{"id":103005,"date":"2026-07-02T17:54:38","date_gmt":"2026-07-02T17:54:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103005"},"modified":"2026-07-02T17:54:38","modified_gmt":"2026-07-02T17:54:38","slug":"stc16607-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16607-2019\/","title":{"rendered":"STC16607-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16607-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2019-02122-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., seis (06) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el treinta de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Milena Medina Alfonso a trav\u00e9s de apoderado, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I.\tANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, igualdad\u00bb, los cuales estim\u00f3 vulnerados por la autoridad judicial, frente a la sentencia 2797 del 05 de abril de 2017 y los autos Nos. 00117596 y 00083722 del 15 de diciembre de 2017 y 14 de agosto de 2019, respectivamente, mediante los cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio (i) orden\u00f3 a la accionante \u00abque a t\u00edtulo de efectividad de la garant\u00eda (\u2026), dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, reembolse la suma de quinientos mil pesos ($500.000) pagados por las gafas objeto del reclamo (\u2026)\u00bb; (ii) impuso a t\u00edtulo de sanci\u00f3n, a cargo de la tutelante, \u00abuna multa por valor de (\u2026) (24.344.628), (\u2026) que equivale a una s\u00e9ptima parte del salario m\u00ednimo legal vigente y corresponde a 231 d\u00edas de retardo del cumplimiento de la orden impartida (\u2026)\u00bb; y (iii) neg\u00f3 la solicitud de nulidad pretendida por la actora. <\/p>\n

Por lo anterior, pretende \u00abdejar sin valor y efecto la sentencia 2797 del 05 de abril de 2017; el auto 117596 del 15 de diciembre de 2017 y el auto 83722 del 14 de agosto de 2019\u00bb. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante auto 95629 del 16 de diciembre de 2015, admiti\u00f3 la demanda de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor interpuesta en contra de la accionante. <\/p>\n

2. El 23 de febrero de 2016, la tutelante contest\u00f3 la acci\u00f3n notificada por la entidad competente. <\/p>\n

3. El 05 de abril de 2017, el despacho de la causa profiri\u00f3 sentencia, en la que orden\u00f3 a Sandra Milena Medina Alfonso \u2013aqu\u00ed actora- que, a t\u00edtulo de efectividad de la garant\u00eda, dentro del t\u00e9rmino de diez d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la ejecuci\u00f3n de la providencia, reembolsara al demandante el valor de $500.000 pesos, suma que este \u00faltimo pag\u00f3 por el objeto del reclamo. <\/p>\n

4. Posteriormente, la Superintendencia inici\u00f3 la etapa de verificaci\u00f3n del cumplimiento de lo ordenado en la anterior providencia y, ante el desacato verificado, emiti\u00f3 auto No. 70475 del 09 de agosto de 2017, en el que requiri\u00f3 a la demandada con el fin de que justificara los motivos por los cuales no hab\u00eda obedecido el mandato de la sentencia. <\/p>\n

5. Mediante acta del 117596 del 15 de diciembre siguiente, la autoridad impuso a la accionante multa, a t\u00edtulo de sanci\u00f3n, tras no haber acreditado el cumplimiento de la orden impartida en el fallo del 05 de abril de 2017; determinaci\u00f3n que fue notificada el 20 de diciembre de 2014. <\/p>\n

6. Inconforme con lo acontecido, la tutelante acude al mecanismo constitucional, tras considerar que la autoridad accionada, vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental alegada, al proferir la sentencia 2797 del 05 de abril de 2017 y los autos Nos. 00117596 y 00083722 del 15 de diciembre de 2017 y 14 de agosto de 2019, respectivamente, por cuanto, aduce, no fue notificada del inicio del proceso; la SIC aplic\u00f3 una ecuaci\u00f3n que produjo una condena mayor a la que deb\u00eda asignar a t\u00edtulo de sanci\u00f3n y neg\u00f3 la nulidad propuesta por falta de notificaci\u00f3n.
\nC. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El conocimiento del asunto en primera instancia, correspondi\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, mediante prove\u00eddo del 23 de octubre de 2019 fue admitida la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados e involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n

2. La Superintendencia de Industria y Comercio, luego de realizar un detallado informe de las actuaciones que se adelantaron al interior del proceso, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del mecanismo constitucional, afirmando que no hay vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la accionante. <\/p>\n

3. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en sentencia de tutela del 30 de octubre de 2019, neg\u00f3 el amparo constitucional, tras considerar que, frente a la sentencia No. 2797 y el auto 117596, no se advirti\u00f3 el cumplimiento del requisito de inmediatez. En cuanto a la providencia No. 83722, se\u00f1al\u00f3 que no lucia arbitraria ni antojadiza. <\/p>\n

4. La tutelante inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, present\u00f3 escrito de impugnaci\u00f3n con los mismos argumentos iniciales. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a esta herramienta excepcional, pues no se puede convertir en generador de incertidumbre e incluso quebranto de los derechos de otras personas. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 las causales de improcedencia de la acci\u00f3n, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como protecci\u00f3n provisional, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. En el caso bajo estudio, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse. <\/p>\n

3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el reclamo constitucional se dirige contra la Sentencia 2797 del 05 de abril de 2017 y los autos Nos. 00117596 y 00083722 del 15 de diciembre de 2017 y 14 de agosto de 2019, respectivamente, mediante los cuales, en el mismo orden, la Superintendencia de Industria y Comercio (i) orden\u00f3 a la demandada \u00abque a t\u00edtulo de efectividad de la garant\u00eda (\u2026), dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, reembolse la suma de quinientos mil pesos ($500.000) pagados por las gafas objeto del reclamo (\u2026)\u00bb.; (ii) impuso a t\u00edtulo de sanci\u00f3n, a cargo de la tutelante, \u00abuna multa por valor de (\u2026) (24.344.628, (\u2026) que equivale a una s\u00e9ptima parte del salario m\u00ednimo legal vigente y corresponde a 231 d\u00edas de retardo del cumplimiento de la orden impartida (\u2026)\u00bb.; y (iii) neg\u00f3 la solicitud de nulidad pretendida por la actora.
\nEn efecto, en relaci\u00f3n con los argumentos planteados en el libelo introductor, en los que la quejosa refiere que no fue notificada del inicio del proceso de protecci\u00f3n al consumidor, no es posible acceder a las pretensiones, porque no atiende el comentado principio de subsidiariedad, pues la accionante no ha hecho uso de los mecanismos legales que tiene a su alcance para propender por la protecci\u00f3n de los derechos que ahora estima vulnerados, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esas alternativas de contradicci\u00f3n que en su momento no emple\u00f3 para salvaguardar las garant\u00edas constitucionales cuyo amparo reclama. <\/p>\n

Lo anterior, por cuanto, trat\u00e1ndose de la nulidad por falta de notificaci\u00f3n, el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Procesal, normatividad aplicable al presente asunto, de conformidad con el art\u00edculo 4 de la Ley 1480 de 20111, prev\u00e9: \u00ab[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades\u00bb. <\/p>\n

De lo que se deduce que, como ya se encuentra ejecutoriada la sentencia que puso fin a la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, la accionante, si a bien lo considera, cuenta con el mecanismo previsto en la norma precitada, a fin de alegar las irregularidades que por medio de esta v\u00eda pretende sean zanjadas. <\/p>\n

4. Ahora, en relaci\u00f3n con las fallas que le atribuye a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, al considerar que el sentenciador desconoci\u00f3 completamente la ley y realiz\u00f3 una ecuaci\u00f3n que produjo una condena mayor a la que deb\u00eda aplicar; la Sala advierte que tampoco es procedente conceder el amparo, por cuanto la eventual afectada debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros. <\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, debido a que en el presente caso la decisi\u00f3n que cuestiona la accionante y que pretende se deje sin efecto, es aquella por medio de la cual se impuso la multa a t\u00edtulo de sanci\u00f3n a la demandada en auto del 15 de diciembre de 2017 proferido por la entidad accionada, pero el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 23 de octubre de 2019. <\/p>\n

Lo antepuesto deja en evidencia que la tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir alrededor de 22 meses despu\u00e9s de emitida la decisi\u00f3n, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1xime cuando no se alega alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n. <\/p>\n

5. Al margen de lo anterior, del an\u00e1lisis realizado a los hechos, logra inferirse que las actuaciones adelantadas y las decisiones adoptadas por la entidad accionada, no lucen arbitrarias, irrazonables o caprichosas y, en tal sentido, no le est\u00e1 permitido al Juez de Tutela inmiscuirse en aquellas. <\/p>\n

Seg\u00fan consta en auto 95629 del 16 de diciembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio, admiti\u00f3 la demanda en contra de Sandra Milena Medina Alfonso en el marco de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor; por lo que, consecuencialmente, notific\u00f3 a la tutelante. Posterior, la demandada da contestaci\u00f3n al libelo, por lo que, impropio es afirmar que la accionante no fue vinculada dentro del tr\u00e1mite, aun cuando, en ejercicio del derecho de defensa que le asiste, hizo uso de la contradicci\u00f3n. <\/p>\n

Ahora, en lo que ata\u00f1e al prove\u00eddo del 14 de agosto del 2019, aunque la entidad accionada neg\u00f3 la nulidad pretendida por la accionante, explic\u00f3 jur\u00eddicamente el motivo de la decisi\u00f3n, con lo que concluy\u00f3 que, \u00abde la transcripci\u00f3n de la norma se sigue que la solicitud presentada por el extremo demandado no fue formulada en oportunidad, porque ya se hab\u00eda decidido de fondo el asunto, raz\u00f3n por la cual corresponde la alegaci\u00f3n del supuesto vac\u00edo a trav\u00e9s de las precisas v\u00edas procesales determinadas en el inciso 2\u00ba del citado art\u00edculo 134 del CGP\u00bb. <\/p>\n

De modo que para la Sala es evidente que la pretensi\u00f3n de la gestora del amparo se circunscribi\u00f3, exclusivamente, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

No existe duda, por consiguiente, que no fue por flagrante desconocimiento de la ley sustancial o del precedente jurisprudencial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales y, por tanto, se itera, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas de la quejosa. <\/p>\n

6. De las anteriores consideraciones surge evidente que la protecci\u00f3n reclamada en esta excepcional v\u00eda deb\u00eda denegarse, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tPor medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se \tdictan otras disposiciones
\n7<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente STC16607-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2019-02122-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., seis (06) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el treinta de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103005","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103005","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103005"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103005\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103005"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103005"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103005"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}