{"id":103011,"date":"2026-07-02T17:55:25","date_gmt":"2026-07-02T17:55:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103011"},"modified":"2026-07-02T17:55:25","modified_gmt":"2026-07-02T17:55:25","slug":"stc16613-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16613-2019\/","title":{"rendered":"STC16613-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16613-2019
\nRadicaci\u00f3n N.\u00ba 18001-22-08-000-2019-00188-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre dos mil diecinueve) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Florencia \u2013Caquet\u00e1, en la tutela promovida por el Ministerio de Agricultura contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 vincular a las autoridades judiciales, intervinientes y dem\u00e1s partes del proceso donde se origina la queja. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La entidad accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que afirma que la autoridad convocada trasgredi\u00f3 tal garant\u00eda, pues dentro de los procesos ejecutivos Nos. 1989-00379, 2003-00004 y 2001-00076, que adelant\u00f3 contra Jos\u00e9 Duvay Vinasco, Hugo Ferney Cuchimba Dussan y Jos\u00e9 Dar\u00edo C\u00e1rdenas Gallego, respectivamente, se le requiri\u00f3 para que cumpliera con las cargas relacionadas con el perfeccionamiento de las medidas cautelares, de acuerdo a lo previsto con el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, otorg\u00e1ndole un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas para ello, pero se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de las actuaciones previo a que este plazo feneciera, concretamente el 23 de agosto de 2019, sin que se analizara que hab\u00eda cumplido con el requerimiento impuesto. <\/p>\n

En consecuencia, pretende que se revoquen los autos del 26 de agosto de 2019, por medio de los cuales se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de los procesos ejecutivos. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. En los procesos ejecutivos Nos. 1989-00379, 2001-00076 y 2003-00004, que adelant\u00f3 la instituci\u00f3n accionante contra Jos\u00e9 Duvay Vinasco, Hugo Ferney Cuchimba Dussan y Jos\u00e9 Dar\u00edo C\u00e1rdenas Gallego, se libr\u00f3 mandamiento, el 28 de junio de 1990, el 19 de junio de 2001 y el 17 de enero de 2003, respectivamente. <\/p>\n

2. Al no conocerse del paradero de los ejecutados, se orden\u00f3 su emplazamiento. Una vez se surti\u00f3 tal diligencia se les nombr\u00f3 curador ad litem. <\/p>\n

3. En auto del 4 de junio de 2012 se decretaron medidas cautelares. <\/p>\n

4. El 19 de julio de 2019 se requiri\u00f3 a la quejosa para que en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, hiciera efectivas las medidas cautelares decretadas, so pena de decretar la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n por aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

5. El 20 de agosto del presente a\u00f1o, la promotora del amparo solicit\u00f3 en el proceso No. 1989-00379 se emitieran los oficios de embargo dirigidos a las entidades bancarias correspondientes. <\/p>\n

Por su parte, en los procesos No. 2001-00076 y 2003-00004, en t\u00e9rmino generales, se solicit\u00f3 actualizar el oficio en donde se ordena al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, realizar el aval\u00fao catastral del inmueble ubicado en el municipio de San Vicente del Cagu\u00e1n, Caquet\u00e1, Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Santa Rosa, parcela No. 11 de la Parcelaci\u00f3n Carlos Lleras Restrepo y del predio parcela No. 14 del predio las Mercedes, ubicado en la vereda los Mesones del municipio de Cartagena del Chaira \u2013Caquet\u00e1. Tambi\u00e9n se invoc\u00f3 que se diera tr\u00e1mite a las solicitudes de embargo y retenci\u00f3n de dineros allegadas al proceso los d\u00edas 18 y 22 de noviembre del a\u00f1o 2016. <\/p>\n

6. El 23 de agosto de la anualidad cursante, el despacho convocado decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito y la consecuente terminaci\u00f3n del proceso, luego de concluir que la demandante solamente alleg\u00f3 un memorial nombrando a una dependiente judicial, sin que hubiere impulsado la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

7. El 5 de septiembre de 2019 la tutelante alleg\u00f3 escrito, en el que invoc\u00f3 que se declarara la nulidad de las decisiones por medio de las cuales se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, pues se ignor\u00f3 el cumplimiento de las cargas impuestas y que tan s\u00f3lo hab\u00edan trascurrido 22 d\u00edas de los 30 que se le hab\u00edan otorgado, situaci\u00f3n por la cual se vulnera su derecho el debido proceso. <\/p>\n

8. El 22 de noviembre del presente a\u00f1o, se neg\u00f3 la nulidad invocada, por parte del juez accionado luego de considerar que frente al auto que decret\u00f3 el desistimiento proced\u00edan los recursos ordinarios, pero \u00e9stos no fueron propuestos oportunamente, por tanto lo \u00fanico que pretende la quejosa es revivir los t\u00e9rminos que por su negligencia dej\u00f3 vencer, sin que se presente alguna causal de nulidad. <\/p>\n

9. Afirma la autoridad accionante que el juzgado convocado trasgrede su derecho fundamental al debido proceso, al haber decretado la terminaci\u00f3n de los procesos ejecutivos que promovi\u00f3, con ocasi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, toda vez que no tom\u00f3 en cuenta que hab\u00eda cumplido con las cargas impuestas y que adem\u00e1s el lapso que le hab\u00eda concedido no hab\u00eda fenecido. [Folios 1 a 6, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

2. De manera oportuna, el Juez Promiscuo del Circuito de Puerto Rico \u2013Caquet\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n surtida dentro de los tr\u00e1mites objeto de controversia. Resalt\u00f3 que la parte quejosa no interpuso el recurso de apelaci\u00f3n frente a las decisiones que decretaron la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n y s\u00f3lo despu\u00e9s de que feneciera el t\u00e9rmino legal para proponer los medios de impugnaci\u00f3n pertinentes invoc\u00f3 una solicitud de nulidad, la cual a la fecha no ha sido resuelta. Solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo. [Folios 59 a 63, c. 1] <\/p>\n

El curador ad litem de la parte demandada dentro del proceso ejecutivo No. 1989-00379 precis\u00f3 que el amparo invocado resulta improcedente, ya que la tutelante omiti\u00f3 hacer uso de los recursos legales pertinentes contra las decisiones que decretaron el desistimiento t\u00e1cito. [Folio 89 c.1]. <\/p>\n

3. En sentencia de 25 de octubre de 2019, el fallador de instancia deneg\u00f3 el amparo, tras determinar que el amparo no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad para su procedencia, toda vez que no interpuso los recursos ordinarios para objetar las decisiones que decretaron el desistimiento t\u00e1cito. Adem\u00e1s, que se encuentra pendiente de resolver la nulidad planteada por esta misma entidad frente a las providencias que dispusieron terminar la actuaci\u00f3n. [Folios 90 a 94 c.1].
\n4. Inconforme con lo resuelto la tutelante interpuso impugnaci\u00f3n, para lo cual insisti\u00f3 en que el desistimiento t\u00e1cito se decret\u00f3 dentro del t\u00e9rmino otorgado para cumplir la carga procesal, es decir, cuando \u00abel auto previo requerimiento a\u00fan no se encontraba en firme\u00bb. Adem\u00e1s que la carga impuesta se hab\u00eda cumplido satisfactoriamente. [Folios 103 a 111 c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiaridad e inmediatez. <\/p>\n

No obstante, cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante y afecta garant\u00edas de superior valor como lo son los derechos al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, la concesi\u00f3n del amparo se torna obligatoria y no puede desconocerse so pretexto de que no se cumplieron unos requisitos de naturaleza procesal. <\/p>\n

As\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, al se\u00f1alar que a pesar de que el reclamante no haya utilizado los medios de defensa legales para impugnar las decisiones que censura por v\u00eda de tutela, excepcionalmente es posible \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (CSJ STC, 12 oct. 2012, rad. 2012-1545-01, reiterada en CSJ STC, 01 dic. 2014, rad. 2014-02694-00). <\/p>\n

En id\u00e9ntico sentido se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n de tutela, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n.\u00bb (CSJ STC, 13 ag. 2013, rad. 2013-00093-01) <\/p>\n

2. Lo descrito ocurre en el presente caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de la subsidiariedad, al no interponerse los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra las providencias dictadas en cada una de las actuaciones censuradas, que dispusieron aplicar la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito, es evidente la incursi\u00f3n del fallador accionado en un defecto sustancial que habilita la intervenci\u00f3n del juez de tutela para conjurar la ostensible transgresi\u00f3n a la garant\u00eda fundamental del debido proceso de la entidad peticionaria del amparo. <\/p>\n

Para iniciar, es preciso se\u00f1alar que la figura del desistimiento t\u00e1cito que contempla el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, fue instituida como una sanci\u00f3n a la desidia y negligencia de la parte actora por la pronta resoluci\u00f3n del litigio; consecuencia que surge en dos circunstancias procesales diferentes, esto es, ante el incumplimiento de una carga procesal o desatenci\u00f3n al requerimiento proveniente del director del proceso, y por la inactividad prolongada en el tiempo del mismo. <\/p>\n

En efecto, la disposici\u00f3n citada se\u00f1ala que: <\/p>\n

\u00abCuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aqu\u00e9lla o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e9 por estado. <\/p>\n

Vencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

El desistimiento t\u00e1cito se regir\u00e1 por las siguientes reglas: <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

c) Cualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo; (\u2026)\u00bb (Subrayado fuera del texto original). <\/p>\n

En trat\u00e1ndose de la aplicaci\u00f3n de dicha figura jur\u00eddica, esta sala ha sido insistente en se\u00f1alar que: <\/p>\n

\u00ab\u2026la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo [317 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal. <\/p>\n

Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026\u00bb. (CSJ STC16508-2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, CSJ STC2604-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-00172-01). <\/p>\n

3. En el asunto observa la Sala que ante la tardanza de la entidad demandante en el cumplimiento de la carga de hacer efectivas las medidas cautelares dentro de los procesos ejecutivos que ac\u00e1 se cuestionan, mediante los autos de 19 de julio de 2019 que emitieron en cada una de las actuaciones, en aplicaci\u00f3n de la norma citada, se le concedi\u00f3 el plazo de 30 d\u00edas para que procediera de conformidad, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 a la tutelante mediante la publicaci\u00f3n en el estado que se fij\u00f3 el 22 de ese mes y a\u00f1o. <\/p>\n

En cumplimiento de tal proceder, la tutelante el 20 de agosto de 2019 present\u00f3 ante el juez convocado en cada una de las actuaciones que se le requiri\u00f3, los respectivos escritos con los cuales pretend\u00eda impulsar la actuaci\u00f3n. En relaci\u00f3n con el proceso No. 1989-00379, solicit\u00f3 se libraran los oficios de embargo dirigidos a las entidades bancarias correspondientes. En los procesos No. 2001-00076 y 2003-00004, en t\u00e9rmino generales, pidi\u00f3 actualizar el oficio dirigido al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, para que realice el aval\u00fao catastral del inmueble ubicado en el municipio de San Vicente del Cagu\u00e1n -Caquet\u00e1, Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Santa Rosa, parcela No. 11 de la Parcelaci\u00f3n Carlos Lleras Restrepo y del predio parcela No. 14 del predio las Mercedes, ubicado en la vereda los Mesones del municipio de Cartagena del Chaira \u2013Caquet\u00e1. Tambi\u00e9n invoc\u00f3 que se diera tr\u00e1mite a las solicitudes de embargo y retenci\u00f3n de dineros allegadas al proceso los d\u00edas 18 y 22 de noviembre del a\u00f1o 2016. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con los anteriores escritos, el juzgado de conocimiento debi\u00f3 pronunciarse, pues estos se allegaron con anterioridad a que se cumpliera el lapso otorgado, ya que si en cuenta se tiene que los tres autos que ordenaron el requerimiento se notificaron por estado del 22 de julio, por tanto, el conteo del t\u00e9rmino de los 30 d\u00edas debi\u00f3 iniciar a partir del martes 23 de julio, semana que finaliz\u00f3 el 26 de ese mes, en la que trascurrieron 4 d\u00edas; en la segunda semana, que inici\u00f3 el 29 de julio y culmin\u00f3 el 2 de agosto, pasaron, 5 d\u00edas; la tercera semana, se surti\u00f3 a partir del 5 de agosto, siguiendo con el d\u00eda 6, 8 y 9, si en cuenta se tiene que el 7 fue festivo, por lo que trascurrieron 4 d\u00edas; la cuarta semana, se contabiliza desde el 12 al 16 de agosto, por lo que pasaron 5 d\u00edas; la quinta semana, inici\u00f3 desde el 20 al 23 de agosto, trascurriendo 4 d\u00edas; la sexta semana se cuenta desde el 26 al 30 de agosto, esto es, 5 d\u00edas y la s\u00e9ptima semana, se contabiliza del lunes 2 al martes 3 de septiembre, fecha en que culmin\u00f3 el tiempo concedido. <\/p>\n

Empero, proceder distinto fue el que ejecut\u00f3 el despacho, pues no analiz\u00f3 las diligencias hasta ese momento adelantadas por la entidad demandante y tampoco tom\u00f3 en consideraci\u00f3n que el t\u00e9rmino de los 30 d\u00edas otorgado para cumplir con el requerimiento efectuado no hab\u00eda finalizado, pues se reitera \u00e9ste culmin\u00f3 el 3 de septiembre de 2019, mientras que la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n por el decreto del desistimiento t\u00e1cito se orden\u00f3 en los prove\u00eddo del 23 de agosto, dejando a un lado el proceder cauteloso que se exige de parte de los juzgadores al aplicar la sanci\u00f3n que contempla el art\u00edculo 317. <\/p>\n

Sin que pueda darse validez a la excusa que el despacho judicial emiti\u00f3 para justificar su proceder de decretar el desistimiento t\u00e1cito, ya que en los autos en los cuales se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n, se precis\u00f3 que solamente se hab\u00edan allegado escritos a trav\u00e9s de los cuales se nombraba dependiente judicial en las actuaciones, pues \u00e9stos nada mencionaban sobre ello, dado que hac\u00edan alusi\u00f3n a la nueva elaboraci\u00f3n de los oficios a trav\u00e9s de los cuales se comunicaban las cautelas decretadas en las actuaciones objeto de censura. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, resulta evidente que la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n era improcedente, en tanto el t\u00e9rmino ofrecido en auto de 19 de julio de 2019 no hab\u00eda fenecido y adem\u00e1s se hab\u00edan presentado escritos en los cuales la entidad reclamante pretend\u00eda hacer efectivas las medidas cautelares decretadas en los juicios cuestionado. <\/p>\n

7. En vista de lo anterior, se reitera, es indudable la existencia de un defecto sustancial en la decisi\u00f3n censurada, que hace ineludible la concesi\u00f3n del amparo constitucional deprecado. <\/p>\n

En consecuencia, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado y en su lugar, se tutelar\u00e1n las garant\u00edas fundamentales de la quejosa, para lo cual se dejar\u00e1 sin valor ni efecto los autos proferidos el 23 de agosto de 2019, dentro de los procesos No. 1989-00379, 2003-00004-00 y 2001-00076 y dem\u00e1s actuaciones que de \u00e9l se desprendan, y se ordenar\u00e1 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico \u2013Caqueta, que contin\u00fae las actuaciones promovidas por la entidad tutelante, con observancia de la normatividad y ritualidad legalmente aplicable al asunto. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado y, en su lugar, CONCEDE el amparo constitucional invocado. En consecuencia, ORDENA: <\/p>\n

PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto los autos proferidos el 23 de agosto de 2019, dentro de los procesos No. 1989-00379, 2003-00004-00 y 2001-00076 y dem\u00e1s actuaciones que de \u00e9l se desprendan. <\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico -Caquet\u00e1 que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, contin\u00fae con los procesos que promovi\u00f3 la tutelante, para lo cual deber\u00e1 verificar si los escritos que alleg\u00f3 el 20 de agosto de 2019, en realidad cumplieron con la carga impuesta. <\/p>\n

TERCERO: Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16613-2019 Radicaci\u00f3n N.\u00ba 18001-22-08-000-2019-00188-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre dos mil diecinueve) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Florencia \u2013Caquet\u00e1, en la tutela promovida por el Ministerio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103011","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103011"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103011\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}