{"id":102985,"date":"2026-07-02T17:51:45","date_gmt":"2026-07-02T17:51:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102985"},"modified":"2026-07-02T17:51:45","modified_gmt":"2026-07-02T17:51:45","slug":"stc16547-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16547-2019\/","title":{"rendered":"STC16547-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16547-2019
\nRadicaci\u00f3n N.\u00ba 05001-22-03-000-2019-00470-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el nueve de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en la tutela promovida por Ruadi Eduardo V\u00e9lez Osorio contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 vincular a las autoridades judiciales, intervinientes y dem\u00e1s partes del proceso donde se origina la queja. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derecho fundamentales al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, toda vez que dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por Andr\u00e9s Albeiro Galvis Arango contra Robinson Castellanos Plata, en el cual obra como apoderado de este \u00faltimo, present\u00f3 solicitud de nulidad de todo lo actuado, con fundamento en que su prohijado no hab\u00eda sido notificado en debida forma del auto que hab\u00eda librado mandamiento de pago, pedimento que fue rechazado de plano, decisi\u00f3n frente a la que propuso los recursos de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n, siendo resuelta la alzada por parte del Tribunal, autoridad que revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de instancia y orden\u00f3 notificar de manera personal al ejecutado en el Centro Carcelario donde se encuentra recluido. De acuerdo a lo all\u00ed resuelto ha solicitado de manera insistente que el despacho de conocimiento notifique al demandado de forma personal, pero \u00e9ste se ha negado, al afirmar que hubo una notificaci\u00f3n por conducta concluyente, tambi\u00e9n ha invocado que la actuaci\u00f3n sea enviada al Juzgado Quince Civil del Circuito el cual es el de origen, pero su pedimento ha sido negado. <\/p>\n

La anterior situaci\u00f3n ha llevado a que el funcionario que tramita la actuaci\u00f3n entienda que sus escritos son irrespetuosos y dilatorios, amenaz\u00e1ndolo con ordenar compulsar copias en su contra, situaci\u00f3n por la cual se declar\u00f3 impedido con fundamento en lo dispuesto en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso y orden\u00f3 la remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n al despacho que sigue en turno. <\/p>\n

Por consiguiente solicita que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn, enviar el proceso al Juzgado Quince Civil del Circuito que es el despacho que tramit\u00f3 en un inicio la actuaci\u00f3n, para que \u00e9ste resuelva la petici\u00f3n de nulidad, as\u00ed como todos los escritos que no se han decidido por parte del juez accionado. [Folios 1 a 8, c. 1] <\/p>\n

1. Andr\u00e9s Albeiro Galvis Arango inici\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario contra Robinson Castellanos Plata. El conocimiento de este asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, el que en decisi\u00f3n del 16 de diciembre de 2016 libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n

2. El 11 de mayo de 2017 se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

3. El 27 de junio de 2017 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n

4. El 6 de julio de 2017 la actuaci\u00f3n fue enviada a los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole el conocimiento del asunto al Segundo. <\/p>\n

5. El accionante en su condici\u00f3n de apoderado judicial del ejecutado present\u00f3 el 24 de agosto de 2018, escrito por medio del cual solicit\u00f3 se declarara la nulidad de lo actuado, por cuanto afirm\u00f3 que la notificaci\u00f3n del auto por medio del cual se libr\u00f3 mandamiento de pago, no se surti\u00f3 en debida forma. <\/p>\n

6. En decisi\u00f3n del 1\u00ba de octubre de 2018, el despacho convocado rechaz\u00f3 de plano la nulidad invocada. <\/p>\n

7. Inconforme con lo resuelto el ac\u00e1 tutelante propuso los recursos de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

8. Negado el primero en prove\u00eddo del 30 de noviembre de 2018, se concedi\u00f3 el segundo. <\/p>\n

9. El 11 de febrero del presente a\u00f1o, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 1\u00ba de octubre de 2018 y orden\u00f3 tramitar el incidente de nulidad. <\/p>\n

10. El 14 de mayo de 2019, se decret\u00f3 la nulidad desde el auto de apremio, se tuvo por notificado al ejecutado a partir del 24 de agosto de 2018, por conducta concluyente, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

11. La anterior decisi\u00f3n fue apelada por el aqu\u00ed quejoso, recurso que fue concedido en el efecto devolutivo el 29 de mayo de 2019, advirti\u00e9ndosele sobre el deber de suministrar las expensas necesarias para la expedici\u00f3n de las copias para tramitar el recurso, sin que se cumpliera con tal carga, raz\u00f3n por la cual \u00e9ste se declar\u00f3 desierto. <\/p>\n

12. El tutelante ha invocado en varias oportunidades remitir la actuaci\u00f3n al juzgado de origen, pedimento que ha sido denegado. En auto del 22 de julio de 2019, se rechaz\u00f3 nuevamente la solicitud y se le advirti\u00f3 que en lo sucesivo cualquier solicitud que resultara improcedente o manifiestamente dilatoria, ser\u00eda rechazada, conforme lo consagra el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 43, numeral 6\u00ba del art\u00edculo 44 y numeral 4\u00ba del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso.
\nDe otro lado, se le advirti\u00f3 que se abstuviera de realizar expresiones injuriosas e irrespetuosas en los memoriales que presentaba, so pena de imponer las sanciones pertinentes. <\/p>\n

13. Como el tutelante continu\u00f3 presentado escritos que fueron considerados por parte del juez de conocimiento injuriosos e irrespetuosos, en decisi\u00f3n del 6 de septiembre pasado, orden\u00f3 compulsar copias en contra del profesional del derecho ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Consider\u00f3 igualmente que se encontraba impedido para continuar conociendo de la actuaci\u00f3n, con fundamento en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso y remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias. <\/p>\n

14. Afirma el promotor del amparo constitucional que la juez accionada ha vulnerado sus derechos al no remitir la actuaci\u00f3n al juzgado de origen, debido a que considera que es tal autoridad la que debe continuar tramit\u00e1ndola. [Folios 1 a 8, c. 1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 26 de septiembre de 2019 el Tribunal de instancia admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela; orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa; requiri\u00f3 al tutelante para que aclarara la calidad en la que actuaba al proponer el amparo y que en caso tal allegara el respectivo poder conferido por el demandado en el proceso cuestionado. [Folios 15 y 16, c. 1]
\n2. De manera oportuna el Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n surtida y destac\u00f3 que ante los diferentes escritos propuestos por el tutelante tendientes a rebatir decisiones que no fueron recurridas oportunamente y que llegaron al punto de pretender que el plenario fuera remitido al Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, todo lo cual se resolvi\u00f3 de manera desfavorable al quejoso y ante el hecho de que \u00e9ste continu\u00f3 presentando escritos dilatorios e irrespetuosos orden\u00f3 compulsar copias en su contra y se declar\u00f3 impedido, por lo que remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n al despacho que sigue en turno. [Folios 20 y 21, c. 1] <\/p>\n

Por su parte, el accionante indic\u00f3 que el ejecutado en el tr\u00e1mite cuestionado le confiri\u00f3 poder para su representaci\u00f3n, defensa que ha sido entorpecida por el juzgado de instancia, motivo por el cual invoca la acci\u00f3n de forma directa y personal. [Folios 22 y 23, c. 1] <\/p>\n

La Juez Tercera Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos del tutelante, pues el expediente apenas le fue repartido el 26 de septiembre del presente a\u00f1o, en raz\u00f3n al impedimento que declar\u00f3 el Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n. [Folio 24, c. 1] <\/p>\n

El Juez Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn precis\u00f3 que desde el 6 de julio de 2017 la actuaci\u00f3n fue enviada a los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole al Juzgado Tercero de esa especialidad. [Folio 27 y vuelto, c. 1]
\n3. En sentencia de 9 de octubre de 2019, el fallador de instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al considerar que el tutelante no se encuentra legitimado para cuestionar el proceso ejecutivo en el cual obra como apoderado del demandado, \u00abbrilla por su ausencia la titularidad de los derechos reclamados por el accionante, en tanto ninguna prueba se ados\u00f3 que lo vincule con la persona que es parte en el proceso al interior del cual se origina la denuncia de afectaci\u00f3n de garant\u00edas\u00bb. [Folios 35 a 40 c.1]. <\/p>\n

4. Inconforme con lo resuelto el accionante impugn\u00f3, al afirmar que el ejecutado dentro del tr\u00e1mite controvertido, esto es, Robinson Castellanos Plata le otorg\u00f3 poder \u00abpara la defensa de sus intereses y de ese poder se desprende la frase que conced\u00eda el mandato facult\u00e1ndolo para que el mandatario \u2018ejerciera todas aquellas diligencias necesarias para el buen logro de la gesti\u00f3n\u2019 olvidando entonces, que entre mandante y mandatario se hab\u00eda operado una osmosis jur\u00eddica que permit\u00eda la defensa en cualquier escenario\u00bb. Precis\u00f3 que s\u00ed se necesitaba del poder \u00e9ste aparece en el tr\u00e1mite cuestionado. Adem\u00e1s, surge clara y precisa la figura de la agencia oficiosa, toda vez que su defendido se encuentra pasando por una lamentable situaci\u00f3n, ya que est\u00e1 preso. De esta manera, solicit\u00f3 revocar el fallo de instancia y en su lugar conceder el amparo invocado. [Folios 43 a 45 c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y a\u00fan de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a la jurisdicci\u00f3n estuviera habilitado para ello. <\/p>\n

Lo anterior porque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto a requisitos como el de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n

2. En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, determin\u00f3 que este especial mecanismo se puede ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n

Para facilitar la defensa de derechos ajenos, tambi\u00e9n estableci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados y la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, as\u00ed deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n

3. Sobre este tema, la Corte se ha pronunciado de la manera que sigue: <\/p>\n

\u00ab\u2026 ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb. (CSJ STC, 9 feb. 1996, Rad. No. 02822; 9 oct. 1998. Rad. No. 05429; 19 feb. 2002, Rad. No. 00159-01; 24 feb. 2004, Rad. No. 00219-01; 11 mar. 2009, Rad. No. 00001-01) <\/p>\n

Frente a actuaciones cumplidas en el tr\u00e1mite de un proceso o de providencias dictadas dentro de este, se ha considerado que \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb. (CSJ STC, 6 mar 2012, Rad. 00357-00). <\/p>\n

Significa lo anterior que no se autoriza a quien no es titular de las garant\u00edas supralegales presuntamente quebrantadas, impetrar el amparo, en nombre y representaci\u00f3n de la persona natural o jur\u00eddica directamente afectada con los hechos u omisiones que se censuran en esa v\u00eda, a menos que se ostente la condici\u00f3n de apoderado judicial o la de agente oficioso en los t\u00e9rminos de la norma citada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n en otras oportunidades, no es posible soslayar que \u00abla finalidad primordial de tal mecanismo de defensa constitucional, es la de garantizar a esa persona y solo a ella, el goce pleno de su derecho y, cuando fuere posible, restablecerlo al estado anterior a la amenaza o violaci\u00f3n\u00bb. (CSJ STC, 19 feb. 2002, Rad. No. 00159-01) <\/p>\n

4. En el supuesto que analiza la Corte, la solicitud de protecci\u00f3n aparece presentada por Ruaidi Eduardo V\u00e9lez Osorio, en nombre propio, sin embargo, dentro del proceso que controvierte, esto es, el juicio ejecutivo hipotecario No. 2016-00978 adelantado por Andr\u00e9s Albeiro Galvis Arango contra Robinson Castellanos Plata, el tutelante solo tiene la condici\u00f3n de apoderado judicial del mencionado ejecutado. <\/p>\n

De acuerdo a lo anterior, es evidente que en \u00faltimas s\u00f3lo Robinson Castellanos Plata ser\u00eda la \u00fanica persona afectadas en este evento, pues es contra quien se sigue el proceso ejecutivo hipotecario, en el que el 5 de julio de 2019 se orden\u00f3 continuar con \u00e9sta, por tanto es el perjudicado con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del despacho respecto a la forma en la que se ha adelantado la actuaci\u00f3n que ac\u00e1 se cuestiona, de manera que el accionante carece de legitimaci\u00f3n para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que afirma se le lesionaron, pues \u00e9l no es parte en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, se reitera, \u00fanicamente Robinson Castellanos Plata, si estimaba que se hab\u00edan quebrantado sus garant\u00edas, estaba legitimado para recurrir a la herramienta constitucional, a efectos de solicitar su protecci\u00f3n, lo que pod\u00eda hacer, a trav\u00e9s de mandatario especialmente constituido para la acci\u00f3n, como quiera que la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el proceso, a los cuales beneficia o perjudica su resultado. <\/p>\n

Sucede, sin embargo, al profesional del derecho, ac\u00e1 tutelante, en primera instancia, el 26 de septiembre de 2019, se le requiri\u00f3 para que aportara el poder especial para promover esta acci\u00f3n, pero no lo hizo, ya que no lo alleg\u00f3 y se reitera, aleg\u00f3 que el ejecutado en el tr\u00e1mite cuestionado le confiri\u00f3 poder para su representaci\u00f3n, defensa que ha sido entorpecida por el juzgado de instancia, motivo por el cual invoca la acci\u00f3n \u00abpersonalmente\u00bb. <\/p>\n

5. De otro lado, se debe aclarar que en el escrito de impugnaci\u00f3n el accionante se\u00f1al\u00f3 que Robinson Castellanos Plata le otorg\u00f3 poder para que ejerciera la defensa de sus derechos, el cual inclu\u00eda todas aquellas diligencias necesarias para el buen logro de su funci\u00f3n; sin embargo, tal afirmaci\u00f3n no tiene ning\u00fan asidero normativo, en el entendido que los poderes especiales \u2013como su nombre lo indica- son conferidos para un proceso o varios procesos en particular (Art\u00edculos 74 C.G.P. y 2156 del C.C.). <\/p>\n

Por lo anterior, no es posible extender los efectos de un poder conferido para una actividad encomendada a otra que no est\u00e1 necesariamente incluida en la primera. <\/p>\n

6. En ese sentido, la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Robinson Castellanos Plata no era una gesti\u00f3n inescindible del tr\u00e1mite del proceso ejecutivo adelantado contra \u00e9l. Las reglas de la experiencia ense\u00f1an que cuando una actividad no es absolutamente necesaria para el desarrollo de una gesti\u00f3n encomendada es necesario conferir poder para su ejecuci\u00f3n. En el entendido que el amparo en contra de providencias judiciales procede s\u00f3lo excepcionalmente, cuando este se requiera deber\u00e1 ser debidamente autorizado por el interesado. <\/p>\n

7. Tambi\u00e9n se debe anotar que, trat\u00e1ndose del agenciamiento de los derechos fundamentales de personas privadas de la libertad, la jurisprudencia constitucional ha precisado que: <\/p>\n

\u00ab\u2026en la presentaci\u00f3n de la solicitud de amparo por parte de agente oficioso deber\u00e1 verificarse que el agente oficioso manifieste actuar en tal sentido; y que de los hechos que fundamentan la acci\u00f3n se infiera que el titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en situaci\u00f3n f\u00edsica o mental que le impida la interposici\u00f3n directa de la acci\u00f3n. En todo caso, el juez constitucional deber\u00e1 analizar el cumplimiento de estos requisitos a la luz de las circunstancias particulares del caso puesto a su consideraci\u00f3n.\u00a0 En relaci\u00f3n con la manifestaci\u00f3n del agente oficioso de actuar como tal, puede ser expresa o t\u00e1cita. De esta forma, se ha considerado v\u00e1lida la agencia oficiosa cuando de los hechos narrados en el escrito de tutela se deduzca la calidad en la que act\u00faa la persona que presenta la acci\u00f3n.\u00a0En cuanto a la imposibilidad para promover la defensa se ha reconocido que pueda ser de tipo f\u00edsico o mental; o puede derivarse de otras circunstancias como el aislamiento geogr\u00e1fico o la situaci\u00f3n de especial marginaci\u00f3n o indefensi\u00f3n. De acuerdo con lo expuesto, para esta Sala de Revisi\u00f3n es claro que se cumplen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que, en calidad de agente oficiosa, la demandante act\u00fae en defensa de los derechos de su hijo. Se le debe reconocer tal calidad a la progenitora del actor ya que de las pruebas obrantes en el expediente se desprende que su hijo padece secuelas neurol\u00f3gicas y psiqui\u00e1tricas graves como consecuencia de la hipoxia cerebral que sufri\u00f3 en diciembre de 2009, al interior del Establecimiento Carcelario de Garz\u00f3n (Huila), por lo que no puede promover directamente la acci\u00f3n de tutela para defender sus derechos e intereses. (Corte Constitucional, Sentencia T-324 de 2011) <\/p>\n

8. En el asunto sub examine la Sala advierte tambi\u00e9n que en el escrito de impugnaci\u00f3n el tutelante, afirm\u00f3 \u00absurge clara y precisa la figura deliberadamente omitida de la AGENCIA OFICIOSA aparejada en el art\u00edculo 57 del CGP aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4 del decreto 306 de 1992 \u2026, situaci\u00f3n que se patentiza con la presentaci\u00f3n del escrito y m\u00e1s a\u00fan a sabiendas que el se\u00f1or CASTELLANOS PLATA mi prohijado en el hipotecario citado se encuentra atravesando una penosa situaci\u00f3n como que padece prisi\u00f3n en un centro penitenciario de esta ciudad. \u2026\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, no se extrae en modo alguno la causa que le impida f\u00edsica o mentalmente, como lo exige la jurisprudencia constitucional, a Robinson Castellanos Plata, reclamar por s\u00ed mismo la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Al respecto, se advierte que el hecho de que el se\u00f1or Castellanos Planta se encuentra recluido en un establecimiento carcelario, no es suficiente para considerar que tendr\u00edan alguna imposibilidad para suscribir la petici\u00f3n de amparo en pro de sus prerrogativas fundamentales, pues los internos en los centros penitenciarios, cuentan con oficinas jur\u00eddicas a trav\u00e9s de las cuales pueden adelantar las gestiones propias de la defensa jur\u00eddica de sus intereses. <\/p>\n

Luego, es evidente que al contar el titular de los derechos cuya protecci\u00f3n se invoca, con la posibilidad cierta de ejercer la defensa de sus intereses de manera directa, el reclamante en este tr\u00e1mite carece de legitimidad en la causa para impetrar el amparo. <\/p>\n

9. Por consiguiente, no hab\u00eda lugar a dispensar la protecci\u00f3n que se reclam\u00f3 en el asunto y por tanto, se confirmar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16547-2019 Radicaci\u00f3n N.\u00ba 05001-22-03-000-2019-00470-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el nueve de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102985","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102985","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102985"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102985\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102985"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102985"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102985"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}