{"id":103008,"date":"2026-07-02T17:54:59","date_gmt":"2026-07-02T17:54:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103008"},"modified":"2026-07-02T17:54:59","modified_gmt":"2026-07-02T17:54:59","slug":"stc16610-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16610-2019\/","title":{"rendered":"STC16610-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado Ponente
\nSTC16610-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2019-02099-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el treintaiuno (31) de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Isaac Rodelo Menco contra el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y Juzgado Cuarenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I.\tANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso y la igualdad\u00bb los cuales estim\u00f3 vulnerados por la autoridad judicial accionada, toda vez que, se contin\u00faa injustificadamente con el proceso ejecutivo singular que se adelant\u00f3 en su contra y no acceden a su terminaci\u00f3n, pese a que, desde el 24 de marzo de 2010 se produjo la novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y, adem\u00e1s, se configur\u00f3 la sanci\u00f3n que establec\u00eda el art\u00edculo 23 de la Ley 1285 de 2009 \u201cperenci\u00f3n\u201d desde el a\u00f1o 2011, en raz\u00f3n a la falta de impulso por cerca de quince meses por la parte demandante. <\/p>\n

De otra parte, censura la determinaci\u00f3n de 16 de octubre de 2019 proferida por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito mediante la cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo, en el sentido de no decretar la nulidad de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que se aprob\u00f3 al interior del proceso ejecutivo singular que se promovi\u00f3 en su contra, toda vez que, i) omiti\u00f3 ingresar a su favor tanto los descuentos que por n\u00f3mina le realizan para el pago de la deuda, como un saldo de embargo de remanentes que se coloc\u00f3 a disposici\u00f3n del citado tr\u00e1mite y, ii) se le neg\u00f3 la posibilidad de convocar a la parte demandante a la audiencia de conciliaci\u00f3n en la forma en que prev\u00e9 el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Pretende en consecuencia que \u00abse ordene al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito revocar la decisi\u00f3n de 16 de octubre de 2019 y, en su lugar, proferir una nueva providencia\u00bb. [Folios 34 y 35-, cp.] <\/p>\n

B. Los \thechos <\/p>\n

1. La Caja Cooperativa Petrolera \u201cCOOPETROL\u201d instaur\u00f3 demanda ejecutiva en contra del accionante y Jorge Alejandro Mart\u00ednez L\u00f3pez, por las sumas contenidas en el t\u00edtulo valor pagar\u00e9 N\u00b0 02031842 por la suma de $33\u2019963.758 como capital y $3\u2019419.801 por intereses remuneratorios. <\/p>\n

2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 por reparto, al Juzgado 42 Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n

3. Mediante prove\u00eddo de 21 de noviembre de 2008 se libr\u00f3 mandamiento de pago y se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n a los ejecutados. <\/p>\n

4. Mediante prove\u00eddo de 1\u00b0 de diciembre de 2009, se tuvo por notificado al demandado Jorge Alejandro Mart\u00ednez L\u00f3pez por conducta concluyente, quien dentro del t\u00e9rmino concedido no propuso excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n

5. Posteriormente, mediante providencia de 28 de abril de 2010 el Despacho resolvi\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por novaci\u00f3n, donde dispuso que previo a acceder a tal pedimento se deb\u00eda aportar la convenci\u00f3n suscrita entre las partes. <\/p>\n

6. Por su parte, el promotor de la queja se notific\u00f3 personalmente el 17 de agosto de 2012 y dentro del t\u00e9rmino de ley contest\u00f3 la demanda y present\u00f3 excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abterminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito de la demanda, cosa juzgada y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, igualmente propuso excepciones previas \u00abfalta de legitimaci\u00f3n de la demandante, falta de indebida representaci\u00f3n de la parte demandante, terminaci\u00f3n por inactividad procesal y cosa juzgada por novaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

7. En auto de 12 de diciembre de 2012, se rechaz\u00f3 de plano las excepciones propuestas de conformidad con el art\u00edculo 509 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

8. En prove\u00eddo de 18 de marzo de 2016, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

9. Inconforme el peticionario del amparo, interpuso recurso de apelaci\u00f3n en contra de la anterior determinaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n, solicit\u00f3 nulidad del tr\u00e1mite. <\/p>\n

10. El 29 de abril de ese a\u00f1o, el Juez de conocimiento rechaz\u00f3 de plano la nulidad y concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

11. Despu\u00e9s, por auto de 12 de julio de 2017 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito en la suma de $33\u2019963.578 por concepto de capital y $3\u2019419.801 por intereses de plazo y $77\u2019177.686 por intereses de mora; decisi\u00f3n que fue recurrida por el promotor de la queja en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n

12. El 26 de septiembre de ese a\u00f1o el Despacho resolvi\u00f3 no reponer y el recurso de apelaci\u00f3n se resolvi\u00f3 confirmando la decisi\u00f3n del a-quo, en providencia de 14 de septiembre siguiente. <\/p>\n

13. A su paso, el promotor de la queja solicit\u00f3 a trav\u00e9s de memorial del 3 de octubre de 2018, que se declarara la nulidad de la actuaci\u00f3n desplegada a partir del auto del 12 de julio de 2017 con base en las causales previstas en los numerales 5\u00ba y 6\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que dentro del tr\u00e1mite se omiti\u00f3 para decretar o practicar pruebas y de poder alegar de conclusi\u00f3n al pronunciarse el a-quo sobre la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n

14. En prove\u00eddo de 6 de marzo del avante, el Juzgado de Conocimiento luego de relatar el tr\u00e1mite acontecido respecto de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito procedi\u00f3 a denegar la solicitud de nulidad planteada por la parte pasiva, argument\u00f3 que \u00ab(\u2026) dentro de la actuaci\u00f3n desplegada no se encauso nulidad en los numerales 5\u00ba y 6\u00ba del art\u00edculo 133 del C.G.P., toda vez que se garantizaron las oportunidades correspondientes para ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, garantizando as\u00ed el debido proceso de las partes, por lo tanto, no puede pretender el demandado revivir un t\u00e9rmino ya fenecido con la nulidad que aqu\u00ed se propuso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

15. Inconforme el recurrente con la anterior decisi\u00f3n, interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, aludiendo entre otras cosas, que en la providencia no se tuvo en cuenta el valor de los descuentos realizados por parte del pagador y tampoco la aplicaci\u00f3n de los pagos a las acreencias ejecutadas por la entidad demandante. <\/p>\n

16. Resuelto el recurso de reposici\u00f3n de forma desfavorable, el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n en providencia de 16 de octubre de 2019 y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo.
\n17. El 14 de noviembre del a\u00f1o en curso, el Juez cognoscente profiri\u00f3 auto en el que orden\u00f3 oficiar a la Caja Cooperativa Petrolera COOPETROL, para que de acuerdo a lo informado mediante escrito y respuesta de derecho de petici\u00f3n fechado el 13 de octubre de 2017 se pronuncie expresamente sobre los descuentos realizados y los desprendibles de pago efectuados al demandando desde octubre de 2017 a octubre de 2019 y, finalmente informe puntualmente a que obligaci\u00f3n fue aplicada el valor de los aportes que ten\u00eda el demandado en esa Cooperativa, indicando la fecha y el monto aplicado. <\/p>\n

18. El actor acudi\u00f3 al mecanismo constitucional tras considerar que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que, se contin\u00faa injustificadamente con el proceso ejecutivo singular que se adelant\u00f3 en su contra y no acceden a su terminaci\u00f3n, pese a que, desde el 24 de marzo de 2010 se produjo la novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y, adem\u00e1s, se configur\u00f3 la sanci\u00f3n que establec\u00eda el art\u00edculo 23 de la Ley 1285 de 2009 \u201cperenci\u00f3n\u201d desde el a\u00f1o 2011, en raz\u00f3n a la falta de impulso por cerca de quince meses por la parte demandante. <\/p>\n

De otra parte, censura la determinaci\u00f3n de 16 de octubre de 2019 proferida por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito mediante la cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo, en el sentido de no decretar la nulidad de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que se aprob\u00f3 al interior del proceso ejecutivo singular que se promovi\u00f3 en su contra, toda vez que, i) omiti\u00f3 ingresar a su favor tanto los descuentos que por n\u00f3mina le realizan para el pago de la deuda, como un saldo de embargo de remanentes que se coloc\u00f3 a disposici\u00f3n del citado tr\u00e1mite y, ii) se le neg\u00f3 la posibilidad de convocar a la parte demandante a la audiencia de conciliaci\u00f3n en la forma en que prev\u00e9 el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite \tde la instancia <\/p>\n

1. El conocimiento del asunto en primera instancia, correspondi\u00f3 a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y mediante prove\u00eddo de 21 de octubre de 2019, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n

2. El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito, solicit\u00f3 no conceder el amparo constitucional; aclar\u00f3 que el proceso ejecutivo cuenta con sentencia desde el 18 de marzo de 2016, que a la fecha se encuentra en etapa de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y que \u201clos temas\u201d referentes a \u201ccosa juzgada, novaci\u00f3n y perenci\u00f3n\u201d son viejos asuntos tratados entre los a\u00f1os 2009 a 2011. Finalmente considera que el presente amparo persigue revivir oportunidades procesales que el accionante dej\u00f3 fenecer en contra de sus intereses y precis\u00f3 que el 16 de octubre de 2019, conforme la etapa en que se encuentra proceso, le hizo ver la improcedencia de convocar a una audiencia de conciliaci\u00f3n, el hecho de que guard\u00f3 silencio y no objet\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y que la nulidad de esta no ocurri\u00f3 porque para el tr\u00e1mite de la misma no est\u00e1 prevista ni el decreto y practica de pruebas y\/o alegaci\u00f3n de conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Cuarenta y Dos Civil Municipal, tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del amparo. Rese\u00f1\u00f3 las actuaciones judiciales del proceso ejecutivo, entre las cuales destac\u00f3 que, la terminaci\u00f3n del proceso por novaci\u00f3n propuesta en el a\u00f1o 2010 no se produjo porque no se acredit\u00f3 \u201cla convenci\u00f3n suscrita por las partes\u201d; que el proceso continu\u00f3 en el 2012 cuando se concret\u00f3 la notificaci\u00f3n personal del aqu\u00ed accionante, que el 18 de marzo de 2016 se profiri\u00f3 sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por no probarse las excepciones, que el 12 de julio de 2017 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y, luego de distintos requerimientos el 11 de octubre del presente a\u00f1o el expediente ingres\u00f3 al Despacho para decidir concerniente a los abonos realizados y aplicarlos a la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

3. El Tribunal Superior de Restituci\u00f3n de Tierras, en sentencia de tutela de 31 de octubre de 2019, neg\u00f3 el amparo constitucional, tras considerar que: -criterio razonable- la petici\u00f3n de nulidad se neg\u00f3 haci\u00e9ndole ver a la parte interesada, que tales nulidades debi\u00f3 invocarlas hasta antes que en el tr\u00e1mite ejecutivo se profiera la sentencia; de otro lado, le indic\u00f3 que el proceso se encontraba en la etapa de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en donde \u201cno existe la oportunidad de decretar pruebas o alegar de conclusi\u00f3n\u201d; -prematura- con respecto a los abonos al cr\u00e9dito que ha realizado, se est\u00e1n adelantando las respectivas actuaciones dirigidas a esclarecer este asunto; -inmediatez- haciendo referencia a la novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, perenci\u00f3n o desistimiento t\u00e1cito, porque fueron asuntos que no se encontraron probados en la sentencia proferida hace tres a\u00f1os. <\/p>\n

4. Inconforme el promotor de la queja con la anterior determinaci\u00f3n, aport\u00f3 escrito de impugnaci\u00f3n con los mismos argumentos iniciales y adem\u00e1s, reiter\u00f3 se acceda a la terminaci\u00f3n del proceso por inactividad procesal o por novaci\u00f3n. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es la inmediatez de dicho mecanismo. <\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el presupuesto se\u00f1alado impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que <\/p>\n

\u201c\u2026aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u201d. (CSJ STC 2 ago. 2007, exp. 00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201cEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u201d. (CSJ STC 29 abr. 2009, exp. 00624-00) <\/p>\n

As\u00ed las cosas, los afectados deben procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la conducta cuestionada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque los actores pretenden desconocer el requisito de la acci\u00f3n que viene de comentarse. <\/p>\n

En efecto, en el asunto sub judice y frente a la primera censura planteada por el reclamante aduce que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso y la igualdad\u00bb toda vez que, se contin\u00faa injustificadamente con el proceso ejecutivo singular que se adelant\u00f3 en su contra y no acceden a su terminaci\u00f3n, pese a que, desde el 24 de marzo de 2010 se produjo la novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y, adem\u00e1s, ocurri\u00f3 la perenci\u00f3n del tr\u00e1mite en raz\u00f3n a la falta de impulso por cerca de quince meses por la parte demandante. <\/p>\n

Ahora bien, en lo que respecta a la pretensi\u00f3n del quejoso acerca de acceder a la terminaci\u00f3n del proceso por cuanto realiz\u00f3 la remisi\u00f3n de la deuda y\/u obligaci\u00f3n al se\u00f1or Jorge Alejandro Mart\u00ednez L\u00f3pez, se advierte que, dicha petici\u00f3n fue elevada en el a\u00f1o 2010 y, por lo tanto, fue motivo de pronunciamiento por el Despacho accionado en ese mismo lapso, de lo que se deduce, que para el instante en que se present\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n (21 de octubre de 2019) se hab\u00eda superado, con amplitud, el t\u00e9rmino razonable para promover el mecanismo constitucional, sin que de manera alguna se justifique la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que el gestor del amparo para interponer la tutela dej\u00f3 transcurrir un per\u00edodo ostensiblemente superior al que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha considerado como razonable y prudencial para promover el instrumento de defensa de los derechos fundamentales, sin que hubieran alegado y menos a\u00fan, demostrado alg\u00fan hecho o motivo que explique la demora para impetrar esta acci\u00f3n. <\/p>\n

3. Concadenado con lo anterior y atendiendo el segundo cuestionamiento del quejoso, referente a la determinaci\u00f3n adiada el 16 de octubre de 2019 proferida por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito, mediante la cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo en el sentido de no decretar la nulidad de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, se advierte que, en dicha providencia el Juzgado encausado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de cara a las irregularidades que plante\u00f3 el promotor, incluyendo la novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

En ese orden, se evidenci\u00f3 que aquella se soport\u00f3 en el material probatorio obrante en el proceso y, en el marco normativo aplicable al caso, por tanto, es indiscutible que no es procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) los vicios procesales imputados al a-quo no ocurrieron (\u2026) decisi\u00f3n que est\u00e1 en firme, puesto que se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de instancia por auto del 30 de junio de 2016, por lo que las posibles circunstancias generadoras de alguna nulidad anteriores a dicha actuaci\u00f3n quedaron saneadas conforme al inciso 1\u00ba del art\u00edculo 134 y los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 136 del C.G.P, por lo que no es posible emitir un pronunciamiento al respecto\u00bb. (Subrayado fuera de texto) <\/p>\n

Ahora bien, en lo que respecta a las causales de nulidad invocadas por el peticionario del amparo, indic\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) se le pone de presente al abogado demandado que dentro del tr\u00e1mite previsto para la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito consagrado en el art\u00edculo 446 del C.G.P., no existe la oportunidad de decretar pruebas o alegar de conclusi\u00f3n, pues obrar de forma contraria implicar\u00eda una transgresi\u00f3n a la norma, m\u00e1s aun teniendo en cuenta que no le es permitido a los funcionarios judiciales realizar actuaciones por fuera de los previsto en las normas, lo cual es un principio previsto en los art\u00edculos 7 y 13 del C.G.P.
\nSe debe aclarar que las actuaciones emanadas tanto del a-quo como del Juzgado 17 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencia, tendientes a indagar sobre el estado del pago de la obligaci\u00f3n ejecutada al acreedor y en la respectiva consulta de los dineros obrantes en la cuenta del juzgado de primera instancia, no son suficientes para para afirmar que se incurri\u00f3 por aquel en las causales de nulidad citadas. M\u00e1xime si se tiene en cuenta que dichas gestiones son necesarias para ordenar la entrega de dineros y eventualmente para que se presente por cualquiera de las apartes otra liquidaci\u00f3n adicional del cr\u00e9dito conforme al numeral 4\u00ba del art\u00edculo 446 del C.G.P.
\nEn tal sentido, se observa que en ning\u00fan momento se ha omitido la oportunidad para solicitar, decretar o practicar pruebas o impedido para ejercer la facultad otorgada a las partes para alegar de conclusi\u00f3n o sustentar un recurso o descorrer un traslado, por lo que no se encuentran configuradas las causales de nulidad previstas en los numerales 5\u00ba y 6\u00ba del art\u00edculo 133 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n

De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que las autoridades accionadas se basaron para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de las autoridades accionadas y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que considera la desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.). <\/p>\n

No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que los funcionarios accionados tomaron sus decisiones, pues los motivos que con suficiencia se expusieron, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n

4. Sin perjuicio de lo anterior y descendiendo al otro reparo que plante\u00f3 el tutelante, referente a la omisi\u00f3n por parte del funcionario accionado de ingresar a su favor tanto los descuentos que por n\u00f3mina le realizaron para el pago de la deuda, como un saldo de embargo de remanentes que se coloc\u00f3 a disposici\u00f3n del citado tr\u00e1mite; la acci\u00f3n constitucional tambi\u00e9n se revela improcedente, por cuanto el accionante pretende controvertir un asunto que a\u00fan no ha sido materia de decisi\u00f3n definitiva al interior del tr\u00e1mite que cuestiona. <\/p>\n

De manera que, de la revisi\u00f3n de los documentos que reposan en el plenario, el 14 de noviembre del a\u00f1o en curso, el Juez cognoscente profiri\u00f3 auto en el que orden\u00f3 oficiar a la Caja Cooperativa Petrolera COOPETROL, para que de acuerdo a lo informado mediante escrito y respuesta al derecho de petici\u00f3n fechado el 13 de octubre de 2017, se pronuncie expresamente sobre los descuentos realizados y los desprendibles de pago efectuados al demandando desde octubre de 2017 a octubre de 2019 y, finalmente informe puntualmente a que obligaci\u00f3n fue aplicada el valor de los aportes que ten\u00eda el ejecutado en esa Cooperativa, indicando la fecha y el monto. <\/p>\n

No pasa desapercibido, adem\u00e1s, que los argumentos expuestos por el reclamante en su libelo introductor, son, en lo fundamental, los mismos que soportaron en la solicitud que elev\u00f3 al interior del proceso, petici\u00f3n que se encuentra pendiente por zanjar y que se pretende controvertir anticipadamente por esta v\u00eda. <\/p>\n

En efecto, a trav\u00e9s de la queja constitucional no puede desconocerse que la actuaci\u00f3n controvertida se encuentra en curso, como para sustraer la competencia que el ordenamiento otorg\u00f3 a los jueces naturales para emitir la decisi\u00f3n reclamada. <\/p>\n

En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:
\n\u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01). <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar o sustituir los procedimientos legales. <\/p>\n

5. De otra parte, con respecto al \u00faltimo reparo manifestado por el recurrente que concierne a la terminaci\u00f3n del proceso que se configur\u00f3 por la sanci\u00f3n que establec\u00eda el art\u00edculo 23 de la Ley 1285 de 2009 \u201cperenci\u00f3n\u201d desde el a\u00f1o 2011, con ocasi\u00f3n a la falta de impulso por cerca de quince meses por la parte demandante; necesario es advertir que corre la misma suerte de la anterior, por cuanto el recurrente dej\u00f3 de utilizar un mecanismo defensivo que pod\u00eda ejercer al interior del proceso, id\u00f3neo por su naturaleza, para esgrimir la argumentaci\u00f3n en la cual edifica su inconformidad. <\/p>\n

Al respecto cabe mencionar que, la Ley 1285 de 2009 establec\u00eda en el art\u00edculo 23 que: \u00ab[P]erenci\u00f3n en procesos ejecutivos: En los procesos ejecutivos, si el expediente permanece en la secretar\u00eda durante nueve (9) meses o m\u00e1s por falta de impulso cuando este corresponda al demandante o por estar pendiente la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago a uno o varios ejecutados de un auto cuando la misma corresponda adelantarla al ejecutante, el juez de oficio, o a solicitud del ejecutado, ordenar\u00e1 la perenci\u00f3n con la consiguiente devoluci\u00f3n de la demanda y de sus anexos y, si fuera del caso, la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares evento en el cual condenar\u00e1 en costas y perjuicios al ejecutante. El auto que ordene devolver la demanda es apelable en el efecto suspensivo, y el que lo deniegue, en el devolutivo\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, de los documentos que reposan en el plenario, se constat\u00f3 que \u00e9sta solicitud no fue realizada por el actor, siendo en este asunto procedente a petici\u00f3n de parte al interior del proceso, para que el juez natural dirima tal situaci\u00f3n, en tanto se evidencia que el promotor no dio cumplimiento al requisito de subsidiariedad. <\/p>\n

Sumado a lo anterior, si lo que reprocha la parte es la negligencia de su ejecutante al no cumplir su carga procesal de gestionar el proceso ejecutivo, pues el expediente permaneci\u00f3 muchos a\u00f1os sin que tuviera movimiento alguno, debi\u00f3 en el curso de dicho litigio, solicitar la aplicaci\u00f3n de las sanciones que el estatuto adjetivo civil estableci\u00f3 para dicha decisi\u00f3n, como las formas anormales del proceso, tales como el desistimiento t\u00e1cito que deb\u00eda solicitarse en la forma y t\u00e9rminos del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ahora 317 C\u00f3digo General del Proceso, lo que no se encuentra haya hecho uso el accionante. <\/p>\n

De lo anterior surge palpable, que debi\u00f3 alegarse en la oportunidad correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos que para el efecto contempla la ley procesal civil; deviene, entonces, ostensible, que si el promotor de este excepcional medio, no agot\u00f3 dicha v\u00eda contemplada en la normatividad, no puede pretender que por esta se provea la soluci\u00f3n de la controversia que correspond\u00eda dirimir al juez natural, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la Ley que el interesado ha desaprovechado debido a su incuria. <\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

9<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente STC16610-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2019-02099-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el treintaiuno (31) de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil Especializada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103008","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103008","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103008"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103008\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103008"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103008"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103008"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}