{"id":102958,"date":"2026-07-02T17:47:21","date_gmt":"2026-07-02T17:47:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102958"},"modified":"2026-07-02T17:47:21","modified_gmt":"2026-07-02T17:47:21","slug":"stc16493-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16493-2019\/","title":{"rendered":"STC16493-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16493-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2019-00668-01
\n(Aprobado en Sala de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

En reemplazo del proyecto socializado por el anterior Magistrado ponente, el cual fue derrotado, se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo de 28 de octubre de 2019 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que neg\u00f3 la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, con vinculaci\u00f3n de las Alcald\u00edas de Pereira y Cartagena, las Defensor\u00edas del Pueblo y las Procuradur\u00edas de las Regionales de Risaralda y Bol\u00edvar, el Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales, el Personero Delegado en Seguridad Ciudadana, Convivencia y Posacuerdo de Pereira y Audifarma S.A. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando en nombre propio, el actor sostuvo que le trasgredieron el debido proceso, la igualdad y la \u00abdebida administraci\u00f3n de justicia\u00bb y, en consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene \u00abi) al tutelado aplicar arT(sic) 121 cgp, (\u2026)\u00bb, en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2016-614; \u00abii) a la juez 3 civil cto de Pereira que porte copia f\u00edsica completa de todas las acciones populares donde haya presentado tutela solicitando la aplicasi\u00f3n(sic) del art 121 CGP y que el TSSCF de Pereira haya negado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Sustent\u00f3 sus anhelos aduciendo que actu\u00f3 en el decurso referenciado \u00abdonde la juez se niega sistem\u00e1ticamente a cumplir el imperio de la ley, neg\u00e1ndose a aplicar art 121 C\u00f3digo Gral del Proceso, nulidad en derecho, y comete una v\u00eda de hecho al desconocer el precedente jurisprudencial reciente de la H CSJ SCC en tutelas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

2. El despacho acusado se\u00f1al\u00f3 que \u00abrespecto a los mismos hechos (aplicaci\u00f3n art\u00edculo 121 del C.G.P.), el accionante formul\u00f3 las acciones de tutela radicadas a los n\u00fameros 2019\/625, 626 y 628 (acumuladas) de las que conoci\u00f3 el magistrado Duberney Grisales Herrera\u00bb; asimismo remiti\u00f3 copia digital del expediente. <\/p>\n

La Alcald\u00eda de Pereira dijo ser ajena a lo pedido. <\/p>\n

La Procuradur\u00eda Regional Risaralda manifest\u00f3 que lo pretendido por el gestor le es ajeno y que su actividad \u00abest\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb. <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL Y R\u00c9PLICA <\/p>\n

No otorg\u00f3 el ruego porque hall\u00f3 acreditada la temeridad en cuanto a la \u00abaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y le impuso al precursor sanci\u00f3n de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente y autoriz\u00f3 las reproducciones \u00abprevio el pago de las expensas necesarias\u00bb. <\/p>\n

Recurri\u00f3 el libelista aduciendo, que <\/p>\n

Me amparo en tutela de n\u00famero 66001 22 13 000 2019 00590 01 (\u2026) fechada 15 octubre de 2019, donde revoca igual multa y ampara mi tutela garantizando aplicasion(sic) del art. 121 CGP. Bueno fuera q(sic) se fallaran mis tutelas en derecho y en t\u00e9rminos de tiempo perentorios q(sic) ordena la ley. Pido amparar mia(sic) cci\u00f3n(sic) de tutela. Pido al magistrado aporte copias escaneadas de todo lo actuado a fin de q(sic) obre en acci\u00f3n d(sic) repatraci\u00f3n(sic) directa por herror(sic) judicial. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, a trav\u00e9s de este camino busca se declare la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia establecida en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, en la demanda colectiva objeto de este estudio. <\/p>\n

2.- Delanteramente se advierte la inviabilidad de la s\u00faplica, por \u00abtemeridad\u00bb. <\/p>\n

El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagra <\/p>\n

Actuaci\u00f3n temeraria. Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes. <\/p>\n

Sobre este tipo de conductas la Sala ha destacado que, <\/p>\n

(\u2026) la temeridad relacionada en la norma antes citada, conlleva a examinar si la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales (CSJ STC, 21 jul. 2011, Rad. 01294-01, citada en STC6902-2016). <\/p>\n

Del mismo modo que <\/p>\n

(\u2026) la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial (CSJ, STC-01841-00, 21 oct. 2009, citada en STC20597-2017). <\/p>\n

Aqu\u00ed se configura la situaci\u00f3n descrita, dado que en las sentencias de 18 de septiembre de 2019 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y 30 de octubre siguiente (STC14585-2019) de esta Corte, se ventil\u00f3 una salvaguarda igual contra el juzgado aqu\u00ed llamado, en la que el actual censor se dol\u00eda que aqu\u00e9l \u00abse niega aplicar art. 121 CGP\u00bb, en el mismo litigio \u00abacci\u00f3n popular n\u00ba 2016-00614\u00bb, bajo id\u00e9nticas perspectivas. <\/p>\n

Ahora bien, en este nuevo clamor como en aqu\u00e9l, denunci\u00f3 como conculcados los mismos derechos presuntamente afrentados en el pleito mencionado, de donde se infiere en grado de certeza que los participantes, aspiraciones y presupuestos f\u00e1cticos son an\u00e1logos, sin que contextos sobrevinientes alteren la conclusi\u00f3n de que est\u00e1 incurso en una repetici\u00f3n indebida. <\/p>\n

Frente al tema se ha reiterado que <\/p>\n

\u2026[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb\u2026 <\/p>\n

Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, citada en STC3597-2018). <\/p>\n

En suma, ante la coincidencia de sujetos, objeto y causa, la custodia deviene \u00abtemeraria\u00bb, toda vez que simplemente se insiste en un tema que previamente fue definido por esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

3.- En lo atiente a la revocatoria de la multa imputada al peticionario, la misma no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, si en cuenta se tiene que el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 en su inciso tercero prev\u00e9 \u00ab[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb, por lo que la determinaci\u00f3n apelada luce ajustada al plexo normativo citado y en tal evento no es caprichosa o arbitraria, raz\u00f3n por la que se respaldar\u00e1 tambi\u00e9n en ese punto. <\/p>\n

En una cuesti\u00f3n de similar linaje dijo la Sala <\/p>\n

[e]l sustento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, cuando se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

[t]iene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial. (\u2026). <\/p>\n

Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales (\u2026) (C-543 de 1992, citada en STC17189-2017). <\/p>\n

4.- Frente a la expedici\u00f3n de \u00abcopias escaneadas\u00bb exigida, debe tener en cuenta que este camino excepcional no fue instituido para lograr que se realicen actividades o imposiciones procesales que solo a los usuarios de la justicia les incumbe, raz\u00f3n por la que es el peticionario quien debe procurar que las piezas solicitadas sean obtenidas de conformidad con lo preceptuado en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 270 de 1996, modificado por el art\u00edculo 2 de la Ley 1285 de 2009, regulado en el Acuerdo PSAA14-10280 del Consejo Superior de la Judicatura. Con todo, ya que el demandante suministr\u00f3 como medio de comunicaci\u00f3n un correo electr\u00f3nico, por la Secretar\u00eda se le enviar\u00e1 copia escaneada de este prove\u00eddo. <\/p>\n

5.- Sin m\u00e1s disquisiciones, se ratificar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de origen anotado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala que confirm\u00f3 el fallo que neg\u00f3 la tutela formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, respetuosamente me permito ACLARAR mi voto en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 inviable el resguardo por la omisi\u00f3n de declarar la p\u00e9rdida de competencia por no dictarse sentencia dentro de la acci\u00f3n popular en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido que el promotor actu\u00f3 con incuria. <\/p>\n

Sin embargo, estimo que la norma mencionada no es aplicable en acciones populares por cuanto no se armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la disposici\u00f3n que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n

\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n

Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el fallo de tutela de la referencia, en el sentido de confirmar la negaci\u00f3n del amparo invocado, no estoy de acuerdo con las consideraciones en las cuales se sustent\u00f3 la providencia; esto es, porque la tutela carec\u00eda del requisito de subsidiariedad, porque el quejoso no censur\u00f3 la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia del art\u00edculo 121 de la norma procesal Civil, sino porque las disposiciones contenidas en citada norma no le son aplicables al tr\u00e1mite popular, por las razones que paso a exponer.
\nLa acci\u00f3n popular, tambi\u00e9n de raigambre constitucional, consagrada en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y cuya regulaci\u00f3n se deleg\u00f3 al legislador, tiene por objeto la \u00abprotecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza que se definen en ella\u00bb, esto es, de las prerrogativas de las colectividades o garant\u00edas difusas que el Constituyente consagr\u00f3 de manera espec\u00edfica y diferenciada, as\u00ed como su mecanismo de protecci\u00f3n. <\/p>\n

Su finalidad es la de \u00abevitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible\u00bb; por tanto, se trata de -Un instrumento efectivo, c\u00e9lere, de impulso oficioso por el juez del conocimiento y preferente sobre otros asuntos. <\/p>\n

La indicada herramienta est\u00e1 regulada por una normatividad especial contenida en la Ley 472 de 1998 \u00abpor la cual se desarrolla el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en relaci\u00f3n
\ncon el ejercicio de las acciones populares…\u00bb, la cual es
\nOmnicomprensiva de todos los aspectos relevantes de su tr\u00e1mite y decisi\u00f3n.
\nReglamentaci\u00f3n que contempla el objeto, finalidad, procedencia, caducidad, legitimaci\u00f3n por activa y por pasiva y facilidades para promover la acci\u00f3n, adem\u00e1s de la jurisdicci\u00f3n y competencia para su conocimiento, requisitos de la demanda, derechos protegidos, amparo de pobreza, medidas cautelares y coercitivas, pacto de cumplimiento, etapas en que se desarrolla, recursos procedentes contra las decisiones proferidas por el juez, contenido de la sentencia, costas y desacato a las \u00f3rdenes impartidas, entre otros temas.
\nEl art\u00edculo 5\u00b0 de esa reglamentaci\u00f3n precept\u00faa en cuanto al tr\u00e1mite de las acciones reguladas por ella que adem\u00e1s de los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia, se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n \u00ablos principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la
\nnaturaleza de dichas acciones\u00bb.
\nLuego, la remisi\u00f3n que efect\u00faa la anterior disposici\u00f3n no es a las normas de la codificaci\u00f3n procesal que hoy debe entenderse corresponde al C\u00f3digo General del Proceso, sino a los principios generales de dicho estatuto, precepto que
\ndebe interpretarse en conjunto con el art\u00edculo 45 ib\u00eddem, conforme al cual el tr\u00e1mite y procedimiento de las otras acciones populares consagradas en la legislaci\u00f3n nacional se sujetar\u00e1 a lo previsto en la normatividad especial (Ley 472 de 1998), previsi\u00f3n extensiva a aquellas iniciadas en vigencia de dicha reglamentaci\u00f3n.
\nAunque el art\u00edculo 44 de la citada ley ordena la aplicaci\u00f3n de las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -l\u00e9ase hoy CGP- y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo -reemplazado por el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, restringe \u00e9sta a \u00ablos aspectos no regulados\u00bb y siempre que \u00abno se oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones\u00bb, frente a lo
\ncual debo destacar que la normatividad especial consagr\u00f3 de manera expresa la duraci\u00f3n de cada etapa procesal a partir de plazos perentorios e improrrogables (art. 84), de ah\u00ed que la norma general contenida en la actual codificaci\u00f3n procedimental no es aplicable a las acciones populares en lo que refiere al t\u00e9rmino para resolver las instancias y las consecuencias que de su incumplimiento derivan.
\nAti\u00e9ndase adem\u00e1s que de acuerdo con el art\u00edculo 1\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, dicho estatuto \u00abregula la
\nactividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, adem\u00e1s, a todos los asuntos de cualquier jurisdicci\u00f3n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est\u00e9n regulados expresamente en otras leyes\u00bb (se subraya), de ah\u00ed que si el tema debatido por el tutelante
\nest\u00e1, como se indic\u00f3, reglado en la Ley 472 de 1998, la <\/p>\n

2. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino para fallar la primera instancia de las acciones populares, el art\u00edculo 34 de la citada Ley indica:
\n\u00abVencido el t\u00e9rmino para alegar, el juez dispondr\u00e1 de veinte (20) d\u00edas para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acci\u00f3n popular podr\u00e1 contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado da\u00f1o a un derecho o inter\u00e9s colectivo en favor de la entidad p\u00fablica no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realizaci\u00f3n de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneraci\u00f3n del derecho o del inter\u00e9s colectivo, cuando fuere f\u00edsicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definir\u00e1 de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron m\u00e9rito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijar\u00e1 el monto del incentivo para el actor popular\u00bb.
\nDe manera que la misma norma especial estableci\u00f3 un plazo determinado para que se emita la decisi\u00f3n de m\u00e9rito que ponga fin a la primera instancia, que se limita a veinte (20) d\u00edas contados a partir del vencimiento del t\u00e9rmino para alegar.
\nDe igual forma, esa legislaci\u00f3n estableci\u00f3 en su art\u00edculo 84 ib\u00eddem, \u00abplazos perentorios e improrrogables\u00bb, e indic\u00f3 que si el funcionario judicial desatiende dicho t\u00e9rmino, al igual que cualquier otro contenido en la norma, incurrir\u00e1, \u00aben causal de mala conducta sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u00bb.
\nAs\u00ed que no es posible, bajo ning\u00fan razonamiento, prorrogar el plazo para dictar sentencia en una acci\u00f3n popular o ampliarlo, en aplicaci\u00f3n de la regla que consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00e9sta regula de manera gen\u00e9rica los procesos civiles y de familia, sin que tenga la virtualidad de derogar o sustituir lo que la norma especial ya precis\u00f3.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que con ello no se da m\u00e1s celeridad a las citadas quejas constitucionales, sino que se establece un t\u00e9rmino muy superior al ya se\u00f1alado por el legislador; a\u00fan m\u00e1s grave, se permite eludir la prohibici\u00f3n de \u00e9ste de prorrogar el mencionado lapso de tiempo.
\nDe los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16493-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2019-00668-01 (Aprobado en Sala de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). En reemplazo del proyecto socializado por el anterior Magistrado ponente, el cual fue derrotado, se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo de 28 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102958","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102958","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102958"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102958\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102958"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102958"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102958"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}