{"id":102957,"date":"2026-07-02T17:47:15","date_gmt":"2026-07-02T17:47:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102957"},"modified":"2026-07-02T17:47:15","modified_gmt":"2026-07-02T17:47:15","slug":"stc16492-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16492-2019\/","title":{"rendered":"STC16492-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16492-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2019-00325-01
\n(Aprobado en Sala de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 14 de noviembre de 2019, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Fausto An\u00edbal Espitia Trujillo, contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00b0 2019-00074-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando \ten nombre propio, el querellante reclama la salvaguarda de sus \tgarant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa, igualdad y \t\u00abm\u00ednimo \tvital\u00bb, \tpresuntamente \tconculcadas por la autoridad acusada al decretar las medidas \tcautelares en el precitado juicio.
\n2.\tComo sustento de la queja constitucional manifiesta, que Sandra Santos Robayo, en representaci\u00f3n de sus hijos menores de edad, adelant\u00f3 en su contra el proceso ejecutivo de alimentos n\u00b0 2019-00074-00, el cual se tramita ante el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9. <\/p>\n

Relata, que mediante prove\u00eddo de 24 de septiembre de 2019 el despacho acusado libr\u00f3 orden de apremio y \u00absin encontrarse aun el mandamiento de pago en firme\u00bb decret\u00f3 como medida cautelar el embargo del 10% del salario mensual \u00abhonorarios, comisiones y cualquier otra remuneraci\u00f3n que devengue como empleado\u00bb, y de su \u00abcuenta de n\u00f3mina\u00bb. <\/p>\n

Censura, que las cautelas ordenadas por el juez de conocimiento son \u00abinjustas y desproporcionadas\u00bb, pues a su juicio \u00abde manera abusiva y disfrazada se [le] ha embargado el 100% de [sus] ingresos salariales lo cual atenta contra [su] derecho fundamental a un m\u00ednimo vital\u00bb, pues manifiesta que debe suplir las necesidades de \u00ab[su] nueva familia, y de [sus] otros dos peque\u00f1os hijos\u00bb. <\/p>\n

Indica, que pese a que contra el mandamiento de pago formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y excepciones de m\u00e9rito, estos no han sido resueltos, por lo que precisa que \u00abde mantenerse la din\u00e1mica de este proceso y las medidas cautelares ordenadas, se puede causar un da\u00f1o irreparable\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se dejen sin efecto las cautelas dispuestas y se ordene \u00abvigilancia especial administrativa por parte de la Procurador (sic) de Familia de Ibagu\u00e9 sobre el proceso ejecutivo\u00bb antes referido (ff. 1 a 6, cd 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n

1. El \ttitular del estrado judicial convocado hizo un recuento de las \tactuaciones adelantadas en virtud del litigio que origina el reclamo \tconstitucional, defendi\u00f3 su proceder y destac\u00f3 que \ttanto el cumplimiento como la notificaci\u00f3n de las medidas \tcautelares se surti\u00f3 conforme a lo regulado el art\u00edculo \t298 del C\u00f3digo General del Proceso, \ty agreg\u00f3 que si el interesado considera que \u00e9stas son \texcesivas cuenta con otra v\u00eda para alegarlo (ff. 30 y 31, \t\u00eddem). <\/p>\n

2. Sol \t\u00c1ngel Tamayo Mendoza solicit\u00f3 que se concediera el \tauxilio, \tpuesto que, en su criterio, en el proceso ejecutivo de la referencia \tse han vulnerado las prerrogativas que invoca el accionante (ff. 38 \ta 41, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00abel recurrente dispon\u00eda de otros medios ordinarios de defensa para controvertir la providencia de 24 de septiembre de 2019. Que decret\u00f3 medidas cautelares en su contra, sin que lo hubiese hecho, amen, que en el decurso del proceso dispone de otros medios judiciales, de considerar que a su criterio las solicitadas fueron decretadas en exceso\u00bb; aunado a ello, advirti\u00f3 que no se demostr\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable (ff. 44 a 48, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor sin exponer argumentos adicionales (ff. 56 y 57, \u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a esta Corporaci\u00f3n determinar si la autoridad convocada vulner\u00f3 las prerrogativas aducidas por el accionante al decretar las medidas cautelares en virtud del proceso ejecutivo de alimentos n\u00b0 2019-00074-00 adelantado en su contra. <\/p>\n

2.\tProcedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n

Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse.
\n3.\tEl presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n

El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n

En el caso que se revisa se configura la primera modalidad, dado que el promotor no interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto de 24 de septiembre de 2019, por medio del cual el despacho acusado orden\u00f3 las cautelas en el litigio que origina el reclamo constitucional. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n

Con dicha omisi\u00f3n, el presunto afectado desaprovech\u00f3 la oportunidad de exponer -a trav\u00e9s del mecanismo de defensa ordinario id\u00f3neo-, todos los argumentos por los cuales estima que las cautelas decretadas son \u00abexcesivas\u00bb, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n

Entonces, la no utilizaci\u00f3n del medio de control judicial pertinente, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

4.\tDe la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n

Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Corte confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n adoptada por el a quo, en tanto que el resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16492-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2019-00325-01 (Aprobado en Sala de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102957","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102957","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102957"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102957\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102957"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102957"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102957"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}