{"id":102993,"date":"2026-07-02T17:52:49","date_gmt":"2026-07-02T17:52:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102993"},"modified":"2026-07-02T17:52:49","modified_gmt":"2026-07-02T17:52:49","slug":"stc16583-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16583-2019\/","title":{"rendered":"STC16583-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16583-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2019-02026-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por la Sala Civil Especializada en Restitucion de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la solicitud de protecci\u00f3n promovida por el Liceo Campestre Harvard S.A.S, frente al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a todas las partes interesadas en al asunto objeto de queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicita el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial encausada, pues dentro del asunto de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que se promovi\u00f3 en su contra, se tuvo por no contestada la demanda y se emiti\u00f3 providencia adversa a sus pretensiones, por no haber acreditado el desembolso de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados, cuando a su criterio se presentaron serias dudas en cuanto a la existencia del contrato, tal como lo propuso en la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que formul\u00f3. <\/p>\n

Pretende en consecuencia, (i) revocar el fallo proferido por el Juzgado 40, fechado del 23 de agosto de 2019 y en su lugar conceder el amparo a los derechos fundamentales, (ii) dejar sin efecto todo lo actuado, a partir del auto admisorio de la demanda y (iii) Ordenar al Juzgado 40, que inicie el tr\u00e1mite del mismo, garantizando al demandado sus derechos fundamentales. [Folios 252-253, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 25 de julio de 2018, Jos\u00e9 Mario Castellanos Guauta en calidad de arrendador, promovi\u00f3 proceso en contra la sociedad tutelante, representada legalmente por Alfredo Hern\u00e1ndez Ospina; como arrendatario y Blanca Beatriz Ospina como deudora solidaria, en la que pretendi\u00f3 la declaratoria de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento del predio comercial ubicado en la carrera 49 No 202-85 de Bogot\u00e1, suscrito el 24 de agosto de 2017.
\n1.1. As\u00ed mismo, el decreto de medidas cautelares de que trata el art\u00edculo 35 de la Ley 820 de 2003 y el lanzamiento en caso de no haber entrega voluntaria del local. <\/p>\n

2. Ello se fundament\u00f3 en el incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones de renta de 7 meses, desde enero de 2018, hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, lo que ascend\u00eda a $700.000.000. <\/p>\n

3. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de la capital, quien en auto del 21 de agosto de 2018 admiti\u00f3 el libelo, orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de los llamados a juicio; entre otras disposiciones. <\/p>\n

4. El 31 del mismo mes y a\u00f1o, se notific\u00f3 por conducta concluyente la instituci\u00f3n demandada. <\/p>\n

5. El 10 de septiembre siguiente, la sociedad convocada, interpuso recurso de reposici\u00f3n en contra del auto del 21 de agosto pasado, a fin de que se rechazara la demanda, tras aducir una doble inadmisi\u00f3n. <\/p>\n

6. El 24 de octubre de aquella anualidad, el despacho cognoscente, requiri\u00f3 al ac\u00e1 reclamante, para que acreditara la liquidaci\u00f3n de los c\u00e1nones conforme al libelo genitor, adem\u00e1s de los causados en el curso del proceso, hasta la fecha, so pena de aplicar las consecuencias establecidas en el numeral 4, inciso 2 del art\u00edculo 384 de la norma procesal civil. <\/p>\n

6.1. De igual manera, decret\u00f3 el embargo de muebles de propiedad del aqu\u00ed tutelista y de sus cuentas bancarias. <\/p>\n

7. El 5 de febrero de 2019, el pasiva \u2013 aqu\u00ed gestor-, contest\u00f3 la acci\u00f3n y propuso las excepciones de fondo que denomin\u00f3: \u00ab (i) inexistencia del contrato tal y como lo presenta el demandante, ya que el mismo fue adulterado en su contenido, (ii) fraude procesal, (iii) pago, (iv) mala fe del demandante y (v) inexistencia de causa legal\u00bb. [Folios 123-135, c.1] <\/p>\n

7.1. Para sustentar el primer medio de contradicci\u00f3n, refiri\u00f3 que \u00abno acepta como parte integrante del mismo el contenido en los folios 1,2 y 4, estos folios fueron llenados con el pu\u00f1o y letra del demandante, los lleno a su antojo y de manera inconsulta; los folios citados no tienen firma y huella del demandado y el folio donde obra la firma de BLANCA BEATRIZ OSPINA, este no corresponde a los grafitismos de su pu\u00f1o y letra que usualmente usa en los actos p\u00fablicos y privados, igualmente no tiene huella; en consecuencia no se puede considerar como deudor solidario a esta persona en el contrato objeto de esta litis. (\u2026) el arrendador induciendo en error al demandado, pretende cobrar canos de arrendamiento por valores no pactados, lo mismo que cambiar la vigencia del contrato de cinco a un a\u00f1o\u00bb. [Folio 123, c.1] <\/p>\n

7.2. Al fundamentar el mecanismo exceptivo tercero, precis\u00f3: \u00abel contrato de arrendamiento se inici\u00f3 el 1 de septiembre de 2017, al mes de febrero de 2019, han trascurrido un total de 18 meses de canon de arrendamiento a un valor de $20.000.000, lo que dar\u00eda un total de $360.000.000, a la fecha el arrendador ha recibido la suma de $384.825.000, lo que dar\u00eda un saldo a favor de $24.825.000\u00bb. [Folio 134, c.1] <\/p>\n

8. El 19 de febrero del a\u00f1o que avanza, la juzgadora advirti\u00f3 que el establecimiento educativo no dio cumplimiento al prove\u00eddo del 24 de octubre de la anualidad pasada, en tanto que en el t\u00e9rmino de ejecutoria, no acredit\u00f3 el pago de los c\u00e1nones presuntamente adeudados, por lo que se abstuvo de estudiar el recurso de reposici\u00f3n citado en el numeral 5. <\/p>\n

9. Posteriormente, el 9 de abril de 2019, la administradora de justicia se abstuvo de tener en cuenta la contestaci\u00f3n a la demanda, por los motivos acabados de relacionar en el numeral anterior. <\/p>\n

10. De otro lado, en la misma calenda anotada, se notific\u00f3 de manera personal a la se\u00f1ora Ospina, tambi\u00e9n demandada en el pleito. <\/p>\n

11. Acto seguido, respondi\u00f3 el escrito principal y propuso las mismas excepciones de fondo, que impetr\u00f3 la otra pasiva del litigio, haciendo \u00e9nfasis en que: \u00abno firm\u00f3 contrato de arrendamiento alguno en calidad de deudora solidaria, seria del caso tachar de falso o ap\u00f3crifo el contenido del contrato de arrendamiento\u00bb. [Folio 193, c.1] <\/p>\n

12. Ante tal actuaci\u00f3n, la falladora el 19 de junio de \u00e9ste a\u00f1o, advirti\u00f3 que teniendo en cuenta que el extremo pasivo refiri\u00f3 que las firmas consignadas no correspond\u00edan a la se\u00f1ora Osorio, al margen de que no se hubiere acreditado la retribuci\u00f3n de la totalidad de los c\u00e1nones, corri\u00f3 traslado al activo, a fin de que procediera de conformidad con el inciso 3 del art\u00edculo 272 de la norma ib\u00eddem. <\/p>\n

13. Inconforme el se\u00f1or Castellanos Guauta, interpuso recurso de reposici\u00f3n en frente de tal decisi\u00f3n, en donde pretendi\u00f3 que la sede judicial, se abstuviera de hacer estudio de la respuesta al libelo y que obrara conforme al art\u00edculo 384 ibidem. <\/p>\n

14. En determinaci\u00f3n del 30 de julio de 2019, el despacho mantuvo inc\u00f3lume su posici\u00f3n inicial, tras referir que era procedente correr traslado del desconocimiento arrimado a la parte actora, ya que la intervenci\u00f3n de la se\u00f1ora Ospina gener\u00f3 dudas. <\/p>\n

15. El pronunciamiento del 23 de agosto de 2019, se declar\u00f3 probada de oficio la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto de Blanca Beatriz Ospina, conforme a lo preceptuado en al art\u00edculo 282 ib\u00eddem, ello por cuanto, si bien particip\u00f3 dentro del negocio jur\u00eddico como deudora solidaria, solo era garante de las obligaciones pecuniarias seg\u00fan el acuerdo de voluntades y no de restituir el inmueble, que es lo que se pretendi\u00f3 con la demanda. <\/p>\n

15.1. As\u00ed mismo, se dio por terminada la convenci\u00f3n comercial celebrado entre el demandante y el Liceo Campestre Harvard, al considerar que el precio pactado del canon era de $100.000.000 mensuales y a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda se adeudaban $700.000.000 y que aunque la instituci\u00f3n hubiere allegado copias aut\u00e9nticas de algunos pagos, no probaron la totalidad de los c\u00e1nones de arrendamiento presuntamente debidos, ni la cancelaci\u00f3n de los causados en el trascurso del proceso, por lo que no era dable haber sido o\u00eddo en la controversia. <\/p>\n

15.2. En cierre, dispuso la restituci\u00f3n del bien materia de juicio dentro de los tres d\u00edas siguientes y la comisi\u00f3n a los jueces municipales o alcald\u00eda local, para la pr\u00e1ctica correspondiente, en caso de ser necesario. <\/p>\n

16. Inconforme el ac\u00e1 precursor, interpuso recurso de apelaci\u00f3n, empero en prove\u00eddo del 10 de septiembre del a\u00f1o que avanza, fue denegado por improcedente. <\/p>\n

17. El recurrente estima se vulneran sus derechos fundamentales, pues se tuvo por no contestada la demanda y se emiti\u00f3 providencia adversa a sus pretensiones, por no haber acreditado la remuneraci\u00f3n de los c\u00e1nones de adeudados, cuando a su criterio se presentaron serias dudas en cuanto a la existencia del contrato de arrendamiento, tal como lo propuso en la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que formul\u00f3. <\/p>\n

17.1. Aleg\u00f3 que se le acusaron perjuicios irreparables a su patrimonio, ya que fueron desconocidas las mejoras locativas sobre la propiedad motivo de debate y el derecho de retenci\u00f3n del mismo, hasta tanto se pagaran dichos rubros. <\/p>\n

2. El \ttr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. Por auto del 11 de octubre de 2019, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 254, c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, hizo un recuento de las actuaciones surtidas dentro de la diligencia radicada bajo el No. 2018-0402, agreg\u00f3 que obr\u00f3 conforme a la normatividad procesal civil y jurisprudencial, pues pese a que el solicitante propuso como excepci\u00f3n la inexistencia del negocio jur\u00eddico, lo que cuestion\u00f3 fue la firma de la se\u00f1ora Ospina y el valor del canon aducido, m\u00e1s no su propio v\u00ednculo contractual. <\/p>\n

Adicion\u00f3 que le correspond\u00eda al quejoso acreditar la cancelaci\u00f3n de los c\u00e1nones adeudados, por lo que evalu\u00f3 que se deb\u00eda denegar la protecci\u00f3n por no existir trasgresi\u00f3n alguna a las garant\u00edas invocadas. [Folios 260-261, c.1] <\/p>\n

2.1. A su turno, la activa del litigio, precis\u00f3 que el querellante dentro de su defensa, no prob\u00f3 la inexistencia del acuerdo de voluntades a la que adujo, por lo que en vista del no pago de los c\u00e1nones derivado de su incumplimiento, la juzgadora actu\u00f3 conforme a derecho. <\/p>\n

Puntualiz\u00f3 que su actuar era temerario e incurri\u00f3 en fraude procesal, por lo que pidi\u00f3 la negativa de los pedimentos tutelares. [Folio 265-270, c.1] <\/p>\n

3. En providencia del 24 de octubre de 2019, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el resguardo, luego de considerar que contra los autos del 19 de febrero y 9 de abril de 2019, el aqu\u00ed recurrente, no interpuso recurso alguno. <\/p>\n

3.1. Expres\u00f3 que la disposici\u00f3n que resolvi\u00f3 no escucharlo, se profiri\u00f3 con sustento en la normatividad vigente y atendi\u00f3 a un criterio razonable. <\/p>\n

4. Inconforme, el reclamante impugn\u00f3, insistiendo en los mismos argumentos iniciales y reprochando las intervenciones del juez constitucional de primer grado. [Folios 282-288, c.1] <\/p>\n

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de amparo no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad de la salvaguarda para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. De la rese\u00f1a procesal se extrae que el impulsor fundamenta su reclamo, en que dentro del asunto de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que se promovi\u00f3 en su contra, se tuvo por no contestada la demanda y se emiti\u00f3 providencia adversa a sus pretensiones, por no haber acreditado el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados, cuando a su criterio se presentaron serias dudas en cuanto a la existencia del contrato, tal como lo propuso en la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que present\u00f3. <\/p>\n

A partir del examen de las determinaciones que en esta v\u00eda se cuestionan; estas son, las providencias del 9 de abril y 23 de agosto de 2019, mediante las cuales el despacho dio por no respondido el escrito genitor y profiri\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones del convocante, dada la no liquidaci\u00f3n de los c\u00e1nones de arrendamiento por parte del inquilino, no logra advertirse una vulneraci\u00f3n a los derechos superiores deprecados, toda vez que el estrado judicial que conoci\u00f3 la causa, realiz\u00f3 una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad que gobierna el asunto, para lo cual se efectu\u00f3 una adecuada aplicaci\u00f3n al caso concreto, de conformidad con la documentaci\u00f3n allegada al plenario. <\/p>\n

En efecto, tal como se desprende de los antecedentes que anteponen a la presente, el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, hizo un debido an\u00e1lisis del escrito demandatorio, de cara a las contestaciones del mismo, lo cual le permiti\u00f3 concluir, de un lado; que se deb\u00eda declarar probada de oficio la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la acusa por pasiva respecto de Blanca Beatriz Ospina, conforme a lo preceptuado en al art\u00edculo 282 ib\u00eddem, ello por cuanto, si bien particip\u00f3 dentro del negocio jur\u00eddico como deudora solidaria, solo era garante de las obligaciones pecuniarias seg\u00fan el acuerdo de voluntades y no de restituir el bien, que es lo \u00fanico que se pretendi\u00f3 con la demanda. <\/p>\n

Y en lo que ata\u00f1e al aqu\u00ed promotor, dio por finiquitado el pacto comercial celebrado entre el demandante y el Liceo Campestre Harvard, al considerar que el precio acordado del canon era de $100.000.000 mensuales y a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda se adeudaban $700.000.000 y que aunque la instituci\u00f3n hubiere allegado copias aut\u00e9nticas de algunos pagos, \u00e9stos no probaron la totalidad de los c\u00e1nones de arrendamiento presuntamente debidos, ni la cancelaci\u00f3n de los causados en el trascurso del proceso, por lo que no era dable haber sido o\u00eddo en la controversia y por ende, dispuso la restituci\u00f3n del bien materia de la litis. <\/p>\n

En sustento a lo anterior, precis\u00f3 que se hallaban demostrados los presupuestos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de inmueble arrendado y el incumplimiento de la parte pasiva en la remuneraci\u00f3n del arrendamiento; al respect\u00f3 puntualiz\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) en cuanto a la restituci\u00f3n solicitada, conforme al contrato de arrendamiento de local comercial, base de esta acci\u00f3n se pact\u00f3 por las partes en la cl\u00e1usula cuartel precio y la forma de pago del canon de arrendamiento (\u2026) en la caratula del citado negocio se plasm\u00f3 que el canon a pagar era el valor mensual de $100.000.000. <\/p>\n

Agregando a lo anterior se avista que la parte demandante indic\u00f3 en el libelo que la entidad educativa arrendataria adeudaba las rentas causadas desde el mes de enero de 2018, es decir, los c\u00e1nones de siete meses desde la presentaci\u00f3n de la demanda, lo que equival\u00eda en esa \u00e9poca al valor de $700.000.000. <\/p>\n

Otro aspecto que se permiti\u00f3 abordar, fueron los elementos probatorios allegados por el quejoso, sobre lo que indic\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) la pasiva contest\u00f3 la demanda allegando copias aut\u00e9nticas de algunos recibos de caja a folios 105 a 119, las cuales pese a que tiene valor probatorio conforme a los art 244 y 246 del C.G.P, no acreditan el pago de la totalidad de los c\u00e1nones de arrendamiento presuntamente adeudados ni tampoco se incorpor\u00f3 al prueba de la cancelaci\u00f3n de los causados durante el trascurso del proceso, tal y como se declar\u00f3 en la providencia del 9 de abril de 2019, por lo que es dable darle aplicaci\u00f3n a los numerales 3 y 4 del art 384 del CGP, esto es no escuchar a la entidad demandada y dictar la presente sentencia. <\/p>\n

Lo expuesto, le permiti\u00f3 colegir que: <\/p>\n

(..) la obligaci\u00f3n de pagar el precio debe entenderse como de obligatorio cumplimiento para las partes, en especial para el arrendatario, por la imposici\u00f3n legal y contractual pactada en la cl\u00e1usula decima cuarta del contrato base de esta acci\u00f3n. <\/p>\n

Como quiera que el incumplimiento de las obligaciones de la arrendataria de pagar el precio mensual, lo cual constituye una obligaci\u00f3n al contrato que origina la terminaci\u00f3n del mismo conforme est\u00e1 previsto en la ley, se hace necesario la aplicaci\u00f3n el numeral 3 y 4 del art 384 del CGP y proferir al orden de restituci\u00f3n, pues no desvirtu\u00f3 la afirmaci\u00f3n de la activa. <\/p>\n

3. Conforme a lo expresado, las disposiciones adoptadas, como se precis\u00f3, no se evidencian infundadsa ni irrazonables, pues se sustentaron en la normatividad aplicable al asunto y en las pruebas obrantes en el juicio, por lo que es incontestable que no se afectaron los derechos fundamentales del peticionario, y en ese orden, es palmario que la intenci\u00f3n de \u00e9ste se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo desacuerdo frente a la valoraci\u00f3n de las pruebas, lo cual, naturalmente excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, dada la naturaleza residual de este mecanismo, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente evento no se vislumbran. <\/p>\n

As\u00ed, que no existe duda, por consiguiente, que no fue por defecto sustantivo o procedimental, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el administrador de justicia endilgado tomo su decisi\u00f3n, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y acertada, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias, y por lo tanto, se itera, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas del impugnante. <\/p>\n

4. Finalmente, en cuanto al reproche del precursor, relacionado con que se ocasionaron perjuicios irreparables a su patrimonio, ya que fueron desconocidas las mejoras locativas sobre el predio motivo de debate y el derecho de retenci\u00f3n del mismo, hasta tanto se cancelaran dichos rubros, habr\u00e1 que indicar que tales alegaciones debieron ser estudiadas dentro del tr\u00e1mite, siempre y cuando el actor hubiere cumplido con la carga del pago de los c\u00e1nones como lo indica la norma ib\u00eddem, luego como desaprovech\u00f3 tal oportunidad, la a quo no estaba en la obligaci\u00f3n de estudiar la viabilidad de lo pretendido. <\/p>\n

5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el amparo constitucional peticionado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto a los interesados y de no ser impugnado este prove\u00eddo, en oportunidad, rem\u00edtase el dligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16583-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2019-02026-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102993","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102993"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102993\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}