{"id":102992,"date":"2026-07-02T17:52:44","date_gmt":"2026-07-02T17:52:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102992"},"modified":"2026-07-02T17:52:44","modified_gmt":"2026-07-02T17:52:44","slug":"stc16582-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16582-2019\/","title":{"rendered":"STC16582-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16582-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2018-00271-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el ocho de octubre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela que Oscar Miguel Noruega Pi\u00f1a inco\u00f3, en calidad de representante legal de la Cooperativa Integral de Transporte de Cartagena Ltda \u2013 Cointracar Ltda., contra del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a Irma de Jes\u00fas Llamas Ruiz, Alexandra del Carmen Fierro Llamas, Patricia del Pilar Fierro Llamas, Vilma Cecilia Ramos de Castillo y Jos\u00e9 Humberto Fierro Llamas. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

En el libelo que dio origen a la presente acci\u00f3n, el accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho al debido proceso, debido a que las medidas cautelares decretadas en su contra en el proceso ejecutivo identificado con radicado n\u00ba 2011-00120, no eran proporcionales, en tanto superaban el doble de lo pretendido. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se ordene al Despacho querellado \u00ab[\u2026] suspender el embargo de la[s] cuentas \u2013sic- del Banco DAVIVIENDA, exp\u00eddase los oficios de rigor\u00bb. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena el 30 de abril de 2018 y, con ocasi\u00f3n del proceso ejecutivo n\u00ba 2011-00120, libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de Irma de Jes\u00fas Llamas Ruiz, Jos\u00e9 Humberto, Alexandra del Carmen, Patricia del Pilar Fierro Llamas y, en contra de la Cooperativa Integral de Transporte de Cartagena Ltda. \u2013 Cointracar Ltda. y Vilma C. Ramos de Castillo, por las siguientes sumas de dinero: i) $240.000.000 por concepto del capital relacionado con los perjuicios morales a los que fueron condenados en sentencia del 5 de diciembre de 2016 por dicho Juzgado, y ii) $50.231.151 por concepto de las costas a las que fueron condenados en los fallos emitidos el 5 de diciembre de 2016 y 8 de junio de 2017, por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil Familia, m\u00e1s los intereses. <\/p>\n

En la misma fecha, se decret\u00f3 el embargo de las sumas de dinero que tuviese o llegase a tener la parte demandada en los diferentes bancos del pa\u00eds, limit\u00e1ndolo a la suma de $435.346.726, as\u00ed como del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 060-169670 <\/p>\n

2. Mediante prove\u00eddo del 14 de septiembre de 2018, se emiti\u00f3 orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, se dispuso el aval\u00fao y remate de los bienes embargados y, se neg\u00f3 la solicitud tendiente a cuantificar la cantidad de dinero que cada ejecutado adeudaba a los demandantes; providencia que fue objeto de recuro de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n por parre de la mencionada sociedad. <\/p>\n

En dicha data, se orden\u00f3 secuestrar el bien inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 060-169670y, negar la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares decretadas en auto de 30 de abril de 2018, entre otras disposiciones. <\/p>\n

3. Por medio de prove\u00eddo del 22 de enero de 2019, no se repuso el auto adiado del 14 de septiembre de 2018 y, se neg\u00f3 por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

En esa misma data y, en atenci\u00f3n a la solicitud elevada por los extremos procesales se levantaron las medidas cautelares de embargo sobre las sumas de dinero de la parte demandada y, ordenadas en providencia del 30 de abril de 2018. <\/p>\n

4. A trav\u00e9s de prove\u00eddo del 15 de marzo de 2019, se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n y, se orden\u00f3 levantar las medidas cautelares. <\/p>\n

5. El 29 de abril del a\u00f1o en curso, se neg\u00f3 la solicitud efectuada por Omar Arnedo Montes (demandante en el proceso ejecutivo n\u00ba 2011-00106 cuya demandada es Alexandra del Carmen Fierro Llamas y que conoci\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena), relacionada con que se declarara la ilegalidad del auto anterior y, se dispuso la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales a la sociedad ejecutada. <\/p>\n

6. El 10 de julio del a\u00f1o que avanza, se remitieron al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena y, con destino al proceso n\u00ba 2011-00106, los dep\u00f3sitos judiciales que fueron desembargados y, se resolvi\u00f3 no atender el recurso de reposici\u00f3n en contra del prove\u00eddo del 29 de abril del mismo a\u00f1o. <\/p>\n

7. En criterio del peticionario del amparo se vulner\u00f3 su derecho fundamental, por cuanto las medidas cautelares se encaminaron \u00fanicamente frente al embargo de sus bienes, a saber, un inmueble avaluado en $3.000.000, as\u00ed como de sus cuentas bancarias, lo cual evidenciaba una violaci\u00f3n del \u00abpresupuesto legal de garant\u00eda de pago, como fue la solicitud de cargar doble pretensi\u00f3n o medida cautelar [\u2026] para el cumplimiento del mandamiento de pago\u00bb; medidas que en su sentir resultaban desproporcionadas. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 25 de septiembre de 2018, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso y en la acci\u00f3n de tutela objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

2. Mediante providencia del 2 de octubre de 2018, se vincul\u00f3 a la presente acci\u00f3n constitucional a Irma de Jes\u00fas Llamas Ruiz, Alexandra del Carmen Fierro Llamas, Patricia del Pilar Fierro Llamas, Vilma Cecilia Ramos de Castillo y Jos\u00e9 Humberto Fierro Llamas. <\/p>\n

3. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo que concita la atenci\u00f3n de la Sala, e indic\u00f3 que las mismas no evidenciaban que se hubiese vulnerado alg\u00fan derecho fundamental del querellante, que configure una v\u00eda de hecho. <\/p>\n

Por su parte, el apoderado judicial del extremo demandante en el proceso ejecutivo en comento, inform\u00f3 que \u00e9sta tutela era la segunda que hab\u00eda promovido el reclamante y, adem\u00e1s, solicit\u00f3 que no se accediera al amparo deprecado por improcedente, ya que las medidas cautelares se ordenaron conforme a lo previsto en el art\u00edculo 599 del C.G. del P. y, existen otros medios de defensa a los cuales pod\u00eda acudir el accionante para garantizar sus derechos fundamentales, pues promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en contra del auto emitido el 14 de septiembre de 2018. <\/p>\n

4. Por medio de fallo emitido el 8 de octubre de 2018, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil Familia neg\u00f3 el amparo, tras considerar que no se satisfac\u00eda el presupuesto de la subsidiaridad, en tanto no se hab\u00edan agotado los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n respecto del auto proferido el 30 de abril de 2018, a trav\u00e9s del cual se decretaron las medidas cautelares. <\/p>\n

As\u00ed mismo, precis\u00f3 que se encontraba pendiente por resolver el recurso de reposici\u00f3n en contra de la providencia adiada del 14 de septiembre de 2018, sin que se evidenciara la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable que justificara la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

5. Inconforme con lo anterior, el quejoso formul\u00f3 impugnaci\u00f3n, para efecto de lo cual reiter\u00f3 los argumentos que esboz\u00f3 en el escrito de tutela, resaltando que las medidas cautelares ordenadas en su contra eran excesivas, lo que tornaba m\u00e1s gravosa la condici\u00f3n financiera de la sociedad demandada. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos. <\/p>\n

2. Sin embargo, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito de tutela, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 como mecanismo dirigido a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas garant\u00edas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n

Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional.1 <\/p>\n

3. En el caso objeto de estudio, ha de precisarse, que la parte accionante se duele de la ausencia de proporcionalidad de las medidas cautelares decretadas en su contra en las providencias emitidas el 30 de abril y el 14 de septiembre de 2018, y en tal virtud, pretende que se suspenda el embargo ordenado frente a sus cuentas bancarias. <\/p>\n

En dicho sentido, y al verificar la actuaci\u00f3n surtida, resulta claro, que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena por medio de auto del 15 de marzo de 2019, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n y, en ese orden, dispuso el levantamiento de las medidas cautelares; prove\u00eddo respecto del cual se neg\u00f3 la solicitud de declaratoria de ilegalidad a trav\u00e9s de providencia del 29 de abril siguiente, la cual qued\u00f3 en firme. <\/p>\n

Y es que, lo cierto es, que el objetivo que persigue la petici\u00f3n elevada por la parte quejosa, ya se materializ\u00f3, si se tiene en cuenta que se emiti\u00f3 decisi\u00f3n que orden\u00f3 el levantamiento de las cautelares como consecuencia de la terminaci\u00f3n del litigio. <\/p>\n

Lo anterior significa que el hecho que origin\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y en el cual se sustent\u00f3 la queja constitucional, se encuentra superado, y en esa medida, carecer\u00eda de objeto una orden de protecci\u00f3n en el sentido reclamado en la demanda de tutela. <\/p>\n

4. Son entonces, las anteriores razones suficientes para concluir que el amparo invocado estaba abocado al fracaso por lo que se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n impugnada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tSobre el hecho superado, v\u00e9ase sentencia de la Corte de 13 de \tabril de 2010, exp. T-00135-01, reiterada en sentencias de 24 de \toctubre de 2011, exp. T-00305-01, 1\u00ba de agosto de 2012, exp. \tT-00497-01 y 3 de abril de 2013, exp. T-00044-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16582-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2018-00271-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el ocho de octubre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela que Oscar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102992","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102992","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102992"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102992\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102992"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102992"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102992"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}