{"id":102988,"date":"2026-07-02T17:52:11","date_gmt":"2026-07-02T17:52:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102988"},"modified":"2026-07-02T17:52:11","modified_gmt":"2026-07-02T17:52:11","slug":"stc16550-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16550-2019\/","title":{"rendered":"STC16550-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16550-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2019-01823-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el tres de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Penal de \u00e9sta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Humberto Rodr\u00edguez Castillo, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Picale\u00f1a, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso donde se origina la queja. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y libertad que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al negarle el beneficio administrativo de las 72 horas para salir del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido, aun cuando a su criterio el numeral 5 del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, perdi\u00f3 vigencia y por ende el requisito del descuento del 70% de la pena no le resultaba exigible. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se resguarden sus garant\u00edas y en consecuencia \u00ab(i) emitir orden perentoria para que se me conceda el permiso de las 72 horas al cual tengo derecho m\u00e1s el t\u00e9rmino de la distancia y (ii) en caso de encontrarme recluido en establecimiento de alta seguridad, ordenar al IMPEC a un establecimiento de mediana seguridad (\u2026) donde se me aplique el procedimiento a la fase de tratamiento en el cual me encuentro clasificado y pueda estar m\u00e1s cerca de mis hijos y familiares\u00bb. [Folio 19, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El \t16 \tde diciembre de 2009, el Juzgado 2\u00ba \tPenal del Circuito Especializado de Cali, conden\u00f3 al \tpeticionario, a la pena principal de 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n, \tcomo coautor responsable de los delitos de homicidio agravado \ttentado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de \tarmas de fuego, accesorios partes o municiones.
\n1.2. Como sanci\u00f3n accesoria, le asign\u00f3 la inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por un t\u00e9rmino igual al de la sanci\u00f3n de libertad y se le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n

2. As\u00ed \tmismo, en fallo del 13 de octubre de 2010, el Juzgado Primero Civil \tEspecializado de la misma ciudad, conden\u00f3 \tal reclamante a las penas principales de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n \ty multa por 1.333 S.M.M.L.V, como coautor responsable de los \tpunibles de homicidio agravado, concierto para delinquir y \tfabricaci\u00f3n, \ttr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios \tpartes o municiones. <\/p>\n

2.1. La sanci\u00f3n accesoria consisti\u00f3 en la misma indicada en el numeral 1.2 y no se le concedi\u00f3 ning\u00fan subrogado penal. <\/p>\n

3. Mediante \tprove\u00eddo del 22 de septiembre de 2011, el Juzgado Tercero de \tEjecuci\u00f3n \tde Penas y Medidas de Seguridad de la misma urbe, declar\u00f3 la \tacumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas principales de \tprisi\u00f3n impuestas al quejoso, quedando \u00e9stas en 31 \ta\u00f1os y 6 meses y la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para \tel ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas en 20 a\u00f1os. <\/p>\n

4. Determinaci\u00f3n \tque fue modificada por el Tribunal Superior de Cali, el 19 de abril \tde 2012, en el sentido de que la pena acumulada quedaba en 29 a\u00f1os, \t7 meses y 6 d\u00edas.
\n5. El \tpenado \tse encuentra recluido en el establecimiento penitenciario y \tcarcelario de Ibagu\u00e9, desde el 18 de octubre de 2009, por \tcuenta del proceso en menci\u00f3n y la vigilancia de la condena \test\u00e1 a cargo del Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas \tde tal ciudad. <\/p>\n

6. Seg\u00fan \tel decir del actor, el Consejo de evaluaci\u00f3n y tratamiento \tdel establecimiento de reclusi\u00f3n, \tlo clasific\u00f3 en fase de mediana seguridad de acuerdo a lo \tcontemplado en el art\u00edculo 145 de la Ley 65 de 1993, por lo \tque el IMPEC emiti\u00f3 concepto favorable para el permiso de las \t72 horas. <\/p>\n

7. Por \ttal motivo, el condenado pidi\u00f3 autorizaci\u00f3n para salir \tde la sede aludida hasta por el lapso se\u00f1alado, ante el juez \tque vigila su correctivo. <\/p>\n

8. En \tprovidencia del 7 de \tdiciembre de 2018, la autoridad competente, no aval\u00f3 la \tconcesi\u00f3n del beneficio administrativo deprecado, por no \tacreditar el cumplimiento de los requisitos se\u00f1alados en el \tart\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario. <\/p>\n

9. En \tdesacuerdo el suplicante, impugn\u00f3 la decisi\u00f3n ante la \tSala Penal del Tribunal querellado. <\/p>\n

10. Mediante \tdisposici\u00f3n del 4 de septiembre \tdel a\u00f1o en curso, el ad \tquem, mantuvo \tinc\u00f3lume la disposici\u00f3n atacada, tras considerar que \tel suplicante no acat\u00f3 el requisito consagrado en el ordinal \t5 del art\u00edculo 147 de la norma ib\u00eddem, \tla que se encuentra vigente, relacionado con \u00abhaber \tdescontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, \ttrat\u00e1ndose de condenados por los delitos de competencia de \tlos Jueces Penales de Circuito Especializados\u00bb. <\/p>\n

11. El censor, present\u00f3 solicitud de defensa, para que se disponga la protecci\u00f3n de los derechos superiores, pues los falladores de la causa, negaron el beneficio administrativo de las 72 horas para salir del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido, aun cuando a su criterio el numeral 5 del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, perdi\u00f3 vigencia y por ende el requisito del descuento del 70% de la pena no le resultaba exigible. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 20 de septiembre de 2019 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 34-35, c.1] <\/p>\n

2. La Colegiatura Superior acusada, defendi\u00f3 la legalidad de sus acciones y remiti\u00f3 copia del fallo de segunda instancia. As\u00ed mismo hizo un recuento de las actuaciones surtidas por su dependencia y aclar\u00f3 que lo afirmado por el precursor no era cierto, ya que el numeral 5 del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, a\u00fan se encuentra vigente tal y como lo han preceptuado las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia. <\/p>\n

A su turno, el Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad vinculado, se opuso a las pretensiones de la demanda tutelar, tras considerar que la gesti\u00f3n adelantada fue conforme a la ley. <\/p>\n

Por su parte, el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9, pidi\u00f3 ser desvinculado de la presente acci\u00f3n de salvaguarda, por estimar que no hab\u00eda trasgredido ninguna garant\u00eda superior del interno \u2013 aqu\u00ed impulsor-. <\/p>\n

3. La Sala Penal de \u00e9sta Corporaci\u00f3n, mediante fallo del 3 de octubre de 2019, neg\u00f3 la petici\u00f3n tutelar, tras considerar que las determinaciones censuradas son razonables y est\u00e1n debidamente sustentadas, sin que se vislumbre capricho o contradicci\u00f3n con el ordenamiento jur\u00eddico. [Folios 106 -118 c.1]. <\/p>\n

4. Ante estos pronunciamientos, el recurrente, impugn\u00f3, con los mismos argumentos del escrito inicial. [Folios137-138 c.1]. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el asunto sub examine, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de las decisiones proferidas por el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n del Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 y su Superior funcional, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 el juzgador de segunda instancia, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/p>\n

Atendidos los argumentos que fundan el requerimiento de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n endilgada de negar el beneficio administrativo solicitado por el actor, tendiente a las 72 horas de permiso para salir del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido, proferida el 4 de septiembre de 2019, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del resguardo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, para adoptar su determinaci\u00f3n el Tribunal, inici\u00f3 por determinar el problema jur\u00eddico del asunto, el cual se circunscribi\u00f3 en determinar si se deb\u00eda avalar el permiso administrativo aludido al se\u00f1or Rodr\u00edguez Catillo, luego pas\u00f3 a analizar la inconformidad del recurrente, relacionada en que no debi\u00f3 tenerse en cuenta el numeral 5 del art\u00edculo 147 de la ley 65 del 1993; esto es, haber descontado el 70% de la condena impuesta, en el caso de sujetos condenados bajo la competencia de Jueces Penales del Circuito Especializados, en atenci\u00f3n a que tal norma fue derogada por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 2007; por lo que al respecto se permiti\u00f3 explicar: <\/p>\n

En primer t\u00e9rmino se debe aclarar que el mencionado numeral del art 147 del C\u00f3digo Penitenciario, fue modificado por el art 29 de la Ley 504 de 1999 no de 2007, como se\u00f1al\u00f3 el recurrente. <\/p>\n

De otro lado, la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la sentencia C-387 de 2015 indico que: \u201caunque existe controversia en torno a la vigencia de la norma demandada, se constat\u00f3 que la Corte Suprema de Justicia en algunas sentencias de tutela ha entendido que la modificaci\u00f3n introducida al art 147 numeral 5 del C\u00f3digo Penitenciario en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999 mantiene su vigencia, comoquiera que el art\u00edculo 46 del Ley 1142 de 2007 ampli\u00f3 con car\u00e1cter indefinido las normas incluidas en el cap\u00edtulo IV transitorio de la Ley 600 de 2000, es decir, las que regulan la justicia penal especializada. En atenci\u00f3n a esta interpretaci\u00f3n, la norma demandada continua produciendo efectos lo que, en principio habilita este Tribunal para pronunciarse sobre su constitucionalidad\u201d. <\/p>\n

Con base en los anteriores presupuestos, la Colegiatura estim\u00f3: \u00abNinguna duda queda entonces frente a que el mencionado ordinal 5 del art 147 de la Ley 65 de 1993, se encuentra vigente y en consecuencia, es uno de los requisitos que se debe exigir al recurrente, en tanto fue condenado por la justicia especializada\u00bb.
\nEn cierre, al realizar un estudio de las circunstancias para negar el beneficio aludido, el ad quem precis\u00f3: \u00aben este entendido y en virtud de que el condenado a\u00fan no ha cumplido el 70% de la pena (\u2026) el tiempo f\u00edsico que lleva privado de la libertad desde el 18 de octubre de 2009 (…) m\u00e1s las redenciones que se le han concedido suman 12 a\u00f1os, 1 mes y 15 d\u00edas, tiempo inferior al 70% de la pena acumulada impuesta \u2013 20 a\u00f1os, 8 meses y 2 d\u00edas-\u00bb por lo que dispuso confirmar la decisi\u00f3n de su inferior jer\u00e1rquico. <\/p>\n

Se desprende de lo expuesto, que la decisi\u00f3n que se reprocha por esta v\u00eda se motiv\u00f3 adecuadamente, y en la misma se hizo una razonada interpretaci\u00f3n que con independencia de que se comparta o no por el tutelista, no se muestra irrazonable y por ende no quebranta las garant\u00edas reclamadas.\u00a0 <\/p>\n

3. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del resguardo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el tutelante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a de la sede encausada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de salvaguarda, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, se ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la Sala accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del promotor. <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

13<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16550-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2019-01823-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el tres de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102988","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102988","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102988"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102988\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102988"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102988"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102988"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}