{"id":102963,"date":"2026-07-02T17:48:10","date_gmt":"2026-07-02T17:48:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102963"},"modified":"2026-07-02T17:48:10","modified_gmt":"2026-07-02T17:48:10","slug":"stc16498-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16498-2019\/","title":{"rendered":"STC16498-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16498-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-13-000-2019-00221-01
\n(Aprobado en Sala de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo del 31 de octubre de 2019, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Jos\u00e9 David Pinto Rojas y H\u00e9ctor Carrillo Carrillo contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2018-00118. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, m\u00ednimo vital, seguridad social e igualdad, los cuales estimaron trasgredidos por la omisi\u00f3n del accionado en resolver el incidente de desembargo que ellos promovieron, con miras a que se levantara la medida cautelar que pesa sobre unos activos de su propiedad. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, relataron que, a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago por acreencias laborales, la sociedad Favecza S.A.S. les transfiri\u00f3 una \u00abmaquinaria\u00bb que se encontraba en sus instalaciones, la cual no alcanzaron a retirar totalmente, en tanto que parte de ella fue embargada y secuestrada por cuenta de un proceso ejecutivo que actualmente cursa en contra de esa persona jur\u00eddica (n\u00b0 2018-00118), a lo que agregaron que \u00abdesde el mes de diciembre de 2017\u00bb, solicitaron al juez convocado que liberara dichos bienes por no ser de titularidad de la all\u00ed ejecutada, sin que hasta la fecha se haya emitido una respuesta de fondo a esa solicitud. <\/p>\n

A\u00f1adieron que \u00abnuestro derecho al trabajo se est\u00e1 viendo afectado, pues esas m\u00e1quinas nos servir\u00edan para trabajar o para venderlas y recuperar el dinero a que tenemos derecho por nuestras prestaciones dejadas de recibir\u00bb y que, \u00abcomo las m\u00e1quinas se encuentran en el domicilio de la empresa, sabemos que quien era nuestro empleador las utiliza para trabajar y beneficiarse de ellas, es decir que se est\u00e1n deteriorando y del dinero que recibe, no nos paga el valor que estas cuestan\u00bb. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, pidieron que se ordene al accionado \u00abnos permita intervenir en el proceso, para ejercer nuestro derecho de propiedad frente a las maquinarias que nos fueron entregadas (\u2026), y por las cuales hemos presentado incidentes de desembargo que no han sido resueltos\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta manifest\u00f3 que por auto del 12 de diciembre de 2017, se abstuvo de tramitar los aludidos incidentes de desembargo, hasta que sus promotores designaran un mandatario judicial que los representara, determinaci\u00f3n que, adem\u00e1s de quedar en firme sin protesta alguna, no fue cumplida. <\/p>\n

2.\tJes\u00fas Parada Uribe (apoderado del ejecutante) tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del resguardo, alegando igualmente que el mismo no satisface los presupuestos de inmediatez y de subsidiariedad. <\/p>\n

3.\tJos\u00e9 del Carmen Rojas Fonseca indic\u00f3 que est\u00e1 en la misma situaci\u00f3n de los accionantes, por lo que dijo \u00abapoyar las pretensiones\u00bb. <\/p>\n

4.\tFavecza S.A.S. y Humberto Le\u00f3n Higuera (promotor del proceso de reestructuraci\u00f3n de dicha sociedad) se limitaron a hacer un recuento de lo sucedido en el juicio coercitivo materia de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n

El tribunal neg\u00f3 el resguardo tras echar de menos los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. En tal sentido, destac\u00f3 que \u00abel juzgado resolvi\u00f3 cada petici\u00f3n al punto que requiri\u00f3 a cada accionante para que designara apoderado judicial, pero los accionantes guardaron silencio y desde esa fecha, hasta la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, transcurrieron 22 meses\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abde los elementos allegados por el juzgado accionado, se observa que al mismo tiempo que los accionantes interpusieron la acci\u00f3n constitucional, radicaron una nueva petici\u00f3n de incidente de desembargo la cual ya fue objeto de decisi\u00f3n y contra la cual pueden los actores proponer los recursos de ley\u00bb. <\/p>\n

IMPUGNACIONES <\/p>\n

1.\tLa interpusieron los actores, alegando que el fallo de primera instancia \u00abno se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado; se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho; se funda en consideraciones inexactas cuando no totalmente err\u00f3neas; e incurre en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, que resulta vana a las pretensiones por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de sus principios\u00bb. <\/p>\n

2.\tEn escrito aparte, Humberto Le\u00f3n Higuera tambi\u00e9n dijo \u00abimpugnar la decisi\u00f3n del despacho\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAnotaci\u00f3n preliminar. <\/p>\n

Las ulteriores argumentaciones no involucrar\u00e1n un pronunciamiento de fondo sobre la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 el promotor del proceso de reestructuraci\u00f3n de Favecza Ltda., Humberto Le\u00f3n Higuera (fl. 135), dado que en la sentencia de primera instancia no se adopt\u00f3 ninguna determinaci\u00f3n en contra del memorialista, ni de la sociedad en cuyo favor dijo actuar. <\/p>\n

No se olvide que \u00abuna de las condiciones de admisibilidad del recurso judicial, cualquiera sea su clase, es la legitimaci\u00f3n del impugnante, que adem\u00e1s del aspecto puramente formal, o sea que el acto procesal provenga de la parte o de un tercero interviniente, exige del inter\u00e9s, que no es otra cosa que el agravio o el perjuicio que irroga la providencia impugnada a quien funge como recurrente\u00bb (CSJ., SC de 9 de febrero de 2001, exp. 5549), tema sobre el que tambi\u00e9n se ha dicho, en sede de tutela, que \u00abcuando un Juez se enfrenta con una solicitud de impugnaci\u00f3n, preciso es que se examine la legitimaci\u00f3n, el inter\u00e9s y la oportunidad respectiva\u00bb (CSJ ATC, 14 dic. 2010, rad. 00008-02, reiterado en ATC465-2018, 15 feb. 2018, rad. 00948-01, entre otros). <\/p>\n

2.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela en referencia satisface los presupuestos de tempestividad y subsidiariedad que le son propios y, de superarse lo anterior, si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta trasgredi\u00f3 los derechos fundamentales invocados en la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

3.\tEl requisito de inmediatez. <\/p>\n

3.1\tEste presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n

M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n

De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n

3.2 \tEl presupuesto en comento no puede tenerse por verificado en el asunto bajo estudio, en tanto que la decisi\u00f3n de no emitir un pronunciamiento de fondo frente a los incidentes de desembargo que promovieron los ahora impugnantes (hasta tanto dichos interesados no designaran un mandatario judicial), se adopt\u00f3 mediante prove\u00eddos del 12 de diciembre de 2017 (ff. 46 y 47), es decir, casi 22 meses antes de la fecha en que se radic\u00f3 la demanda de tutela en referencia (22 de octubre de 2019, fls. 1 y 23). <\/p>\n

En ese escenario, es posible establecer que desde la fecha de la providencia indicada hasta el momento en que se ejerci\u00f3 el auxilio se super\u00f3 el plazo se\u00f1alado como razonable por la jurisprudencia para ejercer el amparo. <\/p>\n

3.3\tDe otra parte, tampoco se adujo en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n

\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

En ese sentido, n\u00f3tese que los censores no ofrecieron ninguna justificaci\u00f3n de por qu\u00e9, dentro del lapso transcurrido desde la negativa del convocado a tramitar sus demandas incidentales, no acudieron a la salvaguarda constitucional. <\/p>\n

4.\tDe la subsidiariedad. <\/p>\n

Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n

Tal exigencia tampoco la satisface la solicitud de amparo que hoy ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, en tanto que los ya rese\u00f1ados autos del 12 de diciembre de 2017 no fueron recurridos por los se\u00f1ores Carrillo Carrillo y Pinto Rojas mediante el mecanismo de la reposici\u00f3n que, en principio, ten\u00edan a su alcance de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Esa circunstancia compromete, por igual, la viabilidad de la solicitud de amparo en estudio, en tanto que, como ya lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n frente a casos semejantes, la tutela no fue concebida \u00abpara sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada en STC6325-2019, 23 may. 2019, rad. 00044-01). <\/p>\n

5.\tConclusiones. <\/p>\n

Consecuencia de lo analizado, se impone ratificar el fallo de primera instancia, porque la presente demanda desatiende los requisitos de subsidiariedad e inmediatez que la gobiernan. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16498-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-13-000-2019-00221-01 (Aprobado en Sala de tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo del 31 de octubre de 2019, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102963","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102963"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102963\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}