{"id":102979,"date":"2026-07-02T17:50:56","date_gmt":"2026-07-02T17:50:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102979"},"modified":"2026-07-02T17:50:56","modified_gmt":"2026-07-02T17:50:56","slug":"stc16539-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16539-2019\/","title":{"rendered":"STC16539-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16539-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2019-00498-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 21 de octubre de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jenny Madeleine Pomar Casta\u00f1o, quien dice obrar como apoderada general de Jairo Avellaneda y Compa\u00f1\u00eda S.A.S., contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, ambos de esta misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en los procesos atacados. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales al debido proceso y \u00abpropiedad privada\u00bb de su mandante, que dice vulneradas por la autoridades judiciales accionadas, por lo que solicit\u00f3 \u00abse revoque el mandamiento de pago proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn y se excluya de las medidas cautelares la que recae en el\u2026 inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria\u2026 50C-1293439\u00bb. <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n

2.1. Luisa Fernanda Escobar Acosta, como cesionaria de Alianza Inmobiliaria Limitada, promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Winery Limitada y Jairo Avellaneda y Compa\u00f1\u00eda S.A.S., con fundamento en un contrato de arrendamiento celebrado entre la cedente y Winery Limitada, en el que la \u00faltima de las personas jur\u00eddicas mencionadas fungi\u00f3 como \u00abcodeudor solidario\u00bb. <\/p>\n

2.3. Cumplido lo anterior, el 4 de marzo de 2015, compareci\u00f3 Jairo Avellaneda y Compa\u00f1\u00eda S.A.S. y solicit\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, petici\u00f3n rechazada de plano con auto del 7 de abril de 2015, decisi\u00f3n que la mencionada ejecutada censur\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos recursos con providencia del 18 de junio de esas calendas, en la que, adem\u00e1s, se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n

2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la cesi\u00f3n del contrato que fundament\u00f3 la ejecuci\u00f3n criticada, no le fue notificada a Jairo Avellaneda y Compa\u00f1\u00eda S.A.S., por lo que \u00abqueda libre de la obligaci\u00f3n de pago, como\u2026 indica el art\u00edculo 1527 del C\u00f3digo Civil\u00bb, pues si bien se \u00abpretendi\u00f3 acreditar la notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n\u2026, aportando la gu\u00eda No. 7143695278\u2026, nunca se alleg\u00f3 certificaci\u00f3n de recibo de \u00e9sta\u2026\u00bb, circunstancia que desconocieron las sedes judiciales acusadas, incurriendo en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, pues no debieron librar mandamiento de pago. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Medell\u00edn resalt\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante\u2026\u00bb. <\/p>\n

2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad rindi\u00f3 informe. <\/p>\n

3. Luis Fernanda Escobar Acosta expres\u00f3 que \u00abel derecho fundamental que subyace a la acci\u00f3n de tutela no ha sido conculcado ni en cuanto al contenido, alcance o goce\u00bb; y que no se cumplen los requisitos de procedencia del amparo. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a quo deneg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00abno concurre el requisito de la legitimaci\u00f3n\u00bb, habida cuenta que el mandato aportado \u00abno [se] puede tener en cuenta\u2026 como poder general\u00bb, al no constar en escritura p\u00fablica y, porque, adicionalmente, \u00abtampoco puede entenderse como un poder especial\u2026\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La promotora del resguardo manifest\u00f3 que \u00absi bien\u2026 nuestro ordenamiento interno dispone\u2026 que los poderes generales deben otorgarse por escritura p\u00fablica, debe destacarse que el poder allegado no fue otorgado en Colombia\u00bb, por lo que no es aplicable la norma nacional; y que \u00abel poder general allegado con la demanda contiene el respectivo apostille (sic) de conformidad a las previsiones de la Convenci\u00f3n de la Haya del 5 de octubre de 1961\u00bb, por lo que, contrario a lo que concluy\u00f3 el fallador de primer grado, estaba legitimada para promover el amparo en representaci\u00f3n de Jairo Avellaneda y Compa\u00f1\u00eda S.A.S. <\/p>\n

Adicion\u00f3 que el citado mandato \u00abno ha sido revocado y se encuentra vigente\u00bb; que no se configuraba ninguno de los eventos contemplados en el art\u00edculo 17 del decreto 2591 de 1991, para negar el resguardo, pues se debieron \u00abdesplegar todas las actuaciones que [permitieran] tomar una decisi\u00f3n de fondo\u00bb, lo que no se hizo, habida cuenta que en la \u00absentencia impugnada\u2026 no existe an\u00e1lisis alguno de los hechos que se consideraron como vulnerantes (sic)\u2026\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

2. Respecto a la legitimaci\u00f3n para instaurar este mecanismo excepcional, partiendo del alcance del art\u00edculo 10 del decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n

\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso. (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n

3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la peticionaria Jenny Madeleine Pomar Casta\u00f1o, quien dice actuar como apoderada general de Jairo Avellaneda y Compa\u00f1\u00eda S.A.S., carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el asunto fuente del reclamo, teniendo en cuenta que conforme a reiterada jurisprudencia, un poder general no \u00abpuede tener\u2026 la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes\u2026, al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (Cfr. fallos de 15 may. 1995, rad. 2169; 14 nov. 1997, rad. 4568). <\/p>\n

Sobre el particular, en un caso similar, esta Sala expres\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026 la Corte al verificar la documentaci\u00f3n obrante en el plenario, advierte que si bien la titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, es decir, Jessica P\u00e9rez Bedoya, otorg\u00f3 poder general a favor de Luz Estela Bedoya Murillo, con el fin de que la represente \u00abante cualquier corporaci\u00f3n, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; en la rama judicial, y de la rama legislativa, del poder p\u00fablico, en cualquier petici\u00f3n, actuaci\u00f3n, diligencia, o proceso, sea como demandante, sea como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminaci\u00f3n, los procesos, actos diligencias y actuaciones respectivas\u00bb\u2026, dicho mandato no habilita a esta \u00faltima para cuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, ha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa. <\/p>\n

En ese sentido esta Sala ha precisado, que: <\/p>\n

\u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017). (CSJ STC2312-2018). <\/p>\n

En este orden de ideas, al margen de las formalidades que ech\u00f3 de menos el a quo, lo cierto es que, conforme qued\u00f3 visto, el poder general no habilita a los mandatarios para formular resguardos en nombre de sus poderdantes, circunstancia que, a su vez, exime al juez constitucional de analizar el fondo de la controversia planteada, ante la falta de legitimaci\u00f3n de quien eleva el reclamo. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

Ausencia justificada
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

4<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16539-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2019-00498-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 21 de octubre de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102979","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102979","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102979"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102979\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}