectos puedan extenderse m\u00e1s all\u00e1 de dicha temporalidad, pero ello s\u00f3lo ocurre si las partes dentro de su libertad y autonom\u00eda de contrataci\u00f3n as\u00ed lo determinen de manera expresa, clara y manifiesta, que no es el caso que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n

Puntualiz\u00f3 que la citada normativa convencional no permit\u00eda un entendimiento distinto al de su literalidad, lo cual ya hab\u00eda sido objeto de observaci\u00f3n en anteriores juicios que dirimi\u00f3 en dicha sede, y que al no hallarse frente a dos comprensiones dispares respecto de la norma, no era aplicable el mencionado principio: <\/p>\n

\u00abEn ese orden ideas, [\u2026] se evidencia que el Tribunal no incurri\u00f3 en los yerros f\u00e1cticos que el cargo le atribuye, por cuanto en el texto convencional no aparece que las partes hubieran pactado expresamente que la prestaci\u00f3n pensional de origen convencional pod\u00eda causarse con posterioridad a la finalizaci\u00f3n del contrato de trabajo y, por tanto, no existe disyuntiva frente a dos posibles interpretaciones que, como se dijo, permitan acudir al principio de favorabilidad. <\/p>\n

En ese orden de ideas, se concluye, como lo hizo el ad quem, que el actor no es beneficiario del derecho pensional que reclama, pues a pesar de haber laborado el tiempo exigido en la cl\u00e1usula 38 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, lo cierto es que cumpli\u00f3 con el requisito de la edad mucho tiempo despu\u00e9s de concluida la relaci\u00f3n laboral, esto es, el 17 de octubre de 2002, momento para el cual ya no ten\u00eda la calidad de \u00abtrabajador\u00bb que exige el citado precepto convencional para beneficiarse de este derecho extralegal\u00bb (fls. 45 a 52, ib. \u2013 SL1431-2019). <\/p>\n

Sin embargo, como viene resalt\u00e1ndose, esa motivaci\u00f3n no armoniza con la apuntada l\u00ednea jurisprudencial que sobre la tem\u00e1tica la Corte Constitucional ha decantado, tal como se rese\u00f1\u00f3, lo que da lugar a la estructuraci\u00f3n de una de las causales espec\u00edficas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Quiere decir lo anterior que, la tesis que sirvi\u00f3 a la Corporaci\u00f3n convocada para no acceder al reconocimiento de la pensi\u00f3n deprecada, aunque respetable, es opuesta al criterio modulador fijado por el Alto Tribunal Constitucional no solo en los pronunciamientos de unificaci\u00f3n precitados, sino en el reciente de 12 de junio de este a\u00f1o \u2013 SU-267 de 2019 \u2013 donde se concedi\u00f3 igual prerrogativa, aunque respecto de la convenci\u00f3n colectiva suscrita por el Departamento de Antioquia con los sindicatos de esa entidad, pero que concuerda en los condicionamientos temporales y de edad igualmente exigidos en la que ahora es materia de cuestionamiento; all\u00ed esa Corte precis\u00f3 en lo pertinente: <\/p>\n

\u00ab En relaci\u00f3n con la providencia del 24 de enero de 2018, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se destaca que, en s\u00edntesis, la negativa a casar la sentencia del Tribunal se fundament\u00f3 en dos argumentos: (i) el sentido un\u00edvoco que se le fij\u00f3 a la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la convenci\u00f3n del 9 de diciembre de 1970, en el sentido de excluir la posibilidad de cumplir la edad requerida con posterioridad a la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo; y, (ii) la inaplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad para dirimir el asunto, dado su car\u00e1cter de elemento probatorio y no de norma jur\u00eddica. Frente al primer argumento, la Sala Plena de la Corte Constitucional pone en duda la existencia de una \u00fanica forma de interpretar la se\u00f1alada cl\u00e1usula duod\u00e9cima, al detenerse a examinar las diversas formas que se utilizan para referirse a los trabajadores del Departamento de Antioquia\u00bb. <\/p>\n

(\u2026)Adem\u00e1s, se destaca que, si se admite la interpretaci\u00f3n del Departamento de Antioquia como la \u00fanica forma de entender el texto convencional, ser\u00eda posible que un trabajador que ya cuente con 20 a\u00f1os de servicio pueda ser despedido con anterioridad a que cumpla 50 a\u00f1os de edad para as\u00ed, evitar que acceda a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. Escenario que permite recordar que, en el presente caso, el se\u00f1or Le\u00f3n Dar\u00edo Metaute Salazar, despu\u00e9s de 26 a\u00f1os de trabajo para este ente territorial fue despedido a la edad de 47 a\u00f1os. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala Plena evidencia que la interpretaci\u00f3n del actor es totalmente coherente y razonable, por lo que, al menos existen dos formas de interpretar el texto convencional, una a favor del trabajador y otra en su contra. Este punto da lugar a examinar el segundo argumento utilizado por la Corte Suprema de Justicia para negar las pretensiones del demandante. <\/p>\n

En criterio de la mayor\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no era posible dilucidar cu\u00e1l interpretaci\u00f3n acoger acudiendo al principio in dubio pro operario, dado que \u00e9ste aplicar\u00eda \u00fanicamente ante un \u201cconflicto real en las fuentes de derecho, que no ante una incertidumbre f\u00e1ctica\u201d. <\/p>\n

El fundamento de tal criterio se sustenta en que tal autoridad judicial contin\u00faa asumiendo que las convenciones colectivas de trabajo no son una fuente de Derecho sino un elemento probatorio que se allega al proceso laboral, por lo que no ser\u00eda posible aplicar principios constitucionales como el de favorabilidad, pues estos s\u00f3lo operan ante conflictos interpretativos de aut\u00e9nticas normas jur\u00eddicas\u00bb. <\/p>\n

Y concluy\u00f3 que no pod\u00eda tenerse como una un\u00edvoca comprensi\u00f3n de la regulaci\u00f3n auscultada la que fuera contraria a los intereses del empleado reclamante, si es que aqu\u00e9lla permit\u00eda, v\u00e1lidamente, una m\u00e1s ben\u00e9vola: <\/p>\n

\u00abEstas consideraciones resultan perfectamente aplicables al presente caso, por cuanto la providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no s\u00f3lo realiz\u00f3 una err\u00f3nea hermen\u00e9utica jur\u00eddica al asumir equivocadamente que exist\u00eda un sentido un\u00edvoco de interpretar la convenci\u00f3n colectiva (en contra del trabajador), sino que excluy\u00f3 el principio de favorabilidad como par\u00e1metro v\u00e1lido para solucionar el caso. <\/p>\n

(ii) Desconocimiento del precedente. Tal como se ha argumentado, la sentencia bajo examen ignor\u00f3 la existencia de un lineamiento constitucional claro sobre la naturaleza jur\u00eddica de las convenciones colectivas y la obligaci\u00f3n de interpretarlas conforme al art\u00edculo 53 Superior, tanto as\u00ed, que ni siquiera hizo referencia alguna a la sentencia SU-241 de 2015\u00bb (CC SU-267\/19) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n

Adicionalmente esta Sala, recientemente, se ocup\u00f3 de resolver controversias semejantes en sede de tutela, donde se discuti\u00f3 el alcance de una norma convencional de similar talante, esto es, en lo atinente a si para el momento del cumplimiento del requisito de la edad deb\u00eda necesariamente encontrarse vinculado a la entidad pagadora; en tal sentido se dijo: <\/p>\n

\u00abPara ahondar en razones para acceder al amparo pretendido, observa la Sala que desde la sentencia de casaci\u00f3n SL-2733-2015, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral unific\u00f3 y ha mantenido invariable desde entonces, el criterio de interpretaci\u00f3n de la tantas veces mencionada cl\u00e1usula convencional, en que el cumplimiento de la edad para el reconocimiento del aludido derecho pensional es un requisito de exigibilidad, m\u00e1s no de causaci\u00f3n (ver entre otras SL-5334-2015; SL15263, SL7246, ST8178 y SL1585 de 2016; SL19440, SL11803 y SL20406 de 2017; SL2469 de 2018), precisando para ello que, <\/p>\n

\u00abFrente a tal punto, una vez reexaminada la estructura gramatical de la norma, as\u00ed como la intenci\u00f3n l\u00f3gica y razonablemente deducible de sus componentes, para la Sala la cl\u00e1usula convencional en referencia en realidad est\u00e1 estructurada como una especie de pensi\u00f3n proporcional o restringida \u2013 no en vano se refiere al \u00ab\u2026derecho a la jubilaci\u00f3n proporcional seg\u00fan el tiempo de servicio\u2026\u00bb – por lo que, razonable y l\u00f3gicamente entendida, conlleva al \u00fanico entendimiento de que se causa o adquiere con el requisito de la prestaci\u00f3n de los servicios y un retiro diferente al despido por justa causa, de manera que el cumplimiento de la edad constituye una mera condici\u00f3n para su exigibilidad, como lo arguye la censura. <\/p>\n

Para arribar a dicha conclusi\u00f3n basta con advertir que la disposici\u00f3n incluye par\u00e1metros identificativos claros para la prestaci\u00f3n, como que es \u00ab\u2026proporcional seg\u00fan el tiempo servido\u2026\u00bb; que sus beneficiarios son los \u00ab\u2026empleados que presten o hayan prestado diez (10) a\u00f1os o m\u00e1s de servicio\u2026\u00bb; y que se puede reclamar \u00ab\u2026cuando hayan cumplido las edades establecidas\u2026\u00bb (resaltado no original). Asimismo, le\u00edda en su conjunto y apreciada sistem\u00e1ticamente, la norma asigna el derecho por el s\u00f3lo hecho de cumplir con el tiempo de servicio, salvo que se genere un despido con justa causa (literal d, fol. 54), pues dice que el trabajador que preste el servicio en el mencionado lapso tendr\u00e1 derecho, para luego decir, cuando cumpla la edad, esto es, que al cumplirse esa condici\u00f3n, podr\u00e1 ser exigida. (\u2026) <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala debe precisar su jurisprudencia en el entendido que el literal b) del art\u00edculo 42 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo posee una estructura clara, que admite una lectura un\u00edvoca, en cuanto consagra una especie de pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n, que se causa con el tiempo de servicios y el retiro diferente al despido por justa causa, y en la que el cumplimiento de la edad constituye un simple requisito de exigibilidad. <\/p>\n

En tales condiciones, el Tribunal incurri\u00f3 en un error de hecho manifiesto al considerar que el cumplimiento de la edad era una condici\u00f3n para la causaci\u00f3n del derecho. Como consecuencia, el cargo es fundado y se casar\u00e1 parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto modific\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado y declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de petici\u00f3n antes de tiempo respecto de la pensi\u00f3n convencional\u00bb. <\/p>\n

Este nuevo entendimiento por parte del \u00f3rgano de cierre de la especialidad laboral, es una variaci\u00f3n vinculante de la doctrina difundida hasta entonces sobre cierto punto de derecho, y constituye un hecho nuevo a ser considerado en este escenario de protecci\u00f3n de derechos fundamentales, por estar en juego la igualdad respecto a quienes se sometieron en principio a un primigenio designio hermen\u00e9utico, como ocurri\u00f3 con el aqu\u00ed accionante, quien ven\u00eda soportando las consecuencias adversas derivadas de otra intelecci\u00f3n ya superada, que le impidi\u00f3 el acceso a su derecho imprescriptible e irrenunciable a la pensi\u00f3n, raz\u00f3n de m\u00e1s para que en aras del derecho fundamental a la igualdad tambi\u00e9n invocado, se acceda al resguardo\u00bb (STC4527-2019). <\/p>\n

Entonces, como qued\u00f3 indicado, desde el a\u00f1o 2001 comenz\u00f3 a instaurarse la se\u00f1alada postura tanto en la Corte Constitucional como en la Sala Hom\u00f3loga Laboral, esto es, el de la \u00abinterpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable para el trabajador\u00bb por considerarla una soluci\u00f3n m\u00e1s conforme con los derechos iusfundamentales de los posibles beneficiarios de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica derivada de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo. <\/p>\n

Por lo tanto, al satisfacerse en este caso las causales gen\u00e9ricas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, y demostrarse la comisi\u00f3n de una espec\u00edfica para el mismo prop\u00f3sito \u2013 desconocimiento de precedente \u2013 se impone revocar la decisi\u00f3n censurada, para acceder al amparo suplicado, bajo la orden de que la Sala acusada renueve el fallo que se invalidar\u00e1, atendiendo las motivaciones que dieron lugar a la concesi\u00f3n del auxilio. <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

La Sala querellada, con la interpretaci\u00f3n restringida que le dio a la cl\u00e1usula convencional discutida, desconoci\u00f3 los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, lo que contrasta no solo con lo definido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-241 de 2015 que resolvi\u00f3 un asunto semejante al que aqu\u00ed se debati\u00f3, sino adem\u00e1s con el conjunto de decisiones previas que bajo el mismo marco argumentativo ampararon las garant\u00edas supralegales de los trabajadores que, por su pertinencia, para la resoluci\u00f3n del problema jur\u00eddico constitucional planteado por la convocante, deb\u00edan ser necesariamente consideradas. <\/p>\n

Consecuencia de lo discurrido, se ordenar\u00e1 a la Sala denunciada que deje sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n dictada el 24 de abril de 2019, dentro del proceso con radicaci\u00f3n 60244 (interno de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral) y emita una nueva a trav\u00e9s de la cual resuelva el recurso extraordinario planteado por el accionante contra la providencia dictada el 31 de agosto de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con observancia de lo previsto en esta determinaci\u00f3n y en los precedentes ampliamente rese\u00f1ados (entre ellos la SU-241 de 2015 y la SU-267 de 2019), cuya identidad tem\u00e1tica con el presente asunto torna en imperativa su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, CONCEDE el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y m\u00ednimo vital. <\/p>\n

Consecuencia de lo anterior, se ORDENA a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1, que, en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, deje sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n dictada el 24 de abril de 2019, dentro del proceso con radicaci\u00f3n 60244 y emita un nuevo pronunciamiento a trav\u00e9s del cual resuelva el recurso extraordinario planteado por el accionante contra la providencia dictada el 31 de agosto de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, conforme los razonamientos expuestos en esta providencia. <\/p>\n

Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y al a-quo, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16485-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01926-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 22 de octubre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102950","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102950\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}