{"id":102953,"date":"2026-07-02T17:46:27","date_gmt":"2026-07-02T17:46:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102953"},"modified":"2026-07-02T17:46:27","modified_gmt":"2026-07-02T17:46:27","slug":"stc16488-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16488-2019\/","title":{"rendered":"STC16488-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16488-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 19001-22-13-000-2019-00097-01
\n(Aprobado en Sala tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 22 de octubre de 2019 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Marciano Narv\u00e1ez Cardozo y Fabiola Realpe Ord\u00f3\u00f1ez contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma localidad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los promotores, actuando en nombre propio, reclamaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada dentro el juicio ejecutivo (radicaci\u00f3n 2018-00149), en el que actuaron como demandados. <\/p>\n

2.\tEn sustento de sus s\u00faplicas, indicaron que el asunto correspondi\u00f3 en primera instancia al Juzgado Segundo Civil Municipal de Popay\u00e1n, que el 17 de mayo de 2019 dict\u00f3 fallo en el que declar\u00f3 probadas las excepciones denominadas \u00abmala fe del demandante\u00bb y \u00abcobro excesivo de inter\u00e9s por encima del m\u00e1ximo permitido por la ley\u00bb, raz\u00f3n por la cual (i) aplic\u00f3 la sanci\u00f3n del art\u00edculo 72 de la Ley 45 de 1990; (ii) compens\u00f3 la deuda \u00abquedando como saldo en nuestro favor la suma de $16.004.548\u00bb; (iii) termin\u00f3 el proceso por el pago total de la obligaci\u00f3n; y (iv) conden\u00f3 en costas a la parte demandante. <\/p>\n

Explicaron que su contraparte, inconforme con la decisi\u00f3n, interpuso recurso de apelaci\u00f3n, tachando de sospechosos los testimonios valorados por el a quo, dado \u00abel grado de subjetividad y dependencia laboral y de consanguinidad\u00bb, y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, con sentencia del 17 de septiembre del mismo a\u00f1o, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n referida, \u00abtachando de falsos los testigos de la parte demandada por el solo hecho de ser uno de ellos la hija y el otro un empleado, sin realizar una valoraci\u00f3n rigurosa de sus declaraciones en forma conjunta con las otras pruebas que obran en el proceso\u00bb. <\/p>\n

Refirieron que la autoridad querellada hizo una \u00aberrada interpretaci\u00f3n\u00bb del art\u00edculo 225 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abal tener solo en cuenta la primera parte del inciso segundo, que se\u00f1ala que se apreciar[\u00e1] como indicio grave de existencia del respectivo acto (en este caso del pago), la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, apreciaci\u00f3n que hace al no existir prueba documental de los pagos que dicen haber hecho los demandados. Pero olvida aplicar la otra parte del inciso segundo, que indica que tal apreciaci\u00f3n solo aplicar\u00e1 cuando por circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y calidad de las partes justifiquen tal omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Agregaron que esa \u00abapreciaci\u00f3n errada y descontextualizada de la realidad procesal\u00bb pasa por alto que \u00ablos prestamistas de dinero nunca expiden recibos del pago de intereses\u00bb; y, adem\u00e1s, el mutuo se celebr\u00f3 entre familiares, \u00abpor lo que no se puede exigir a la parte demandada que los testigos no puedan ser sus hijos o sus empleados cuando estos son los \u00fanicos que tiene[n] el conocimiento de los hechos\u00bb. <\/p>\n

Recalcaron que el despacho sostuvo que los testigos no pueden modificar el contenido de un t\u00edtulo valor, \u00abolvidando que con las declaraciones se pretend\u00eda y demostr\u00f3 que el pago de intereses era de usura y que estos se pagaron en forma mensual (\u2026), pero jam\u00e1s con ellos se pretend\u00eda modificar su contenido\u00bb. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, pidieron que \u00abse deje sin efectos la sentencia del 17 de septiembre de 2019 y en audiencia dicte una nueva, donde d[\u00e9] cumplimiento a una correcta valoraci\u00f3n probatoria, es decir, apreciando las pruebas en conjunto y conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Segundo Civil Municipal de Popay\u00e1n relat\u00f3 las etapas del proceso, y manifest\u00f3 que respet\u00f3 las garant\u00edas de las partes en la primera instancia. <\/p>\n

2.\tRichard Arturo Realpe Campo, demandante en el ejecutivo cuestionado, adujo que el resguardo es improcedente, porque la valoraci\u00f3n probatoria que realiz\u00f3 la autoridad ad quem se ajust\u00f3 a derecho. <\/p>\n

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n

El tribunal desestim\u00f3 las pretensiones del amparo, tras considerar que \u00abcarece de vocaci\u00f3n de prosperidad al no descollar los errores flagrantes, ostensibles y manifiestos que se le achacan a la sentencia cuestionada, en donde, bajo las facultades que ostenta la funcionaria judicial de la segunda instancia, procedi\u00f3 a revocar el fallo de primer grado, expresando los motivos por los cuales no acog\u00eda los que expuso la a quo, motivos que no se muestran arbitrarios, pues la decisi\u00f3n se enmarca bajo los par\u00e1metros jur\u00eddicos y f\u00e1cticos presentados en el caso en concreto\u00bb. Por \u00faltimo, enfatiz\u00f3 que la decisi\u00f3n adversa a los promotores no habilita la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Los recurrentes reiteraron los argumentos del escrito tutelar, y a\u00f1adieron que \u00ablo que se pretende (\u2026) es que la juez de segunda instancia valore las declaraciones de los testigos\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el compulsivo (radicaci\u00f3n 2018-00149) que conoci\u00f3 en segunda instancia, al revocar la decisi\u00f3n del a quo y ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n contra los aqu\u00ed convocantes. <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n

3.\tDe la razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n

3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n resolvi\u00f3 el 17 de septiembre de 2019 revocar el fallo de primera instancia para, en su lugar, continuar el cobro compulsivo contra los aqu\u00ed recurrentes, no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable.
\nLo anterior, toda vez que la autoridad convocada adujo, en punto a la procedencia de las excepciones perentorias planteadas por la parte demandada contra el mandamiento de pago librado en su contra \u2013denominadas \u00abmala fe del demandante\u00bb y \u00abcobro excesivo de inter\u00e9s por encima del m\u00e1ximo permitido por la ley\u00bb, las cuales pretendi\u00f3 acreditar con dos testimonios (de la hija de los ejecutados y de su trabajador)\u2013, lo siguiente: <\/p>\n

Como sabemos, el pago no se presume, debe ser comprobado. Al deudor que pretende su liberaci\u00f3n le incumbe la prueba del pago, as\u00ed como al acreedor que invoca su car\u00e1cter de tal, le corresponde probar la existencia de la obligaci\u00f3n. Por lo dem\u00e1s, el deudor no solo debe probar el pago, sino que este se ajuste a los t\u00e9rminos de la obligaci\u00f3n. En cuanto a esto, la aceptaci\u00f3n del acreedor de ese pago sin salvedad alguna hace presumir la correcci\u00f3n del pago. <\/p>\n

Cuando el pago es efectuado por un tercero, a quien lo invoca le corresponde su prueba, si la alegaci\u00f3n del pago por el tercero la hace el deudor, se vuelve el principio general, toc\u00e1ndole a \u00e9l la prueba del pago efectuada por el tercero. <\/p>\n

En este orden de ideas, el demandante acepta que las personas que le llevaron los intereses, cancelaban la suma de $3.600.000, pero se\u00f1ala que este valor correspond\u00eda a dos meses de pago de intereses por lo que la tasa cobrada mensualmente era del 2%. Tal afirmaci\u00f3n se prob\u00f3 con la declaraci\u00f3n de Maicol Stiven Cuero cuando este afirma que \u00e9l llev\u00f3 intereses en cuatro oportunidades, se\u00f1al\u00e1ndolos cronol\u00f3gicamente que un pago correspondi\u00f3 a marzo de 2017, mayo de 2017, o sea, se salt\u00f3 el mes de abril, por lo cual se puede tener como un principio de prueba el hecho de que los intereses se pagaban bimensualmente. <\/p>\n

Considera el despacho que las afirmaciones que hacen los testigos presentados por la parte demandada, como lo fueron el testimonio de Michel Narv\u00e1ez, hija de Marciano Narv\u00e1ez y Fabiola Realpe Ord\u00f3\u00f1ez y de su dependiente Maicol Stiven Cuero, s\u00ed dejan entrever el inter\u00e9s que ten\u00edan estos en las resultas del proceso, en cuanto que se trata de sus padres y el otro, por su lado, a quien le dan trabajo; por lo cual se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 225 del C\u00f3digo General del Proceso, que en su tenor literal prescribe: \u201cLimitaci\u00f3n de la eficacia del testimonio. La prueba de testigo no podr\u00e1 suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato. Cuando se trate de probar obligaciones, originadas en contrato o convenci\u00f3n, o al correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito se apreciar\u00e1 por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n

As\u00ed entonces, no es de recibo el valor probatorio que dio la juez de primera instancia a los testimonios de Michel Narv\u00e1ez y Maicol Stiven Cuero, pues tales testimonios solo dan cuenta [de que] llevaron el pago de intereses, situaci\u00f3n que tampoco el demandante desconoce. <\/p>\n

La discusi\u00f3n se centra en el porcentaje cobrado, porcentaje que no puede probarse con el dicho de los testigos de la parte demandada, ni por las aseveraciones que se efectuaron en la diligencia de interrogatorio de parte, pues no media prueba documental alguna que as\u00ed lo determine pues, conforme al texto del art\u00edculo transcrito, cuando se trata de probar obligaciones originadas en contrato o convenci\u00f3n, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito se apreciar\u00e1 como indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, lo que quiere decir que no est\u00e1 probado que los intereses pagados correspond\u00edan al 4% mensual, pues el demandante se\u00f1al\u00f3 en la demanda que el inter\u00e9s correspond\u00eda al 2% pagadero cada dos meses. <\/p>\n

Acept\u00f3 que s\u00ed se pudo cobrar, por el dicho del se\u00f1or Cuero, que dio a conocer que llev\u00f3 intereses en el mes de marzo y en el mes de mayo, y a la afirmaci\u00f3n que efectu\u00f3 Michel de que hizo nueve pagos y que era el encargado de llevarle el dinero a \u201cRichard\u201d\u00bb. (Resaltado y negrillas propios). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, sobre la eficacia probatoria de los referidos testimonios, en relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de los intereses pagados por los demandados en el compulsivo, el despacho accionado concluy\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abConforme a este relato podemos establecer que si el pago de intereses se hac\u00eda cada dos meses, desdibuj\u00e1ndose entonces la lista de pago de intereses que se efectu\u00f3 por la parte demandada, sin tener soporte documental alguno, pues como tambi\u00e9n lo afirmaron los testigos, si bien el dinero sirvi\u00f3 para mantener la casa y la empresa, no se contabiliz\u00f3 en los libros contables que se llevaban en la empresa, o sea que tampoco se puede probar la salida de dinero mensual por la suma de $3.600.000, para pago de intereses sobre los $90.000.000, afirmaciones que no tienen respaldo probatorio documental. <\/p>\n

As\u00ed entonces para el despacho los demandados no pudieron probar sus argumentos, pues solo refieren desde qu\u00e9 fechas vienen pag\u00e1ndolos, pero no acreditan contablemente ni documentalmente sus dichos, pues no presentaron siquiera un recibo de pu\u00f1o y letra del demandante que pudiera considerarse como prueba que acreditara que se cobraban y pagaban intereses al 4% mensual, por lo cual este despacho judicial desechar\u00e1 el testimonio rendido por Maicol Stiven Cuero conductor o empleado de los demandados desde marzo de 2015, quien en su declaraci\u00f3n manifest\u00f3 que iba a pagar los intereses del cr\u00e9dito adquirido por el se\u00f1or entregando en cuatro oportunidades la suma de $3.600.000, y una vez $3.150.000. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Se reitera, entonces, que los testimonios dados uno por la hija de los demandados quien tiene un inter\u00e9s familiar en las resultas del proceso, y otro por el trabajador, que por su relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n tambi\u00e9n tiene inter\u00e9s en las resultas del proceso, razones que llevan a esta funcionaria judicial a apartarse de las consideraciones a que lleg\u00f3 la funcionaria judicial al dictar el fallo de primera instancia en los t\u00e9rminos ya rese\u00f1ados, pues no se puede olvidar que en los procesos ejecutivos, y en este caso particular, los demandados aceptaron que tienen una deuda con el demandante, y que pagaban intereses, por lo cual no hay duda de la existencia del mutuo con intereses celebrado entre las partes\u00bb. (Resaltado y negrillas propios). <\/p>\n

Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que se descarta la presencia de una v\u00eda de hecho, de tal forma que el reclamo de los quejosos no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios de los recurrentes frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 las excepciones planteadas por ellos en el ejecutivo de la referencia. <\/p>\n

3.2. As\u00ed, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n

De suerte que los promotores no pueden aspirar a anteponer su propia interpretaci\u00f3n a la del despacho querellado y atacar, por esta v\u00eda, una providencia que consideran desfavorable, porque tal finalidad resulta ajena a esta salvaguarda, dada su naturaleza excepcional, y en raz\u00f3n a que no fue creada para erigirse como una instancia adicional dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16488-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 19001-22-13-000-2019-00097-01 (Aprobado en Sala tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 22 de octubre de 2019 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102953","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102953"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102953\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102953"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102953"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}