{"id":102955,"date":"2026-07-02T17:46:54","date_gmt":"2026-07-02T17:46:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102955"},"modified":"2026-07-02T17:46:54","modified_gmt":"2026-07-02T17:46:54","slug":"stc16490-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16490-2019\/","title":{"rendered":"STC16490-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2019-00661-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

En remplazo del proyecto socializado por el anterior Magistrado ponente, el cual fue derrotado, se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 28 de octubre de 2019, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la salvaguarda instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra los Juzgados Tercero y Cuarto Civiles del Circuito de esa ciudad, extensiva a los part\u00edcipes en las radicaciones n\u00ba 2015-01329 de ambas oficinas. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor suplic\u00f3 la protecci\u00f3n del debido proceso y de otras prebendas presuntamente conculcadas por los querellados y, en consecuencia, que se les mande \u00abaplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, aportar copia de todas las acciones de tutela presentadas en los procesos en que se ha negado a aplicar esa norma\u00bb; que \u00abse le ordene, a quien corresponda, dar seguridad jur\u00eddica y se le expida copia f\u00edsica y gratis de todo lo actuado en este amparo, a fin de incoar tutela contra tutela\u00bb. <\/p>\n

2. En respaldo asever\u00f3 que los reprochados no han querido aplicar la regla consagrada en el precepto 121 del C\u00f3digo General del Proceso y que, con ello, le han quebrantado las garant\u00edas cuyo amparo requiere, sobre todo porque han desconocido el criterio del superior. <\/p>\n

3. Los Juzgados censurados remitieron copia de lo realizado en los diligenciamientos sobre los que recae el reclamo (folios 9 y 37, cuaderno 1). <\/p>\n

El Procurador Judicial se refiri\u00f3 sucintamente al caso (folios 33 a 34, cuaderno 1). <\/p>\n

– Los dem\u00e1s implicados guardaron silencio. <\/p>\n

4. El a quo neg\u00f3 lo pretendido porque encontr\u00f3 que lo instado es prematuro frente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, debido a que a\u00fan no se sabe qu\u00e9 posici\u00f3n asumir\u00e1 esa agencia respecto de la solicitud elevada por el gestor en aras de conseguir lo que busca sacar avante por esta v\u00eda. <\/p>\n

Frente al otro estamento reconvenido (Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira) dilucid\u00f3 que el ruego es intempestivo, pues desde que se produjo la \u00faltima actuaci\u00f3n en el decurso fustigado hasta que se impetr\u00f3 esta senda ha transcurrido un tiempo que supera ampliamente el semestral definido como m\u00e1ximo para movilizar este instrumento. <\/p>\n

Destac\u00f3 tambi\u00e9n que es inf\u00e9rtil la pr\u00e9dica orientada a que se \u00able garantice la seguridad jur\u00eddica\u00bb porque el objeto de esta herramienta no es otro que velar por el respeto de privilegios superiores, m\u00e1s no emitir directivas como las que sugiere el detractor. <\/p>\n

Por \u00faltimo, autoriz\u00f3 la entrega de las copias anheladas por el inconforme, previo dispendio del costo correspondiente (folios 39 a 41, cuaderno 1). <\/p>\n

5. Refut\u00f3 el actor, pero no dio a conocer los motivos de su desacuerdo (folio 42, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Coincide la Sala con el Tribunal en que el resguardo implorado frente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira es anticipado, toda vez que en forma paralela a su iniciaci\u00f3n el discrepante se dirigi\u00f3 ante ese estrado y por escrito lo exhort\u00f3 a que \u00abd\u00e9 aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, sin que se conozca el resultado de tal postulaci\u00f3n, pues en el plenario no hay soporte alguno y al consultar el Sistema de Justicia Siglo XXI tampoco se observa que haya sido solucionada. <\/p>\n

Significa lo anterior que antes de activar este canal excepcional y extraordinario, Arias Id\u00e1rraga debe esperar a que el juez de la causa se manifieste respecto de la petitoria de 10 de octubre de 2019, para luego s\u00ed, ante una eventual contrariedad con la tesitura que de all\u00ed emerja, contemplar la posibilidad de discutirla a trav\u00e9s de los medios control jur\u00eddico de que sea pasible. <\/p>\n

Ello porque, como es sabido, <\/p>\n

(\u2026) la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para (\u2026..) reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u00bb (Se resalta). (CSJ STC 18999-2017; reiterado en STC9877-2018 y en STC4782-2019). <\/p>\n

Bajo esa l\u00f3gica, como el asunto por el que aboga Javier El\u00edas est\u00e1 pendiente de ser zanjado en el escenario pertinente, es claro que cualquier intervenci\u00f3n en el plano superlativo resultar\u00eda presurosa y, adem\u00e1s, pondr\u00eda en crisis los principios de \u00abautonom\u00eda\u00bb e \u00abindependencia\u00bb propios del \u00abjuzgador natural\u00bb. <\/p>\n

Sobre este punto, se ha dicho que
\n[p]uestas de ese modo las cosas, es evidente que al estar pendiente el pronunciamiento del juez natural frente a lo aqu\u00ed reclamado, (\u2026) resulta presuroso invocar cualquier tipo de manifestaci\u00f3n al respecto, hasta tanto la tem\u00e1tica sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter accesorio que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n (CSJ STC 16702-2017, reiterada en STC4782-2019). <\/p>\n

En ese contexto, se mantendr\u00e1 el corolario al que arrib\u00f3 el iudex de primer nivel frente al pedimento enfilado contra el cuestionado despacho. <\/p>\n

2. Tambi\u00e9n se prohijar\u00e1 lo dirimido en relaci\u00f3n con el ataque blandido contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, que tambi\u00e9n conoci\u00f3 otra acci\u00f3n colectiva radicada bajo el consecutivo n\u00ba 2015-01329, comoquiera que frente a esa dependencia el auxilio no suple los axiomas gen\u00e9ricos, particularmente el de inmediatez, ya que fue propuesto por fuera del \u00abt\u00e9rmino\u00bb fijado por la jurisprudencia como \u00abplazo m\u00e1ximo\u00bb para refutar su contenido en este terreno residual. <\/p>\n

Esa inferencia es irrefutable porque tal pleito termin\u00f3 con auto de 21 de junio de 2018, reiterado el 2 de agosto siguiente, y este dispositivo fue activado el 10 de octubre de 2019, es decir, un a\u00f1o despu\u00e9s, periodo que excede con creces el m\u00e1ximo permitido para confrontar tal conclusi\u00f3n a trav\u00e9s de este canal excepcional, sin que est\u00e9 justificada dicha demora, pues en el legajo no se hizo ninguna manifestaci\u00f3n tendiente a excusarla, ni durante el desarrollo de la lid sali\u00f3 a relucir alguna circunstancia capaz de atenuarla o morigerarla. <\/p>\n

3. La aspiraci\u00f3n enfilada a que \u00abse le ordene, a quien corresponda, dar seguridad jur\u00eddica\u00bb, tampoco puede ser acogida, conforme lo percibi\u00f3 el Tribunal, comoquiera que esta instituci\u00f3n tiene como prop\u00f3sito velar por los derechos fundamentales de las personas cuandoquiera que \u00e9stos resulten amenazados o desconocidos por la actividad de entidades p\u00fablicas y, en ocasiones, de ciertos particulares, sin que en el sub lite haya lugar a escrutar el fondo de lo colegido por los \u00abjuzgados\u00bb atacados dentro de los cert\u00e1menes enunciados por Arias Id\u00e1rraga, dado que no est\u00e1n reunidos los elementos generales que sirven de faro a esta figura tuitiva (subsidiariedad e inmediatez), seg\u00fan se vio delanteramente. <\/p>\n

4. Por \u00faltimo, se avalar\u00e1 el discernimiento mediante el cual se le impuso al censor el deber de sufragar el valor de las reproducciones que ans\u00eda obtener y tambi\u00e9n el arancel judicial, porque ello est\u00e1 armon\u00eda con los precedentes de la Sala. <\/p>\n

Precisamente, en CSJ STC1040-2019, se expres\u00f3 que
\n(\u2026) en cuanto a la insistente solicitud de expedici\u00f3n de copias f\u00edsicas gratuitas de todo lo actuado en los tr\u00e1mites de tutela, basta indicarle al actor, como se ha hecho en m\u00faltiples oportunidades, que no se encuentra acreditado alguno de los eventos contemplados en la ley para que sea eximido de la carga de sufragar el valor de las mismas, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 114 del C\u00f3digo General del Proceso y los Acuerdos 1772 de 2003 y PSAA14-10280 de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

5. Ergo, se mantendr\u00e1 lo rebatido. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por disposici\u00f3n de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR el fallo de primer grado. <\/p>\n

Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2019-00639-01. <\/p>\n

Aunque comparto el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala que confirm\u00f3 el fallo que neg\u00f3 la tutela formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, respetuosamente me permito ACLARAR mi voto en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 inviable el resguardo por la omisi\u00f3n de declarar la p\u00e9rdida de competencia por no dictarse sentencia dentro de la acci\u00f3n popular en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido que el promotor actu\u00f3 con incuria. <\/p>\n

Sin embargo, estimo que la norma mencionada no es aplicable en acciones populares por cuanto no se armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la disposici\u00f3n que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n

\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n

Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el fallo de tutela de la referencia, en el sentido de confirmar la negaci\u00f3n del amparo invocado, no estoy de acuerdo con las consideraciones en las cuales se sustent\u00f3 la providencia; esto es, porque la tutela carec\u00eda del requisito de subsidiariedad, porque el quejoso no censur\u00f3 la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia del art\u00edculo 121 de la norma procesal Civil, sino porque las disposiciones contenidas en citada norma no le son aplicables al tr\u00e1mite popular, por las razones que paso a exponer.
\n1. La acci\u00f3n popular, tambi\u00e9n de raigambre constitucional, consagrada en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y cuya regulaci\u00f3n se deleg\u00f3 al
\nlegislador, tiene por objeto la \u00abprotecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza que se definen en ella\u00bb, esto es, de las prerrogativas de las colectividades o garant\u00edas difusas que el Constituyente consagr\u00f3 de manera espec\u00edfica y diferenciada, as\u00ed como su mecanismo de protecci\u00f3n.
\nSu finalidad es la de \u00abevitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible\u00bb; por tanto, se trata de -Un instrumento efectivo,
\nc\u00e9lere, de impulso oficioso por el juez del conocimiento y <\/p>\n

preferente sobre otros asuntos. <\/p>\n

La indicada herramienta est\u00e1 regulada por una normatividad especial contenida en la Ley 472 de 1998 \u00abpor la cual se desarrolla el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en relaci\u00f3n
\ncon el ejercicio de las acciones populares…\u00bb, la cual es
\nOmnicomprensiva de todos los aspectos relevantes de su tr\u00e1mite y decisi\u00f3n.
\nReglamentaci\u00f3n que contempla el objeto, finalidad, procedencia, caducidad, legitimaci\u00f3n por activa y por pasiva y facilidades para promover la acci\u00f3n, adem\u00e1s de la jurisdicci\u00f3n y competencia para su conocimiento, requisitos de la demanda, derechos protegidos, amparo de pobreza, medidas cautelares y coercitivas, pacto de cumplimiento, etapas en que se desarrolla, recursos procedentes contra las decisiones proferidas por el juez, contenido de la sentencia, costas y desacato a las \u00f3rdenes impartidas, entre otros temas.
\nEl art\u00edculo 5\u00b0 de esa reglamentaci\u00f3n precept\u00faa en cuanto al tr\u00e1mite de las acciones reguladas por ella que adem\u00e1s de los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia, se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n \u00ablos principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la
\nnaturaleza de dichas acciones\u00bb.
\nLuego, la remisi\u00f3n que efect\u00faa la anterior disposici\u00f3n no es a las normas de la codificaci\u00f3n procesal que hoy debe entenderse corresponde al C\u00f3digo General del Proceso, sino a los principios generales de dicho estatuto, precepto que <\/p>\n

debe interpretarse en conjunto con el art\u00edculo 45 ib\u00eddem, conforme al cual el tr\u00e1mite y procedimiento de las otras acciones populares consagradas en la legislaci\u00f3n nacional se sujetar\u00e1 a lo previsto en la normatividad especial (Ley 472 de 1998), previsi\u00f3n extensiva a aquellas iniciadas en vigencia de dicha reglamentaci\u00f3n.
\nAunque el art\u00edculo 44 de la citada ley ordena la aplicaci\u00f3n de las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -l\u00e9ase hoy CGP- y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo -reemplazado por el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, restringe \u00e9sta a \u00ablos aspectos no regulados\u00bb y siempre que \u00abno se oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones\u00bb, frente a lo
\ncual debo destacar que la normatividad especial consagr\u00f3 de manera expresa la duraci\u00f3n de cada etapa procesal a partir de plazos perentorios e improrrogables (art. 84), de ah\u00ed que la norma general contenida en la actual codificaci\u00f3n procedimental no es aplicable a las acciones populares en lo que refiere al t\u00e9rmino para resolver las instancias y las consecuencias que de su incumplimiento derivan.
\nAti\u00e9ndase adem\u00e1s que de acuerdo con el art\u00edculo 1\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, dicho estatuto \u00abregula la
\nactividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, adem\u00e1s, a todos los asuntos de cualquier jurisdicci\u00f3n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est\u00e9n regulados expresamente en otras leyes\u00bb (se
\nsubraya), de ah\u00ed que si el tema debatido por el tutelante
\nest\u00e1, como se indic\u00f3, reglado en la Ley 472 de 1998, la <\/p>\n

aplicaci\u00f3n del aludido art\u00edculo 121 se excluye.
\n2. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino para fallar la primera instancia de las acciones populares, el art\u00edculo 34 de la citada Ley indica:
\n\u00abVencido el t\u00e9rmino para alegar, el juez dispondr\u00e1 de veinte (20) d\u00edas para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acci\u00f3n popular podr\u00e1 contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado da\u00f1o a un derecho o inter\u00e9s colectivo en favor de la entidad p\u00fablica no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realizaci\u00f3n de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneraci\u00f3n del derecho o del inter\u00e9s colectivo, cuando fuere f\u00edsicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definir\u00e1 de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron m\u00e9rito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijar\u00e1 el monto del incentivo para el actor popular\u00bb.
\nDe manera que la misma norma especial estableci\u00f3 un plazo determinado para que se emita la decisi\u00f3n de m\u00e9rito que ponga fin a la primera instancia, que se limita a veinte (20) d\u00edas contados a partir del vencimiento del t\u00e9rmino para alegar.
\nDe igual forma, esa legislaci\u00f3n estableci\u00f3 en su art\u00edculo 84 ib\u00eddem, \u00abplazos perentorios e improrrogables\u00bb, e indic\u00f3 que si el funcionario judicial desatiende dicho t\u00e9rmino, al igual que cualquier otro contenido en la norma, incurrir\u00e1, \u00aben causal de mala conducta sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed que no es posible, bajo ning\u00fan razonamiento, prorrogar el plazo para dictar sentencia en una acci\u00f3n popular o ampliarlo, en aplicaci\u00f3n de la regla que consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00e9sta regula de manera gen\u00e9rica los procesos civiles y de familia, sin que tenga la virtualidad de derogar o sustituir lo que la norma especial ya precis\u00f3.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que con ello no se da m\u00e1s celeridad a las citadas quejas constitucionales, sino que se establece un t\u00e9rmino muy superior al ya se\u00f1alado por el legislador; a\u00fan m\u00e1s grave, se permite eludir la prohibici\u00f3n de \u00e9ste de prorrogar el mencionado lapso de tiempo.
\nDe los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2019-00661-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). En remplazo del proyecto socializado por el anterior Magistrado ponente, el cual fue derrotado, se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 28 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102955","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102955","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102955"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102955\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102955"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102955"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102955"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}