{"id":102977,"date":"2026-07-02T17:50:41","date_gmt":"2026-07-02T17:50:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102977"},"modified":"2026-07-02T17:50:41","modified_gmt":"2026-07-02T17:50:41","slug":"stc16537-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16537-2019\/","title":{"rendered":"STC16537-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16537-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2019-00488-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Silvana Margarita Ponce Vargas frente a la sentencia proferida el 31 de octubre de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por aqu\u00e9lla contra el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La \tpromotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional \tde sus derechos fundamentales al debido proceso y vivienda digna, \tas\u00ed como de los principios de seguridad jur\u00eddica, \tconfianza leg\u00edtima y buena fe, presuntamente conculcados por \tla sede judicial accionada. <\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, dejar \u00absin efecto jur\u00eddico el acta de la diligencia realizada por la comisionada Alcald\u00eda Local [de] Riomar[,] practicada al apto 402 del Edificio Luxor\u00bb, y \u00abrevocar el auto fechado el 10 de julio de 2019. Que resuelve rechazar de plano la solicitud de nulidad incoada por el\u2026 demandado\u2026 Fl\u00f3rez Mar\u00edn\u00bb (folio 11, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tSon relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes hechos: <\/p>\n

2.1.\tEn el juicio ejecutivo que el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. le inco\u00f3 a Alqu\u00edmedes Fl\u00f3rez Mar\u00edn, Michel Fl\u00f3rez Cifuentes y Transportadora de Cervezas y Refrescos S.A.S., previo embargo, el 21 de septiembre de 2017 la comisionada Alcald\u00eda Local de Riomar de Barranquilla, secuestr\u00f3 el predio atr\u00e1s aludido, sin que all\u00ed se presentara oposici\u00f3n alguna, y el 15 de febrero de 2018 se ados\u00f3 al plenario el respectivo despacho comisorio, ante lo cual tampoco se present\u00f3 ning\u00fan tipo de solicitud. <\/p>\n

2.3.\tPosteriormente, surtido el tr\u00e1mite de rigor, el pasado 8 de octubre se efectu\u00f3 la diligencia de remate de dicho predio, en la cual fue adjudicado a Invergamar S.A.S. <\/p>\n

2.4.\tFinalmente, el 15 de octubre \u00faltimo el deudor Fl\u00f3rez Mar\u00edn reclam\u00f3 la nulidad de la almoneda, misma data en la que se present\u00f3 esta solicitud de resguardo. <\/p>\n

2.5.\tPor v\u00eda de tutela, la accionante expuso que el juzgador acusado, con una deficiente valoraci\u00f3n probatoria, incurri\u00f3 en \u00abviolaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb al rechazar de plano la petici\u00f3n de nulidad que instaur\u00f3 el ejecutado Fl\u00f3rez Mar\u00edn respecto a la diligencia de secuestro, porque, en su sentir, atendiendo al control de legalidad que le era exigible al juzgador y que no agot\u00f3, debi\u00f3 accederse a dicha solicitud por no acreditarse la materializaci\u00f3n de la referida cautela, torn\u00e1ndose inexistente, comoquiera que \u00abno hay registros fotogr\u00e1ficos que den fe de dicha diligencia, as\u00ed mismo, dicha acta presenta vicios de nulidad en el procedimiento jur\u00eddico de ley\u00bb, ella no fue notificada con antelaci\u00f3n a su realizaci\u00f3n, el predio no fue debidamente identificado ni descrito por la secuestre quien hace alusi\u00f3n a una escritura p\u00fablica que no corresponde al mismo, la abogada que supuestamente actu\u00f3 en nombre del ente comisionado nunca se present\u00f3 durante el aparente desarrollo de esa actuaci\u00f3n sobre el inmueble que ella ocupa desde el a\u00f1o 2015 y en el que \u00abno reside ni habita\u00bb quien aparentemente atendi\u00f3 la diligencia. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 ser madre cabeza de hogar con dos hijos autistas y poseedora de la heredad en cuesti\u00f3n, condici\u00f3n que obtuvo \u00abmediante documento de mano del demandado\u2026 Fl\u00f3rez Mar\u00edn\u00bb (folios 1 a 13, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa acci\u00f3n de tutela fue presentada el 15 de octubre de 2019 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el d\u00eda 17 siguiente (folios 50 y 52, cuaderno 1). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Quince \tCivil del Circuito de Barranquilla indic\u00f3 atenerse \u00abal \trecto y juicioso criterio del juez constitucional\u00bb, \ten tanto que contra esa c\u00e9lula judicial no se atribuy\u00f3 \t\u00abninguna \tinfracci\u00f3n o menoscabo de los derechos fundamentales \tinvocados\u00bb \t(folio 61, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la capital atlanticense pidi\u00f3 que \u00abno se conceda la tutela\u2026 dado que no se configura un actuar caprichoso o desmedido por parte de [ese] despacho, reprochable a la luz de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que en el juicio atacado \u00abse cumplieron cabalmente las ritualidades establecidas en nuestro Estatuto Procesal Civil, sin que se observe vulneraci\u00f3n alguna a los derechos constitucionales del accionante\u00bb; que \u00ab[a]gregado el despacho comisorio, ninguna oposici\u00f3n se present\u00f3 dentro del t\u00e9rmino consagrado en la ley para tal efecto, ni por parte del demandado, ni por tercero alguno\u00bb; y que \u00absolo hasta el\u2026 25 de junio de 2019, el demandado solicit\u00f3 la nulidad del secuestro, lo cual fue resuelto por auto del 10 de julio de 2019, rechazando su solicitud, sin que el peticionario hiciera ning\u00fan reparo a la decisi\u00f3n\u00bb (folio 63, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa Procuradur\u00eda 5 Judicial II de Familia de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que la actora es un tercero respecto del cual no produce efectos el criticado auto del juzgado que rechaz\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad del ejecutado Fl\u00f3rez Mar\u00edn; que aqu\u00e9lla no demostr\u00f3 \u00abde donde deviene su derecho como tercera poseedora, por lo que\u2026 carece de falta (sic) de legitimaci\u00f3n en la causa por activa; aunado a lo anterior es inaceptable considerar siquiera sumariamente la afectaci\u00f3n de un derecho fundamental por v\u00eda de hecho, cuando la fuerza del [E]stado no recay\u00f3 sobre la inconforme\u00bb; que \u00abuna vez agotad[a] la posibilidad de la nulidad quedar\u00eda entonces atacar las inconformidades judiciales por conducto de la acci\u00f3n sumaria, pero solo predicable para aquel que tenga la capacidad para actuar previa (sic) consideraciones de los operadores judiciales\u00bb; que, en todo caso, el juez constitucional al definir el asunto debe \u00abhacer prevalecer\u2026 los derechos fundamentales de los menores, para lo cual deber\u00e1 utilizar las herramientas que el Estado provee\u00bb (folios 77 a 79, cuaderno 1). <\/p>\n

4.\tLa Alcald\u00eda Local de Riomar de la capital del Atl\u00e1ntico sostuvo que la diligencia de secuestro fustigada \u00abse practic\u00f3 cumpliendo las ritualidades que la misma establece\u00bb, por lo que deb\u00eda \u00abdeclararse improcedente la acci\u00f3n constitucional invocada por la accionante, ya que es claro que carece de vulneraci\u00f3n alguna\u00bb (folios 81 a 84, cuaderno 1). <\/p>\n

5.\tScotiabank Colpatria S.A. (antes Banco Colpatria S.A.) reclam\u00f3 \u00abse declare la improcedencia de la\u2026 tutela teniendo en cuenta que no se cumple con el requisito de subsidiariedad para [su] ejercicio\u2026, ni con los requisitos para que opere\u2026 contra providencias judiciales. Adicionalmente, que se declare la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u2026 y se ordene su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite\u00bb (folios 112 a 114, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n al advertir la carencia de legitimaci\u00f3n de la accionante \u00abpara controvertir las actuaciones judiciales proferidas por el Juzgado accionado\u00bb, comoquiera que \u00abno explica por qu\u00e9 acude a la\u2026 tutela alegando supuestas vulneraciones de sus derechos fundamentales, cuando las pretensiones del proceso y las decisiones adaptadas (sic)\u2026 no est\u00e1n dirigidas en su contra, sino en contra de\u2026 Arqu\u00edmedes (sic) Fl\u00f3rez Mar\u00edn y Michael (sic) Fl\u00f3rez Cifuentes, como lo es el auto del 10 de julio del 2019 que rechaz\u00f3 de plano la nulidad[,] la cual hab\u00eda sido solicitada por\u2026 Fl\u00f3rez Mar\u00edn\u00bb (folios 176 a 183, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la quejosa insistiendo en los argumentos expuestos en el libelo introductor, a los cuales a\u00f1adi\u00f3 haber demostrado que \u00ab[l]e asiste inter\u00e9s sobre el asunto planteado y est[\u00e1] legitimada en causa por activa, por ser la poseedora materia[l] y f\u00edsica del inmueble, ya que el resultado del proceso afecta [sus] derechos a la vivienda digna y por sustracci\u00f3n de materia los derechos de [sus] ni\u00f1os\u00bb (folios 202 a 206, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme \tal art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la \tacci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido \tpara proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o \tamenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, \ten determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya \tnaturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a \tlos jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de \tdefensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tDe entrada advierte la Sala el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta, dada la improcedencia de la salvaguarda impetrada, comoquiera que la accionante carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el asunto fuente del reclamo, por no haber sido parte ni interviniente en dicha contienda. <\/p>\n

Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n

Al respecto, en un caso de contornos similares al de ahora, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026\u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n

Entonces, habida cuenta que la tutelante, Silvana Margarita Ponce Vargas, no fue parte ni interviniente en el proceso ejecutivo que critica, incoado por el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. contra Alqu\u00edmedes Fl\u00f3rez Mar\u00edn, Michel Fl\u00f3rez Cifuentes y Transportadora de Cervezas y Refrescos S.A.S., emerge di\u00e1fana su falta de legitimaci\u00f3n para proponer este resguardo supralegal, sin que tal conclusi\u00f3n sufra alteraci\u00f3n alguna por su aqu\u00ed alegada condici\u00f3n de poseedora del predio all\u00ed rematado, por cuanto lo cierto es que ninguna intervenci\u00f3n efectu\u00f3 ante el juzgador natural exponiendo tal situaci\u00f3n, motivo mismo por el cual \u00e9ste tampoco se pudo pronunciar al respecto. <\/p>\n

3.\tBasta lo dicho para respaldar la determinaci\u00f3n opugnada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

Ausencia justificada
\nAROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16537-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2019-00488-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Silvana Margarita Ponce Vargas frente a la sentencia proferida el 31 de octubre de 2019 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102977","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102977","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102977"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102977\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102977"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102977"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102977"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}