{"id":102994,"date":"2026-07-02T17:52:56","date_gmt":"2026-07-02T17:52:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102994"},"modified":"2026-07-02T17:52:56","modified_gmt":"2026-07-02T17:52:56","slug":"stc16584-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16584-2019\/","title":{"rendered":"STC16584-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16584-2019
\nRadicaci\u00f3n N.\u00ba 11001-02-04-000-2019-01875-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el nueve de octubre de dos mil diecinueve por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela promovida por Luis Edison Pach\u00f3n Agudelo contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 vincular a las autoridades judiciales, intervinientes y dem\u00e1s partes del proceso donde se origina la queja. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso y a la defensa\u00bb, toda vez que considera que luego de haberse ordenado por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que el proceso No. 100160001201400056, adelantado por el Juzgado Trece Penal del Circuito de la misma ciudad, en el cual se le estaba procesando por los delitos de cohecho propio, falsedad en documento privado, tr\u00e1fico de influencia y enriquecimiento il\u00edcito y que la actuaci\u00f3n No. 11001600101201400051 conocida por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de esta localidad, en la que se le procesaba por los punibles de cohecho propio, prevaricato por acci\u00f3n y enriquecimiento il\u00edcito, deb\u00edan tramitarse bajo la misma cuerda procesal, correspondi\u00e9ndole su conocimiento a este \u00faltimo despacho citado, el que en decisi\u00f3n del 12 de marzo del a\u00f1o en curso neg\u00f3 algunas solicitudes probatorias que invoc\u00f3, lo cual impide presentar adecuadamente la teor\u00eda alternativa del caso. <\/p>\n

Inconforme con lo resuelto, propuso el recurso de apelaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el Tribunal accionado reform\u00f3 lo resuelto por el juez de instancia, pues \u00e9ste decret\u00f3 algunas pruebas, pero confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n de los dem\u00e1s medios probatorios que invoc\u00f3 y estos precisamente son los que debaten las tesis expuestas en los escritos de acusaci\u00f3n. Adem\u00e1s que su decreto permitir\u00eda un debate abierto, honesto, que se soportara en la b\u00fasqueda de la verdad y le posibilitar\u00eda hacer un ejercicio adecuado y completo de su defensa. <\/p>\n

Por consiguiente solicita que mediante esta v\u00eda se ordene al Tribunal revocar la decisi\u00f3n de 31 de mayo del a\u00f1o en curso y en su lugar se decreten los testimonios de Daisy Sahir Navas Guzm\u00e1n, Nah\u00fam Edgardo P\u00e9rez de la Rosa, Jos\u00e9 Antonio Fajardo, Fredy Omar Ni\u00f1o Fl\u00f3rez y Mart\u00edn Santos Rueda, \u00abdel literal n al se\u00f1or Eduardo Lozano Guarnizo; del literal o a las siguientes personas: Ingrid Lorena Dumez Quintero y Ana Milena L\u00f3pez; del literal b, las pruebas Nos. 142 y 143; Del literal c la prueba No. 186; Del literal p la prueba pericial estudio censo realizado por Carlos Eduardo Alonso Malaver junto con su correspondiente informe y perito. El literal j correspondiente a la prueba No. 440. De otro lado, sobre el literal e para desarrollar completamente la teor\u00eda alternativa de la defensa, se ordene decretar las pruebas No.: 52, 53, 24, 25, 27, 31, 319, 320, 57, 55, 59, 60, 61, 307, 26 y 27; y se decrete en directo para mi defensa los testigos: H\u00c9CTOR GUTI\u00c9RREZ SILVA, ALEJANDRO PERDOMO RODR\u00cdGUEZ, EDUARDO ACOSTA RAM\u00cdREZ y ANDREA MARCELA GONZ\u00c1LEZ BARBA\u00bb. [Folios 1 a 34, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Entre los a\u00f1os 2009 y 2010 en la ciudad de Bogot\u00e1, Ecopetrol y la Empresa PTS, en la actualidad Petrotiger, suscribieron varios contratos, seg\u00fan la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n Petrotiger incumpli\u00f3 varias de las obligaciones adquiridas en tales actos jur\u00eddicos, pues incurri\u00f3 en subcontrataciones no autorizadas, retrasos en las obras y fue objeto de quejas por parte de los proveedores. El director de la empresa, al advertir que ello traer\u00eda la caducidad de los contratos y la imposici\u00f3n de sanciones, orden\u00f3 a la gerente de ventas, contactar al tutelante, en su calidad de servidor p\u00fablico de Ecopetrol. <\/p>\n

El 6 de septiembre de 2010 el tutelante acord\u00f3 recibir el pago de una comisi\u00f3n ilegal a su favor de $80.000.000 a cambio de mover todas sus influencias para realizar gestiones encaminadas y lograr que no caducara el contrato No. 4026523 y que no se le impusiera ning\u00fan tipo de sanci\u00f3n a Petrotiger por su incumplimiento. Con el prop\u00f3sito de hacerse a esa comisi\u00f3n ilegal, el quejoso present\u00f3 a Petrotiger una cuenta de cobro falsa a nombre de Triny Lamadrid Blanco. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con los contratos No. 4023113 y 5209030, la Fiscal\u00eda indic\u00f3 que Miguel Galindo S\u00e1nchez, tambi\u00e9n funcionario de Ecopetrol, en calidad de superintendente de la regional sur del Putumayo, y accionante como administrador del contrato No. 4023133, aceptaron el pago de comisiones ilegales para contrariar su deber legal y vender su funci\u00f3n. <\/p>\n

En consecuencia, durante el cumplimiento de los contratos referidos, Marcos Mauricio Vesga Ni\u00f1o, representante de ventas de Petrotiger, les pag\u00f3 la suma de $450.000.000 con el prop\u00f3sito de lograr beneficios para su empresa en detrimento de los intereses de Ecopetrol, tales como adiciones en plazo y valor nuevos procesos de selecci\u00f3n. <\/p>\n

Por estos hechos, el tutelante fue judicializado por los delitos de cohecho propio, tr\u00e1fico de influencias, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y falsedad en documento privado, y aquel y Jos\u00e9 Miguel Galindo S\u00e1nchez, los son por los punibles de cohecho propio, prevaricato por acci\u00f3n y enriquecimiento il\u00edcito de particulares. <\/p>\n

2. Los d\u00edas 12 y 13 de marzo de 2015, dentro de la actuaci\u00f3n radicada No. 11001600101201400051, el Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Control de Garant\u00edas realiz\u00f3 la audiencia de legalizaci\u00f3n de captura y formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n en contra del tutelante y Jos\u00e9 Miguel Galindo S\u00e1nchez por los delitos de cohecho, prevaricato por acci\u00f3n y enriquecimiento il\u00edcito, quienes no aceptaron los cargos y, previa solicitud de la Fiscal\u00eda, el Juzgado les impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en centro de reclusi\u00f3n. <\/p>\n

3. El 14 de mayo de 2015, dentro de la actuaci\u00f3n radicada No. 11001600101201400056, el Juzgado Setenta y Cinco Penal Municipal de Control de Garant\u00edas realiz\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n en contra del tutelante por los delitos de cohecho, tr\u00e1fico de influencias y enriquecimiento il\u00edcito. \u00c9ste no acept\u00f3 los cargos, y previa solicitud de la Fiscal\u00eda, el juzgado le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva. <\/p>\n

4. El 13 de julio de 2015 la Fiscal\u00eda present\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n en contra del tutelante. El conocimiento de la actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n

5. El 17 de septiembre de 2015 ese estrado realiz\u00f3 la audiencia de acusaci\u00f3n, diligencia en la cual se reconoci\u00f3 la calidad de v\u00edctima a Petrotiger. El 28 de octubre de 2015 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n. <\/p>\n

6. El 22 de febrero de 2016 se llev\u00f3 a cabo la audiencia preparatoria, all\u00ed se solicit\u00f3 por parte del tutelante la declaratoria de conexidad de ese proceso con la actuaci\u00f3n No. 11001600101201400051. El despacho accedi\u00f3 y remiti\u00f3 las diligencias al Juzgado 13 Penal del Circuito. <\/p>\n

7. El 24 de febrero de 2016 el Juzgado 13 Penal del Circuito se abstuvo de asumir el conocimiento de los procesos y envi\u00f3 el expediente al Tribunal accionado, el que en determinaci\u00f3n del 30 de marzo de ese a\u00f1o, precis\u00f3 que el conocimiento conjunto le correspond\u00eda al Juzgado 21 Penal del Circuito. <\/p>\n

8. El despacho al que se le dispuso tramitar los procesos, realiz\u00f3 en 8 sesiones las audiencias preparatorias, entre el 7 de febrero de 2018 y 12 de marzo de 2019, donde se decidi\u00f3 las solicitudes probatorias de las partes, la Fiscal\u00eda y el tutelante interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

9. En decisi\u00f3n del 31 de mayo de 2019 el Tribunal accionado, revoc\u00f3 parcialmente el auto apelado, \u00abEn lugar de lo en \u00e9l dispuesto, el Tribunal decreta, como pruebas de la Fiscal\u00eda, las n\u00famero 1.48. a 1.55, documentos relacionados con el desarrollo o ejecuci\u00f3n del contrato STAP APIAY, y los n\u00fameros 2.10.1 a 2.10.8 documentos que conforman el comprobante de acusaci\u00f3n No. 401667. Y como pruebas de la defensa de Luis Edison Pach\u00f3n Agudelo, las n\u00fameros 10, 11, 12, 13, 15, 16, 23, 49 y 103\u00bb. <\/p>\n

10. El tutelante afirma que la autoridad convocada trasgrede sus derechos fundamentales al debido proceso y la defensa, al negarse el decreto de varios medios probatorios que seg\u00fan su criterio le hubieran permitido presentar en el juicio una teor\u00eda del caso alternativa, pero con ello se le deneg\u00f3 la posibilidad de desarrollarla. [Folios 1 a 34, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 30 de septiembre de 2019 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 125 y 126, c. 1] <\/p>\n

2. De manera oportuna el Juez Trece Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento contest\u00f3 el presente amparo, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n identificada con el CUI No. 110001600101 2014 00051 al Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento, con ocasi\u00f3n a lo determinado el 30 de marzo de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. . [Folio 149 y vuelto, c. 1] <\/p>\n

Por su parte, el Agente Especial del Ministerio P\u00fablico precis\u00f3 que el tutelante present\u00f3 una teor\u00eda del caso alternativa, circunstancia por la cual se debe garantizar \u00abel principio de IGUALDAD DE ARMAS\u00bb, por tanto considera que la defensa \u00abse encontrar\u00eda efectivamente en desventaja con las pruebas que se han se\u00f1alado tan s\u00f3lo en CONTRAINTERROGATORIO, por tanto se considera pertinente que las mismas sean decretadas como pruebas directas de la defensa en aras de GARANTIZAR el debido proceso, \u2026\u00bb; de esta manera solicit\u00f3 que se concediera el amparo. [Folio 155 a 157, c. 1] <\/p>\n

A su vez, La Fiscal 29 Seccional de la Direcci\u00f3n Especializada contra la Corrupci\u00f3n dijo que el tutelante present\u00f3 ante el juzgado de conocimiento una teor\u00eda que llam\u00f3 alternativa de la defensa, que en realidad no ten\u00eda esa calidad, pues se pretend\u00eda realizar un juicio dentro del juicio, llevando a personas que ninguna relaci\u00f3n ten\u00edan con los hechos acusados. Destac\u00f3 que las decisiones censuradas se encuentran debidamente motivadas, raz\u00f3n por la cual invoc\u00f3 denegar el amparo. [Folio 158 y vuelto, c. 1] <\/p>\n

A su turno, la Procuradur\u00eda 2\u00aa Judicial II Apoyo a V\u00edctimas manifest\u00f3 que el amparo no cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez para su procedencia. [Folios 159 a 162, c. 1] <\/p>\n

Igualmente la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n que se surti\u00f3 para tramitar el recurso de apelaci\u00f3n que propuso el tutelante y la fiscal\u00eda en relaci\u00f3n con el auto 27 de marzo de 2019 proferido por el juez de conocimiento y envi\u00f3 en copia la determinaci\u00f3n que se profiri\u00f3 al desatar tal medio de impugnaci\u00f3n. [Folios 164 y 165, c. 1] <\/p>\n

La Juez Veintiuno Penal del Circuito de Bogot\u00e1 histori\u00f3 el tr\u00e1mite objeto de cuestionamiento. Resalt\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es la llamada a acoger lo pretendido por el quejoso en relaci\u00f3n con la pr\u00e1ctica de pruebas, que ya fueron objeto de debate en el respectivo proceso penal, tanto en primera, como en segunda instancia. Agreg\u00f3 que al promotor del amparo se le permiti\u00f3 la pr\u00e1ctica de 26 testimonios, tendientes a demostrar su inocencia, por tanto se le ha garantizado la igualdad de armas, el derecho a la defensa y a la contradicci\u00f3n, por lo que sus pretensiones se tornan improcedentes. [Folios 187 a 193, c. 1] <\/p>\n

3. En sentencia de 9 de octubre de 2019, el fallador de instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al considerar que el proceso penal que se adelanta contra el quejoso no ha concluido, por lo que la censura debe ser invocada en ese tr\u00e1mite, a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, incluso contra la sentencia si a ello hubiere lugar. [Folios 313 a 322 c.1]. <\/p>\n

4. Inconforme con lo resuelto el accionante impugn\u00f3, al afirmar que el amparo resulta procedente, pues insiste en que tal como se dispuso por las autoridades convocadas en las decisiones cuestionadas, \u00abel suscrito no tiene la oportunidad procesal de practicar pruebas que tienen la capacidad, la plausibilidad, el rendimiento y la legalidad para demostrar una hip\u00f3tesis factual diferente a la enmarcada por la Fiscal\u00eda, no es presuroso o prejuicioso contemplar desde ya una condena y seguidamente una sanci\u00f3n penal en mi contra\u00bb. [Folios 341 a 352 c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u201cotro medio de defensa judicial\u201d, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos. <\/p>\n

2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto se evidencia que el demandante tiene a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para el pleno ejercicio de su derecho al debido proceso. <\/p>\n

En efecto, es claro que al encontrarse en curso la investigaci\u00f3n penal que se adelanta en su contra, concretamente en fase de juzgamiento, el promotor del amparo cuenta con la facultad de controvertir en la audiencia de juicio oral los medios probatorios decretados por el Juzgador de primer grado, en los alegatos de conclusi\u00f3n, al recurrir en apelaci\u00f3n la sentencia que se emita, en caso de resultar desfavorable a sus intereses e incluso, contra la determinaci\u00f3n que adopte en sede de segunda instancia el correspondiente fallador, podr\u00e1 presentar recurso extraordinario de casaci\u00f3n, tal como lo permiten los art\u00edculos 176 y 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, respectivamente. <\/p>\n

Ser\u00e1 entonces dentro de la actuaci\u00f3n del Juez natural que se diriman las controversias que al interior de la misma planteen por los sujetos procesales, dado que la jurisdicci\u00f3n constitucional no est\u00e1 facultada para ello. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3. Aun de admitir la satisfacci\u00f3n de dicho presupuesto de procedibilidad, la Sala encuentra que los argumentos que le sirvieron al Tribunal accionado para revocar parcialmente el auto apelado, \u00abEn lugar de lo en \u00e9l dispuesto, el Tribunal decreta, como pruebas de la Fiscal\u00eda, las n\u00famero 1.48. a 1.55, documentos relacionados con el desarrollo o ejecuci\u00f3n del contrato STAP APIAY, y los n\u00fameros 2.10.1 a 2.10.8 documentos que conforman el comprobante de acusaci\u00f3n No. 401667. Y como pruebas de la defensa de Luis Edison Pach\u00f3n Agudelo, las n\u00fameros 10, 11, 12, 13, 15, 16, 23, 49 y 103\u00bb, en el cual tambi\u00e9n confirm\u00f3 la negativa de decretar varios medios probatorios solicitados por el tutelante, no se pueden tildar de arbitrarios o antojadizos, de modo que no configuran ninguno de los defectos que habilitan la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en el asunto, toda vez que la decisi\u00f3n se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n razonable de la normatividad que regula ese tipo de peticiones y adem\u00e1s tuvo en cuenta la situaci\u00f3n f\u00e1ctica presentada en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, la sede plural cuestionada, en providencia de 31 de mayo del a\u00f1o en curso, consider\u00f3 que las pruebas inadmitidas por el juzgado fueron las \u00abn\u00fameros 122, 124, 142, 325, y 360, correspondientes a correos electr\u00f3nicos relacionados con el Pozo Quiriyana 1, ya que no se especific\u00f3 su pertinencia, ni de qu\u00e9 trataban. (\u2026). <\/p>\n

El Tribunal no comparte los argumentos del recurrente y por ello, confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n. Las cadenas de correos electr\u00f3nicos que refiri\u00f3 la defensa, atinentes a las condiciones en que se present\u00f3 la cesi\u00f3n del contrato cuya administraci\u00f3n estaba a cargo de Luis \u00c9dison Pach\u00f3n Agudelo, tienen una relaci\u00f3n muy difusa con los hechos de la acusaci\u00f3n y, en tal medida, dilatar\u00edan innecesariamente el procedimiento\u00bb. <\/p>\n

Respecto a los medios probatorios, que comprenden los numerales 359, 150 y 186, que hacen relaci\u00f3n a unos memoriales suscritos por los funcionarios de Ecopetrol, se precis\u00f3 que se confirmar\u00eda la decisi\u00f3n de instancia, porque \u00abno hace parte del debate probatorio establecer si PETROTIGER ofrec\u00eda a la estatal petrolera las mejores condiciones de contrataci\u00f3n en relaci\u00f3n con otros posibles contratistas. As\u00ed mismo, en esta actuaci\u00f3n no se est\u00e1n investigando las circunstancias en que oper\u00f3 el cambio de administraci\u00f3n de un contrato en particular. Entonces, como se trata de documentos que dan cuenta de circunstancias ajenas a los hechos que se investigan, la decisi\u00f3n de inadmitirlos deviene acertada. <\/p>\n

d. Los numerales 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 167, 168, 179 y 367, documentos p\u00fablicos suscritos por ECOPETROL y varios de ellos relacionados con el contrato No. 5209030. Fueron negadas porque esa parte no expuso su contenido ni qu\u00e9 relaci\u00f3n guardan con la pertinencia general que explic\u00f3. <\/p>\n

El apelante considera que la decisi\u00f3n del juzgado carece de motivaci\u00f3n. Lo anterior porque no tuvo en cuenta que en su solicitud afirm\u00f3 que con esos medios de conocimiento probar\u00eda que funcionarios de ECOPETROL intervinieron en la contrataci\u00f3n y que exist\u00edan controles internos que hac\u00edan posible que el procesado hubiera recibido los pagos por los que se le acusa. <\/p>\n

El Tribunal no comparte ese particular punto de vista y por ello, confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n. Como se sabe, la existencia de controles id\u00f3neos para evitar actos de corrupci\u00f3n al interior de ECOPETROL no es objeto de prueba en este proceso, pues aqu\u00ed no se est\u00e1 tratando de determinar una posible responsabilidad por la omisi\u00f3n de estos o de cuestionar su eficacia, sino de establecer la posible responsabilidad penal de los acusados en los hechos espec\u00edficos, que les fueron puestos de presente tanto en el escrito de acusaci\u00f3n, como en la audiencia respectiva\u00bb. <\/p>\n

De otro lado, se anot\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abEl despacho rechaz\u00f3 la teor\u00eda del caso alternativa de la defensa y los elementos probatorios relacionados con esta. Consider\u00f3 que dicha postura desborda los hechos materia de prueba, los cuales est\u00e1n delimitados en el escrito de acusaci\u00f3n, y como quiera que Marco Mauricio Vesga Ni\u00f1o no est\u00e1 siendo investigado en este proceso, no interesa conocer la manera en que recibi\u00f3 los dineros y c\u00f3mo los distribuy\u00f3, m\u00e1xime cuando esas circunstancias no guardan relaci\u00f3n con el acusado recibiendo o rechazando un ofrecimiento. Ahora, si lo que pretende esa parte es probar que esta persona minti\u00f3, eso lo concluir\u00e1 el juzgado. La defensa rechaza ese pronunciamiento y pidi\u00f3 al Tribunal admitir su teor\u00eda del caso alternativa\u00bb. En relaci\u00f3n con este punto el Tribunal convocado precis\u00f3: <\/p>\n

\u00abEl recurrente pretende demostrar que Marco Mauricio Vesga Ni\u00f1o incurri\u00f3 en conductas penalmente relevantes que en raz\u00f3n de la comisi\u00f3n de estas y de la responsabilidad que le asiste, el acusado es inocente de los cargos que se le imputan. Ello en la medida en que fue aquel quien en verdad se apropi\u00f3 de los dineros que dijo haber entregado a este \u00faltimo. <\/p>\n

2) Si bien es plausible que la defensa acuda a una estrategia defensiva como esa, dicha posibilidad no significa que esa parte est\u00e9 legitimada para desviar el proceso de tal manera que \u00e9ste se convierta en un juicio de responsabilidad adelantado, no contra de las dos personas acusadas por la Fiscal\u00eda, sino en contra de uno de sus testigos. (\u2026). <\/p>\n

El juez neg\u00f3 las pruebas n\u00fameros 171, 192, 194, 198, 199 y 200, contentivas de respuestas de m\u00faltiples peticiones suscritas por la presidencia y las oficinas jur\u00eddica y de \u00e9tica de ECOPETROL, porque no son pertinentes. Afirm\u00f3 que el hecho que al interior de esa entidad no se hayan encontrado otras denuncias o evidencias de corrupci\u00f3n, no desvirt\u00faa los hechos que aqu\u00ed se investigan. <\/p>\n

El recurrente no comparte ese punto de vista. Asever\u00f3 que en el escrito de acusaci\u00f3n del proceso original, la Fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que las adiciones al contrato de PETROTIGER se hicieron para satisfacer inter\u00e9s particulares y no los de ECOPETROL. Entonces, con estos documentos acreditar\u00e1 que en el proceso de adici\u00f3n del contrato no hubo corrupci\u00f3n. <\/p>\n

El Tribunal considera que le asiste raz\u00f3n al juzgado y por ello, confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n. Como puede advertirse, las respuestas a derechos de petici\u00f3n presentados por el enjuiciado en relaci\u00f3n con el conocimiento que varios directivos de ECOPETROL pudieron haber tenido sobre posibles actos de corrupci\u00f3n de sus empleados o contratistas y las denuncias que pudieron haber presentado no tienen relaci\u00f3n alguna con los hechos concretos de la acusaci\u00f3n y por los que se practicar\u00e1n en el juicio. (\u2026). <\/p>\n

h. El despacho inadmiti\u00f3 las n\u00fameros 205 y 207, respuestas a dos peticiones dirigidas a la presidencia de ECOPETROL, ya que, aun cuando esa entidad no haya sufrido ning\u00fan da\u00f1o real, concreto o espec\u00edfico, ello no significa que, en el juicio, la Fiscal\u00eda no pueda probar que sus funcionarios hayan vendido la funci\u00f3n p\u00fablica con la finalidad de que PETROTIGER continuara con la ejecuci\u00f3n de los contrato n\u00fameros 4023113 y 5209030. <\/p>\n

El apelante pidi\u00f3 que se revoque esa decisi\u00f3n, ya que limita el derecho a la defensa y le impide probar la inexistencia del supuesto da\u00f1o que se le caus\u00f3 a ECOPETROL. <\/p>\n

El Tribunal no comparte el punto de vista del recurrente. Como lo indic\u00f3 el juzgado, la raz\u00f3n de ser de la acusaci\u00f3n es la posible venta de la funci\u00f3n p\u00fablica para mantener vigentes unos contratos y no el posible perjuicio causado a ECOPETROL con la ejecuci\u00f3n de estos. Por lo tanto, en este punto, confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

En cuanto a la negativa del decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas relacionadas con la auditor\u00eda de Petrotiger, las denuncias que esa empresa instaur\u00f3 y la posterior conciliaci\u00f3n extrajudicial, se consider\u00f3 que como en el caso se trataba de brindar a la parte tutelante \u00abmedios de conocimiento razonables para acreditar si su teor\u00eda del caso es plausible y no de promover un juicio en contra de una persona que no tiene la calidad de acusada en este proceso. Por lo tanto, las pruebas aludidas son repetitivas y por ello, el Tribunal confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Respecto a la negativa de decretar las pruebas de los extractos bancarios de la cuenta de ahorros No. 046670028359 de Eduardo Acosta Ram\u00edrez y de los documentos relacionados con la conciliaci\u00f3n extrajudicial suscrita por Petrotiger y Marcos Mauricio Vesga Ni\u00f1o, \u00e9sta fue confirmada por la Corporaci\u00f3n convocada al precisar que \u00abEn los hechos de la acusaci\u00f3n no se menciona a Eduardo Acosta como una persona que haya intervenido en la circulaci\u00f3n de los dineros que, seg\u00fan la Fiscal\u00eda, tuvieron como destinatario final al acusado, por lo que el examen de la situaci\u00f3n financiera de tal persona resulta innecesario. Tampoco son de inter\u00e9s para el juicio los motivos por los cuales PETROTIGER incluy\u00f3 o no a determinadas personas en una denuncia que present\u00f3 o las razones que llevaron a esa sociedad a conciliar con esos sujetos\u00bb. <\/p>\n

El Tribunal corrobor\u00f3 la negativa del juez de instancia de decretar los testimonios de Alejandro Perdomo Rodr\u00edguez, Andrea Marcela Gonz\u00e1lez Barba, H\u00e9ctor Guti\u00e9rrez Silva, Ana Milena L\u00f3pez, Yeimi Pinto Arango, Ingrid Lorena Dumez Montero y Andrea del Pilar \u00c1lvarez, pues ya se estableci\u00f3 su postura en relaci\u00f3n con la teor\u00eda del caso alternativa de la defensa, pues \u00abno hay necesidad de convertir el proceso en un juicio de responsabilidad contra una persona no acusada. Entonces, el fin que pretende la defensa basta con aportar prueba documental que acredite la plausibilidad de esa hip\u00f3tesis de trabajo, lo que ya se defini\u00f3. En relaci\u00f3n con las personas que pretende declaren sobre un proceso disciplinario, la Sala destaca que el origen, el tr\u00e1mite y la decisi\u00f3n que se haya tomado esa actuaci\u00f3n son indiferentes en este caso: basta tener en cuenta la completa autonom\u00eda que existe entre la acci\u00f3n disciplinaria y la acci\u00f3n penal. Por lo tanto, esas pruebas son impertinentes\u00bb. <\/p>\n

Por \u00faltimo, el ad quem ratific\u00f3 la negativa de decretar como pruebas periciales \u00abel estudio censo realizado por Carlos Eduardo Alonso Malaver, el informe An\u00e1lisis Ex\u00f3genos de Terceros suscrito por Juan Carlos L\u00f3pez Usaqu\u00e9n y Natividad Romero y la evaluaci\u00f3n de la informaci\u00f3n entregada por GIREM, pues tiene relaci\u00f3n con su teor\u00eda alternativa. <\/p>\n

El recurrente pide que se admitan estos medios como quiera que demuestran su teor\u00eda del caso alternativa, hacen menos probable la acusaci\u00f3n y acreditan la realidad econ\u00f3mica de Marcos Mauricio Vesga Ni\u00f1o. <\/p>\n

En torno a ese particular, la Sala se remite a lo ya expuesto en relaci\u00f3n con la teor\u00eda alternativa de la defensa y no ve necesidad alguna de practicar pruebas periciales orientadas a acreditar las conductas penalemten relevantes cometidas por una persona que no tiene la calidad de acusado en este proceso. Por lo tanto, confirmar\u00e1 en este punto, la decisi\u00f3n apelada\u00bb. <\/p>\n

Como se observa, la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad accionada fue ampliamente motivada, lo cual descarta por completo que se trate de una interpretaci\u00f3n antojadiza, absurda, caprichosa o irrazonable y por lo tanto, no es admisible la intervenci\u00f3n del Juez del amparo para usurpar las competencias y facultades otorgadas constitucional y legalmente al Juez natural del proceso. <\/p>\n

4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16584-2019 Radicaci\u00f3n N.\u00ba 11001-02-04-000-2019-01875-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el nueve de octubre de dos mil diecinueve por la Sala de Casaci\u00f3n Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102994","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102994","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102994"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102994\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102994"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102994"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102994"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}